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Campaña para las elecciones seccionales 2023 se inicia este martes 3 de enero

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Aunque los candidatos a las elecciones seccionales iniciaron su campaña meses atrás, el calendario electoral señala que desde el 3 de enero del 2023 arrancan los 30 días en los que formalmente podrán hacer proselitismo político. Tres antecedentes marcan el inicio de este último paso antes de las votaciones del próximo 5 de febrero.

Hasta el 31 de diciembre del 2022, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha dicho oficialmente cuántos candidatos correrán por una de las 5 660 dignidades en disputa. Solamente ha señalado que, tantos los perfiles como los planes de trabajo de los postulantes ya están disponibles en su sitio web.

El jueves 29 de diciembre del 2022, el Pleno del Consejo Nacional Electoral determinó el fondo de promoción electoral, tanto para las elecciones seccionales como para la Consulta Popular que impulsa el Gobierno Nacional. Sin especificar una cifra, el CNE aprobó dicha determinación para las candidaturas a Prefectos, Alcaldes, Concejales y miembros de Juntas Parroquiales.

En el caso del Referéndum, para cuya campaña están habilitadas seis organizaciones, entre ellas el oficialista Creo y la oposición correísta, se definió el valor de USD 807 002,82 más IVA.

¿Qué es este fondo? Es el monto exclusivo de financiamiento estatal con el que contarán los sujetos políticos para la contratación de la publicidad electoral en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales, durante la campaña electoral.

Campaña para elecciones empezó antes en redes sociales

Antes de enero del 2023, la campaña se había desarrollado en las redes sociales. Esos espacios virtuales escapan al control del Consejo Nacional Electoral. Además, el mismo organismo empezó desde agosto pasado el control de la precampaña. Ha retirado vallas y ha obtenido objetos promocionales.

Sin embargo, un dato revelador es que, ni por la campaña de las seccionales del 2019 así como de las generales del 2021, el CNE no tiene registros de sancionados por infringir lo que el Código de la Democracia tipifica como campaña anticipada.

La campaña para las dignidades seccionales, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y Consulta popular arranca así con tres precedentes:  faltan dos consejeros suplentes para conformar el Pleno del Cpccs, habrá una campaña intensa de 30 días (no 45 como establece la normativa) y el Gobierno está imposibilitado de hacer campaña por el sí mediante sus canales oficiales.

El lío en el Cpccs 

El presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, dice que faltan dos suplentes para sustituir a los consejeros Juan Javier Dávalos y David Rosero, quienes salieron con licencia ya que buscan su reelección.

Hay suplentes para las consejeras Ibeth Estupiñán y la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira. Esto porque en la legislatura pasada se posesionó a Karina Ponce y Mónica Moreira.

Sin embrago, la pugna entre la Asamblea y el Cpccs, tras el juicio con el que se censuró a la mayoría de este último organismo y la posterior medida cautelar que les devolvió el puesto, incidió en que no existan los suplentes necesarios. Ulloa dijo el jueves 29 de diciembre del 2022 que enviaría una comunicación al Parlamento para que se designe a los suplentes.

Legalmente, según el presidente del organismo, el Pleno se puede reunir con los cinco integrantes. Pero, apuntó que lo óptimo es contar con los siete vocales. Sobre esto, el analista electoral Esteban Ron dice que es un caso complejo porque nada garantiza que los suplentes quieran asumir el puesto por un mes.

Según Ulloa, no existirán retrasos en los procesos de designación de autoridades que al momento están en curso. Por ejemplo, el Cpccs, con los consejeros, tenía previsto sesionar la noche del viernes pasado para conocer el informe de Impugnaciones presentadas a los postulantes, que integran la terna para ocupar la presidencia del Consejo de la Judicatura.

Tres campañas para las elecciones 2023

Esta vez habrá tres campañas. La primera tiene que ver con las 5 660 dignidades seccionales, es decir, Prefectos, alcaldes y concejales. La segunda es para elegir a los siete vocales principales y siete suplentes del Consejo de Participación Ciudadana. Ellos solo serán promocionados con los spots del CNE. La tercera está relacionada con la Consulta Popular del Gobierno. Para esta hay seis organizaciones que impulsarán el sí y el no. Entre ellas está la oficialista Creo y el correísmo.

