Nacionales
Camilo Ponce Enríquez: territorio de oro y sangre que se disputan Los Lobos
«Aquí no vivimos. Aquí hay que ver cuánto duramos”. El hombre, de 45 años, a quien llamaremos Jorge, pide proteger su identidad porque no quiere ser víctima de los “desalmados”. Así llama a quienes han convertido la localidad minera Camilo Ponce Enríquez, de Ecuador, en un territorio de oro y sangre; de cuerpos calcinados y decapitados; de mineros secuestrados; alcaldes asesinados y extorsiones. “Se volvió un infierno y yo no quiero morir quemado”, nos dice, mientras jura que no quiere volver más vivir a este lugar.
Durante los últimos meses, Camilo Ponce Enríquez, ubicado en la provincia de Azuay, se ha convertido en el epicentro de la violencia por las minas de oro que operan en la zona. El último 13 de agosto, un nuevo hecho violento conmovió a esta ciudad de menos de 30 mil habitantes. Cinco hombres fueron asesinados: dos de ellos, decapitados. Un tercero, calcinado. La policía detuvo a tres presuntos involucrados en una zona ubicada muy cerca de una operación minera. Uno de los detenidos tenía menos de 18 años.
Los fallecidos eran miembros de una de la disidencia de Los Lobos, que disputa el control de esta zona minera. Los grupos en pugna son Lobos Box, procedentes de la vecina provincia de El Oro, y la estructura nacional de Los Lobos que desde 2022 entró con violencia a controlar esta zona.
Ponce Enríquez tiene una ubicación estratégica: colinda con las provincias de Guayas, cuyo puerto del Océano Pacífico es usado para el envío de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa; y El Oro, en cuya frontera con Perú existen corredores clandestinos para el tráfico de armas.
Este cantón también concentra un porcentaje importante de concesiones y minas de oro (en su mayoría subterráneas). De aquí se extrajo el 30% del oro obtenido entre 2005 y 2015, según datos de la autoridad local. A diferencia de otras zonas, gran parte de estas concesiones son legales.
Esto no pasó desapercibido para la organización criminal Los Lobos. Esta agrupación fue, hasta la pandemia, el brazo armado y de sicarios de otra banda, conocida como Los Choneros, que hasta ese momento era la más predominante en el país porque tenía el monopolio del envío de cargamentos de droga desde el Pacífico hacia Centroamérica y Estados Unidos.
A los Choneros no les interesaban las provincias andinas. En cambio, Los Lobos abrieron rutas de microtráfico en la sierra central del país, “y en esa misión armaron nuevas estructuras, a la sombra”, explica la investigadora especializada en crimen Alexandra Mantilla.
Según la experta, Los Lobos se concentraron e hicieron más fuertes desde la cárcel de Cotopaxi, en el centro andino, y desde ahí extendieron su influencia, negocios y alcance geográfico hacia todo Ecuador.
Por el norte, en la frontera con Colombia, llegaron a desplazar al frente Oliver Sinisterra, uno de los grupos disidentes de las FARC, que controlaba la minería ilegal en la localidad de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, explica un general de la policía en retiro que ha dirigido operaciones en la frontera y que también prefiere mantener su nombre en reserva.
Los Lobos cobraban cinco dólares por cada saco de aproximadamente 25 kilos de material con presencia de oro que era extraído. El valor de cada uno de estos bultos alcanzaba los 4 mil dólares. En esta localidad se estima que más de siete mil personas, además de ecuatorianos hay peruanos, colombianos y venezolanos, trabajando en la extracción ilegal de oro.
Luego de controlar esta actividad minera ilegal, Los Lobos se orientaron hacia otras áreas mineras, esta vez en Azuay. En esta provincia se encuentra la cárcel de Turi, que era controlada por Wilmer Chavarría Barre (conocido como Pipo), fundador de este grupo criminal y que actualmente está prófugo.
La expansión de Los Lobos se aceleró después de la pandemia, cuando el líder de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, fue asesinado, y reemplazado por José Macías, conocido como Fito, y Junior Roldán. Wilmer Chavarría no estuvo de acuerdo con estos cambios y, al igual que otros grupos más pequeños, abandonó Los Choneros.
