Nacionales
Campaña para las elecciones seccionales 2023 se inicia este martes 3 de enero
Aunque los candidatos a las elecciones seccionales iniciaron su campaña meses atrás, el calendario electoral señala que desde el 3 de enero del 2023 arrancan los 30 días en los que formalmente podrán hacer proselitismo político. Tres antecedentes marcan el inicio de este último paso antes de las votaciones del próximo 5 de febrero.
Hasta el 31 de diciembre del 2022, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha dicho oficialmente cuántos candidatos correrán por una de las 5 660 dignidades en disputa. Solamente ha señalado que, tantos los perfiles como los planes de trabajo de los postulantes ya están disponibles en su sitio web.
El jueves 29 de diciembre del 2022, el Pleno del Consejo Nacional Electoral determinó el fondo de promoción electoral, tanto para las elecciones seccionales como para la Consulta Popular que impulsa el Gobierno Nacional. Sin especificar una cifra, el CNE aprobó dicha determinación para las candidaturas a Prefectos, Alcaldes, Concejales y miembros de Juntas Parroquiales.
En el caso del Referéndum, para cuya campaña están habilitadas seis organizaciones, entre ellas el oficialista Creo y la oposición correísta, se definió el valor de USD 807 002,82 más IVA.
¿Qué es este fondo? Es el monto exclusivo de financiamiento estatal con el que contarán los sujetos políticos para la contratación de la publicidad electoral en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales, durante la campaña electoral.
Campaña para elecciones empezó antes en redes sociales
Antes de enero del 2023, la campaña se había desarrollado en las redes sociales. Esos espacios virtuales escapan al control del Consejo Nacional Electoral. Además, el mismo organismo empezó desde agosto pasado el control de la precampaña. Ha retirado vallas y ha obtenido objetos promocionales.
Sin embargo, un dato revelador es que, ni por la campaña de las seccionales del 2019 así como de las generales del 2021, el CNE no tiene registros de sancionados por infringir lo que el Código de la Democracia tipifica como campaña anticipada.
La campaña para las dignidades seccionales, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y Consulta popular arranca así con tres precedentes: faltan dos consejeros suplentes para conformar el Pleno del Cpccs, habrá una campaña intensa de 30 días (no 45 como establece la normativa) y el Gobierno está imposibilitado de hacer campaña por el sí mediante sus canales oficiales.
El lío en el Cpccs
El presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, dice que faltan dos suplentes para sustituir a los consejeros Juan Javier Dávalos y David Rosero, quienes salieron con licencia ya que buscan su reelección.
Hay suplentes para las consejeras Ibeth Estupiñán y la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira. Esto porque en la legislatura pasada se posesionó a Karina Ponce y Mónica Moreira.
Sin embrago, la pugna entre la Asamblea y el Cpccs, tras el juicio con el que se censuró a la mayoría de este último organismo y la posterior medida cautelar que les devolvió el puesto, incidió en que no existan los suplentes necesarios. Ulloa dijo el jueves 29 de diciembre del 2022 que enviaría una comunicación al Parlamento para que se designe a los suplentes.
Legalmente, según el presidente del organismo, el Pleno se puede reunir con los cinco integrantes. Pero, apuntó que lo óptimo es contar con los siete vocales. Sobre esto, el analista electoral Esteban Ron dice que es un caso complejo porque nada garantiza que los suplentes quieran asumir el puesto por un mes.
Según Ulloa, no existirán retrasos en los procesos de designación de autoridades que al momento están en curso. Por ejemplo, el Cpccs, con los consejeros, tenía previsto sesionar la noche del viernes pasado para conocer el informe de Impugnaciones presentadas a los postulantes, que integran la terna para ocupar la presidencia del Consejo de la Judicatura.
Tres campañas para las elecciones 2023
Esta vez habrá tres campañas. La primera tiene que ver con las 5 660 dignidades seccionales, es decir, Prefectos, alcaldes y concejales. La segunda es para elegir a los siete vocales principales y siete suplentes del Consejo de Participación Ciudadana. Ellos solo serán promocionados con los spots del CNE. La tercera está relacionada con la Consulta Popular del Gobierno. Para esta hay seis organizaciones que impulsarán el sí y el no. Entre ellas está la oficialista Creo y el correísmo.
Consulta Popular impulsada por de Guillermo Lasso
En una respuesta enviada por el CNE a diario El Comercio se especifica que el Ejecutivo no puede hacer campaña por el sí mediante sus canales oficiales.
