Nacionales
Cajas de ahorro siguen captando depósitos de terceros, pese a prohibición, mientras pocas se han regularizado
Las cajas de ahorro y comunales tienen prohibido captar dinero de terceros y otorgar créditos o captar dinero fuera de su círculo de socios, pero algunas continúan ofreciendo estos servicios, pese a que lo tienen prohibido.
Las cajas de ahorro son estructuras financiera básicas en las que grupos pequeños de personas forman un fondo común para ahorrar y prestarse dinero mutuamente, pueden ser vecinos, familiares, compañeros de trabajo o miembros de una comunidad.
Por esta razón, las cajas de ahorro no pueden captar nuevos socios ni promocionar créditos fuera de su círculo de miembros.
Sin embargo, en una simple búsqueda en redes sociales se observan publicaciones de supuestas cajas de ahorro que ofrecen préstamos de hasta USD 120.000, con plazos de hasta 15 años y «tasas de interés bajas».
Pocas se han regularizado
Esa restricción se ratificó mediante la Regulación JPRF-F-2025-0154 de la Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF), emitida el 20 de mayo de 2025. Además, la norma dispuso que las cajas comunales y de ahorro registradas en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria deben regularizarse y obtener autorización para operar. Antes, solo debían registrarse, sin cumplir requisitos adicionales.
Pero, un año después de eso, solo 36 entidades han cumplido los requisitos para operar de manera formal. El plazo para cumplir con esta obligación vence en noviembre de 2026.
Es un número menor si se considera que, antes de la entrada en vigencia de la regulación de la JPRF, existían 572 cajas comunales y de ahorro registradas y en funcionamiento, según un listado elaborado en febrero de 2025 por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).
Sin embargo, se estima que hay al menos 1.600 de estas entidades operando en el país, según señaló Valeria Llerena, directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD).
Es decir, hay más cajas comunales y de ahorro que cooperativas de ahorro y crédito, que son 394.
Nuevos requisitos para operar
El objetivo de la resolución, según la Junta, era redefinir las reglas para estas organizaciones para fortalecer su supervisión, prevenir riesgos financieros y mejorar la transparencia.
Según la nueva normativa, las cajas comunales y de ahorro deben constituirse como personas jurídicas ante la SEPS, demostrar que sus socios mantienen un vínculo común verificable y presentar estatutos, reglamentos internos y políticas de prevención de lavado de activos.
Además, tendrán que contar con al menos 10 socios fundadores y obtener autorización oficial para realizar actividades financieras.
La normativa también limita sus operaciones: solo podrán captar depósitos de sus socios, otorgar créditos exclusivamente a sus miembros y mantener activos máximos de hasta USD 400.000.
Durante el actual proceso de regularización, pueden participar solo las organizaciones que se encontraban en funcionamiento hasta mayo de 2025.
Para hacerlo, deben demostrar actividades recurrentes durante al menos los seis meses previos a la entrada en vigor de la norma.
El proceso busca ordenar el sector antes de permitir nuevas constituciones, evitando que operen entidades fuera del marco legal actualizado.
Mayor supervisión y sanciones
La idea de la resolución es que la SEPS cree un catastro público de cajas autorizadas e imponga sanciones por incumplimientos.
La normativa también aclara que los depósitos en estas cajas no estarán protegidos por la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede), que cubre a clientes de bancos, cooperativas y mutualistas.
Esta disposición no representa un cambio, sino que mantiene lo establecido previamente en la normativa vigente.
Un cambio para fortalecer al sector
El proceso de regularización representa uno de los cambios regulatorios más relevantes para este segmento en los últimos años.
Sin embargo, Margarita Hernández, exsuperintendenta Economía Popular y Solidaria, advierte que supervisar directamente a las cajas de ahorro es complejo, porque fueron creadas para grupos pequeños con vínculos comunes, como compañeros de trabajo o padres de familia, y no para operar como intermediarios financieros tradicionales, es decir, como bancos o cooperativas.
Según explica, aplicar controles similares a los de cooperativas o bancos puede resultar «absurdo y costoso».
