Nacionales
Camilo Ponce Enríquez: territorio de oro y sangre que se disputan Los Lobos
«Aquí no vivimos. Aquí hay que ver cuánto duramos”. El hombre, de 45 años, a quien llamaremos Jorge, pide proteger su identidad porque no quiere ser víctima de los “desalmados”. Así llama a quienes han convertido la localidad minera Camilo Ponce Enríquez, de Ecuador, en un territorio de oro y sangre; de cuerpos calcinados y decapitados; de mineros secuestrados; alcaldes asesinados y extorsiones. “Se volvió un infierno y yo no quiero morir quemado”, nos dice, mientras jura que no quiere volver más vivir a este lugar.
Durante los últimos meses, Camilo Ponce Enríquez, ubicado en la provincia de Azuay, se ha convertido en el epicentro de la violencia por las minas de oro que operan en la zona. El último 13 de agosto, un nuevo hecho violento conmovió a esta ciudad de menos de 30 mil habitantes. Cinco hombres fueron asesinados: dos de ellos, decapitados. Un tercero, calcinado. La policía detuvo a tres presuntos involucrados en una zona ubicada muy cerca de una operación minera. Uno de los detenidos tenía menos de 18 años.
Los fallecidos eran miembros de una de la disidencia de Los Lobos, que disputa el control de esta zona minera. Los grupos en pugna son Lobos Box, procedentes de la vecina provincia de El Oro, y la estructura nacional de Los Lobos que desde 2022 entró con violencia a controlar esta zona.
Ponce Enríquez tiene una ubicación estratégica: colinda con las provincias de Guayas, cuyo puerto del Océano Pacífico es usado para el envío de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa; y El Oro, en cuya frontera con Perú existen corredores clandestinos para el tráfico de armas.
Este cantón también concentra un porcentaje importante de concesiones y minas de oro (en su mayoría subterráneas). De aquí se extrajo el 30% del oro obtenido entre 2005 y 2015, según datos de la autoridad local. A diferencia de otras zonas, gran parte de estas concesiones son legales.
Esto no pasó desapercibido para la organización criminal Los Lobos. Esta agrupación fue, hasta la pandemia, el brazo armado y de sicarios de otra banda, conocida como Los Choneros, que hasta ese momento era la más predominante en el país porque tenía el monopolio del envío de cargamentos de droga desde el Pacífico hacia Centroamérica y Estados Unidos.
A los Choneros no les interesaban las provincias andinas. En cambio, Los Lobos abrieron rutas de microtráfico en la sierra central del país, “y en esa misión armaron nuevas estructuras, a la sombra”, explica la investigadora especializada en crimen Alexandra Mantilla.
Según la experta, Los Lobos se concentraron e hicieron más fuertes desde la cárcel de Cotopaxi, en el centro andino, y desde ahí extendieron su influencia, negocios y alcance geográfico hacia todo Ecuador.
Por el norte, en la frontera con Colombia, llegaron a desplazar al frente Oliver Sinisterra, uno de los grupos disidentes de las FARC, que controlaba la minería ilegal en la localidad de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, explica un general de la policía en retiro que ha dirigido operaciones en la frontera y que también prefiere mantener su nombre en reserva.
Los Lobos cobraban cinco dólares por cada saco de aproximadamente 25 kilos de material con presencia de oro que era extraído. El valor de cada uno de estos bultos alcanzaba los 4 mil dólares. En esta localidad se estima que más de siete mil personas, además de ecuatorianos hay peruanos, colombianos y venezolanos, trabajando en la extracción ilegal de oro.
Luego de controlar esta actividad minera ilegal, Los Lobos se orientaron hacia otras áreas mineras, esta vez en Azuay. En esta provincia se encuentra la cárcel de Turi, que era controlada por Wilmer Chavarría Barre (conocido como Pipo), fundador de este grupo criminal y que actualmente está prófugo.
La expansión de Los Lobos se aceleró después de la pandemia, cuando el líder de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, fue asesinado, y reemplazado por José Macías, conocido como Fito, y Junior Roldán. Wilmer Chavarría no estuvo de acuerdo con estos cambios y, al igual que otros grupos más pequeños, abandonó Los Choneros.