Los siguientes años Chavarría fortaleció su liderazgo y diversificó su portafolio criminal, especialmente con la toma de minas para explotación de oro, así como las extorsiones a empresas mineras formales, de acuerdo a reportes de Inteligencia militar a los que accedimos para esta investigación.
Otros dos oficiales de inteligencia consultados, confirman también que este avance se concretó el 2023, cuando las actividades criminales de Los Lobos trascendieron las fronteras y alcanzaron a Colombia y Perú. Este avance se dio a través de alianzas con grupos armados en Colombia (como los Comandos de la Frontera), con el Tren de Aragua (procedente de Venezuela) y con integrantes de bandas que operan en el lado peruano, quienes –según tres investigadores entrevistados para este reportaje– son el enlace para el ingreso ilegal de armamento y explosivos.
En este contexto, la localidad minera de Ponce Enríquez cobró aún más relevancia. Se convirtió en un laboratorio criminal y una fuente de millonarios ingresos permanentes, pues el oro permite lavar el dinero del crimen de una manera más eficaz. En este cantón la organización delictiva aprendió la dinámica de toda la cadena del oro, desde la extracción, hasta el procesamiento, comercialización y exportación.
Se apropian de minas por la fuerza
A diferencia de Buenos Aires, en Ponce Enríquez la mayor parte de las concesiones de donde se extrae el oro es legal. Una vez que tomaron el control territorial de este cantón, Los Lobos se apropiaron de minas concesionadas a titulares mineros legales, y desalojaron a sus legítimos dueños con amenazas, asesinatos y secuestros selectivos. A varios les permitieron operar, a cambio de que entregaran el porcentaje mayoritario de las ganancias.
Con el precio del oro en picos históricos, el grupo armado abrió adicionalmente otros frentes para la explotación ilegal en áreas aledañas a las riberas de los ríos. Entonces, parcelaron la tierra en pequeñas unidades y las ofertaron. Si un minero ilegal quería trabajar en la zona debía pagar una inversión inicial de entre 300 y 900 dólares. A ellos los llamaron sableros.
La estructura criminal se hizo más fuerte. En algunos casos usaban la violencia para la extorsión, pero en otros casos buscaban ganarse la simpatía de algunos ciudadanos locales que veían en la extracción del oro una posible solución a la crisis económica y el desempleo que los afectaba desde la pandemia. Ponce Enríquez se convirtió pronto en un polo de atracción para personas de varias nacionalidades movilizadas por la fiebre del oro.
Entre octubre de 2022 y agosto de 2023, Los Lobos multiplicaron secuestros, intimidaciones, sicariatos, extorsiones, y se apoderaron de zonas mineras en varias concesiones auríferas del cantón Ponce Enríquez y en la parroquia aledaña de Tenguel, ubicada en el cantón Guayaquil, provincia de Guayas, detalla un informe de inteligencia militar al que accedimos para este reportaje.
Para sus actividades ilícitas –según el mismo documento de fines del 2023– Los Lobos desarrollaron una estructura conformada por un brazo armado (armas de largo y corto alcance), un brazo operativo (sableros, personal experto en explosivos); y, un brazo de seguridad, a su vez integrado por tres anillos. Ciudadanos ecuatorianos, peruanos, venezolanos y colombianos colaboran en los distintos niveles de la operación.
El esquema de operación
Según una docena de documentos de Inteligencia militar y policial a los que la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico, Vistazo y Código Vidrio accedieron, hasta el 2023 habían 40 grupos de mineros ilegales que apoyan la extracción del oro y responden al grupo criminal Los Lobos.
De cada mina a la que ingresaban, el 50% de lo extraído pertenecía a los grupos locales de mineros previamente establecidos; la mitad restante, a la estructura local de Los Lobos.
Pero una vez procesado el material minero, donde según estudios la pureza es alta, la mitad del oro se destina directamente a la estructura superior de Los Lobos, establecida en El Oro y, concretamente, su capital, Machala. Del 50% restante, se privilegiaba el pago a actividades de logística, administración y a los cabecillas locales, porque esta organización privilegia la jerarquía. Si la producción era escasa los sableros recibían pagos mínimos. Pero si era abundante, alcanzaba para pagar 1.500 dólares a cada uno de ellos.
