La Asociación de Trabajadores Abacaleros “Caminando Juntos” informó este 15 de enero sobre el incumplimiento de las reparaciones ordenadas por la Corte Constitucional del Ecuador, a más de un año de emitida la sentencia del caso Furukawa.

El fallo reconoció violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, entre ellas el trabajo forzoso, la servidumbre, el trabajo infantil, la falta de acceso a un trabajo digno, a la atención sanitaria, a la educación, a una vivienda adecuada, a la igualdad y a la no discriminación.

La sentencia del Tribunal Constitucional, dictada el 5 de diciembre de 2024, determinó que el Estado ecuatoriano “no había impedido ni protegido contra estos abusos antes de 2018, permitiendo que persistieran durante décadas”.

Si bien el tribunal ordenó reparaciones integrales para las 342 víctimas -como el pago de más de USD 42 millones por daño inmaterial y material– la aplicación ha sido mínima, limitándose a una disculpa pública del Gobierno en mayo de 2025.

En una rueda de prensa que tuvo lugar en Quito, el pasado 15 de enero de 2026, los demandantes del caso señalaron que existe un incumplimiento prolongado y agravamiento de la crisis humanitaria.

De acuerdo a la asociación, la empresa Furukawa ha incumplido los plazos fijados por la Corte para el pago de las reparaciones. La compañía demandada debía realizar un primer pago en beneficio de las víctimas de esclavitud moderna en marzo de 2025, y hasta la fecha no ha cumplido esta obligación.

Javier Castillo, representante de la Asociación de Trabajadores Abacaleros “Caminando Juntos”, dijo que al menos nueve demandantes han fallecido sin ver cumplido su legítimo anhelo de reparación. La mayoría de los demandantes son personas adultas mayores, con problemas de salud, que viven en la pobreza y extrema pobreza.

Los abacaleros han realizado múltiples actos de protesta ante la Corte Constitucional sin obtener respuestas efectivas. Ante la falta de solución, algunos demandantes han realizado acciones de resistencia pacífica en el ingreso de una hacienda de la empresa, como medida de presión.

Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), expresó que esto sigue siendo una «herida abierta» de la responsabilidad del Estado ecuatoriano con los trabajadores. «Lo que más asombra es que, a pesar de que hay una decisión de la Corte Constitucional para la reparación, no hay quien haga respetar esa orden», apuntó.

En un comunicado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que “la empresa Furukawa no solo ha sometido a las personas trabajadoras a una grave explotación laboral durante décadas, sino que también ha revictimizado a los supervivientes en lugar de reconocerlos y cumplir con sus obligaciones establecidas por la Corte Constitucional”.

La organización instó al Estado y a Furukawa a actuar sin más demora para garantizar la plena reparación, la protección de las víctimas y la adopción de políticas que impidan que se repitan estas graves violaciones de los derechos humanos.

“De no hacerlo, se podría producir una escalada de las tensiones actuales, poniendo en peligro la vida de quienes ya han sufrido durante décadas”, destacó.