Los siguientes años Chavarría fortaleció su liderazgo y diversificó su portafolio criminal, especialmente con la toma de minas para explotación de oro, así como las extorsiones a empresas mineras formales, de acuerdo a reportes de Inteligencia militar a los que accedimos para esta investigación.
Otros dos oficiales de inteligencia consultados, confirman también que este avance se concretó el 2023, cuando las actividades criminales de Los Lobos trascendieron las fronteras y alcanzaron a Colombia y Perú. Este avance se dio a través de alianzas con grupos armados en Colombia (como los Comandos de la Frontera), con el Tren de Aragua (procedente de Venezuela) y con integrantes de bandas que operan en el lado peruano, quienes –según tres investigadores entrevistados para este reportaje– son el enlace para el ingreso ilegal de armamento y explosivos.
En este contexto, la localidad minera de Ponce Enríquez cobró aún más relevancia. Se convirtió en un laboratorio criminal y una fuente de millonarios ingresos permanentes, pues el oro permite lavar el dinero del crimen de una manera más eficaz. En este cantón la organización delictiva aprendió la dinámica de toda la cadena del oro, desde la extracción, hasta el procesamiento, comercialización y exportación.
Se apropian de minas por la fuerza
A diferencia de Buenos Aires, en Ponce Enríquez la mayor parte de las concesiones de donde se extrae el oro es legal. Una vez que tomaron el control territorial de este cantón, Los Lobos se apropiaron de minas concesionadas a titulares mineros legales, y desalojaron a sus legítimos dueños con amenazas, asesinatos y secuestros selectivos. A varios les permitieron operar, a cambio de que entregaran el porcentaje mayoritario de las ganancias.
Con el precio del oro en picos históricos, el grupo armado abrió adicionalmente otros frentes para la explotación ilegal en áreas aledañas a las riberas de los ríos. Entonces, parcelaron la tierra en pequeñas unidades y las ofertaron. Si un minero ilegal quería trabajar en la zona debía pagar una inversión inicial de entre 300 y 900 dólares. A ellos los llamaron sableros.
La estructura criminal se hizo más fuerte. En algunos casos usaban la violencia para la extorsión, pero en otros casos buscaban ganarse la simpatía de algunos ciudadanos locales que veían en la extracción del oro una posible solución a la crisis económica y el desempleo que los afectaba desde la pandemia. Ponce Enríquez se convirtió pronto en un polo de atracción para personas de varias nacionalidades movilizadas por la fiebre del oro.
Entre octubre de 2022 y agosto de 2023, Los Lobos multiplicaron secuestros, intimidaciones, sicariatos, extorsiones, y se apoderaron de zonas mineras en varias concesiones auríferas del cantón Ponce Enríquez y en la parroquia aledaña de Tenguel, ubicada en el cantón Guayaquil, provincia de Guayas, detalla un informe de inteligencia militar al que accedimos para este reportaje.
Para sus actividades ilícitas –según el mismo documento de fines del 2023– Los Lobos desarrollaron una estructura conformada por un brazo armado (armas de largo y corto alcance), un brazo operativo (sableros, personal experto en explosivos); y, un brazo de seguridad, a su vez integrado por tres anillos. Ciudadanos ecuatorianos, peruanos, venezolanos y colombianos colaboran en los distintos niveles de la operación.
El esquema de operación
Según una docena de documentos de Inteligencia militar y policial a los que la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico, Vistazo y Código Vidrio accedieron, hasta el 2023 habían 40 grupos de mineros ilegales que apoyan la extracción del oro y responden al grupo criminal Los Lobos.
De cada mina a la que ingresaban, el 50% de lo extraído pertenecía a los grupos locales de mineros previamente establecidos; la mitad restante, a la estructura local de Los Lobos.
Pero una vez procesado el material minero, donde según estudios la pureza es alta, la mitad del oro se destina directamente a la estructura superior de Los Lobos, establecida en El Oro y, concretamente, su capital, Machala. Del 50% restante, se privilegiaba el pago a actividades de logística, administración y a los cabecillas locales, porque esta organización privilegia la jerarquía. Si la producción era escasa los sableros recibían pagos mínimos. Pero si era abundante, alcanzaba para pagar 1.500 dólares a cada uno de ellos.