De acuerdo a la información de los documentos a los que accedimos, en una determinada zona de Camilo Ponce, donde el grupo armado se apropió de dos minas legales, producían entre 16 y 20 kilos mensuales. Cinco operadores se encargaban de la venta del oro a 58 mil dólares por kilo, en mercados donde nadie investiga el origen. Así, la operación solo en esta mina generaba ingresos mensuales aproximados de un millón de dólares.
Con otras minas en su poder, en este cantón, la estructura aseguraba ingresos mensuales de más de 3,6 millones de dólares. De ese valor, la mitad se destinaba al mando de Los Lobos, que opera desde El Oro.
Para marzo de 2023, los investigadores tuvieron indicios de que miembros identificados con el grupo de origen venezolano, Tren de Aragua, actuaban en la zona. Para ello explotaban la imagen violenta asociada a esa franquicia.
Los documentos de inteligencia policial y militar analizados para este reportaje revelan la planificación de un “ataque armado empleando un aproximado de 30 a 40 ciudadanos de nacionalidad venezolana”, a mediados de ese 2023. Ya para entonces se habían identificado los tres anillos de seguridad a los que denominaron los ‘del puerto’, los ‘huevos’ y los ‘chamos’.
Estos últimos, en un número fluctuante, se han venido encargando de secuestros, extorsiones y sicariatos. En tanto, los ‘del puerto’, según militares y policías, articulan con un grupo de peruanos el ingreso de armas y el traslado del material hacia El Oro, donde se encuentran las plantas de procesamiento. Los ‘huevos’ vigilan la producción en los túneles y minas subterráneas.
En una operación sorpresa, realizada a mediados de ese año en Camilo Ponce, los uniformados encontraron dinero en efectivo y un arsenal. Detuvieron a 11 personas, entre ellas, tres de nacionalidad peruana. En otro operativo detuvieron a un grupo de personas, entre ellos, un policía activo.
Revise: Seis personas supuestamente vinculadas a Los Lobos fueron aprehendidas en Ponce Enríquez
Pugnas entre facciones de Los Lobos
La dinámica violenta de Los Lobos empezó a cambiar aceleradamente a inicios de 2024, luego de que el gobierno declarara el Conflicto Armado No Internacional y se intensificaran los operativos.
En una acción coordinada de fuerzas a fines de marzo del 2024 se detuvo a Vicente Angulo, conocido como Comandante Vicente, y considerado uno de los mandos de alta jerarquía en Ponce Enríquez.
Con Vicente Angulo preso, este no pudo mantener el control del grupo porque la organización no reconocía el liderazgo de sus dos hermanos menores.
La jerarquía centralizada de Los Lobos comenzó a debilitarse frente a la arremetida de una nueva facción dentro de la misma organización que llegó desde Machala (provincia de El Oro), a la que se conoce como Los Lobos Box. Los enfrentamientos comenzaron y expusieron una nueva disputa por el reparto de las ganancias.
El territorio se volvió en el escenario del enfrentamiento entre las dos estructuras del mismo grupo delictivo, hoy reconocido como el más violento del país y el que tiene mayor vocación transnacional. Un agente de inteligencia revela que esta facción que llegó de Machala se convirtió en la primera disidencia de Los Lobos.
La situación cambia aceleradamente, los liderazgos son frágiles por las disputas, alertan los investigadores que pidieron no ser identificados. Uno de los comandantes de los Lobos, alias Calaca, defiende el control total de Ponce Enríquez. Otro, identificado como Comandante J, dice ser delegado directo del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Todas las fuentes consultadas para esta investigación coinciden en que una de las causas de la confrontación interna es, justamente, el liderazgo total de la zona. Quien obtiene el control territorial puede decidir el reparto del oro. Hay, además, cuadros emergentes que buscan el reconocimiento de sus pares a partir de hechos violentos y masacres.
