Según una docena de documentos de Inteligencia militar y policial a los que la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico, Vistazo y Código Vidrio accedieron, hasta el 2023 habían 40 grupos de mineros ilegales que apoyan la extracción del oro y responden al grupo criminal Los Lobos.

De cada mina a la que ingresaban, el 50% de lo extraído pertenecía a los grupos locales de mineros previamente establecidos; la mitad restante, a la estructura local de Los Lobos.

Pero una vez procesado el material minero, donde según estudios la pureza es alta, la mitad del oro se destina directamente a la estructura superior de Los Lobos, establecida en El Oro y, concretamente, su capital, Machala. Del 50% restante, se privilegiaba el pago a actividades de logística, administración y a los cabecillas locales, porque esta organización privilegia la jerarquía. Si la producción era escasa los sableros recibían pagos mínimos. Pero si era abundante, alcanzaba para pagar 1.500 dólares a cada uno de ellos.

De acuerdo a la información de los documentos a los que accedimos, en una determinada zona de Camilo Ponce, donde el grupo armado se apropió de dos minas legales, producían entre 16 y 20 kilos mensuales. Cinco operadores se encargaban de la venta del oro a 58 mil dólares por kilo, en mercados donde nadie investiga el origen. Así, la operación solo en esta mina generaba ingresos mensuales aproximados de un millón de dólares.

Con otras minas en su poder, en este cantón, la estructura aseguraba ingresos mensuales de más de 3,6 millones de dólares. De ese valor, la mitad se destinaba al mando de Los Lobos, que opera desde El Oro.

Para marzo de 2023, los investigadores tuvieron indicios de que miembros identificados con el grupo de origen venezolano, Tren de Aragua, actuaban en la zona. Para ello explotaban la imagen violenta asociada a esa franquicia.

Los documentos de inteligencia policial y militar analizados para este reportaje revelan la planificación de un “ataque armado empleando un aproximado de 30 a 40 ciudadanos de nacionalidad venezolana”, a mediados de ese 2023. Ya para entonces se habían identificado los tres anillos de seguridad a los que denominaron los ‘del puerto’, los ‘huevos’ y los ‘chamos’.

Estos últimos, en un número fluctuante, se han venido encargando de secuestros, extorsiones y sicariatos. En tanto, los ‘del puerto’, según militares y policías, articulan con un grupo de peruanos el ingreso de armas y el traslado del material hacia El Oro, donde se encuentran las plantas de procesamiento. Los ‘huevos’ vigilan la producción en los túneles y minas subterráneas.

En una operación sorpresa, realizada a mediados de ese año en Camilo Ponce, los uniformados encontraron dinero en efectivo y un arsenal. Detuvieron a 11 personas, entre ellas, tres de nacionalidad peruana. En otro operativo detuvieron a un grupo de personas, entre ellos, un policía activo.

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La dinámica violenta de Los Lobos empezó a cambiar aceleradamente a inicios de 2024, luego de que el gobierno declarara el Conflicto Armado No Internacional y se intensificaran los operativos.

En una acción coordinada de fuerzas a fines de marzo del 2024 se detuvo a Vicente Angulo, conocido como Comandante Vicente, y considerado uno de los mandos de alta jerarquía en Ponce Enríquez.

Con Vicente Angulo preso, este no pudo mantener el control del grupo porque la organización no reconocía el liderazgo de sus dos hermanos menores.

La jerarquía centralizada de Los Lobos comenzó a debilitarse frente a la arremetida de una nueva facción dentro de la misma organización que llegó desde Machala (provincia de El Oro), a la que se conoce como Los Lobos Box. Los enfrentamientos comenzaron y expusieron una nueva disputa por el reparto de las ganancias.

El territorio se volvió en el escenario del enfrentamiento entre las dos estructuras del mismo grupo delictivo, hoy reconocido como el más violento del país y el que tiene mayor vocación transnacional. Un agente de inteligencia revela que esta facción que llegó de Machala se convirtió en la primera disidencia de Los Lobos.

La situación cambia aceleradamente, los liderazgos son frágiles por las disputas, alertan los investigadores que pidieron no ser identificados. Uno de los comandantes de los Lobos, alias Calaca, defiende el control total de Ponce Enríquez. Otro, identificado como Comandante J, dice ser delegado directo del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Todas las fuentes consultadas para esta investigación coinciden en que una de las causas de la confrontación interna es, justamente, el liderazgo total de la zona. Quien obtiene el control territorial puede decidir el reparto del oro. Hay, además, cuadros emergentes que buscan el reconocimiento de sus pares a partir de hechos violentos y masacres.

Las dos facciones se disputan también el reclutamiento de los más violentos sicarios. Investigadores advirtieron a esta alianza que hay además un “significativo incremento” de ciudadanos de Colombia vinculados a organizaciones criminales que han ingresado a territorio ecuatoriano fuertemente armados. Investigadores sugieren que estos combatientes tienen antecedentes de colaboración con paramilitares.

Todos estos factores han disparado la violencia por el oro este año en Ecuador. Las muertes ya alcanzan el medio centenar. Los secuestros masivos en minas para identificar delatores y traidores se han vuelto noticias frecuentes en los medios de comunicación de este país. “Ocho cuerpos calcinados y decapitados en Ponce Enríquez”, “49 personas secuestradas en una mina” son solo dos de los titulares periodísticos entre junio y julio de este año. Y esta semana, martes 13 de agosto, se produjo un nuevo enfrentamiento. Los cinco muertos eran integrantes de Los Lobos Box, que habían tomado una mina en el sector Las Lomas. En medio de la escalada de violencia, los militares explican que buscan recuperar los territorios tomados y para ello han comenzado a intercambiar información con sus homólogos de Colombia y Perú. Fuente: Vistazo