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Caso Cumbaratza: más de tres décadas en litigio y sin fecha de finalización

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Más de tres décadas han pasado y aún el proceso legal entre el Estado, la empresa minera Cumbaratza y 262 concesiones mineras, a quienes se les otorgó un espacio en esta zona minera de forma legal y constitucional.  En contexto, está disputa inició a partir de que un asociado de la empresa minera Cumbaratza, exigió al Estado la cantidad de 30 mil hectáreas de terreno en la zona aurífera dentro de la provincia de Zamora Chinchipe

César Espinosa, abogado, ha estado al frente de la defensa de las 262 concesiones mineras, comenta para Diario El Amazónico los detalles y procesos que se vienen cumpliendo hasta el momento: “Es lamentable que un proceso judicial que no fue planteado por la empresa Cumbaratza, sino por un accionista que busca que el estado le adjudique 30 mil hectáreas en la provincia de Zamora Chinchipe, aun no llegue a la etapa final”

Este proceso tiene más de 35 años de historia desde el año 1985, fue ahí donde el Estado ecuatoriano archivó la documentación que constituía a la empresa Cumbaratza como no patentada de un área de explotación. Diez años después, en 1995 se reanuda con un proceso contencioso-administrativo planteado por un accionista de esta empresa, donde en una primera instancia se dispone que el ministro de Energías de ese entonces, otorgue 30 mil hectáreas a la Cumbaratza.

Para contratacar, el Gobierno, el Ministerio y la Procuradora del Estado, presentaron un recurso de casación ante esta sentencia, pues aducían que no tenía ningún fundamento de orden legal.

El 10 de enero de 1996, se dictó una sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia de aquel tiempo, hoy Corte Nacional de Justicia, donde cazando la sentencia impugnada se rechaza el recurso contencioso-administrativo presentado por el accionista de la empresa Cumbaratza, Ab. Jorge Drouet Mármol, en vista de que recurso presentaba un carácter subjetivo y no objetivo. La Corte Nacional de Justicia, en ese mismo día, dejó sin derechos a la empresa por ello se debía archivar el proceso.

Pese a ello, se dictaron cuatro denominados mandamientos de ejecución de sentencia que, según Espinosa, fue conseguido ‘contrariando y violando la sentencia’.

“Es increíble pensar que esa sentencia que niega los derechos al demandante, reclamados al Estado ecuatoriano, ahora por estos llamados o mal llamados ‘mandamientos de ejecución’ se vuelva a conceder a la empresa estos derechos. Lo cual evidentemente es 100% ilegal e inconstitucional y el Estado ecuatoriano no debe cumplir con estos mandamientos violatorios a la sentencia del año 1996”, manifiesta el jurista.

La propia Corte Suprema de Justicia de ese entonces, ya menciono que todo acto que contrarié la sentencia dictada por ellos ‘es de nulidad absoluta’ por parte de la Corte de Nacional, sin embargo, que el estado ha venido manteniendo esa posición, no solamente como ejecutivo, sino por criticas de otros estamentos judiciales.

En el año 2018, un registrador minero de Zamora Chinchipe, inscribió los mandamientos de ejecución, desde el dictado en el año 1996 y 2017. Cuatro mandamientos y documentos que se desprende de ellos, ilegalmente se suscribieron en el registro minero en Zamora. De ahí están vulnerados los derechos de 262 concesiones mineras y derechos mineros otorgados en la provincia.

El 28 de octubre de 2019 la máxima autoridad de la Agencia de Regulación y Control Minero en ese tiempo, hoy Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, revocó las inscripciones ser elaboradas en contra de la ley y registrar ‘mandamientos de ejecución’ dictados en contra de la sentencia. Sin embargo, hasta la fecha han transcurrido tres años desde que el registrador minero de Zamora, se ha negado a cumplir con la resolución de la máxima autoridad de la Agencia de Regulación y Control Minero.

Desde el año 1985, cuando fue el primer archivo para la empresa minera Cumbaratza y ha recibido cuatro archivos más en la historia.  La empresa no tiene ningún derecho, sin embargo, un funcionario público como el registrador minero les da nuevamente las esperanzas, aunque sea ilegales.  Esta situación impide y complica la actividad minera de los titulares legítimos de estos derechos de las concesiones mineras.

La sentencia es absolutamente clara, no hay una duda de que el Estado ecuatoriano ganó el proceso y que la empresa Cumbaratza no tiene ningún derecho y el que tenía prescribió en el año 1996.

El Sr. Registrador minero para su defensa manifiesta que, registra esos documentos, siempre y cuando vengan de una orden judicial, caso contrario él, incumpliría una orden judicial. La orden judicial debe ser emitida por el Tribunal Distrital Nro. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil y que el revocaría la orden en el caso de que este tribunal revoque la orden de inscripción. Según Espinosa, el registrador minero no tiene un sustento legal para negarse a inscribir la resolución de revocatoria de los registros erróneos e ilegales de la empresa Cumbaratza, es más está incurriendo en ser removido de su cargo.