“Existe prohibición expresa para todas las instituciones estatales para realizar publicidad electoral a través de los medios de comunicación social en televisión, radio, prensa escrita y medios digitales”. Sin embargo, del control se excluyen a las redes sociales.
Sin embargo, Creo, movimiento liderado por el presidente Guillermo Lasso, es parte de las organizaciones acreditadas para hacer campaña por el sí. La otra es el partido Avanza. El correísmo, Unidad Popular, Partido Socialista Ecuatoriano y la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) impulsarán el no. Fuente: El Comercio
Nacionales
Por la guerra comercial, exportadores colombianos alertan de una caída de 27% en sus ventas a Ecuador
El comercio bilateral entre Colombia y Ecuador atraviesa una de sus peores crisis debido a la escalada de la guerra comercial entre ambos países, que han impuesto aranceles a los productos comercializados en ambos lados de la frontera.
De acuerdo con cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y un análisis de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) de Colombia, las ventas de ese país hacia Ecuador disminuyeron 27% entre entre enero y febrero de 2026, frente a igual período de 2025.
Eso se debe a que desde el 1 de febrero de 2026, el Gobierno de Daniel Noboa impuso un arancel de 30% a los productos que llegan de Colombia. Desde el 1 de marzo, la llamada tasa de seguridad subió a 50% y para el 1 de mayo llegará a 100%, por lo que es previsible que la compra de mercancías al país vecino —sus exportaciones a Ecuador— siga cayendo.
Según cifras del Gobierno de Ecuador, entre febrero y marzo, tras el inicio de la guerra comercial, las compras desde Colombia cayeron 57%, alcanzando los USD 124,8 millones.
Mientras tanto, las ventas de Ecuador hacia el país vecino aumentaron en 32% en el período de enero y febrero de 2026, y llegaron a un monto de USD 187,7 millones. Pero esto se explica, en parte, porque el Gobierno de Gustavo Petro comenzó a cobrar un arancel ‘espejo’ de 30% a las importaciones ecuatorianas recién desde el 24 de febrero. Además, en un comienzo se aplicó solo a un grupo de productos.
Y desde el 6 de marzo, el arancel que cobra Colombia a los productos provenientes de Ecuador subió también a 50% para la mayoría de la oferta exportable ecuatoriana.
Productos colombianos enviados a Ecuador
Tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de gravar con un arancel a los productos colombianos, la energía eléctrica tuvo el mayor peso en las exportaciones de Colombia en el período de enero y febrero.
Y es que en medio de la guerra comercial, la venta de electricidad de Colombia a Ecuador se suspendió, pero recién desde el 22 de enero de 2026.
De ahí que las exportaciones de energía de Colombia a Ecuador sumaron USD 25,3 millones entre enero y febrero de 2026, lo que representa una caída de 77% frente a iguales meses de 2025.
Sin tomar en cuenta el intercambio energético, los medicamentos son el rubro de productos que más exportó Colombia a Ecuador, entre enero y febrero de 2026, con un monto de USD 8,4 millones, lo que representa un alza de 27,3%.
En otros productos, como insecticidas y carbureactores, los envíos también crecieron de manera importante, 143% y 88%, respectivamente. En cambio, las exportaciones de azúcares de caña o remolacha cayeron 26%
Javier Díaz, presidente ejecutivo de Analdex, explica que el aumento de exportaciones de algunas categorías de productos de Colombia a Ecuador se dio por dos motivos. Por una parte, las empresas aceleraron sus envíos en enero, antes de la entrada en vigencia de los aranceles en febrero.
Y por otro lado, en febrero se registraron declaraciones de exportaciones en la Aduana de Ecuador que no alcanzaron a registrarse en enero, aunque correspondían a ventas realizadas en ese mes.
De hecho, la mayor parte de las ventas de Colombia a Ecuador realizadas en el primer bimestre del año se realizaron en enero. En medicamentos, por ejemplo, hubo un crecimiento interanual de 131% en enero, mientras en febrero cayeron 23%.
«Con el dato de marzo, se espera una desaceleración y una caída más pronunciada» Javier Díaz, presidente de Analdex.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano Colombiana (Camecol), Freddy Cevallos, coincide en que los incrementos de exportaciones en ciertos rubros responden a adelantos a de compras, realizados a finales de enero, cuando Noboa anunció el nuevo arancel de 30%.
