Paúl Pineda Cordero, presidente de la Cámara de Minería de la provincia de Zamora Chinchipe, expuso una serie de observaciones técnicas, legales e institucionales en torno al inicio de operaciones de comercialización de oro por parte del Banco Central del Ecuador (BCE) en la provincia.
En su intervención, Pineda destacó que según información de las mismas autoridades Zamora Chinchipe aporta cerca del 50 % de la comercialización de oro al Banco Central, lo que convierte a la provincia en un eje estratégico para el erario nacional, tanto en términos tributarios como de exportación de minerales. No obstante, señaló contradicciones en la forma en que se ha concretado la apertura de las oficinas del BCE, actualmente ubicadas en un espacio provisional dentro del garaje de la Gobernación.
El dirigente gremial recordó que el espíritu original del proyecto contemplaba la construcción de una infraestructura propia y técnicamente adecuada para la compra y comercialización de oro, iniciativa que fue socializada en jornadas técnicas impulsadas por la Cámara de Minería, con la participación de delegados del Banco Central, el Municipio de Zamora y otras instituciones del Estado. Según indicó, incluso existía un presupuesto estimado de aproximadamente USD 1,2 millones destinado a la edificación de estas oficinas, así como acuerdos orientados a generar empleo local mediante la contratación de mano de obra zamorana calificada.
Pineda cuestionó que, pese a estudios técnicos previos que advertían limitaciones de seguridad e idoneidad en ciertos espacios, hoy se celebre la apertura de una oficina provisional, dejando de lado el proyecto de infraestructura definitiva. Asimismo, expresó su preocupación por la exclusión de la Cámara de Minería del evento institucional de inauguración, lo que —a su criterio— refleja una desconexión entre la institucionalidad del sector minero y las decisiones del Ejecutivo en territorio.
Uno de los puntos centrales de su análisis fue la viabilidad real del modelo de comercialización. Explicó que la Ley de Minería faculta únicamente a los mineros artesanales y pequeños mineros a vender oro al Banco Central, mientras que los proyectos de mediana y gran minería no están habilitados para ello. Sin embargo, precisó que en Zamora Chinchipe apenas alrededor del 10 % de la actividad minera se encuentra bajo los regímenes de minería artesanal y pequeña minería, mientras que el 90 % restante corresponde a actores que, desde hace décadas, solicitan procesos de legalización.
En este contexto, el presidente de la Cámara planteó interrogantes sobre a quién se comprará efectivamente el oro y advirtió que, sin un proceso serio de regularización minera, la iniciativa podría carecer de sostenibilidad. Reiteró que la Cámara ha propuesto reiteradamente un enfoque técnico y legal para la legalización, que considere la protección de los ecosistemas, la prevención de conflictos sociales y el respeto a las comunidades.
Pineda también alertó sobre operativos y desalojos recientes en la provincia, particularmente en el sector Congüime–Piedras Blancas, donde, según relató, familias con décadas de residencia habrían sido desalojadas a solicitud de concesiones mineras, pese a no encontrarse realizando actividades extractivas. Estos hechos, señaló, evidencian un uso desproporcionado de la fuerza pública y una criminalización de mineros artesanales y pequeños productores.
Finalmente, el dirigente afirmó que la Cámara de Minería continuará impulsando acciones institucionales y legales para exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos, incluyendo un acta de compromiso firmada entre el BCE, el Municipio de Zamora y la Cámara.
Anunció que se dará seguimiento jurídico a estos compromisos y convocó a la ciudadanía y al sector minero a mantenerse informados y unidos, participando en los espacios de socialización y diálogo que se convocarán en los próximos días.
“La minería es un pilar económico de Zamora Chinchipe. Lo que exigimos es respeto, políticas claras y una gobernanza minera participativa, transparente y apegada a la ley, que garantice el beneficio colectivo de la provincia”, concluyó Pineda.
