Nacionales
Autos, quesos, licores, alimentos procesados y artículos farmacéuticos llegan de la Unión Europea con precios mejorados
Una mayor diversificación de productos hay en las estanterías de los supermercados y farmacias nacionales con quesos, licores, chocolates, embutidos, aceites, productos farmacéuticos, entre otros, al igual de carros europeos que entran al mercado ecuatoriano con precios mejorados desde la vigencia del acuerdo comercial del Ecuador con la Unión Europea (UE).
La eliminación de aranceles y de trabas redujo, por ejemplo, el precio de los licores destilados (como el whisky, vodka o tequila) en un 58 % y de los vinos en un 37 % en estos casi cinco años de vigencia del acuerdo, indica Felipe Cordovez, presidente de la Asociación de Importadores de Licores.
También hay una disminución del precio de los autos europeos, sometidos a una desgravación arancelaria gradual cada año.
El valor promedio de los vehículos de la UE era de $ 50.000 en 2016. Y en 2020, el precio de venta al público promedio bajó a $ 33.000, un 34 % menos. El costo de un SUV era de $ 75.000 en 2016 y bajó a $ 47.000 en 2020, un 37 % menos, según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador.
La reducción es mayor para este año ya que la tarifa arancelaria que pagan se redujo al 15 % frente a vehículos de otros orígenes que cancelan hasta un 35 %.
“Al bajar las tasas arancelarias, los precios de los productos europeos también se ajustaron a la baja, volviéndose más atractivos y más accesibles para el bolsillo del consumidor ecuatoriano”, informa la UE a este Diario.
Desde el 2017, cuando entró en vigencia el pacto comercial, las importaciones de ese bloque hacia el país aumentan cada año, a excepción del 2020, debido a la crisis comercial generada por la pandemia del COVID-19.
Durante el 2016, sin el acuerdo, las importaciones de la UE sumaron $ 1.898,6 millones. Al año siguiente, ya con la vigencia del pacto comercial firmado en noviembre del 2016, los productos importados de la UE sumaron $ 2.571,3 millones, un incremento del 24 %.
El acuerdo comercial implica la desgravación gradual o total de los aranceles, así como también la eliminación de barreras que restringían las importaciones al país de ese bloque, como las tasas arancelarias o los cupos de vehículos, entre otros, informa la UE.
Solo durante todo el 2020 las ventas de la UE al Ecuador cayeron 33 %, registrándose el menor valor desde el 2016.
Sin embargo, hay una recuperación en los primeros seis meses del 2021 con un aumento del 24 % respecto al mismo periodo del año pasado, pero aún es menor a las importaciones de antes del COVID-19.
Las ventas de los productos de origen agrícola de la UE al Ecuador crecieron 31 % entre enero y junio de este año, respecto al mismo periodo del año pasado.https://flo.uri.sh/visualisation/7355051/embed
En el caso de las bebidas alcohólicas, del 2016 al 2017 hubo un crecimiento exponencial en las exportaciones de la UE hacia el Ecuador de 262 %. En el 2018 otro aumento del 102 % y en el 2019 del 15 %.
“Uno de los efectos positivos es que se redujo el contrabando. Antes era imposible competir en este mercado, lo que impulsó el ingreso de bebidas alcohólicas de Colombia y Perú. Previo al acuerdo comercial cayeron las importaciones de licor sin que haya disminuido la demanda, sino que todo se suplió por el contrabando”, recalca Cordovez.
En algunas de las categorías, como la del whisky escocés, el contrabando pasó a representar del 90 % antes del tratado al 20 % de la oferta existente en el país en la actualidad. El resto corresponde a los productos legales, sostiene Cordovez.
De los seis principales productos agrícolas importados de la UE, la traída de bebidas, licores y vinagres es la que más se incrementó de enero a junio de este año con un 80 % respecto al 2020. Estos tipos de productos ocupan el tercer lugar en este rubro con importaciones que suman los $ 13 millones, superados por los residuos y desechos de las industrias alimentarias y alimentos preparados para animales ($ 18,2 millones) y los comestibles diversos ($ 17,3 millones).https://flo.uri.sh/visualisation/7354943/embed
La disminución de precios también se da en los productos industriales. La UE informa que la eliminación total de los aranceles para los vehículos se prevé en un período de 7 años.
Los vehículos europeos importados pasaron de 2.515 unidades en el 2016 a 11.782 en el 2017, un aumento del 368 %. En 2018 se registró una caída con 9.070 unidades (-23 %), pero hubo una recuperación en 2019 con la llegada de 13.297 unidades, un 47 % más. De enero a julio del 2021, ya se reportan 4.065 unidades europeas importadas.
Solo el año pasado ingresaron al mercado ecuatoriano 29 nuevos modelos de vehículos con más tecnología y más amigables con el medio ambiente, indica la UE.
Los vehículos son el tercer principal producto industrial que se importa de la UE, alcanzando los $ 76,6 millones entre enero y junio de este año, solo superado por la maquinaria y los productos electrónicos ($ 168,9 millones) y los productos farmacéuticos ($ 100,6 millones). Pero de los tres es el que tiene la mayor tasa de incremento con un 23 % respecto al mismo periodo del 2020.
“La existencia de productos farmacéuticos importados abre la posibilidad hacia una mayor competencia, hacia una provisión de productos de mayor calidad, eficiencia y efectividad, así como el ingreso al país de nuevos productos innovadores y tratamientos actualizados”, reporta la UE.https://flo.uri.sh/visualisation/7355105/embed
Diego Grijalva, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, afirma que en un acuerdo comercial siempre habrá ganadores y perdedores. “Muchas veces la discusión se centra en un lado ideológico que dice que los tratados son lo mejor que existe, y al otro lado, la preocupación es de que estos tratados pueden romper el esquema productivo de un país y afectar al empleo”.