Nacionales

Fiscalización legislativa revela graves incumplimientos en la creación de universidades amazónicas

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Nota: La foto es hecha con IA como imagen referencial

Desde la oficina del asambleísta Juan Marco Gonzaga Salazar, se da a conocer a la ciudadanía los resultados de la fiscalización realizada en la Comisión de Técnica para el Seguimiento a la Gestión de los Procesos de Creación de las Cuatro Universidades Amazónicas de la Asamblea Nacional, proceso que ha develado incumplimientos sistemáticos, decisiones administrativas cuestionables y una alarmante negligencia institucional en la creación de las universidades previstas para Orellana, Sucumbíos, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

Lo que debía ser algo histórico para democratizar el acceso a la educación superior en la Amazonía se ha convertido, lamentablemente, en un ejemplo de ineficiencia pública, falta de transparencia y ausencia de planificación técnica, afectando de manera directa a miles de jóvenes amazónicos que siguen esperando las oportunidades prometidas.

Hallazgos que comprometen la responsabilidad institucional

Durante el proceso de fiscalización se constató lo siguiente:

  • La Universidad Estatal Amazónica (UEA) NO COMPARECIÓ, pese a ser la institución responsable de implementar las universidades de Sucumbíos y Zamora Chinchipe. La falta de comparecencia constituye un acto de desacato técnico y una señal inequívoca de la ausencia de gestión real.

  • La funcionaria delegada, Verónica Villareal, informó que la UEA optó por comprar el edificio ex ESPEAM, cerrado hace 12 años, por 1.752.000 USD, sin contar con un proyecto de creación de la universidad, sin planificación académica y sin análisis de pertinencia funcional.

  • Se reconoció públicamente que el proyecto de creación de la Universidad de Sucumbíos no existe, y que recién sería presentado en 2026. Esta revelación confirma un incumplimiento flagrante del mandato legal establecido para garantizar educación superior en territorio amazónico.

  • Para Zamora Chinchipe, la única acción reportada fue la donación de un terreno por parte del GAD Municipal de El Pangui, lo cual no constituye avance institucional ni técnico hacia el funcionamiento de una universidad amazónica.

  • El delegado de la Secretaría Técnica Amazónica (STA) expresó su total desconocimiento del proceso de compra del inmueble y confirmó la existencia de un informe técnico oficial que señala la NO PERTINENCIA TÉCNICA de la adquisición, debido a su costo, estado y funcionalidad limitada.

Estos hallazgos no solo evidencian una gestión deficiente: ponen en riesgo la equidad territorial, comprometen recursos públicos y profundizan la histórica deuda del Estado con la Amazonía en materia de educación superior.

Hecho clave: alerta técnica y administrativa

Un informe técnico de la Secretaría Técnica Amazónica establece que la compra del edificio ex ESPEAM, por 1.752.000 USD, carece de pertinencia técnica, funcional y económica.

La Comisión analizará este documento para determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Convocatoria urgente a verificación in situ

Con el fin de esclarecer estos hechos y avanzar hacia una gestión transparente y responsable, se ha solicitado la reinstalación de la Comisión Especializada de Educación para realizar una verificación in situ de las instalaciones adquiridas:

Lugar: Lago Agrio
Fecha: 1 de diciembre de 2025
⏰ Hora: 14h00

Aquí el Comunicado oficial del Asambleísta

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ECSA apoya la creación del comedor comunitario en la comunidad de Churuwia

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La comunidad Churuwia, en la parroquia Tundayme, cuenta ahora con un nuevo comedor comunitario. Esta importante infraestructura está destinada a acoger eventos culturales y sociales, beneficiando directamente a las 24 familias que integran la comunidad.

La nueva infraestructura fue financiada por la empresa EcuaCorriente S.A. (ECSA), en coordinación con el GAD Parroquial Rural de Tundayme, con una inversión que supera los USD 30 mil. Esta obra emblemática refleja el trabajo articulado que la empresa mantiene con las comunidades de su área de influencia directa, con el propósito de impulsar iniciativas que fortalezcan el desarrollo local.

El comedor comunitario estará destinado a brindar un espacio adecuado para la preparación y entrega de alimentos en beneficio de niños, adultos mayores y familias de la comunidad. Además, servirá como un lugar para realizar reuniones, actividades comunitarias y jornadas de apoyo social, promoviendo la cohesión, la participación y el fortalecimiento de la organización local.

El presidente del GAD Parroquial Rural de Tundayme, Edison Merchán, destacó el compromiso de ECSA con el desarrollo de la zona. “Hemos venido trabajando en diversos proyectos junto a la empresa, y esta obra representa una inversión significativa para nuestra parroquia, que sin duda aporta beneficios directos a las familias de la zona de influencia”, señaló.

Por su parte, Luis Sandimbia, presidente del Centro Shuar Churuwia, agradeció el apoyo recibido y resaltó la importancia de esta obra para las familias del sector. Señaló que el comedor comunitario permitirá mejorar las actividades organizativas y de convivencia de la comunidad. Además, expresó su voluntad de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto con ECSA para impulsar nuevas iniciativas que contribuyan al desarrollo y bienestar.