Esto, debido a la gran cantidad de estas estructuras en el país, muchas de carácter temporal o con fines específicos. «Esto podría generar una falsa sensación de control sin reducir realmente los riesgos de fraude o mal uso», dice.
Además, podría desmotivar la creación de estas opciones financieras que alientan el ahorro en grupos pequeños y cerrados de personas, pues ahora se exige personería jurídica.
Estas estructuras existen desde hace décadas en Ecuador y su objetivo es fomentar inclusión financiera local, sin captar dinero del público ni funcionar como bancos o cooperativas tradicionales, explicó Hernández. Fuente: Primicias
Nacionales
Fiscalía investiga un caso con indicios de responsabilidad penal en un GAD de Zamora Chinchipe
Fiscalía reporta 60 informes con indicios de responsabilidad penal en GAD; Asamblea pide transparentar las investigaciones.
La Fiscalía General del Estado informó ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que actualmente investiga 60 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) relacionados con diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, en procesos que incluyen presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio estatal.
Durante su comparecencia, el coordinador general de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado, Alberto Carrión, detalló la distribución provincial de los informes. Según explicó, Guayas concentra el mayor número con 19 casos, seguido de Santo Domingo de los Tsáchilas con 8, Tungurahua con 6, Cotopaxi y Morona Santiago con 4 cada una, Pastaza con 3, Azuay, Chimborazo y Pichincha con 2 casos cada una; mientras que Cañar, Imbabura, Loja, Manabí, Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe registran un informe cada una.
Carrión precisó que los principales delitos investigados corresponden a peculado, que representa la mayor parte de los casos, además de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, falsificación de firmas y falsificación de instrumentos públicos.
El funcionario señaló que estos informes llegan a la Fiscalía para el desarrollo de las investigaciones penales correspondientes y aclaró que la institución maneja la información oficial relacionada con los IRP que han sido remitidos por los organismos competentes. Asimismo, indicó que desconoce las cifras que actualmente maneja la Contraloría General del Estado respecto a estos procesos, por lo que insistió en que la información proporcionada por la Fiscalía corresponde exclusivamente a los expedientes que constan en esa institución.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, manifestó que durante una comparecencia anterior la Contraloría General del Estado presentó una cifra superior de indicios de responsabilidad penal, situación que, a su criterio, evidencia la necesidad de contrastar la información entre ambas instituciones.
La legisladora señaló que los indicios de responsabilidad penal son un asunto de alta relevancia porque reflejan la posible existencia de perjuicios económicos para el Estado y, por tanto, requieren ser investigados por las autoridades competentes. No obstante, aclaró que la existencia de un IRP no implica automáticamente una sentencia condenatoria, sino el inicio de un proceso de investigación que deberá desarrollarse conforme al debido proceso y a la legislación vigente.
Farinango enfatizó que el objetivo de la fiscalización legislativa no está dirigido contra personas o instituciones específicas, sino a garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la gestión estatal. En ese contexto, sostuvo que corresponde a la Asamblea Nacional verificar que las investigaciones avancen de manera oportuna y que la ciudadanía tenga acceso a información clara sobre el seguimiento de estos casos.
La comparecencia se desarrolló en el marco del trabajo de fiscalización que realiza la Comisión de Régimen Económico, con el propósito de conocer el estado de las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la administración de recursos públicos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país.
Nacionales
UNE defiende acción de inconstitucionalidad contra acuerdo que dispone trabajo docente los sábados
El dirigente nacional de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Julio Peña, ratificó que el gremio mantiene su acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerial 0045-A, al considerar que la disposición que obliga a los docentes a cumplir actividades los días sábados vulnera derechos constitucionales y laborales del magisterio ecuatoriano.
Durante una entrevista, Peña explicó que la demanda fue presentada luego de la movilización nacional realizada el pasado 13 de julio y posteriormente admitida a trámite por la Corte Constitucional, instancia que convocó a una audiencia pública para escuchar los argumentos tanto de la UNE como del Ministerio de Educación.