Consulta Popular impulsada por de Guillermo Lasso

En una respuesta enviada por el CNE a diario El Comercio se especifica que el Ejecutivo no puede hacer campaña por el sí mediante sus canales oficiales.

“Existe prohibición expresa para todas las instituciones estatales para realizar publicidad electoral a través de los medios de comunicación social en televisión, radio, prensa escrita y medios digitales”. Sin embargo, del control se excluyen a las redes sociales.

Sin embargo, Creo, movimiento liderado por el presidente Guillermo Lasso, es parte de las organizaciones acreditadas para hacer campaña por el sí. La otra es el partido Avanza. El correísmo, Unidad Popular, Partido Socialista Ecuatoriano y la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) impulsarán el no.  Fuente: El Comercio

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Atamaint hace aclaración ante alerta de Correa sobre supuesto intento de eliminación de la RC

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La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, aclaró este lunes que aún no se ha presentado una denuncia en contra de la Revolución Ciudadana (RC) ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por inconsistencias en sus cuentas de campaña.

La declaración ocurre luego de que el expresidente Rafael Correa, líder de la RC, escribió en la red social X que el CNE presentó una acusación ante el TCE contra su organización política con el objetivo de sancionarlos y eliminar al partido.

Andrés Arauz, excandidato presidencial, también hizo la alerta. “El CNE de Diana Atamaint pide eliminar al movimiento político RC5 por supuestamente no justificar $6400 dólares en la campaña de 2023”, sostuvo el economista.

Sin embargo, Diana Atamaint subrayó que esa información es “totalmente falsa”, puesto que el informe de las cuentas de la campaña de la RC aún sigue analizándose.

“Aclaro que esas noticias que salieron en redes sociales, que el CNE ha pedido la desaparición del partido político, es totalmente falso. Están intentado victimizarse o están tratando de desinformar a la ciudadanía pues ellos conocen exactamente los procedimientos y reglamentos”, manifestó Atamaint.
$!El trino de Correa y Arauz.

EL PROCESO PREVIO A LA DENUNCIA

La presidenta del CNE explicó que todas las organizaciones sociales y políticas, que se inscriben para hacer campaña, deben presentar informes de sus cuentas.

Por ello, son capacitados para que puedan presentar sus documentos, en los que básicamente explican el origen y manejo de los fondos.

Luego, el CNE hace una análisis y si es que hay inconsistencias tienen un plazo de 15 días para que puedan subsanar cualquier duda.

Después, se vuelve a revisar la nueva información. En caso de que aún haya errores, la institución electoral emite un informe jurídico a la organización política.

“Esto es lo que ha sucedido con RC. Esa resolución que se toma desde la presidencia, por delegación del pleno del CNE, se les ha notificado indicando que no se ha recibido con satisfacción el informe”, indicó Atamait.

Agregó que el correísmo ha interpuesto un recurso administrativo ante el CNE, en virtud de que ellos consideran que hay que corregir o aclarar la resolución.

Cuando el informe se ratifique, el CNE recién enviará la decisión al TCE pidiendo la sanción respectiva.

Además, Atamaint recordó que la sanción puede ser económica o el retiro de derechos políticos a la persona que lleva las cuentas de la organización política, al representante legal, al jefe de campaña y al candidato. Fuente: Vistazo

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Daniel Noboa y su plan de quitar la salud al IESS: así se divide opinión en Ecuador

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El presidente Daniel Noboa ha adelantado poco sobre las reformas a la Carta Magna, que planea poner en marcha, en caso de que el sí gane en la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre del 2025, en 20 días. Sin embargo, ya ha adelantado su intención de que el Seguro Social (IESS) no sea un prestador de salud, sino solamente el Ministerio del ramo. ¿Cómo se ha tomado esa idea?

El economista Alberto Acosta Burneo ha manifestado su apoyo a la idea del presidente de la República. Ha dicho que en países como Reino Unido, España, Brasil, Portugal e Italia, el Estado, a través del Ministerio de Salud, presta directamente los servicios, financiados con impuestos. «La Seguridad Social se enfoca en pensiones, no en hospitales. La propuesta de Noboa apunta a un modelo de salud universal como en esos países».

3.2 millones de afiliados tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero más del doble de personas son beneficiarias del seguro de salud.

