Nacionales
Avión con más de 100 soldados colombianos se accidenta en Putumayo: ¿Qué se sabe?
En la mañana del lunes 23 de marzo, un avión Hércules del Ejército colombiano se estrelló en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. La aeronave transportaba a 110 soldados de la fuerza pública, pertenecientes al Batallón de Selva 49, quienes se dirigían hacia el municipio de Puerto Asís.
El accidente ocurrió alrededor de las 09:00, cuando el avión intentaba despegar de la pista. Las primeras versiones indican que la aeronave colisionó en el momento del despegue, provocando un siniestro de gran magnitud.
Ministro de Defensa de Colombia confirma el hecho
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, confirmó la tragedia a través de una publicación en su cuenta de X. En su mensaje expresó: “Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aérea sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública. Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”.
El alto funcionario añadió que se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, además de la investigación correspondiente. También pidió evitar especulaciones hasta contar con información oficial.
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Rescate y atención médica
De manera preliminar, se conoce que 20 uniformados fueron rescatados con vida y trasladados de urgencia a la ciudad de Florencia, en el departamento de Caquetá, para recibir atención médica especializada.
Las autoridades continúan trabajando en el lugar del accidente para identificar el número total de víctimas y brindar asistencia a los sobrevivientes. El Ejército confirmó que unidades militares y equipos de emergencia se encuentran desplegados en la zona para apoyar las labores de rescate. Fuente: Expreso.ec
El abogado Ramiro García, defensor del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció este 23 de marzo de 2026 problemas de comunicación con el Centro de Privación de Libertad Santa Elena. A través de su cuenta en X, afirmó que no han podido coordinar visitas con sus defendidos. Según indicó, esta situación ocurre pese a tener diligencias judiciales programadas en los próximos días.
García explicó que desde el día anterior han intentado enviar correos electrónicos a las direcciones proporcionadas por el centro penitenciario. Sin embargo, aseguró que todos los mensajes “rebotan” y no existe respuesta institucional. Esto ha impedido fijar un horario específico para reuniones legales urgentes.
El jurista advirtió que esta falta de comunicación afecta directamente el ejercicio del derecho a la defensa. En su pronunciamiento, sostuvo que no existe otra vía efectiva de contacto con el centro. La situación, dijo, los deja nuevamente en un escenario de indefensión frente al proceso.
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En su mensaje, García fue enfático al señalar: “No hay manera de comunicarse con el centro de privación de libertad Santa Elena”. La declaración refleja la preocupación de la defensa ante la imposibilidad de coordinar encuentros previos a audiencias. Estas reuniones son clave para preparar estrategias legales.
Además, detalló que “hemos tratado de enviar de diferentes correos a los correos que se nos han proporcionado oportunamente”. Pese a estos intentos, reiteró que todos los mensajes enviados han sido rechazados. Esto evidencia, según su versión, una falla persistente en los canales oficiales.
El abogado también subrayó que en esta semana existen varias diligencias pendientes, incluyendo una audiencia próxima. Según García, la imposibilidad de reunirse con sus defendidos limita la preparación adecuada del caso. Esto podría incidir en el desarrollo del proceso judicial relacionado con el denominado caso Triple A.
Pedido urgente a autoridades por derecho a la defensa
Ante este escenario, García hizo un llamado directo a las autoridades competentes. Solicitó que se tomen medidas inmediatas para restablecer los canales de comunicación. El objetivo, indicó, es garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del derecho a la defensa.
“Por favor, a las autoridades solicitamos poner cartas en el asunto”, expresó el abogado en su publicación. La petición busca que se habiliten mecanismos efectivos para coordinar visitas legales. Esto permitiría cumplir con las diligencias previstas sin mayores contratiempos. Fuente: Expreso.ec
Nacionales
Unidad Popular y Construye cuestionan informe del CNE que busca cancelarlos por ‘no cumplir mínimo de afiliados’
El Consejo Nacional Electoral (CNE) difundió informes técnico-jurídicos que recomiendan iniciar el proceso de cancelación de dos organizaciones políticas por no cumplir con el mínimo de afiliados o adherentes permanentes: Unidad Popular y el movimiento Construye.
