Zamora, tierra de riquezas y contradicciones, ha sido históricamente el epicentro de debates sobre desarrollo, ambiente y minería. En este cruce de tensiones, una voz clama con claridad entre el ruido de acusaciones y el silencio institucional: Paúl Pineda, presidente de la Cámara Provincial de Minería de Zamora Chinchipe. Su llamado reciente a la unidad, el diálogo y la responsabilidad interinstitucional resuena como una exhortación urgente a enfrentar los problemas estructurales de la provincia.

Durante una intervención pública, Pineda reflexionó sobre la reciente controversia relacionada con la participación de autoridades provinciales en una asamblea convocada por la Cámara. Con tono mesurado pero firme, aclaró que el oficio de invitación fue entregado oportunamente a la gobernación. “Si no le llegó a tiempo, si su equipo técnico no le ayudó, eso ya escapa de nuestras manos”, dijo, deslindando responsabilidades por parte del cuerpo colegiado.

Un llamado a la corresponsabilidad

Lejos de adoptar una postura defensiva, el dirigente minero enfatizó el carácter constructivo de la organización que lidera. “Nosotros lo que hacemos es crear esa coyuntura para que conversemos, para que busquemos soluciones a los problemas que afectan a la provincia de Zamora Chinchipe”, afirmó. La Cámara de minería, según explicó, ya ha comenzado a remitir resoluciones oficiales a diversas autoridades del país, incluida la Presidencia de la República, con el objetivo de propiciar una mesa de trabajo nacional que escuche las voces del sur.

Consciente del contexto político y social, Pineda instó a la ciudadanía y a los funcionarios públicos a dejar de lado las diferencias ideológicas. “Trabajemos de una manera conjunta, buscando soluciones para mitigar los problemas sociales, económicos y ambientales que aquejan a la provincia”, reiteró.

La minería como espejo de un Estado ausente

Uno de los puntos más álgidos de su discurso fue la mención al desbordamiento del río Nangaritza, provocado por una represa construida —según reportajes periodísticos— por una empresa china. “Estas empresas ingresaron al país como Pedro por su casa, y ni siquiera tienen RUC para extracción de oro”, denunció, señalando el doble estándar con el que, a su criterio, se juzga a los pequeños mineros locales frente a las grandes transnacionales.

Para Pineda, este episodio no solo evidencia una negligencia empresarial, sino también el abandono sistemático del Estado en su rol de control y vigilancia ambiental. “El país está en desorden, la provincia está desordenada”, lamentó, subrayando que ni siquiera los municipios han asumido plenamente su responsabilidad en temas como el uso de suelo y la fiscalización de actividades extractivas.

Ni criminalizar ni idealizar: una visión equilibrada de la minería

El presidente de la Cámara fue enfático en rechazar la idea de que los mineros formales locales sean responsables de todos los pasivos ambientales de la provincia. “No compartimos la forma en que se hace minería”, aclaró, al tiempo que pidió diferenciar entre minería aluvial y minería subterránea, como la que se desarrolla en Chinapintza o Nambija.

Propuso incluso la realización de una consulta popular a nivel provincial para que sea el pueblo quien decida si desea o no continuar con la actividad minera. Pero lanzó una advertencia: si se detiene la minería local, también debería cesar la de las grandes compañías. “Porque no es que las grandes empresas no causan pasivos ambientales”, recalcó, mencionando los casos de ECSA y el desvío del río Kimi como ejemplos de afectaciones a gran escala que no han sido suficientemente visibilizadas ni sancionadas.

Más allá de la dádiva: justicia y reparación

El clímax de su intervención giró en torno al sentido de justicia social que, en su visión, debería imperar en cualquier intento de resolución. Criticó duramente el enfoque asistencialista con el que se suele reaccionar ante las catástrofes provocadas por la minería informal o mal regulada: “Los problemas no se resuelven llevándoles un colchón y una funda de comida”, sentenció.

La asamblea organizada por la Cámara buscaba, en cambio, identificar a las familias afectadas, conocer sus nombres, los daños sufridos, y determinar responsabilidades concretas. Con ese diagnóstico, se pretendía activar un mecanismo solidario en el que, incluso los mineros que no fueron responsables directos, se comprometieran a reparar colectivamente los daños. “Así no tengamos la culpa, vamos a contribuir a que estas familias puedan salir de este problema”, aseguró Pineda.

Minería, ambiente y desarrollo: un equilibrio posible

En su reflexión final, el dirigente compartió una visión holística de la relación entre ser humano y naturaleza. Habló desde su experiencia como ganadero y caficultor tecnificado, para ejemplificar cómo es posible producir sin depredar. “Toda actividad que el hombre genera, incluso cocinar en casa, tiene impacto ambiental”, reflexionó. Su mensaje: no se trata de idealizar ni criminalizar, sino de aprender a convivir con el entorno de forma responsable y sostenible.

“La minería puede y debe convivir con la naturaleza, la economía y el ambiente. Pero para ello necesitamos organización, vigilancia y voluntad política”, concluyó.

Zamora Chinchipe se encuentra hoy en una encrucijada. No solo sobre su modelo de desarrollo, sino sobre su capacidad de construir consensos. Las palabras de Paúl Pineda no son una defensa ciega de la minería; son una invitación a conversar con honestidad y sin prejuicios sobre el tipo de provincia que sus habitantes quieren construir. La historia está abierta. Y el futuro aún puede escribirse con responsabilidad, justicia y equidad.