Nacionales
Casos Plaga, Metástasis y Purga: la crisis del sistema judicial
Otro capítulo de corrupción se abrió en Ecuador. Como parece estar volviéndose habitual, el país se despertó ayer, 3 de abril de 2024, con la noticia de un amplio operativo llevado a cabo en siete provincias, ahora conocido como el caso Plaga.
En su cuenta oficial en X, la fiscal Diana Salazar explicó que el caso se centra en el abuso de las acciones constitucionales que permitieron la liberación de delincuentes peligrosos. Un modus operandi que se ha propagado como «una plaga» en el sistema de justicia del país, advirtió.
«Tenemos que continuar con la depuración, no vamos a parar».
Aunque no se expone explícitamente la relación entre los tres casos: Metástasis, Purga y ahora, Plaga, todos comparten la misma línea gráfica utilizada por la Fiscalía que ha usado desde la primera investigación, además, de exponer un patrón de cómo el sistema judicial ecuatoriano favoreció bajo irregularidades a delincuentes de alto valor. Aquí los detalles.
Caso Metástasis, Purga y ahora, Plaga
Este nuevo golpe contra la delincuencia organizada vuelve a poner el foco en el sistema judicial ecuatoriano. El fiscal provincial de Pichincha, Hernán Flores, señaló que -en el caso Plaga- jueces «habrían sido captados a través de la entrega de dinero o favores, a cambio de permitir que personas sentenciadas obtuvieran su libertad de forma ilegítima, aparentado legalidad».
El modus operandi quedó al descubierto durante más de 75 allanamientos llevados a cabo por la Fiscalía y la Policía la noche del 13 y la mañana del 14 de diciembre de 2023. Estas acciones formaron parte de una investigación por presunta delincuencia organizada en el marco de hechos vinculados a corrupción y narcotráfico, que posteriormente se conocería como el caso Metástasis.
«El fin de erradicar esa plaga que opera en el sistema de justicia que se ha sistematizado como un círculo vicioso»
En el caso Plaga también aparecen vínculos con la investigación destapada por Fiscalía a finales del año pasado. Entre los detenidos consta el exjuex Ángel Lindao Vera, quien favoreció con una acción de protección al narcotraficante Leandro Norero para que le devuelvan sus bienes por lo que fue procesado en el caso Metástasis.
Otro vínculo se establece con el juez Simón Oswaldo García Tello, quien en diciembre de 2022 como magistrado de Paján emitió una boleta de excarcelación para Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción hospitalaria y ahora procesado también por el caso Metástasis.
En el operativo de ayer también fueron detenidos otros jueces y exjueces, lo que ahonda aún más los escándalos de corrupción previos en la institución.
Entre ellos, también figura Byron Orejuela Giler, quien fungió como juez en el cantón Flavio Alfaro. Entre sus decisiones cuestionadas está la liberación de dos presos de la cárcel de Cotopaxi, supuestos miembros de una banda narcodelictiva.
Asimismo, Joffre Rivera Rodríguez, responsable de la liberación de dos presos con sentencia ejecutoriada en la cárcel de Cañar, a pesar de ser juez de Chone.
También fueron arrestados dos secretarios de juzgados: Gary Palma y María José Lapo, quienes supuestamente manipulaban los sorteos para asegurar que las acciones constitucionales fueran asignadas a los jueces involucrados en la red del caso Plaga. Por su parte, los magistrados emitían resoluciones que permitían la liberación de los delincuentes.
Este caso, al igual que en Purga que se centró principalmente en la Corte de Justicia de Guayas, cuya expresidenta, Fabiola Gallardo, recibió favores a cambio de fallos, en calidad de jueza.También revela otras conexiones significativas.
Por ejemplo, el juez de la Corte Provincial de Guayas, Johann Marfetán Medina, quien fue detenido en el caso Purga también está siendo procesado en el caso Metástasis. En los chats del caso, se hacía referencia al compromiso que tenía el magistrado con la organización criminal de Leandro Norero. Actualmente, Marfetán enfrenta dos procesos por delincuencia organizada.