Asimismo, Juan Jurado, subgerente de Relaciones Comunitarias de ECSA, resaltó la satisfacción de aportar una obra más para la comunidad. “Nos alegra ver que Churuwia cuenta ahora con este espacio. Seguiremos trabajando por el bienestar de los habitantes de la parroquia Tundayme”, afirmó.

Con este tipo de proyectos, ECSA reafirma su compromiso con el desarrollo social y comunitario de las zonas en las que opera.

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Concejala Ximena Montaño expone avances, preocupaciones y desafíos en la gestión municipal del cantón Zamora

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Durante una entrevista concedida a Diario El Amazónico en el noticiero Frente a Frente, la concejala del cantón Zamora, Ing. Ximena Montaño, informó de manera detallada sobre su gestión, los retos institucionales y diversos acontecimientos de interés público.

Conmemoración del 25 de noviembre y situación de los derechos de las mujeres

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado el 25 de noviembre, la concejala destacó la importancia del acto solemne realizado el 24 de noviembre en el Parque Central de Zamora.

Consultada sobre si se respetan plenamente los derechos de las mujeres, Montaño señaló que, a pesar de los avances logrados por varias generaciones, “aún falta muchísimo”. Subrayó la necesidad de formar a las nuevas generaciones desde el hogar y de fortalecer la conciencia de las autoridades sobre la prevención, erradicación de la violencia de género.

Asimismo, reconoció la labor de las organizaciones sociales que impulsan acciones de activismo y acompañamiento, pero advirtió que en el ámbito político todavía persisten prácticas patriarcales y expresiones de violencia política.

Denuncia de violencia política en el Concejo Municipal

Durante la entrevista, Montaño confirmó haber sido víctima de violencia política dentro del cabildo. Señaló que en repetidas ocasiones se ha cuestionado su voto, se han deslegitimado sus criterios técnicos y se le ha excluido de delegaciones institucionales, acciones que, afirmó, constituyen formas de agresión política.

“Quienes escuchan las sesiones de Concejo saben a lo que estoy expuesta. El no respetar mi criterio, el indisponerme ante la ciudadanía o incluso no considerar mi nombre para delegaciones son manifestaciones claras de violencia política”, expresó.

Indicó que está recopilando la documentación necesaria para formalizar una denuncia escrita, con el fin de sentar un precedente que contribuya a la defensa del respeto y la igualdad dentro de los espacios públicos.

Clausura del Centro de Faenamiento Municipal por parte de Agrocalidad

Un tema de especial preocupación fue la clausura indefinida del Centro de Faenamiento Municipal de Zamora, ejecutada el 24 de noviembre de 2025 por la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario (Agrocalidad).

Según detalló la concejala, esta sanción se produjo luego de múltiples observaciones técnicas no subsanadas oportunamente. Explicó que las falencias ya habían sido notificadas desde abril de 2023, antes de iniciado el actual periodo municipal, y que el Concejo ha emitido reiterados pedidos al alcalde para atender estas no conformidades.

Entre las observaciones mencionadas constan:

Deficiencias sanitarias y de higiene en el manejo de desechos.

Falta de herramientas indispensables como sierras corta-pecho, aturdidores y equipos para el faenamiento.

Acumulación de desperdicios generadores de malos olores, moscas y aves carroñeras.

Insuficiente mantenimiento de infraestructura interna.

Montaño puntualizó que esta es la segunda clausura durante el presente periodo, lo que evidencia que los plazos otorgados por Agrocalidad (incluido uno del 6 de septiembre de 2024 con 15 días para subsanar) no han sido debidamente gestionados.

La clausura obliga a los tercenistas a trasladar su faena al cantón Yantzaza, generando mayores costos, tiempos y dificultades logísticas. Señaló que será necesario que las autoridades de Zamora y Yantzaza coordinen acuerdos inmediatos para facilitar la atención de esta emergencia.

Deficiencias viales y planificación urbana en el cantón Zamora

La concejala también abordó la problemática del deterioro vial en sectores como la calle 10 de Noviembre, Santa Elena y nuevas áreas de expansión urbana. Indicó que la ciudadanía ha expresado preocupación por los baches y el limitado mantenimiento vial.

Respecto a la calle 10 de Noviembre, informó que dentro del presupuesto municipal se contempla un proyecto de rehabilitación que incluye la instalación de alcantarillado pluvial y sanitario, con un rubro estimado cercano a 900 mil dólares. Sin embargo, advirtió que esta obra forma parte de un proyecto macro de alcantarillado para nueve barrios que requeriría aproximadamente 13 millones de dólares, y que no existe aún un documento técnico que avale la viabilidad de ejecutar por tramos esta intervención.

Por esta razón, explicó que votó en contra del presupuesto, no por oponerse a las obras, sino porque no existe una planificación técnica sólida que garantice su ejecución efectiva.

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