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«Cámara de Minería exige acción ante descuido estatal en Zamora Chinchipe»

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Zamora, tierra de riquezas y contradicciones, ha sido históricamente el epicentro de debates sobre desarrollo, ambiente y minería. En este cruce de tensiones, una voz clama con claridad entre el ruido de acusaciones y el silencio institucional: Paúl Pineda, presidente de la Cámara Provincial de Minería de Zamora Chinchipe. Su llamado reciente a la unidad, el diálogo y la responsabilidad interinstitucional resuena como una exhortación urgente a enfrentar los problemas estructurales de la provincia.

Durante una intervención pública, Pineda reflexionó sobre la reciente controversia relacionada con la participación de autoridades provinciales en una asamblea convocada por la Cámara. Con tono mesurado pero firme, aclaró que el oficio de invitación fue entregado oportunamente a la gobernación. “Si no le llegó a tiempo, si su equipo técnico no le ayudó, eso ya escapa de nuestras manos”, dijo, deslindando responsabilidades por parte del cuerpo colegiado.

Un llamado a la corresponsabilidad

Lejos de adoptar una postura defensiva, el dirigente minero enfatizó el carácter constructivo de la organización que lidera. “Nosotros lo que hacemos es crear esa coyuntura para que conversemos, para que busquemos soluciones a los problemas que afectan a la provincia de Zamora Chinchipe”, afirmó. La Cámara de minería, según explicó, ya ha comenzado a remitir resoluciones oficiales a diversas autoridades del país, incluida la Presidencia de la República, con el objetivo de propiciar una mesa de trabajo nacional que escuche las voces del sur.

Consciente del contexto político y social, Pineda instó a la ciudadanía y a los funcionarios públicos a dejar de lado las diferencias ideológicas. “Trabajemos de una manera conjunta, buscando soluciones para mitigar los problemas sociales, económicos y ambientales que aquejan a la provincia”, reiteró.

La minería como espejo de un Estado ausente

Uno de los puntos más álgidos de su discurso fue la mención al desbordamiento del río Nangaritza, provocado por una represa construida —según reportajes periodísticos— por una empresa china. “Estas empresas ingresaron al país como Pedro por su casa, y ni siquiera tienen RUC para extracción de oro”, denunció, señalando el doble estándar con el que, a su criterio, se juzga a los pequeños mineros locales frente a las grandes transnacionales.

Para Pineda, este episodio no solo evidencia una negligencia empresarial, sino también el abandono sistemático del Estado en su rol de control y vigilancia ambiental. “El país está en desorden, la provincia está desordenada”, lamentó, subrayando que ni siquiera los municipios han asumido plenamente su responsabilidad en temas como el uso de suelo y la fiscalización de actividades extractivas.

Ni criminalizar ni idealizar: una visión equilibrada de la minería

El presidente de la Cámara fue enfático en rechazar la idea de que los mineros formales locales sean responsables de todos los pasivos ambientales de la provincia. “No compartimos la forma en que se hace minería”, aclaró, al tiempo que pidió diferenciar entre minería aluvial y minería subterránea, como la que se desarrolla en Chinapintza o Nambija.

Propuso incluso la realización de una consulta popular a nivel provincial para que sea el pueblo quien decida si desea o no continuar con la actividad minera. Pero lanzó una advertencia: si se detiene la minería local, también debería cesar la de las grandes compañías. “Porque no es que las grandes empresas no causan pasivos ambientales”, recalcó, mencionando los casos de ECSA y el desvío del río Kimi como ejemplos de afectaciones a gran escala que no han sido suficientemente visibilizadas ni sancionadas.

Más allá de la dádiva: justicia y reparación

El clímax de su intervención giró en torno al sentido de justicia social que, en su visión, debería imperar en cualquier intento de resolución. Criticó duramente el enfoque asistencialista con el que se suele reaccionar ante las catástrofes provocadas por la minería informal o mal regulada: “Los problemas no se resuelven llevándoles un colchón y una funda de comida”, sentenció.

La asamblea organizada por la Cámara buscaba, en cambio, identificar a las familias afectadas, conocer sus nombres, los daños sufridos, y determinar responsabilidades concretas. Con ese diagnóstico, se pretendía activar un mecanismo solidario en el que, incluso los mineros que no fueron responsables directos, se comprometieran a reparar colectivamente los daños. “Así no tengamos la culpa, vamos a contribuir a que estas familias puedan salir de este problema”, aseguró Pineda.