En conjunto, se han registrado al menos 20 jueces y exjueces involucrados en los tres casos, quienes presuntamente habrían beneficiado a delincuentes mediante dictámenes y procesos judiciales, recibiendo a cambio dinero u otros favores. Esta situación pone en evidencia la crisis del sistema judicial, la cual no solo cuestiona las decisiones individuales de los magistrados, sino que también afecta la integridad y la imagen del sistema en su conjunto. Fuente: Ecuavisa
EcuaCorriente S.A.,(ECSA), operadora de la mina Mirador, informa a la ciudadanía que personas inescrupulosas, cuya identidad se desconoce, están realizando ofertas de empleo falsas utilizando de manera indebida el nombre de la compañía. Estas acciones se han difundido a través de correos electrónicos fraudulentos (como seleccion@ecucorriente.com), llamadas telefónicas y una página de Facebook no oficial como: https://www.facebook.com/profile.php?id=61583054526078
El propósito de estos actos es engañar y estafar a personas en búsqueda de oportunidades laborales. Recordamos a la ciudadanía que EcuaCorriente S.A. no solicita pagos, depósitos ni información personal. Todos los procesos de selección se realizan únicamente a través de medios institucionales y confiables, como:
- La plataforma QuieroLaburo: http://quierolaburo.com/empresas/ecsa
EcuaCorriente S.A. rechaza enérgicamente este tipo de acciones ilícitas y exhorta a la ciudadanía a reportar la página de Facebook mencionada, así como cualquier comunicación que no provenga de los canales oficiales de la empresa.
Asimismo, invitamos a quienes hayan sido víctimas de estas estafas a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.
Internacionales
Redes familiares, empresas y policías investigados por el oro ilegal en San Ignacio – Perú
San Ignacio, Cajamarca — 7 de noviembre de 2025.
El silencio de las montañas de San Ignacio fue roto por el ruido metálico de las retroexcavadoras y el murmullo constante del río Chinchipe. En esta frontera donde Perú se encuentra con Ecuador, un reciente reportaje del portal de investigación Ojo Público ha destapado una compleja red dedicada a la minería ilegal de oro. Detrás de este circuito —que abarca desde la extracción hasta la comercialización del mineral— se entretejen vínculos familiares, empresariales y policiales, según el informe firmado por el periodista Aaron Wörz.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San Ignacio investiga actualmente a 22 personas por los presuntos delitos de minería ilegal y lavado de activos. Entre los implicados figuran los suboficiales de la Policía Nacional del Perú Edinson V. E. y José G. V. señalados por brindar protección a mineros ilegales en los distritos de Namballe, Chirinos y Tabaconas, una zona de difícil acceso donde el oro fluye con más libertad que la justicia.
El informe también apunta hacia el clan Sánchez Chanta, liderado por Segundo S. Ch. acusado de instalar campamentos auríferos y plantas de procesamiento en el caserío El Tambo (Namballe). Desde los días más duros de la pandemia, esta familia habría levantado un emporio clandestino a costa de los ríos, los bosques y la tranquilidad de las comunidades.
Empresas fachada y lavado de oro
La ruta del oro no termina en las montañas. Según la investigación, la empresa Amazónica Pelé & Venus E.I.R.L., con sede en Trujillo y dirigida por Grettel Pelé León, figura como pieza clave en la comercialización del oro sin trazabilidad ni respaldo legal, lo que para la Fiscalía constituye un mecanismo de blanqueo de capitales provenientes de la minería ilegal.
Los registros oficiales son contundentes: el 80% de las concesiones mineras en San Ignacio se superponen al cauce del río Chinchipe, y de las 139 concesiones existentes, apenas 14 han sido formalizadas. El resto opera en la sombra, bajo la mirada cómplice o indiferente de quienes deberían controlar.
