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Casi 100.000 personas participaron en la marcha antiminera y por el agua en Cuenca pese al estado de excepción

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Fue una convocatoria multitudinaria: la gran marcha por el agua en Cuenca reunió a casi 100.000 personas, en su mayoría ciudadanos, que se congregaron en las calles de la capital azuaya. Protestaron en contra del proyecto minero Loma Larga, y para proteger las fuentes hídricas de Quimsacocha.

En Cuenca, una ciudad de la Sierra de Ecuador atravesada por cuatro ríos, a sus habitantes les gusta usar una figura para referirse a las grandes concentraciones: en lugar de decir que hubo miles de personas, dicen que se formó «un río de gente».

Y esto fue lo que ocurrió el 16 de septiembre, cuando Cuenca formó un ‘quinto río’ en alusión a las miles de personas que se volcaron a las calles, para rechazar el proyecto Loma Larga.

Marcharon por las avenidas y plazas de Cuenca pese a que horas antes el presidente Daniel Noboa declaró un estado de excepción, para frenar protestas contra su decisión de eliminar el subsidio al diésel.

Este martes, si bien amaneció lluvioso y nublado, antes de las 08:00 ya había grupos de personas concentrados en San Roque, un tradicional barrio de Cuenca que en otras ocasiones ya ha sido el punto de encuentro de los colectivos que llevan décadas en su lucha contra la minería.

Hubo una ceremonia ancestral y en pocos minutos, las calles se llenaron de gente. La avenida Loja, la 12 de Abril, el Paseo 3 de Noviembre se abarrotaron de cuencanos con carteles que decían ‘Kimsacocha no se toca’, ‘Cuenca ya decidió ‘, ‘El agua es vida’, ‘Sin agua no hay futuro’, y ‘Sin agua no se cocina el mote’.

Sin una cabeza visible, la marcha arrancó poco antes de las 10:00 y avanzó al centro de Cuenca, al sur de Ecuador. En la ciudad, las principales calles estaban cerradas a los vehículos y había un silencio poco habitual para ser un día laborable.

Las proclamas de los marchantes, los cantos y las batucadas dieron paso a una ruidosa multitud. Mientras unos cantaban, otros lanzaban consignas en contra del Gobierno o la empresa minera canadiensa Dundee Precious Metals., a cargo de la concesión en Loma Larga.

Si bien el Gobierno de Daniel Noboa anunció que frenaría el proyecto minero, los manifestantes piden ahora que se revoque por completo la licencia ambiental que tenía la empresa.

El proyecto Loma Larga está ubicado en tres cantones de Azuay. Las concesiones de Dundee rodean el Área Nacional de Recreación Quimsacocha, que es gran importancia ambiental para la zona.

En el yacimiento se han encontrado minerales metálicos como cobre y oro. El estudio de factibilidad, completado en 2020, indica que Loma Larga tiene el potencial de producir un promedio anual de aproximadamente 200,000 onzas de oro en sus primeros cinco años de operación.

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Autoridades no encabezaron la marcha
El centro de Cuenca se llenó de una multitud diversa: desde los miembros de las comunidades y organizaciones que siempre se han opuesto a la minería, hasta extranjeros, estudiantes y docentes universitarios, grupos de mujeres, artistas, sindicatos, incluso familias enteras.

No faltaron los funcionarios públicos y los rostros políticos que avanzaban confundidos entre los marchantes.

Aunque las autoridades locales se habían sumado a la convocatoria de la marcha, no la encabezaron. Hubo una suerte de consenso para dejarle el protagonismo a las organizaciones sociales y a la gente. Pero eso no significa que no se hayan hecho sentir.

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, instaló una tarima en las calles Sucre y Padre Aguirre, desde donde se dirigió a la multitud. «Cuenca ha dado un mensaje claro y contundente… y este proyecto no se va a hacer. Que no levanten a un león que estaba tranquilo y el día de hoy ruge», expresó.

La Prefectura del Azuay también montó su propia tarima, en la calle Bolívar, que se convirtió en un escenario de presentaciones artísticas. El prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, reiteró su llamado al Gobierno para que revierta la licencia ambiental y no permita el avance del proyecto minero Loma Larga.

La marcha se concentró en la plaza San Francisco, a dos cuadras del Parque Calderón en el centro de la ciudad, y donde había otra tarima. Allí estaban organizaciones sociales que han estado desde hace años en contra de las actividades mineras en Azuay.

Dos representantes ciudadanos leyeron un manifiesto dirigido al Gobierno, en el que reiteran sus exigencias: que el Gobierno revierta la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga y frene toda actividad extractiva en Quimsacocha.