Según el organismo electoral, la medida se basa en el artículo 327, numeral 7 del Código de la Democracia, que establece la cancelación cuando el número de afiliados cae por debajo del 50% requerido para mantenerse en el registro oficial de organizaciones políticas.
En su comunicado, el CNE detalló que los informes recomiendan el inicio del procedimiento administrativo contra ambas agrupaciones.
Intentos fallidos en el pleno del CNE
La primera sesión para aprobar el informe sobre la cancelación de los partidos se realizó el 20 de marzo, pero no alcanzó los votos necesarios. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, y el consejero José Merino votaron a favor, mientras que Elena Nájera se abstuvo.
Ese mismo día, en una segunda convocatoria virtual, no hubo quórum en el pleno, ya que únicamente se conectaron Atamaint y Merino. Una nueva sesión convocada el domingo también fue cancelada.
Movilización de Unidad Popular
Este lunes 23 de marzo, militantes de Unidad Popular se movilizaron en rechazo al proceso impulsado por el CNE. Su director, Geovanny Atarihuana, acudió al organismo electoral junto a simpatizantes para solicitar la certificación de la base de datos de afiliaciones y desafiliaciones.
La organización pidió archivar el informe, al que calificó como “fraudulento”, y aseguró que el documento no ha sido aprobado por el pleno ni tiene sustento legal. Además, denunció la supuesta invalidación de cerca de 175.000 afiliados, a quienes califican como “afiliados desaparecidos”.
Unidad Popular advirtió que, de avanzar el proceso, acudirá al Tribunal Contencioso Electoral para ejercer su defensa.
Construye denuncia persecución política
Por su parte, el movimiento Construye emitió un pronunciamiento en el que cuestiona la actuación del CNE y del Gobierno. La organización sostiene que enfrenta una “arremetida” desde hace más de dos años y acusa al Ejecutivo de intentar su “extinción política”.
«El gobierno atacó a dirigentes y asambleístas, y utilizó el CNE —con Diana Atamaint a la cabeza— para intentar nuestra extinción política. Mientras unos asambleístas fueron intimidados, otros fueron cooptados con prebendas y pasaron a engrosar sus filas», apuntó Construye.
En su comunicado, también señala que existe un modelo de autoritarismo en el país, con falta de independencia de poderes, corrupción estructural y persecución a actores políticos, periodistas y organizaciones sociales.
Por último, Construye afirmó que se pronunciará oficialmente una vez que sea notificado formalmente y anticipó que ejercerá su derecho a la defensa. Fuente: Vistazo
Nacionales
Jueza falla a favor de Alexandra Villacís, quien debería asumir el puesto de Mario Godoy en la Judicatura
La polémica alrededor de la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) continúa. El 23 de marzo de 2026, la jueza Viviana Pila favoreció a Alexandra Villacís en una acción de habeas data que había interpuesto contra el Ministerio del Trabajo.
Villacís, vocal suplente del CJ, solicitó que se corrija un impedimento de ejercer cargo público que el Ministerio del Trabajo registraba en su contra, por una supuesta deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Ese impedimento obstaculizó que Villacís asumiera temporalmente la presidencia de la Judicatura desde el 9 de febrero, cuando Mario Godoy solicitó una licencia sin sueldo. Y, de manera definitiva, desde el 18 de febrero, cuando Godoy fue destituido por la Asamblea Nacional.
Según la Constitución de Ecuador, la Judicatura debe ser presidida por el vocal representante de la Corte Nacional de Justicia. Ese lugar lo ocupaba Godoy y su suplente era Villacís, por lo que, por sucesión, ese cargo le correspondería a Villacís.
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Pero, ante el impedimento registrado por el Ministerio del Trabajo, la Judicatura declaró vacante esa vocalía suplente y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social empezó un proceso para nombrar a un nuevo representante alterno de la Corte.
Ese proceso de designación, posteriormente, se unificó con el proceso para nombrar también al reemplazo de Godoy.
Ahora, ante la decisión de la jueza Pila todavía no se conoce la posición de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana para saber si se deja sin efecto el proceso de designación y Villacís asume la titularidad de la Judicatura.
Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura es presidido de manera interina por Damián Larco, exdirector del SRI del Gobierno de Daniel Noboa y quien es el representante del Ejecutivo en el organismo judicial. Fuente: Primicias
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