La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció la formulación de cargos contra Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y dos abogados de Jorge Glas, exvicepresidente de la República, por su presunta participación en una red de corrupción judicial. La investigación apunta a que estos abogados habrían gestionado beneficios ilegales con el apoyo de funcionarios judiciales, relacionados con una liberación considerada irregular.

La audiencia, inicialmente prevista para el jueves 5 de junio a las 08:30 en la Corte Nacional de Justicia, fue reprogramada para el viernes 13 de junio.

En 2022, Jorge Glas fue excarcelado tras una acción constitucional admitida por Emerson C., exjuez que fue sentenciado a 24 meses de prisión por prevaricato debido a este acto. Según la Fiscalía, esta acción fue admitida de manera ilegítima para favorecer la liberación del exvicepresidente.

Emerson C. también enfrenta una condena de 40 años por delincuencia organizada en el caso Metástasis y se le atribuye haber emitido al menos doce boletas de libertad que beneficiaron a personas ligadas al narcotraficante Leandro Norero.

Seis asambleístas faltaron este jueves, 5 de junio, a la sesión 008 del Pleno de la Asamblea Nacional, en Quito, por lo que se les descontará USD 158,63 de su salario, el Estado recaudará una totalidad de USD 951,78.

Nuevamente faltaron: Alejandro Vanegas y Jaime Estrada, asambleístas del correísmo, así como Esperanza Rogel, del oficialismo.

El Estado percibirá en total USD 5,233.79 por las multas impuestas el pasado martes, 3 de junio, a los 27 asambleístas junto a los 6 parlamentarios sancionados hoy.

Las sanciones van

El presidente del del Legislativo, Niels Olsen, se pronunció ayer a las 08:40, a través de X, los 27 asambleístas que serán multados con USD 158,63 en su salario por haberse ausentardo el pasado martes, 3 de junio, a la sesión 007 del Pleno, realizada en la capital, en la que se debía debatir sobre la presencia de bases militares extranjeras en Ecuador

Según Olsen, «Ser puntual es una forma sencilla de mostrar respeto y compromiso. Más de 20 asambleístas serán multados por atrasos y faltas injustificadas al Pleno de ayer, donde debatimos temas de seguridad para nuestro país».

«Fuimos elegidos para trabajar por el país, y parte de ese trabajo implica estar presentes, a tiempo, y ser el ejemplo que Ecuador necesita. Estas medidas son molestosas, pero necesarias porque las reglas existen para todos y lo justo es que se cumplan», comentó.

El pasado viernes, 31 de mayo, Olsen anunció que a partir del pasado domingo, 1 de junio, las multas serán de USD 55,52 por tardanza y USD 158,63 por ausencia injustificada, descontadas del sueldo de los parlamentarios.

Reiteró que el registro de asistencia ya no será manual, sino electrónico, y se lo hará desde su curul usando las laptos asignadas, lo que permitirá controlar con precisión los retrasos e inasistencias.

Esta medida busca incentivar la responsabilidad y la participación activa de los asambleístas en las sesiones del Pleno, con el fin de fortalecer el rol de la Asamblea en favor del país.

Fuente: La República

La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional aprobó su Plan de Trabajo para el periodo 2025-2027, que contempla al menos tres procesos de juicio político en marcha.

Entre los casos más relevantes constan:

• Gonzalo Muñoz y Ángel Torres, jueces del Tribunal Contencioso Electoral, cuyo proceso fue suspendido temporalmente por el periodo electoral.
• Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa del Gobierno de Daniel Noboa.
• Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura.

La comisión, presidida por el legislador Pedro Velasco, señaló que se garantizará el debido proceso y el respeto a las garantías constitucionales en todas las etapas de fiscalización.

Además, se acordó que el plan de trabajo será flexible y podrá actualizarse con base en nuevas solicitudes de juicio político o investigaciones futuras.

Ciudadanía participará en comisiones generales

Otro de los ejes del plan es la inclusión ciudadana. Se organizarán comisiones generales para permitir la intervención de actores sociales y se realizarán mesas técnicas periódicas con asesores legislativos.

La Comisión también se comprometió a transparentar sus actuaciones a través de los canales oficiales de la Asamblea Nacional y garantizar el libre acceso a la información pública.