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Adultos mayores y la iglesia presentes
Fue una marcha llena de simbolismos. Estuvo presente el monseñor de Cuenca, Marcos Pérez Caicedo, para bendecir el agua, poco antes de una masiva misa en la Catedral, presidida por el cardenal Luis Cabrera.

Una concentración de ese tipo solo se compara con la convocatoria del tradicional Pase del Niño de cada 24 de diciembre, recordó el monseñor Pérez: «El quinto río de Cuenca se adelantó a septiembre».

En esta marcha hubo muchos rostros ciudadanos y queridos de la capital azuaya, como el de Flor María Salazar, una de las primeras mujeres en estudiar en el colegio Benigno Malo, donde años después se desempeñó como docente.

También es una reconocida química farmacéutica y es dueña de la tradicional Botica Olmedo, en el corazón de la ciudad. Ella desfiló en el último grupo de personas, subida en un auto clásico, y rodeada del cariño de las personas.

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Las ideas y sentimientos también se plasmaron en carteles y tomaron especial protagonismo, como el pequeño que hizo la niña Carmen Victoria junto a su familia y la frase «queremos agua».

Había otro cartel de hilo y goma que hizo Esperanza Orrego con la frase: «Sin agua no hay presente. Sabiduría activa».

¿Qué llevó a tantas personas a las calles de Cuenca?
Esta Marcha por el Agua tiene una característica particular: logró movilizar a una sociedad diversa en Cuenca. Movió a personas de diferentes edades, estratos, tendencias políticas en torno a un símbolo: el agua.

A la pregunta de: ¿por qué salió a la marcha?, la respuesta que dieron a PRIMICIAS los asistentes a la concentración fue similar. «El agua de Cuenca es un patrimonio, es sagrada», expresó Manuel Freire, quien llegó con toda su familia.

«La defensa del agua es algo que heredamos de nuestros antepasados. Nuestra responsabilidad es dejar este legado para nuestros hijos, para nuestros nietos».  Washington Arévalo, habitante de Cuenca.

La Marcha por el agua en Cuenca llenó decenas de cuadras. Cuatro horas después del inicio del recorrido aún había grupos de personas saliendo desde San Roque, pese a los momentos de lluvia, el viento y el sol que llegó luego del mediodía.

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Hasta el cierre de esta publicación, la marcha aún no terminaba. En la plaza San Francisco se desarrollaba un programa artístico, mientras algunos grupos de las comunidades se retiraron a compartir una pampamesa, una tradición indígena para compartir alimentos. Fuente: Primicias

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Cómo gastan el dinero los municipios y las prefecturas y qué cambiaría con la reforma que plantea Noboa

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Una nueva reforma legal pone la lupa sobre lo que están haciendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) con los recursos que reciben del Presupuesto General del Estado.

Según el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) los municipios, prefecturas y juntas parroquiales deben recibir:

21% de los ingresos permanentes  del Presupuesto General del Estado, que son los generados por recaudación de impuestos y tasas.
Y un 10% de los ingresos no permanentes del Estado, es decir, aquellos por venta de petróleo o venta de bienes del Estado o concesiones.
Pero esto podría cambiar con el Proyecto de Ley Reformatoria al Cootad para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD, presentado el 28 de enero de 2026, con carácter económico urgente.

El proyecto plantea que los GAD destinen el 70% de sus presupuestos anuales a inversión y obra pública. Y da plazo para conseguir este objetivo: hasta 2029 para los municipios y prefecturas y hasta 2030 para las juntas parroquiales rurales.

El proyecto advierte que, si no cumplen ese porcentaje de inversión, las asignaciones bajarían a los mínimos que dispone la Constitución:

15% por ingresos permanentes.
5% de asignaciones no permanentes.
Según el Gobierno, las actas de la Asamblea Constituyente muestran que las asignaciones a los GAD buscaban evitar el gasto en actividades vitrina y priorizar servicios públicos urgentes.

De ahí que el Ejecutivo cuestione que buena parte del dinero que manejan los gobiernos seccionales se destina al pago de sueldos y salarios. Y, aún peor, para eventos artísticos, culturales, recreativos o de entretenimiento.

«Estos gastos no promueven la dinamización de la economía en contextos donde persisten brechas significativas en la provisión de servicios básicos e infraestructura esencial». Proyecto de ley para reformar el Cootad.

¿En qué gastan los gobiernos seccionales en Ecuador?
Resulta complejo conocer a detalle en qué gastan todos los GAD, pues en el país hay 221 municipios, 24 prefecturas y 797 juntas parroquiales. La mayoría no publica el detalle de sus presupuestos y su ejecución de forma actualizada y transparente.

El Banco Central de Ecuador (BCE) consolida información financiera de todos los GAD. Según esos datos, de los USD 5.497 millones que manejaron en 2024, el 24% se destinó a inversión, que incluye formación bruta de capital fijo, obra pública y la adquisición de bienes de larga duración.  En 2025, el porcentaje para inversión fue similar, del 25%.