Las dos facciones se disputan también el reclutamiento de los más violentos sicarios. Investigadores advirtieron a esta alianza que hay además un “significativo incremento” de ciudadanos de Colombia vinculados a organizaciones criminales que han ingresado a territorio ecuatoriano fuertemente armados. Investigadores sugieren que estos combatientes tienen antecedentes de colaboración con paramilitares.
Todos estos factores han disparado la violencia por el oro este año en Ecuador. Las muertes ya alcanzan el medio centenar. Los secuestros masivos en minas para identificar delatores y traidores se han vuelto noticias frecuentes en los medios de comunicación de este país. “Ocho cuerpos calcinados y decapitados en Ponce Enríquez”, “49 personas secuestradas en una mina” son solo dos de los titulares periodísticos entre junio y julio de este año. Y esta semana, martes 13 de agosto, se produjo un nuevo enfrentamiento. Los cinco muertos eran integrantes de Los Lobos Box, que habían tomado una mina en el sector Las Lomas. En medio de la escalada de violencia, los militares explican que buscan recuperar los territorios tomados y para ello han comenzado a intercambiar información con sus homólogos de Colombia y Perú. Fuente: Vistazo
Nacionales
Alias ‘Topo’, la mano derecha de ‘Fito’ a quien la justicia de Ecuador ha beneficiado, al menos, tres veces
La vida criminal de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias ‘Topo’, empezó en 2016. Con 26 años, y como un profesional en topografía, este sujeto fue vinculado al secuestro de un ciudadano austriaco en Gonzalo Pizarro, cantón de Sucumbíos, cerca de la frontera de Ecuador con Colombia.
‘Topo’ fue capturado e, inicialmente, detenido en la Cárcel de Sucumbíos. A mediados de 2017, un Tribunal Penal lo sentenció a 11 años de cárcel por secuestro y a tres años por asociación ilícita. Además, dispuso que sus condenas las cumpliera en la Cárcel Regional del Guayas.
Peñafiel se encontró con una prisión dominada por Los Choneros, específicamente por Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, quien era el segundo al mando de esa organización y, además, manejaba a Los Fatales, un equipo de sicarios que operaba en el Litoral ecuatoriano.
Según información de inteligencia policial, ‘Topo’ se convirtió en una de las personas de confianza para ‘Fito’. Así, tras cinco años en prisión -en julio de 2022- empezó a tramitar su libertad anticipada. Para esa época, Macías ya era el mandamás de Los Choneros, que estaban en guerra con Los Lobos y buscaban expandir su dominio.
El regreso a la Amazonía y la guerra con los CDF
El 3 de junio de 2023, tras cumplir los tres años de la condena por asociación ilícita y el 60% de la pena de 11 años por secuestro, ‘Topo’ se acogió al régimen semiabierto, la justicia lo favoreció por primera vez y fue liberado.
Un año antes, en Ecuador se había empezado a reportar el florecimiento de la minería ilegal de oro en la cuenca del Río Punino, en Orellana. Justamente, Los Choneros pusieron la vista en esos yacimientos y tomaron el control cobrando extorsiones a los mineros ilegales y vendiendo el combustible ilegal para las máquinas de extracción del mineral.
Según inteligencia militar, para tener un mayor control en la zona, ‘Fito’ aprovechó la liberación de ‘Topo’ y lo envió a Orellana.
Sin embargo, esto generó un cisma en esta organización. La facción Los Choneros en El Coca quedó bajo el mando de ‘Topo’; mientras que los grupo de Joya de Los Sachas y Shushufindi se aliaron con alias ‘Camilo’, otro cabecilla que operaba desde la Cárcel de Sucumbíos.
Así empezó un enfrentamiento que empezó a dejar una serie de muertes y provocó las primeras masacres en ambos cantones de la provincia de Orellana, desde mediados hasta finales de 2023.
Pero todo empeoró. Los mineros ilegales tenían que pagar ‘vacunas’ a ambas facciones de Los Choneros. Por lo que, cansados de eso, se desplazaron a Lumbaqui, en Sucumbíos, y contactaron a los Comandos de la Frontera (CDF), una disidencia de las FARC, para pedir ayuda.