La expansión de esta actividad ilícita ha desplazado a cientos de trabajadores del sector cafetalero, motor económico de la provincia. Muchos agricultores, tentados por el dinero rápido, abandonaron sus cultivos para ganar hasta S/150 diarios, el doble de lo que ofrece el café. Así, el aroma del oro ha sustituido al del grano tostado, y el verde de las montañas empieza a teñirse de barro y combustible.
Una frontera sin control
El reportaje también advierte la presencia de ciudadanos ecuatorianos que cruzan la frontera para operar maquinaria pesada o adquirir oro. Las débiles medidas de control estatal y la presunta complicidad de ciertos agentes del orden permiten que la minería ilegal avance impunemente, corroyendo tanto los ecosistemas como las instituciones.
“El oro ilegal en San Ignacio se sostiene por la protección policial, las redes familiares y las empresas que lavan el mineral”, concluye el informe de Ojo Público (02/11/2025).
Fuente: Noticias del Diario Ahora Jaén
Preocupación en Zamora Chinchipe
Mientras en el lado peruano la Fiscalía y la Policía Ambiental intensifican los operativos, en el margen ecuatoriano —especialmente en los cantones Chinchipe, Palanda, Zamora y Yantzaza— crece la inquietud ciudadana. Los habitantes se preguntan por qué en Perú se actúa con firmeza contra la minería ilegal, mientras en Zamora Chinchipe las máquinas vuelven a aparecer en las noches, a la vista de todos, sin que las autoridades intervengan.
El oro, que alguna vez simbolizó riqueza y esperanza, hoy refleja la corrupción, el silencio y la indiferencia de un sistema que mira hacia otro lado. En la frontera del Chinchipe, el brillo del metal sigue ganando terreno sobre el verde del bosque, y la pregunta persiste: ¿hasta cuándo?
La Policía desactivó este jueves varios artefactos explosivos en el norte de Quito, en las inmediaciones del Complejo Judicial Norte, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.
Agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) se desplegaron en horas de la noche tras detectar tres cargas explosivas colocadas dentro de un vehículo, entre ellas cilindros de gas adaptados para detonar mediante un dispositivo electrónico.
Reimberg aseguró que se trata de intentos de atentados sincronizados y atribuyó los hechos a “quienes están desesperados”.
El perímetro fue acordonado por unidades tácticas mientras se efectuaba la desactivación de los artefactos. El incidente no dejó heridos ni fallecidos.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la identidad de los responsables y su posible vinculación con los recientes hechos violentos registrados en el país.
“El dispositivo electrónico de ignición del explosivo fue desactivado”, precisó el ministro, quien destacó que el operativo forma parte de la línea investigativa relacionada con un atentado terrorista ocurrido en Guayaquil el mes anterior.
Alerta máxima desde atentado letal
Las amenaza de explosivos registrada este jueves en el norte de Quito, que se sumó a otros dos incidentes en Guayaquil, que tampoco dejaron víctimas, se dio casi un mes después del atentado con coche bomba perpetrado el pasado 14 de octubre en el norte de la ciudad portuaria, a las afueras de un centro comercial situado en la Av. Joaquín José Orrantia, que dejó un muerto y decenas de heridos.
Vídeos difundidos por redes sociales captaron el momento de la explosión. Según se aprecia, de repente, frente a varios ciudadanos que se acercaron a grabar y carros que circulaban por la vía, la camioneta fue engullida en un muro de llamas que se levantó más de cinco metros, generando una onda expansiva que destruyó vidrios de edificaciones cercanas.
Reimberg agregó que el atentado sería una represalia de «Los Lobos» por las operaciones militares desarrolladas en el sector minero de Buenos Aires, provincia de Imbabura, donde el Gobierno ejecuta operativos de gran escala contra la minería ilegal. Fuente: Vistazo
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