Por ejemplo, en GAD como el Municipio de Guayaquil, de un presupuesto total de USD 1.608 millones en 2025, USD 439 millones o el 27% fue para inversión y obra pública, según los rubros que el Gobierno central plantea que se pueden considerar como tal.

En Quito, de un presupuesto de USD 1.744 millones, unos USD 398 millones, o el 23%, se dirigieron a ese mismo fin. Mientras que en la Prefectura de Pichincha, el 47% de su presupuesto de USD 275 millones se destinó a inversión y obra pública.

¿Cuánto reciben los GAD del Estado?
En el proyecto de ley, el Gobierno de Noboa menciona que la reforma es necesaria por el problema de desequilibrio fiscal del país; es decir, porque los ingresos son insuficientes para cubrir los gastos del Estado y, como resultado, Ecuador tiene que endeudarse cada vez más.

Y añade que las asignaciones que hace el Estado para los GAD son muy rígidas; es decir, es muy difícil hacer ajustes cuando los ingresos no alcanzan.

Si bien los municipios, las alcaldías y las juntas parroquiales tienen ingresos propios de las tasas y de los impuestos que cobran, una buena parte de su presupuesto se cubre con las asignaciones del Estado.

Y este no es un gasto menor. Por ejemplo, en 2025, el Presupuesto del Estado alcanzó los USD 34.949  millones y, de ese valor, unos USD 3.455 millones fueron transferencias estatales para los GAD; esto es, casi el 10%.

Esto es 17 veces más que lo que se destinó a obra pública en el Presupuesto General del Estado.

Por la fuerte presión, año a año se acumulan millonarios atrasos en las asignaciones a los gobiernos seccionales, como en 2025 cuando sumaron USD 875 millones.

El economista Daniel Lemus, director del centro de políticas públicas de la ESPOL, explica que las asignaciones del Presupuesto del Estado representan entre el 48% y 54% de los ingresos que tienen los GAD, aunque hay algunos que dependen más del Gobierno central.

Por ejemplo, estas transferencias estatales representan menos del 50% de los presupuestos de algunos municipios, mientras que en las prefecturas son del 70%, añade Lemus.

Para Lemus, la reforma es positiva, pero hace falta aclarar detalles sobre cómo se hará el cómputo de ese 70%.

«¿Se computará sobre lo que el GAD haya planificado en el presupuesto o lo que realmente se haya ejecutado? Porque hay obras que se contratan en un año, pero la ejecución ocurre en el siguiente. Y con los anticipos de las obras, ¿qué pasará?», añade.

Para Lemus es importante hacer estas aclaraciones para evitar que solo se asienten cifras en el papel y al final del año, la ejecución real esté lejos de la meta.

¿Qué cambia el proyecto de ley?
Hoy, el Cootad ya pone un candado, pues su artículo 198 dice que las transferencias que se hagan a los GAD podrán financiar hasta el 30% de gastos permanentes (como sueldos de funcionarios), y un mínimo del 70% de gastos de inversión y obra pública.

Además, especifica que las transferencias provenientes principalmente de la venta del petróleo deberán financiar solo inversión y obra pública.

Sin embargo, ahora el Gobierno propone que el 70% de todo el presupuesto de los GAD  —  no solo de la asignación estatal—  sea para inversión y obra pública.

«La reforma es positiva, para mejorar la calidad de gasto y aumentar la inversión, pero tampoco debe servir para ahogar a algunos GAD con porcentajes imposibles de cumplir». Daniel Lemus, economista

Lemus destaca que el proyecto ya define qué rubros son los que se pueden considerar inversión y obra pública, para evitar diferentes interpretaciones. Fuente: Primicias

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Cynthia Jacho: sacó una baja calificación, pero ahora es presidenta de la comisión que elegirá al nuevo fiscal

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Cynthia Alexandra Jacho Tipán fue designada como presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección, que llevará a cabo el concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado. La joven fungió como abogada junior de un bufete quiteño y sacó una de las calificaciones más bajas en la etapa de méritos.

Esta comisión fue creada por el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) en medio de cuestionamientos sobre los requisitos de los postulantes y sus calificaciones.

En total son 10 personas las que tienen la misión de encontrar al nuevo líder del Ministerio Público. Entre los integrantes de la comisión hay representantes de la ciudadanía y de las funciones del Estado (Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y Transparencia y Control Social).

Jacho arrancó en su cargo solicitando al presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, que remita hasta el 29 de enero la terna para elegir al secretario de la comisión. Además, solicitó un equipo técnico.

Tras completar esos requerimientos, los comisionados podrán convocar oficialmente al concurso para escoger al nuevo fiscal.