Minería, ambiente y desarrollo: un equilibrio posible

En su reflexión final, el dirigente compartió una visión holística de la relación entre ser humano y naturaleza. Habló desde su experiencia como ganadero y caficultor tecnificado, para ejemplificar cómo es posible producir sin depredar. “Toda actividad que el hombre genera, incluso cocinar en casa, tiene impacto ambiental”, reflexionó. Su mensaje: no se trata de idealizar ni criminalizar, sino de aprender a convivir con el entorno de forma responsable y sostenible.

“La minería puede y debe convivir con la naturaleza, la economía y el ambiente. Pero para ello necesitamos organización, vigilancia y voluntad política”, concluyó.

Zamora Chinchipe se encuentra hoy en una encrucijada. No solo sobre su modelo de desarrollo, sino sobre su capacidad de construir consensos. Las palabras de Paúl Pineda no son una defensa ciega de la minería; son una invitación a conversar con honestidad y sin prejuicios sobre el tipo de provincia que sus habitantes quieren construir. La historia está abierta. Y el futuro aún puede escribirse con responsabilidad, justicia y equidad.

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Familia de Playas del Cuje exigen justicia ante afectaciones provocadas por minería e invierno

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El equipo periodístico de Diario El Amazónico realizó una visita a la comunidad Playas del Cuje, del cantón Centinela del Condor, con el propósito de visibilizar una grave problemática que afecta a varias familias del sector: la ejecución de actividades mineras en terrenos privados, sin la debida autorización y con consecuencias directas sobre la seguridad, la producción agrícola y la vida digna de sus habitantes.

Durante el recorrido, se recogieron los testimonios de moradores que denunciaron incursiones no consentidas por parte de operadores mineros, quienes habrían vulnerado linderos y ocasionado daños en cultivos, cercados. La señora Alexandra, una de las afectadas, denunció un intento de intimidación con maquinaria pesada, la afectación de su terreno y la presión constante para abandonar su propiedad. “Si mi madre y mi hermano menor no se hacían a un lado, hoy estaríamos hablando de otra historia”, afirmó con preocupación.

Los habitantes señalaron además que la minería se desarrolla sin planes técnicos aprobados, afectando la biodiversidad local y reduciendo los espacios de cultivo que históricamente han sido su único sustento. “Antes teníamos plátano, naranjas, cacao, maíz… hoy solo queda una pequeña franja de terreno útil”, indicaron.

A pesar de que las denuncias han sido presentadas ante la Fiscalía y otras instituciones del Estado, los moradores aseguran no haber recibido una respuesta concreta. Según expresaron, las visitas de la Policía o las Fuerzas Armadas no han generado acciones efectivas. Incluso, se denunció que el Ministerio del Ambiente habría advertido en años anteriores sobre posibles sanciones por la tenencia de fauna silvestre, mientras que no se han adoptado medidas frente a quienes degradan masivamente los suelos y ecosistemas del sector.

Solicitudes urgentes:
• Intervención de la Fiscalía General del Estado ante presuntos delitos ambientales e intimidación.
• Presencia de la Gobernación de Zamora Chinchipe, la Prefectura Provincial, el Ministerio de Ambiente, y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCOM), para verificar la legalidad de las operaciones extractivas.
• Plan de recuperación ambiental en zonas impactadas por la minería y reparación a las familias afectadas.
• Defensa de la integridad territorial y la seguridad jurídica de los pequeños propietarios rurales.

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EXPOMINAS 2025: Mirador, ejemplo de minería responsable y de desarrollo social

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El aporte de la mina Mirador al desarrollo de Zamora Chinchipe y del país fue destacado en la XVIII edición de Expominas 2025. Se resaltó su papel como motor económico del país, su compromiso con el cuidado ambiental, el estricto control de calidad en la construcción de sus estructuras, además del apoyo constante a las comunidades ubicadas en la zona de influencia.

Durante el acto inaugural, que contó con autoridades como el Viceministro de Minas, Javier Subía, Jeimi Chiluisa Palacios, Coordinadora de Relaciones Comunitarias y Comunicación de ECSA, resaltó que la minería impulsa significativamente el desarrollo económico y social del Ecuador. Subrayó los reconocimientos alcanzados por la empresa, como el premio a “Mejor Lugar para Trabajar en Ecuador” y el Distintivo “Iniciativa Verde”. Asimismo, destacó la inversión de más de 25 millones de dólares en gestión ambiental durante el último año y la inauguración del moderno Laboratorio de Suelos y Materiales, con una inversión superior a 2 millones, que fortalece el control de las infraestructuras de la mina. Mencionó que, en el 2024, ECSA generó más de 301 millones en aportes tributarios. Además, mantiene más de 1.400 empleos directos y cerca de 5.000 entre contratistas y subcontratistas, lo que suman más de 6 mil empleos. Las operaciones de la mina Mirador benefician a aproximadamente 19.000 personas.

