Noticias Zamora
Caso Cumbaratza: más de tres décadas en litigio y sin fecha de finalización
Más de tres décadas han pasado y aún el proceso legal entre el Estado, la empresa minera Cumbaratza y 262 concesiones mineras, a quienes se les otorgó un espacio en esta zona minera de forma legal y constitucional. En contexto, está disputa inició a partir de que un asociado de la empresa minera Cumbaratza, exigió al Estado la cantidad de 30 mil hectáreas de terreno en la zona aurífera dentro de la provincia de Zamora Chinchipe
César Espinosa, abogado, ha estado al frente de la defensa de las 262 concesiones mineras, comenta para Diario El Amazónico los detalles y procesos que se vienen cumpliendo hasta el momento: “Es lamentable que un proceso judicial que no fue planteado por la empresa Cumbaratza, sino por un accionista que busca que el estado le adjudique 30 mil hectáreas en la provincia de Zamora Chinchipe, aun no llegue a la etapa final”
Este proceso tiene más de 35 años de historia desde el año 1985, fue ahí donde el Estado ecuatoriano archivó la documentación que constituía a la empresa Cumbaratza como no patentada de un área de explotación. Diez años después, en 1995 se reanuda con un proceso contencioso-administrativo planteado por un accionista de esta empresa, donde en una primera instancia se dispone que el ministro de Energías de ese entonces, otorgue 30 mil hectáreas a la Cumbaratza.
Para contratacar, el Gobierno, el Ministerio y la Procuradora del Estado, presentaron un recurso de casación ante esta sentencia, pues aducían que no tenía ningún fundamento de orden legal.
El 10 de enero de 1996, se dictó una sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia de aquel tiempo, hoy Corte Nacional de Justicia, donde cazando la sentencia impugnada se rechaza el recurso contencioso-administrativo presentado por el accionista de la empresa Cumbaratza, Ab. Jorge Drouet Mármol, en vista de que recurso presentaba un carácter subjetivo y no objetivo. La Corte Nacional de Justicia, en ese mismo día, dejó sin derechos a la empresa por ello se debía archivar el proceso.
Pese a ello, se dictaron cuatro denominados mandamientos de ejecución de sentencia que, según Espinosa, fue conseguido ‘contrariando y violando la sentencia’.
“Es increíble pensar que esa sentencia que niega los derechos al demandante, reclamados al Estado ecuatoriano, ahora por estos llamados o mal llamados ‘mandamientos de ejecución’ se vuelva a conceder a la empresa estos derechos. Lo cual evidentemente es 100% ilegal e inconstitucional y el Estado ecuatoriano no debe cumplir con estos mandamientos violatorios a la sentencia del año 1996”, manifiesta el jurista.
La propia Corte Suprema de Justicia de ese entonces, ya menciono que todo acto que contrarié la sentencia dictada por ellos ‘es de nulidad absoluta’ por parte de la Corte de Nacional, sin embargo, que el estado ha venido manteniendo esa posición, no solamente como ejecutivo, sino por criticas de otros estamentos judiciales.
En el año 2018, un registrador minero de Zamora Chinchipe, inscribió los mandamientos de ejecución, desde el dictado en el año 1996 y 2017. Cuatro mandamientos y documentos que se desprende de ellos, ilegalmente se suscribieron en el registro minero en Zamora. De ahí están vulnerados los derechos de 262 concesiones mineras y derechos mineros otorgados en la provincia.
El 28 de octubre de 2019 la máxima autoridad de la Agencia de Regulación y Control Minero en ese tiempo, hoy Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, revocó las inscripciones ser elaboradas en contra de la ley y registrar ‘mandamientos de ejecución’ dictados en contra de la sentencia. Sin embargo, hasta la fecha han transcurrido tres años desde que el registrador minero de Zamora, se ha negado a cumplir con la resolución de la máxima autoridad de la Agencia de Regulación y Control Minero.