Los CDF aceptaron dar seguridad a los mineros ilegales a cambio de una parte del negocio y de dirigir su propia línea de abastecimiento de combustible. Entonces, los enfrentamientos empezaron a ser entre Los Choneros y los Comandos de la Frontera.
Los nuevos casos del ‘Topo’
Así ‘Topo’ entró otra vez en el radar de las autoridades. En marzo de 2024, la Fiscalía empezó a investigarlo por un atentado contra el policía Byron Morejón, quien supuestamente trabajaba para los Comandos de la Frontera y quien habría intentado asesinar a un fiscal.
El policía Morejón fue asesinado el 1 de mayo de ese mismo año. Un video en redes sociales reveló como tres personas armadas bajaron de un vehículo negro y lo dispararon varias veces. Según la Policía, uno de los atacantes era ‘Topo’.
Byron Gavilanes, juez de Lago Agrio, dictó medidas alternativas a la prisión preventiva a favor de ‘Topo’. y, a finales de mayo de 2025, lo sobreseyó. Una fuente policial dijo a PRIMICIAS que el magistrado consideró que la cámara de seguridad no captó con claridad que uno de los atacantes era Peñafiel.
En medio de las investigaciones por el asesinato de ese policía, el 15 de marzo de 2025, nuevamente ‘Topo’ fue arrestado en Orellana, ahora por posesión de armas de grueso calibre. Esta vez, el juez Walter Pío le dictó prisión preventiva al cabecilla de Los Choneros.
Pero el arresto duró poco, el 6 de junio de 2025, el juez Pío declaró nulo el proceso por tráfico de armas, aduciendo que hubo un mal uso del tipo penal y desnaturalizó la causa. Ese mismo día, dictó la orden de liberación y ‘Topo’ fue liberado otra vez.
Tras esa liberación, el Gobierno -a través del SNAI- ha enviado varios oficios para indagar sobre el proceso, ya que según la norma, pese a no tener sentencia en los nuevos casos, ‘Topo’ debería seguir en prisión, pues por esos procesos debía perder automáticamente la libertad anticipada y volver a la cárcel a cumplir la pena de 11 años por el secuestro de 2016.
Sin embargo, los controles judiciales y penitenciarios fallaron. Actualmente, ‘Topo’ está prófugo por el caso de secuestro y no tiene cuentas pendientes por los casos de minería ilegal, el asesinato de un policía o la tenencia ilegal de fusiles. Fuente: Primicias
Nacionales
Correísmo y ADN se disputan la fiscalización de los contratos de Progen firmados por el Gobierno
Aunque mermada en la Asamblea de Ecuador, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) busca investigar, desde las pocas comisiones legislativas que domina, la gestión del gobierno del presidente Daniel Noboa.
Este 18 de junio, la asambleísta Diana Jácome de Acción Democrática Nacional (ADN) denunció que la comisión de Garantías Constitucionales, de mayoría correísta, quiere apropiarse del proceso de fiscalización de los contratos de Progen firmados por Estado en la administración de Noboa.
El problema, según Jácome, es que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) ya había decidido y notificado que será la mesa de Transparencia y Participación Ciudadana, liderada por la propia Jácome y dominada por ADN, la que conozca el caso.
«La Ley Orgánica de la Función Legislativa es clara y establece que cuando una comisión conoce un proceso de Fiscalización se debe respetar y otra no puede intervenir ni llamar a autoridades y demás servidores». Diana Jácome, legisladora de ADN.
La Comisión de Transparencia tiene previsto reunirse la tarde de este 18 de junio para establecer un cronograma de comparecencias. Esta mesa está conformada por:
Diana Jácome (ADN)
Edmundo Cerda (Pachakutik)
Jorge Chamba (ADN)
Jorge Guevara (ADN)
Isaac Solano (ADN)
Dominique Serrano (ADN)
Otto Vera (PSC)
Blasco Luna (RC)
Germania Romero (RC)
Andrés Mendoza (RC)
Jácome negó que la mesa legislativa que preside se vaya a convertir en una «comisión de archivo», y aseguró que harán una fiscalización transparente.