El reto del IESS en salud: millones de pacientes y falta de hospitales propios

Por otro lado, algunas voces, inclusive de abogadas que no suelen tratar temas de la Seguridad Social, como María Dolores Miño comentaron: «Muchas personas, especialmente de tercera edad, dependen del servicio de salud del IESS para una vida digna. No solo gente de escasos recursos, sino de todos los estratos sociales se atienden ahí. Piensen si quieren que su abuelita, que sus papás se queden sin atención en salud tras pagar toda la vida por eso. Es terrorífico lo que se propone».

Fernando Salinas, ingeniero eléctrico y presidente del Foro Energético Ecuador, recordó: «El IESS presta varios seguros, como pensiones, salud, riesgo del trabajo, invalidez y cesantía. Sería una verdadera hecatombe y una estafa social si se elimina la prestación de salud a través de una reforma. 700 mil jubilados dependen del IESS para tener una vida digna».

¿Cómo va a pagar el Ministerio de Salud al IESS por los hospitales y más infraesctura?

Hace un mes, entrevistada en Radio Democracia, María de los Ángeles Rodríguez, vocal de los empleadores, ante el Consejo Directivo del IESS, dijo que una conversación que se debe tener es si la prestación de salud y todos los hospitales del Seguro Social debería manejarlos el Ministerio de Salud Pública.

«No es tan fácil como decir eso, nosotros como IESS tenemos una inversión en infraestructura, en equipamiento de 102 hospitales, más 659 dispensarios del Seguro Social Campesino, todos esos activos no le podemos regalar al Ministerio de Salud. ¿Cómo el IESS le va a cobrar?».

Algunas cifras del IESS

  • 3.203.927 personas están afiliadas al IESS.
  • 589.649 personas son pensionistas, jubilados.
  • 938.879 son beneficiarios del Seguro Social Campesino.
  • 138.807 personas son pensionistas del Seguro Social Campesino.

¿Y el ISSFA y el ISSPOL también van a desaparecer?

La abogada Patricia Borja, especialista en temas de Seguridad Social, pregunta qué pasará con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y con el Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL). ¿También desaparecerán? Y toda la población en Ecuador recibirá atención del sistema de salud público, coordinado por el MSP.

Otros abogados, como Marcos Ortiz, han recordado que existen instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la prestación de salud, de quienes tienen Seguridad Social. Fuente: El Expreso

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Carolina Jaramillo denuncia amenaza de muerte: ‘Esperan mi silencio, se equivocan’

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Carolina Jaramillo, vocera de Carondelet, denunció que recibió una amenaza de muerte a través de la red social X con una fotografía de su vivienda. “El temor no me detiene”, sostuvo la funcionaria.

La mañana de este lunes 27 de octubre, Jaramillo publicó una captura del mensaje amenazante en el que un usuario le pide que “no vuelva a hablar del diario”, de lo contrario atentaría contra la vida de ella y su hija.

El texto viene acompañado de una imagen de la casa de la funcionaria. “Esto es una clara amenaza a mi vida y la de mi hija”, manifestó la comunicadora.

“Presentaré la denuncia y hablaré del caso. El temor no me detiene ¡Ustedes son los cobardes!”, agregó Jaramillo.

Además, la funcionaria dio una entrevista al medio digital ‘La Posta’, en donde confirmó que se refiere a la investigación en torno a Diario Expreso.

La vocera detalló que recibió “una amenaza explícita” el pasado domingo, a las 23h00.

“Sé por los años de experiencia que tengo que asumir una función pública como la que tengo siempre me va a exponer a la conversación pública, que no siempre es positiva. Pero que me hayan enviado un mensaje directo señalando una situación personal como es la vida de mis hijos, con una foto del sitio donde vivo, pero además señalando que no siga hablando de este caso, es gravísimo”, dijo la vocera.

La semana pasada, Jaramillo dio una entrevista en radio ‘Canela’ en donde habló sobre su relación con los periodistas durante sus ruedas de prensa de todos los lunes, pero también se refirió a la investigación en contra de Diario Expreso.

«Esa investigación ha derivado para que este medio de comunicación tenga una feroz batalla, inquisidora en contra del Gobierno Nacional, lo cual nos hace cuestionarnos si eso es periodismo», comentó la vocera. Fuente: Vistazo
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