Desde el año 1985, cuando fue el primer archivo para la empresa minera Cumbaratza y ha recibido cuatro archivos más en la historia. La empresa no tiene ningún derecho, sin embargo, un funcionario público como el registrador minero les da nuevamente las esperanzas, aunque sea ilegales. Esta situación impide y complica la actividad minera de los titulares legítimos de estos derechos de las concesiones mineras.
La sentencia es absolutamente clara, no hay una duda de que el Estado ecuatoriano ganó el proceso y que la empresa Cumbaratza no tiene ningún derecho y el que tenía prescribió en el año 1996.
El Sr. Registrador minero para su defensa manifiesta que, registra esos documentos, siempre y cuando vengan de una orden judicial, caso contrario él, incumpliría una orden judicial. La orden judicial debe ser emitida por el Tribunal Distrital Nro. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil y que el revocaría la orden en el caso de que este tribunal revoque la orden de inscripción. Según Espinosa, el registrador minero no tiene un sustento legal para negarse a inscribir la resolución de revocatoria de los registros erróneos e ilegales de la empresa Cumbaratza, es más está incurriendo en ser removido de su cargo.
Noticias Zamora
58 años del Seguro Social Campesino: organización, salud y solidaridad que permanecen en Zamora Chinchipe
Panguintza, Centinela del Cóndor.– El Seguro Social Campesino conmemora 58 años de creación, una trayectoria marcada por la solidaridad, la organización comunitaria y la protección social de miles de familias del sector rural ecuatoriano.
En Zamora Chinchipe, esta historia tiene un capítulo especial. En noviembre de 1984, hombres y mujeres indígenas shuar y mestizos del cantón Centinela del Cóndor se organizaron para fortalecer el acceso a la salud y la seguridad social, proceso que permitió consolidar el Dispensario del Seguro Social Campesino de Panguintza.
Actualmente, alrededor de 1.800 habitantes forman parte de esta estructura comunitaria, integrada por 620 jefes de familia y 410 jubilados, pertenecientes a 12 organizaciones de base de la zona.
El Seguro Social Campesino brinda prestaciones fundamentales como atención médica, jubilación por edad y discapacidad y auxilios funerales, además de acciones de promoción y prevención de la salud.
Una celebración enfocada en la salud
Como parte de la conmemoración, en el Dispensario Panguintza se desarrolló una jornada que combinó educación sanitaria, actividad física, organización comunitaria y atención preventiva.
El programa incluyó una charla sobre hipertensión arterial y diabetes mellitus, enfermedades que requieren prevención, diagnóstico oportuno y seguimiento permanente.
También se realizó la caminata “Corazones Saludables, Dejando Huellas”, acompañada de alegorías y participación de la comunidad de Panguintza.
La jornada contempló además una asamblea general de la Directiva Central y las organizaciones de base, exposición de emprendimientos comunitarios y atención médica preventiva mediante controles de presión arterial y glicemia capilar.
Más que una fecha conmemorativa, el aniversario representa el reconocimiento a décadas de organización campesina y comunitaria, y al papel que cumple la seguridad social en la protección de las familias rurales.
58 años después, el Seguro Social Campesino continúa dejando huellas en las comunidades y reafirmando que la solidaridad también es una forma de construir bienestar.
Noticias Zamora
Consejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe recuerda requisitos para agilizar las citaciones judiciales
La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe recuerda a la ciudadanía y a los abogados en libre ejercicio la importancia de entregar documentación completa e información precisa sobre el domicilio de las personas a citar, con el propósito de agilizar las diligencias y evitar retrasos en los procesos judiciales.
De acuerdo con el Reglamento para la Gestión de Citaciones Judiciales, establecido mediante Resolución No. 061-2020, una vez calificada la demanda o el acto preprocesal, se deben presentar, dentro del término de tres días hábiles, los documentos originales y tres copias completas de la demanda por cada persona demandada.
La documentación debe entregarse en el archivo de la dependencia judicial correspondiente, junto con el Formulario de Entrega de Copias para Citación. Para facilitar la ubicación del domicilio, se recomienda proporcionar croquis, fotografías, numeración del inmueble y puntos georreferenciados.