De acuerdo a la información de los documentos a los que accedimos, en una determinada zona de Camilo Ponce, donde el grupo armado se apropió de dos minas legales, producían entre 16 y 20 kilos mensuales. Cinco operadores se encargaban de la venta del oro a 58 mil dólares por kilo, en mercados donde nadie investiga el origen. Así, la operación solo en esta mina generaba ingresos mensuales aproximados de un millón de dólares.
Con otras minas en su poder, en este cantón, la estructura aseguraba ingresos mensuales de más de 3,6 millones de dólares. De ese valor, la mitad se destinaba al mando de Los Lobos, que opera desde El Oro.
Para marzo de 2023, los investigadores tuvieron indicios de que miembros identificados con el grupo de origen venezolano, Tren de Aragua, actuaban en la zona. Para ello explotaban la imagen violenta asociada a esa franquicia.
Los documentos de inteligencia policial y militar analizados para este reportaje revelan la planificación de un “ataque armado empleando un aproximado de 30 a 40 ciudadanos de nacionalidad venezolana”, a mediados de ese 2023. Ya para entonces se habían identificado los tres anillos de seguridad a los que denominaron los ‘del puerto’, los ‘huevos’ y los ‘chamos’.
Estos últimos, en un número fluctuante, se han venido encargando de secuestros, extorsiones y sicariatos. En tanto, los ‘del puerto’, según militares y policías, articulan con un grupo de peruanos el ingreso de armas y el traslado del material hacia El Oro, donde se encuentran las plantas de procesamiento. Los ‘huevos’ vigilan la producción en los túneles y minas subterráneas.
En una operación sorpresa, realizada a mediados de ese año en Camilo Ponce, los uniformados encontraron dinero en efectivo y un arsenal. Detuvieron a 11 personas, entre ellas, tres de nacionalidad peruana. En otro operativo detuvieron a un grupo de personas, entre ellos, un policía activo.
Revise: Seis personas supuestamente vinculadas a Los Lobos fueron aprehendidas en Ponce Enríquez
Pugnas entre facciones de Los Lobos
La dinámica violenta de Los Lobos empezó a cambiar aceleradamente a inicios de 2024, luego de que el gobierno declarara el Conflicto Armado No Internacional y se intensificaran los operativos.
En una acción coordinada de fuerzas a fines de marzo del 2024 se detuvo a Vicente Angulo, conocido como Comandante Vicente, y considerado uno de los mandos de alta jerarquía en Ponce Enríquez.
Con Vicente Angulo preso, este no pudo mantener el control del grupo porque la organización no reconocía el liderazgo de sus dos hermanos menores.
La jerarquía centralizada de Los Lobos comenzó a debilitarse frente a la arremetida de una nueva facción dentro de la misma organización que llegó desde Machala (provincia de El Oro), a la que se conoce como Los Lobos Box. Los enfrentamientos comenzaron y expusieron una nueva disputa por el reparto de las ganancias.
El territorio se volvió en el escenario del enfrentamiento entre las dos estructuras del mismo grupo delictivo, hoy reconocido como el más violento del país y el que tiene mayor vocación transnacional. Un agente de inteligencia revela que esta facción que llegó de Machala se convirtió en la primera disidencia de Los Lobos.
La situación cambia aceleradamente, los liderazgos son frágiles por las disputas, alertan los investigadores que pidieron no ser identificados. Uno de los comandantes de los Lobos, alias Calaca, defiende el control total de Ponce Enríquez. Otro, identificado como Comandante J, dice ser delegado directo del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Todas las fuentes consultadas para esta investigación coinciden en que una de las causas de la confrontación interna es, justamente, el liderazgo total de la zona. Quien obtiene el control territorial puede decidir el reparto del oro. Hay, además, cuadros emergentes que buscan el reconocimiento de sus pares a partir de hechos violentos y masacres.
Las dos facciones se disputan también el reclutamiento de los más violentos sicarios. Investigadores advirtieron a esta alianza que hay además un “significativo incremento” de ciudadanos de Colombia vinculados a organizaciones criminales que han ingresado a territorio ecuatoriano fuertemente armados. Investigadores sugieren que estos combatientes tienen antecedentes de colaboración con paramilitares.