$!Comisión que designará al nuevo fiscal.

¿QUIÉN ES CYNTHIA JACHO?

Tiene 26 años, nació en Quito y se graduó como abogada en la Universidad Central del Ecuador en diciembre del 2023, pero su título quedó registrado en la Senescyt en febrero del 2024.

Según la hoja de vida presentada al Cpccs, posee cursos en dignidad humana desde la jurisprudencia constitucional, habeas corpus privación de la libertad legal, arbitraje e ilegítima, teoría del delito y la pena y la prueba en materia laboral.

Todas estas capacitaciones se dieron en julio del 2025, a excepción de la última que tiene como fecha a julio del 2024.

En cuanto a experiencia laboral, Jacho trabajó dos años y 11 meses en el bufete Martínez & Martínez como asistente legal y abogada junior.

Además, la joven destacó que posee experiencia específica en derecho institucional, erradicación para la violencia y relaciones comunitarias.

$!Cynthia Jacho fue designada como presidenta de la comisión que elegirá al nuevo fiscal.

CUESTIONAMIENTOS

Sin embargo, ha sido cuestionada por sacar 17,5 sobre 50 en el concurso de méritos. Esta fue una de las notas más bajas del grupo por varios motivos: su reciente titulación, su escasa experiencia laboral y la falta de publicaciones académicas.

Aunque justificó dos premios, logrados en junio del 2025, por su defensa en derechos de la mujer y causas sociales y comunitarias.

Por su parte, el asambleísta Luis Fernando Molina, de la Revolución Ciudadana (RC), recordó en la red social X que alrededor de la nota de Jacho hubo un curioso incidente.

El equipo técnico tuvo un ‘lapsus calami’ y la calificó con 37,5/50. Ante ello, el Cpccs pidió rectificar la votación para colocar la nota real. La corrección se hizo entre finales de noviembre e inicios de diciembre. ¿El resultado? Con una de las peores calificaciones, terminó dirigiendo la Comisión que decidirá quién será la o el nuevo Fiscal General del Estado”, apuntó el legislador.

$!Cuadro presentado por Luis Fernando Molina.

PRÓXIMOS PASOS

Una vez que tengan un secretario y un equipo técnico, los comisionados deben hacer un cronograma de trabajo y convocar a los abogados que deseen participar en el concurso. En total son cinco fases:

  • Convocatoria y postulación
  • Admisibilidad y reconsideración
  • Méritos y recalificación
  • Escrutinio público e impugnación
  • Oposición y recalificación.

Este proceso debe durar cuatro meses, aunque también hay la posibilidad de una prórroga de dos meses más para concluir el concurso que designe al nuevo fiscal. Fuente: vistazo 

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Ecuador consolida la cooperación con la CAF para los sectores energético, aéreo y bananero

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El Gobierno ecuatoriano informó este jueves de que suscribió un instrumento de cooperación técnica no reembolsable con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), orientado a fortalecer los sectores energético y aéreo.

Además, en el marco del Foro Económico Internacional, en Panamá, la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) firmó una carta de intención con el multilateral para implementar un programa de mejoramiento genético del banano.

El instrumento forma parte de la relación estratégica que mantiene el Ecuador con CAF, organismo que ha acompañado al país mediante mecanismos financieros asistencia técnica en áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

Su objetivo es fortalecer las capacidades de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) para la planificación y ejecución de proyectos estratégicos, así como acelerar la expansión del Sistema Nacional de Transmisión, en favor de la seguridad energética y una transición sostenible.

La cooperación incluye la realización de análisis técnicos y socioambientales, así como la preparación de una cartera de proyectos estratégicos, con estudios de ingeniería y perfiles para financiamiento.

Además, prevé acciones de fortalecimiento institucional orientadas a optimizar procesos, gestión y herramientas tecnológicas, y a destrabar cuellos de botella en la ejecución de proyectos.

En el área aeronáutica, el instrumento, suscrito por el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, contempla la asistencia no reembolsable de dos millones de dólares, destinada a fortalecer integralmente la conectividad aérea y la seguridad operacional.

Para ello, se contemplan estudios de factibilidad, la rehabilitación de infraestructura aeronáutica, la adquisición de equipamiento, alianzas público-privadas y acciones de fortalecimiento institucional, con énfasis en el rol del Estado como planificador y regulador del sistema aéreo nacional.

La carta de intención suscrita entre la CAF y AEBE, apunta a financiar el mejoramiento fitogenético del banano productivo, de tal manera que sea resistente a las plagas que regularmente afectan a este cultivo.

La suscripción de estos instrumentos reafirmó el acceso del Ecuador a asistencia técnica especializada de alto nivel, orientada a fortalecer la planificación y la capacidad del Estado en sectores clave para el desarrollo sostenible. Fuente: Vistazo

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