Como parte de la Conferencia Magistral: «Control de calidad en la construcción del Depósito de Relaves Tundayme de la mina Mirador», se expuso el riguroso control de calidad aplicado en la construcción de la presa del Depósito de Relaves Tundayme, con más de 30.000 ensayos realizados desde 2021. Jorge Carrasco, Coordinador Senior de Gestión de Depósitos de Relaves, destacó el aporte del Laboratorio de Suelos y Materiales, que en su primer año sumó 7.575 ensayos, cumpliendo con los factores de seguridad de estabilidad exigidos por las normativas nacionales e internacionales, y garantizando la sostenibilidad de las operaciones.

Por otro lado, en la Mesa Redonda sobre: “Impacto Social y económico en las zonas de minería sostenible”, se evidenció el compromiso de la mina Mirador con su zona de influencia a través de obras como el parque central de Tundayme, el paso lateral de El Pangui, la pavimentación de calles en Tundayme y la construcción del puente sobre la quebrada Cayamatza, con una inversión cercana a 1 millón de dólares, impulsando el desarrollo del cantón El Pangui y la parroquia Tundayme.

Chiluisa Palacios, también resaltó el respaldo a programas de becas universitarias, bachillerato acelerado, capacitación docente, brigadas médicas y el fortalecimiento del agro y el emprendimiento local, así como las compras a proveedores de la zona que alcanzaron los 59 millones de dólares.

Expominas 2025 reunió al sector público, privado, la academia y delegaciones de más de 12 países, quienes compartieron experiencias y visiones sobre el desarrollo minero. Este evento se consolidó como un espacio clave para impulsar el sector, donde estudiantes, líderes comunitarios y ciudadanos visitaron el stand de ECSA para conocer de cerca la experiencia de minería responsable que se aplica en la mina Mirador.

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Varias familias vulnerables de Cumbaratza exigen atención estatal inmediata tras desastre natural

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Tras los recientes eventos invernales que afectaron a la provincia de Zamora Chinchipe, el vocal William Vinueza, visitó el barrio El Descanzo, perteneciente a la parroquia Cumbaratza del cantón Zamora, constatando la grave situación de varias familias afectadas por el desbordamiento del río. Viviendas anegadas, pérdida total de enseres, ausencia de servicios básicos y la precariedad de los refugios temporales configuran un escenario de emergencia humanitaria que requiere atención inmediata de las autoridades competentes.

Durante el recorrido, se registró el testimonio de don José Rosales, padre de cuatro hijos con discapacidad. Su vivienda fue completamente inundada, perdiendo herramientas de trabajo, camas, electrodomésticos y artículos básicos de subsistencia. La motoguadaña, que le permitía sostener a su familia realizando labores de limpieza de terrenos, quedó inservible. A pesar de recibir un bono por sus hijos, don José hoy depende de la solidaridad de vecinos y allegados.

La situación se repite con doña Rosa Merino, mujer adulta mayore, quien perdió su vivienda y hoy viven en condiciones indignas, alojadas temporalmente en casa prestada. Y doña Maruja también es una mujer adulta, además ambas se encargan del cuidado de sus padres de la tercera edad, uno de ellos con enfermedad catastrófica, y de hijos con discapacidad. Ninguna ha recibido una solución efectiva por parte de las autoridades locales.

Según el testimonio del vocal de la Junta Parroquial de Cumbaratza, William Vinueza, se han hecho esfuerzos ciudadanos por atender de manera inmediata la emergencia: entrega de alimentos, mingas comunitarias y acompañamiento en terreno. No obstante, la respuesta institucional ha sido insuficiente. A pesar de la existencia de un convenio entre el MIES, el GAD municipal y el GAD parroquial, no se ha garantizado atención sostenida, vivienda digna ni acompañamiento social y psicológico a las familias desplazadas.

Asimismo, las familias han denunciado la ausencia de los principales representantes parroquiales y cantonales, quienes no han acudido a constatar personalmente los daños ni han presentado un plan integral de contingencia o reconstrucción.

Llamado urgente a las instituciones y a la sociedad civil
• Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), para garantizar la atención prioritaria a personas con discapacidad y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
• GAD Cantonal de Zamora y GAD Parroquial de Cumbaratza, para activar planes de respuesta y reconstrucción, priorizando viviendas afectadas y vías de acceso.
Organizaciones no gubernamentales y fundaciones, a articular apoyo técnico, logístico y humanitario en esta emergencia social y ambiental.

La situación en El Descanzo es reflejo de la fragilidad estructural de las zonas rurales amazónicas, agravada por la falta de planificación territorial y mitigación de riesgos. Durante el recorrido se evidencian el abandono institucional y la necesidad urgente de una respuesta integral, intersectorial y humana.

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