E incluso, considera que los envíos de febrero también corresponden, en parte, a adelantos, debido a que en ese mes se conoció que desde marzo subirían los aranceles a 50%.
«Cuando el arancel en Ecuador llegue a 100%, la compra de productos colombianos será la mínima necesaria. Probablemente, en mayo podremos ver los verdaderos efectos», dice Cevallos. Empresas que más exportaron
Según el análisis de Analdex, sin contar al sector energético, Colgate Palmolive fue la empresa que más exportó productos a Ecuador desde Colombia, entre enero y febrero de 2026, con un monto de USD 7,8 millones, para un crecimiento de 18%. Su principal producto es la crema dental.
Le sigue la fabricante japonesa de carros Hino Motors, con USD 5 millones. Y en tercer lugar, la compañía farmacéutica Procaps, con USD 4,8 millones, con un crecimiento de más de 1500%, debido al adelanto en la venta de medicamentos. Fuente: Primicias
Nacionales
¿Quién es Juan Carlos Blum, el nuevo Gerente General de CNEL EP tras los cortes de luz en Guayas?
Juan Carlos Blum asumió como nuevo gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP este martes 14 de abril, luego de los recientes incidentes en el servicio eléctrico que provocaron cortes de luz en varios sectores de la provincia del Guayas.
La ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, anticipó una reestructuración en el sector eléctrico al señalar que habría una “nueva plana mayor” tanto en CNEL EP como en el CENACE.
¿Quién es Juan Carlos Blum?
Juan Carlos Blum es ingeniero mecánico graduado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y cuenta con una maestría en Gestión de Energía y Política Ambiental por la University of Pennsylvania. Su trayectoria combina experiencia técnica con enfoque en políticas públicas, especialmente en el ámbito energético y de sostenibilidad.
Blum también ha colaborado con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID y la CAF, en proyectos que exigen el cumplimiento de estándares internacionales en sostenibilidad y gestión de riesgos.
Desde la Gerencia General de CNEL EP, se espera que impulse una gestión enfocada en la eficiencia operativa, la mejora del servicio eléctrico y la atención a los usuarios, en un contexto marcado por el malestar ciudadano tras los recientes apagones.
Apagones en Guayas
Uno de los eventos críticos se registró la madrugada de ayer por una falla en una línea de subtransmisión que abastece a usuarios entre el kilómetro 1 y el 10 de la vía a Samborondón. Aunque la intervención debía durar una hora, el corte de luz se extendió por aproximadamente cuatro horas. “Esto es inadmisible”, enfatizó Manzano.
En ese contexto, la funcionaria responsabilizó a CNEL EP y al CENACE, calificando su respuesta como lenta e ineficiente, lo que aceleró la decisión de cambios en la cúpula del sector.
Además, anunció la suspensión inmediata de todos los mantenimientos programados en las empresas distribuidoras eléctricas del Ecuador.
«Actuar sin criterio frente a la ciudadanía no es opción como lo sucedido (…) al conectar las torres de Dos Cerritos. Si bien es mejora de infraestructura, inversión, reducción de pérdidas técnicas, mejora de voltaje, no se puede tomar decisiones que afecten a los ciudadanos y que les quiten su paz y bienestar«, expresó la ministra, al referirse a los trabajos realizados en el sistema eléctrico.
Finalmente, Manzano ofreció disculpas públicas «porque esto no debió hacerse de manera desinformada y con retrasos».
No obstante, han continuado los reportes de habitantes de urbanizaciones en la vía a Salitre por nuevos apagones, que han generado afectaciones en negocios y hogares. La inestabilidad del servicio también ha provocado daños en electrodomésticos.
Desde el Gobierno, los cortes de energía han sido atribuidos a diversas causas, entre ellas la sobrecarga en transformadores debido a la intensa ola de calor —que ha impulsado el uso masivo de aires acondicionados y ventiladores—, así como desconexiones programadas por trabajos de mantenimiento preventivo para mejorar la distribución eléctrica. Fuente: Vistazo
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250 días detenido en Miami: esta es la última jugada legal de José Serrano para evitar ser deportado
José Serrano Salgado, exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, lleva 250 días detenido en Estados Unidos. Y su caso ha entrado en una etapa llena de incertidumbre por la decisión final sobre una posible deportación.
Su detención, ejecutada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se produjo tras la caducidad de su estatus migratorio en territorio estadounidense.