Estos datos permiten a los citadores realizar su labor de manera más efectiva y reducir la posibilidad de generar un acta de no citación. Los usuarios pueden consultar el estado de la diligencia mediante la sección «Consulta de Citaciones» en la página web del Consejo de la Judicatura.
La directora provincial, Dayana Erazo, destacó que entregar información completa y precisa contribuye a un servicio más eficiente y oportuno.
El Consejo de la Judicatura recuerda que las citaciones judiciales son gratuitas y que ningún servidor judicial o citador está autorizado a solicitar o recibir dinero por este servicio.
Durante el primer semestre de 2026, en Zamora Chinchipe se realizaron 2.363 actas de citaciones, como parte de los procedimientos judiciales que requieren notificación a las partes procesales.
Noticias Zamora
Ciudadanía denuncia incremento del 25 % en tarifas de camionetas en La Saquea
Usuarios del transporte en el sector La Saquea, parroquia Guadalupe, cantón Zamora, expresan su malestar por un presunto incremento del 25 % en el valor de las carreras de camionetas, situación que, según las denuncias ciudadanas, estaría relacionada con la compañía de camionetas AIR-MASHAR, perteneciente a la parroquia Guadalupe con parada en el sector La Saquea.
De acuerdo con los testimonios, una de las tarifas que habría experimentado variación corresponde al recorrido entre La Saquea y Guaguayme Bajo. Anteriormente, la carrera tenía un costo de USD 2,50, mientras que actualmente se estaría cobrando USD 3,00.
Asimismo, los usuarios señalan que la carrera hacia Guaguayme Alto tenía anteriormente un valor de USD 4,00 y actualmente habría aumentado a USD 5,00.
Los ciudadanos cuestionan el motivo de este incremento y señalan que, mientras en La Saquea se habría aplicado un aumento del 25 %, en Zamora y Yantzaza, según manifiestan, los taxis continuarían cobrando la tarifa que anteriormente correspondía a USD 1,25 la parada.
“¿Cuál es el motivo de que solo ellos alzaron los pasajes el 25 % y los demás taxistas a nivel cantonal no?”, es uno de los principales cuestionamientos expresados por los usuarios, quienes solicitan que las autoridades competentes verifiquen los valores que actualmente se están cobrando.
La situación genera especial preocupación entre quienes utilizan diariamente este servicio para trasladarse desde La Saquea hacia diferentes sectores. Los usuarios consideran que el incremento representa un impacto significativo en su economía, especialmente para quienes deben realizar estos recorridos de manera cotidiana.
A esta situación se suma, según los testimonios de los ciudadanos, la reducción del servicio de transporte como es de la Cooperativa de Transporte Zamora Chinchipe, debido a que, una vez culminado el periodo de clases, ya no se estaría brindando el servicio correspondiente a las 14h00.
Los denunciantes señalan que esta reducción de alternativas de transporte incrementa las dificultades de movilidad para quienes necesitan trasladarse diariamente. Entre los sectores que, según manifiestan, también estarían afectados son: San Agustín, San Juan, San Lorenzo, San Luis, La Cruz y Conchay.
Ante estas dificultades, algunos usuarios aseguran que recurren a vehículos conocidos como “piratas”, debido a que, según sus testimonios, mantienen los precios anteriores y ofrecen mayor disponibilidad del servicio.
Frente a este escenario, los ciudadanos hacen un llamado a las autoridades responsables del control y regulación del transporte para que realicen las verificaciones correspondientes sobre las tarifas aplicadas por las cooperativas de camionetas de La Saquea y determinen si los incrementos registrados cuentan con la autorización respectiva.
Los usuarios consideran necesario fortalecer los controles para garantizar que las tarifas aplicadas sean transparentes, estén debidamente reguladas y no representen una afectación desproporcionada para la economía de las familias que dependen diariamente de este servicio de transporte.
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