El dirigente sostuvo que la normativa contraviene la jornada laboral establecida en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que determina una jornada de 40 horas semanales, distribuidas en ocho horas diarias de lunes a viernes. A su criterio, la medida también afecta el derecho al descanso, la convivencia familiar y el desarrollo académico de los docentes, quienes utilizan los fines de semana para estudios de posgrado, capacitación y otras actividades personales.
Peña afirmó que el acuerdo ministerial fue expedido sin estudios técnicos ni sustento jurídico suficiente y señaló que vulnera principios constitucionales como la legalidad y la progresividad de los derechos. Asimismo, cuestionó que el Gobierno argumente que la reforma busca fortalecer el sistema educativo, asegurando que aún existen miles de instituciones educativas con problemas de infraestructura y que no se ha ejecutado el presupuesto equivalente al 6 % del Producto Interno Bruto destinado al sector educativo, contemplado en la normativa vigente.
Respecto al proceso judicial, el dirigente manifestó que la UNE acudió a la Corte Constitucional luego de que, según indicó, las reuniones sostenidas con autoridades del Ministerio de Educación y otras entidades no produjeran acuerdos efectivos. Añadió que el gremio propuso alternativas para cumplir las horas complementarias dentro de la jornada ordinaria de lunes a viernes, planteamientos que, asegura, no fueron acogidos por el Ejecutivo.
Peña también cuestionó que, durante la audiencia constitucional, el Ministerio modificara la justificación inicial del acuerdo, señalando que ahora busca recuperar jornadas perdidas por suspensiones de clases, argumento que, según la UNE, evidencia inconsistencias en la motivación de la normativa. En ese contexto, expresó su confianza en que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad del acuerdo por considerar que afecta derechos previamente reconocidos al magisterio.
Finalmente, el representante de la UNE indicó que, independientemente del resultado del proceso, la organización continuará impulsando acciones legales, propuestas de diálogo y movilizaciones para defender los derechos laborales y educativos que considera afectados. Además, hizo un llamado a la unidad de docentes, estudiantes, padres de familia y ciudadanía, señalando que la defensa de la educación pública requiere la participación de toda la sociedad.
Nacionales
Daniel Noboa presenta la Agenda de Crecimiento 2040: así es el plan para impulsar inversión, empleo y economía
El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó este martes 21 de julio la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040, una estrategia que, según el Ejecutivo, busca dar una dirección clara al país para impulsar un crecimiento económico sostenido, generar empleo y atraer inversiones.
Cuatro pilares estratégicos hacia el 2040
La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, explicó que la Agenda de Crecimiento 2040 establece una visión de largo plazo, sustentada en cuatro pilares estratégicos que orientan las acciones del Estado y del sector privado para impulsar la transformación productiva del país:
- La institucionalidad y seguridad jurídica;
- La estabilidad fiscal;
- La competitividad e inversión productiva;
- Y el fortalecimiento de la dolarización y profundidad financiera.
Moya explicó que esta agenda 2040 contará con una gobernanza permanente, sus avances serán medibles, sus prioridades se actualizarán cuando sea necesaria y “la ciudadanía conocerá qué acciones se ejecutan y qué resultados se generan”.
“El Grupo BID pone todos sus instrumentos al servicio de Ecuador, combinando financiamiento y recursos no reembolsables, conocimiento, inversiones en los sectores público y privado y reformas en el corto, medio y largo plazo”, enfatizó.
En ese contexto, Noboa mencionó: “Gobernar no es pensar únicamente en mañana. Es tomar decisiones que cambien el Ecuador de los próximos años. Ese ha sido nuestro compromiso desde el primer día y por eso hoy ya estamos demostrando que sí existe un camino para salir adelante”.
Al finalizar su intervención, el Presidente reiteró: “Este instrumento lo construimos sumando esfuerzos con el sector privado, con nuestras universidades, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y con organismos internacionales que hoy vuelven a confiar en Ecuador y que demuestran que cuando nos unimos por una misma causa, el país avanza”. Fuente: Vistazo
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