Todos estos factores han disparado la violencia por el oro este año en Ecuador. Las muertes ya alcanzan el medio centenar. Los secuestros masivos en minas para identificar delatores y traidores se han vuelto noticias frecuentes en los medios de comunicación de este país. “Ocho cuerpos calcinados y decapitados en Ponce Enríquez”, “49 personas secuestradas en una mina” son solo dos de los titulares periodísticos entre junio y julio de este año. Y esta semana, martes 13 de agosto, se produjo un nuevo enfrentamiento. Los cinco muertos eran integrantes de Los Lobos Box, que habían tomado una mina en el sector Las Lomas. En medio de la escalada de violencia, los militares explican que buscan recuperar los territorios tomados y para ello han comenzado a intercambiar información con sus homólogos de Colombia y Perú. Fuente: Vistazo
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Rafael Correa sobre la propuesta de Noboa: «¡Vamos a la constituyente, pero sin trampas!»
La propuesta del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre una Asamblea Constituyente generó la reacción del exmandatario Rafael Correa, a través de su cuenta de X este 18 de septiembre de 2025.
Si bien Correa no dice que apoya directamente la convocatoria a una Asamblea Constituyente, para redactar una nueva Carta Magna, sí indica lo siguiente:
«¡Vamos a la constituyente, pero sin trampas! No para una nueva Constitución -tenemos una de las mejores del mundo, aunque siempre se puede actualizar-, sino para mandar a la casa a un Gobierno evidentemente mentiroso». Rafael Correa, expresidente de Ecuador
Según Correa, la Constitución y las leyes no son el problema del país, «sino los tres últimos gobiernos nefastos».
El actual texto de la Carta Magna de Ecuador fue elaborado por una Constituyente de plenos poderes y está en vigencia desde 2008 tras ser impulsada precisamente por Correa y en su gobierno.
¿Qué dice la bancada legislativa del correísmo?
Antes del pronunciamiento del líder de la Revolución Ciudadana (RC), una parte de bancada correísta en la Asamblea había mostrado su rechazo a la idea de Noboa, aunque algunos legisladores dijeron que ‘no tenían miedo’ de ir a las urnas.
El asambleísta del correísmo, Fernando Molina, señaló en una entrevista radial este jueves que la propuesta de Noboa es “una falta de respeto”, y una estrategia para desviar la atención de otros problemas en el país como la crisis en el sistema sanitario.
La propuesta de Noboa de una Asamblea Constituyente llega después de que la Corte Constitucional (CC) ha rechazado varias reformas propuestas por el mandatario, al considerar que vulneraban el marco normativo de la actual Carta Magna.
«Frente a este escenario, no hay espacio para la excusa, solo para la acción. Al plantear una pregunta esencial para la próxima consulta (popular) y convocar a una Asamblea Constituyente», dijo Noboa en sus cuentas de redes sociales cuando anunció el planteamiento.
También la posible convocatoria de la Constituyente arriba en un momento en que Noboa decretó el fin del subsidio al diésel, lo cual ha provocó manifestaciones dispersas por tres días en el país.
Por otra parte, la Asamblea Constituyente fue una de las promesas de Noboa durante la campaña electoral para su reelección en 2025.
Incluso, cuando estaba en funciones, el exministro de Gobierno, José de la Gasca, dijo que la actual Constitución de Montecristi no respondía a la realidad del país, y que llamar a una Asamblea Constituyente ‘exprés’ era el camino. Fuente: Primicias
Nacionales
Conaie anuncia paro en Ecuador y estos son los puntos resueltos en la asamblea de Riobamba
Tras poco más de tres horas, la Conaie convocó este 18 de septiembre de 2025 a un paro nacional, inmediato e indefinido en Ecuador, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel que ha provocado ya protestas aisladas.
El titular de la Conaie, Marlon Vargas, ya había anticipado a su arribo a la sede indígena de la organización en Riobamba que el único punto del día era analizar si irían a «una movilización nacional o no».