El pasado 11 de junio el correísta Blasco Luna mocionó que el Pleno de la Asamblea inicie un proceso de fiscalización a los contratos para la provisión de energía firmados con la empresa estadounidense.
Progen presenta solicitud de arbitraje de «emergencia» por sus dos proyectos de plantas eléctricas
Uno de los objetivos era que la ministra de Energía, Inés Manzano, comparezca ante los 151 legisladores para explicar los problemas y contratiempos en los contratos de Progen.
La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) volvió a contar con cinco integrantes de la facción aliada de Pachakutik y logró bloquear el intento correísta.
Nacionales
Muertes violentas contra mujeres aumentaron 350% en Ecuador en cuatro años, alerta la ONU
En Ecuador, seis de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Esta realidad, reconocida por el ministro del Interior, John Reimberg, motivó la firma de un memorando de entendimiento con ONU Mujeres este 18 de junio de 2025 en Quito.
La alianza busca consolidar una respuesta estatal más efectiva, con enfoque de género, frente a las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres y niñas en el país.
El acuerdo, suscrito entre el Ministerio del Interior y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, contempla una hoja de ruta con cuatro pilares centrales que marcarán las acciones a desarrollar:
Formación institucional con enfoque de género
Se fortalecerán las capacidades del personal del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional para atender con sensibilidad y sin revictimización a las mujeres víctimas de violencia.
Promoción de la igualdad en la gestión pública
Se incluirá el enfoque de género en la toma de decisiones y procedimientos institucionales.
Intercambio de información estratégica
Se generará evidencia para mejorar políticas públicas y diseñar acciones preventivas eficaces.
Implementación de proyectos conjuntos
Se dará continuidad a iniciativas como Spotlight y Ciudades Seguras, que ya han mostrado resultados positivos en comunidades locales.
Durante la firma, el ministro Reimberg enfatizó que este compromiso no es simbólico, sino una apuesta concreta por transformar la institucionalidad.
“La seguridad se construye desde la equidad de género, el respeto y la justicia. Las mujeres no solo son parte de la seguridad de Ecuador, son su fuerza, su conciencia y su futuro”. John Reimberg, ministro del Interior.
El documento también prevé una especialización de la Policía Nacional en áreas como violencia contra niñas y niños, femicidio y delitos que afectan a mujeres adolescentes, con herramientas prácticas y protocolos de atención.
Cifras de la realidad ecuatoriana
Por su parte, Alison Vásconez, representante (i) de ONU Mujeres en Ecuador, recalcó que la violencia de género no solo tiene un alto costo humano, sino también económico. Citó un estudio de la Cooperación Alemana (GIZ) que estima que el país pierde cerca de USD 4.000 millones anuales, equivalentes al 4,28% del PIB, a causa de la violencia contra mujeres y niñas.
Ecuador registró un 58% más de homicidios en el primer cuatrimestre de 2025
Vásconez alertó también sobre el impacto del crimen organizado en la vida de las mujeres. Las muertes violentas, que incluyen femicidios, asesinatos y sicariatos, se dispararon de 165 casos en 2020 a más de 600 en 2024, un aumento de más del 350%.
“La violencia no es solo un problema de seguridad o delincuencia. Se agrava por factores culturales y sociales que perpetúan la desigualdad y el miedo. Por eso, cuando hablamos de seguridad ciudadana, no podemos olvidar los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres”. Alison Vásconez, representante (i) de ONU Mujeres en Ecuador.
Este acuerdo representa un paso más en una colaboración iniciada años atrás entre ONU Mujeres y el Ministerio del Interior, que, según anunciaron, ya ha dado frutos como el desarrollo de un sistema de alerta temprana de femicidios y la capacitación policial con perspectiva de género.
La meta, según Reimberg, es tener una sociedad donde la seguridad no sea un privilegio, sino un derecho garantizado para todas, sin importar el lugar, la edad o el contexto. “Estamos convencidos de que una sociedad más justa y segura para las mujeres es una sociedad mejor para todos”, concluyó. Fuente: Primicias
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