Aunque Quito se ha mantenido en una relativa calma en comparación con otras ciudades de la costa ecuatoriana, durante los últimos meses se han vuelto más comunes delitos como los sicariatos o las extorsiones. Esto podría ocurrir por la migración de bandas criminales, que ven a la capital como una casa temporal, y el lugar perfecto para expandir sus negocios ilícitos, según alertan expertos en seguridad.

El pasado 3 de octubre del 2024, el presidente Daniel Noboa decretó su octavo estado de excepción en seis provincias, un cantón y el Distrito Metropolitano de Quito. La decisión de incluir a la capital causó sorpresa porque, según cifras del Gobierno, las muertes violentas en esta ciudad se han reducido en un 12% hasta agosto del 2024.

Sin embargo, en el decreto ejecutivo se subraya que en septiembre de este año hay un aumento preocupante de muertes violentas. En un mes se registraron 22 casos (homicidios, sicariatos, asesinatos), lo que representa un incremento del 38% en comparación a ese mismo mes del 2023.

Además, se han perpetrado hechos que podrían dar señales del avance de las bandas criminales en Quito. El 8 de octubre, se encontró un cadáver maniatado en la vía a Nono, y cinco días antes, una persona fue asesinada tras una balacera en el sector El Conde (Quitumbe).

La noche del viernes 20 de septiembre, en cambio, hubo una masacre en una peluquería de La Roldós. Cinco personas fueron asesinadas. El 19 de septiembre, una funcionaria del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) recibió múltiples disparos mientras circulaba en un auto junto a su esposo. Los dos fueron llevados a una casa de salud, pero luego se confirmó el deceso de la mujer.

Y un año antes, el 9 de agosto del 2023, en un sector concurrido del norte de la capital, fue asesinado el excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Miembros de la banda delictiva ‘Los Lobos’ orquestaron el crimen con ayuda de gatilleros, de origen colombiano, que fueron descubiertos en el sector de Monjas.

Mario Pazmiño, analista en seguridad y exdirector de Inteligencia del Ejército, describe que en Quito hay una mayor presencia de integrantes de bandas criminales porque migran desde las provincias de la costa ante la presión que generan las fuerzas del orden.

“Las organizaciones criminales no se quedan estáticas, sino que comienzan a desplazarse hacia sectores de mayor tranquilidad para seguir con sus operaciones”, comenta el experto, quien considera que este fenómeno también podría estar ocurriendo en otras zonas de la Sierra o Amazonía.

En un diagnóstico situacional de la crisis de inseguridad en Ecuador, de enero a septiembre del 2024, Pazmiño menciona que barrios como La Mariscal, La Roldós, Chillogallo, Solanda, El comité del Pueblo y Calderón han visto un aumento en robos y extorsiones.

Además, se alerta que “la gobernanza criminal ha comenzado a extenderse rápidamente en la capital” a través de la formación de santuarios, que son espacios donde el control del Estado es mínimo o nulo. Hasta hace unos tres años había tres o cuatro santuarios, ahora serían 19.

Facciones de Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones estarían presentes en los siguientes sectores: La Comuna, Jaime Roldós, Loma de Puengasí, La Magdalena, Chillogallo, el Inca, Cotocollao, Calderón, Guamaní, Pisulí, el Panecillo, San Roque, La cima de la Libertad, el Beaterio, Pomasqui, Tumbaco y Cumbayá.

“Si no se controla la formación de estos santuarios, podrían originarse microestados, donde las bandas delictivas pueden ejercer un control territorial más fuerte. Es importante que las autoridades presten atención a estas alertas”, advierte Mario Pazmiño.

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Quito es descrita como una ciudad bisagra, que forma el denominado triángulo dorado o triángulo de la cocaína, el cual comprende el Puerto de Tumaco en Nariño, Puerto Asís en el departamento de Putumayo y finalmente la capital ecuatoriana. Por esa zona atraviesa el corredor del pacífico y el amazónico, rutas clave para la distribución de droga.

“La ciudad se convierte en un centro de acopio o paso temporal de droga y, por lo tanto, las bandas buscan tener el control de esas rutas a través de la materialización de santuarios”, acota Pazmiño.

Otro punto que hace susceptible a Quito para la proliferación de bandas es su gran extensión, lo cual permite la mimetización de actividades delictivas e incluso puede ser vista como un escondite para criminales que huyen de la costa ecuatoriana. De hecho, hasta el 8 de septiembre del 2024, las fuerzas de seguridad habían capturado a 14 miembros de Los lobos y Tiguerones en Quito, según información policial.

Generalmente, los integrantes de grupos de delincuencia organizada que llegan a la capital son mandos medios. “Quito es utilizada como una casa temporal. Los militares de las bandas vienen para instalar delitos como secuestros, ‘vacunas’ y otros actos ilícitos que les permita alimentar a las bases”, asegura Katherine Herrera, consultora política en Seguridad Pública de Estado.

Agrega que los criminales están apuntando a los comerciantes no regularizados, a quienes les piden uno o dos dólares para que puedan seguir trabajando, tal como lo hicieron en zonas de Nueva Prosperina y Durán en la provincia del Guayas.

Herrera, quien ha realizado investigaciones sobre el crimen organizado en Ecuador, revela que en la capital también se está evidenciando una nueva táctica de los grupos criminales: la terciarización delictiva. Consiste en ejercer control sobre otros actores dedicados a la delincuencia común.

“Ellos ponen el catálogo delictivo que se va a realizar en cada barrio. Básicamente, les dicen: ‘Tú haces esto, pero parte de esas ganancias nos das a nosotros o te eliminamos’”, narra la experta. Con eso, los antisociales que migran a Quito obtienen réditos económicos.

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Los analistas coinciden en que es necesario implementar soluciones más integrales y no esporádicas. Por ejemplo, en Quito solo un 53,7% tiene empleo adecuado y el restante 46,3% está en el desempleo, subempleo o empleo no pleno hasta junio del 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

A esto hay que sumarle que más de 236 mil personas trabajan de manera informal y otras situaciones como la violencia intrafamiliar, la migración y el desplazamiento forzoso de familias de la costa, que deben salir por amenazas o extorsiones.

Por ello, los expertos coinciden en que debe existir un trabajo articulado entre el Municipio, Prefectura y Gobierno para identificar las vulnerabilidades de cada sector y llevar a cabo proyectos permanentes. Así mismo, mencionan que es clave la presencia constante de las fuerzas del orden en las zonas más conflictivas de la capital para detener el avance de las bandas criminales. Fuente: Vistazo