La resolución de plegar al paro nacional se tomó en la asamblea extraordinaria de la Conaie, realizada en Riobamba, donde el presidente ecuatoriano Daniel Noboa también tuvo agenda oficial en el mismo día.
Ratificar la unidad de los pueblos para enfrentar los ajustes económicos.
Exigir la derogatoria del decreto 126 que elimina el subsidio al diésel.
Denunciar y rechazar persecución del Gobierno nacional y se acogen al derecho a la resistencia.
Revocar licencias ambientales en los proyectos mineros de Palo Quemado, Quimsacocha y Las Naves.
Declarar estado de excepción comunitario nivel nacional en los pueblos y nacionalidades. Se prohíbe el ingreso de la fuerza pública a los territorios, y se activan las guardias comunitarias para la protección de los pueblos.
Rechazar la consulta popular y el intento de una Asamblea Constituyente que «no resuelve los problemas del país».
Exhortar a los medios de comunicación a tratar la información con responsabilidad.
Exigir la reducción del IVA del 15% al 12% tomando en cuenta que no se ha resuelto el problema de la inseguridad en Ecuador.
Convocar a las bases, organizaciones sociales y a la sociedad al paro nacional de carácter inmediato e indefinido en Ecuador.
Instalación del parlamento plurinacional.
Un equipo de PRIMICIAS pudo constatar que los asistentes a la reunión de la Conaie gritaban consignas en favor de la movilización y en contra de la Asamblea Constituyente, propuesta el 17 de septiembre por el mandatario ecuatoriano.
«Viva el paro» y «No a la Constituyente» eran los gritos que se salían desde el interior de la casa indígena en Riobamba.
A la decisión de la Conaie se suman la de organizaciones como la Confeniae y campesinos de Cotacachi que también se declararon en resistencia en sus territorios indígenas.
Incluso, la Confeniae declaró la emergencia en la Amazonía y anticipó que no dejará ingresar a las Fuerzas Armadas.
El último gran paro nacional en Ecuador ocurrió en junio de 2022 en el gobierno de Guillermo Lasso, y cuando Leonidas Iza era presidente de la Conaie. Duró 18 días y las manifestaciones se concentraron en Quito.
En aquel entonces, los grupos indígenas pedían el congelamiento de los precios de los combustibles, la moratoria de deudas en bancos públicos, privados y cooperativas, no ampliar la frontera para la minería, mayor presupuesto a la educación, entre otros puntos. Fuente: Primicias
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Allanan sede del Comité de Trabajadores de CNEL en Guayaquil por presunto desvío de fondos
La Fiscalía y la Policía Nacional allanaron la noche del miércoles 17 de septiembre la sede del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), ubicada en el norte de Guayaquil.
La diligencia se ejecutó tras un acto urgente solicitado por la directiva provisional, en el marco de una investigación por el presunto desvío de más de un millón de dólares pertenecientes a los aportes de los trabajadores, reportó Ecuavisa.
Previamente, el secretario general del Comité, Daniel Garcés, denunció al exdirigente sindical Richard Gómez y a otras cuatro personas por presunta delincuencia organizada y mal manejo de los fondos.
Según la acusación, en agosto de 2025 se registraron 205 transferencias que sumaron USD 933 605 y cinco cheques por USD 71 964, lo que representa más de USD 1 millón en movimientos sospechosos.
El Ministerio de Trabajo también señaló a Gómez, quien se desempeñó como secretario general del Comité de Empresa de los Trabajadores de CNEL, y denunció un presunto desfalco en la cuenta de ahorro de la organización, la cual pasó de más de USD 800.000 a apenas centavos.
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, afirmó que el exdirigente era el único autorizado para firmar las transacciones.
De su lado, el asambleísta de la bancada oficialista ADN, Adrián Castro, también pidió al fiscal general, Wilson Toainga, que inicie acciones contra Gómez, quien también fue presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por las presuntas irregularidades.
Richard Gómez, quien viajó a Estados Unidos por supuestos motivos médicos, aseguró que el 85 % de los recursos se destinó al pago de proveedores por un contrato de 13.000 botas industriales, aunque estas aún no han sido entregadas a los trabajadores. Fuente: Vistazo
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