Desde entonces, el político ecuatoriano permanece recluido en el centro de procesamiento de Krome, ubicado en Miami, Florida.
Su situación en Estados Unidos se desarrolla en paralelo a un complejo panorama judicial en Ecuador, donde enfrenta una orden de prisión preventiva tras ser procesado como presunto autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
El exfuncionario buscó asilo argumentando temor por su vida, pero su proceso migratorio ha entrado en una fase de profunda incertidumbre procesal. Mientras que si es deportado, tendrá que llegar a Ecuador directo a una cárcel.
Silencio en la corte y la ofensiva del habeas corpus
La situación de Serrano ha experimentado un giro legal. Según el buscador oficial del ICE, el exministro permanece bajo custodia de las autoridades migratorias en las instalaciones de Krome.

Sin embargo, el sistema de información automatizada de casos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) revela un estado procesal definitorio, indicando que el caso está pendiente de resolución, pero ya no existen audiencias futuras programadas.
Ante este escenario a nivel migratorio, la defensa de Serrano ha intensificado sus acciones legales en el ámbito federal. El 6 de enero de 2026, el abogado Andrew Clopman asumió la defensa principal, reemplazando a Robert Sheldon, con el objetivo de reactivar un recurso de habeas corpus ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida.
Este recurso original había sido desestimado sin perjuicio en octubre de 2025 por la jueza magistrada Marty Fulgueira Elfenbein, debido a una falta de jurisdicción temporal.
Como parte de esta nueva estrategia, el 13 de abril de 2026 la defensa presentó una moción para ingresar una petición enmendada y verificada de hábeas corpus, buscando forzar un pronunciamiento sobre la legalidad de su prolongada detención.
Un día después, el 14 de abril de 2026, la jueza Elfenbein denegó por inoficiosa una moción previa tras confirmar la actualización de la demanda ingresada por el equipo legal de Serrano. El Gobierno de Estados Unidos tiene hasta el 27 de abril para responder.
Los laberintos legales
El contraste entre la falta de audiencias en la EOIR y la persistencia de la custodia en el ICE tiene implicaciones jurídicas que se explican a través de tres posibles escenarios basados en las normativas y manuales estadounidenses.
1. Primer escenario
El primer escenario sugiere que la jueza emitió una orden de deportación final, lo que cambia automáticamente el fundamento legal de la detención preventiva del estatuto 8 U.S.C. § 1226 al estatuto 8 U.S.C. § 1231, el cual rige la detención posterior a la orden de deportación.
Bajo este último estatuto, el Gobierno cuenta con un período de remoción de 90 días para ejecutar la salida del país, pero la jurisprudencia de la Corte Suprema en el caso Zadvydas v. Davis prohíbe la detención indefinida, estableciendo que un encierro posterior a la orden de seis meses es presuntamente razonable.
Si este es el caso, el abogado Clopman se podría haber visto obligado a modificar el habeas corpus, argumentando que la ley que justificaba el encierro cambió y la demanda original quedó obsoleta.

2. Segundo escenario
El segundo escenario podría ser una detención prolongada sin una orden final, lo que implicaría una posible violación al debido proceso amparado por la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Si la decisión final está en reserva por parte de la jueza o existe una apelación no definitiva, Serrano sigue detenido preventivamente bajo el estatuto § 1226 y acumula aproximadamente ocho meses bajo custodia hasta abril de 2026.
Aunque el fallo de la Corte Suprema en el caso Jennings v. Rodriguez determinó que las leyes de inmigración no garantizan audiencias de fianza automáticas a los seis meses, sí dejó abierta la puerta para demandas constitucionales según se apliquen a cada caso, permitiendo a los tribunales evaluar si la duración de la detención se ha vuelto irrazonable.
En este contexto, la defensa podría exigir -reactivando el habeas corpus- al juez federal que ordene una audiencia para justificar por qué su cliente sigue encerrado en Krome.
3. Tercer escenario
Finalmente, un tercer escenario contempla que ya haya una orden de deportación que no se ha hecho pública y que el caso haya sido apelado ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), lo que suspende la ejecución de la decisión de la jueza y vacía el calendario de audiencias.
Si el proceso se encuentra transferido en la BIA, la detención se prolongará por varios meses adicionales, justificando plenamente la urgencia del recurso de hábeas corpus para forzar su liberación bajo el argumento de una privación prolongada de la libertad. Fuente: Primicias
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