En el caso específico de la UE, los resultados han sido positivos, añade. “Hay más exportaciones e importaciones… El tratado ha tenido una contribución pequeña al crecimiento de la economía ecuatoriana, lo cual es bueno, ya que uno de los efectos negativos de estos acuerdos es que el Gobierno deja de recibir aranceles, pero no ha pasado debido al aumento global de las exportaciones e importaciones”.
El especialista agrega que a más de los consumidores beneficiados con productos diversos de mayor calidad, también se fortalece el sistema productivo con procesos más eficientes por la llegada de maquinaria o partes, tecnología más barata.https://flo.uri.sh/visualisation/7359145/embed
Un efecto se ha dado en el mercado de quesos maduros y de vinos con gas (champán) que se fabrican en el país, dice Grijalva, los que no pueden acoger cierta denominación de origen debido a los derechos de propiedad intelectual de la UE de los productos.
“Los productores locales no pueden vender productos que se llamen parmesano, solo un queso tipo parmesano, pero por la regla de origen no puede ser parmesano en sí, porque no es de Parma (ciudad italiana)”, indica Grijalva.
El ingreso de abonos y productos químicos que se utilizan en la producción agropecuaria también ayuda a tener precios más competitivos, ya que estos insumos son importados porque el país no los produce. (I)
El Universo
Nacionales
Contratación colectiva mantiene vigencia como mecanismo de protección y diálogo laboral
En el programa La Tertulia Jurídica se contó con la participación de la jurista Cristina Valenzuela, secretaria relatora de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia, quien abordó el tema “Actualidad y proyección de la contratación colectiva”, con un análisis orientado a la situación de los derechos laborales, la sindicalización y la negociación colectiva.
Valenzuela, quien señaló contar con 14 años de trayectoria en la Corte Nacional de Justicia y siete años como secretaria relatora de la Sala Laboral, explicó que la contratación colectiva constituye un mecanismo de acuerdo entre empleadores y trabajadores destinado a mejorar las condiciones laborales dentro de una empresa o institución.
Durante su intervención, destacó la importancia de la organización sindical y la negociación colectiva como herramientas para equilibrar la relación entre trabajadores y empleadores. Como referencia, expuso el caso de Microsoft y la organización sindical formada por trabajadores del sector de videojuegos, señalando que este proceso permitió negociar mejores condiciones e indemnizaciones frente a despidos.
La ponente también realizó una revisión histórica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya creación se relaciona con el Tratado de Versalles de 1919. Señaló que Ecuador forma parte de este organismo desde 1934 y que, hasta la fecha referida en la exposición, ha ratificado más de 62 normas y convenios internacionales en materia laboral.
En este contexto, explicó que la naturaleza tripartita de la OIT permite la participación de representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores en la construcción de acuerdos y políticas laborales, bajo el objetivo de promover la justicia social y la paz universal.
Respecto al contrato colectivo, Valenzuela citó como referencia la Recomendación 91 de la OIT, señalando que comprende un acuerdo escrito relacionado con las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre empleadores o sus organizaciones representativas y organizaciones representativas de los trabajadores.
La exposición también abordó principios y derechos laborales reconocidos en el marco constitucional ecuatoriano, entre ellos la intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, igualdad salarial, derecho a un salario digno, estabilidad laboral, condiciones adecuadas y seguras de trabajo, igualdad de acceso al empleo y prohibición de discriminación en el ámbito laboral.
Finalmente, la jurista manifestó su preocupación por la falta de información estadística actualizada sobre la cobertura de la negociación colectiva y la densidad sindical en Ecuador. Indicó que, dentro de la información revisada, el último dato encontrado sobre huelgas y cierres patronales correspondía a 1994, situación que consideró una señal de alerta respecto al reporte de información laboral del país ante la OIT.
El análisis desarrollado en La Tertulia Jurídica permitió poner en debate la importancia de fortalecer el conocimiento ciudadano sobre los derechos laborales y la contratación colectiva, así como la necesidad de mantener espacios de diálogo entre trabajadores, empleadores y Estado.
Nacionales
Corte Constitucional: Hay demandas contra leyes oficialistas que suman más de un año sin sentencia
La Corte Constitucional (CC) ha reducido el ritmo de despacho de sus sentencias y dictámenes referentes a las medidas y propuestas más polémicas planteadas por el gobierno de Daniel Noboa, en contraste con 2024 y 2025, cuando los magistrados se convirtieron en uno de los principales contrapesos institucionales al Ejecutivo.
Por ejemplo, ahí encontraron un freno las polémicas leyes de Integridad Pública y de Solidaridad Nacional; 22 de las 39 propuestas de consulta popular y referendo tampoco pasaron el filtro de la Corte. Lo mismo ocurrió con los frecuentes intentos del Gobierno de declarar un conflicto armado interno, una figura cuya aplicación ha sido cuestionada por organismos internacionales y por relatorías de las Naciones Unidas.
La Corte asumió también un papel decisivo en el caso de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, desaparecidos forzosamente por una patrulla militar en Guayaquil y por el cual 11 soldados implicados fueron condenados a 34 años de cárcel, pese a la oposición del Ejecutivo y las Fuerzas Armadas.
La ralentización en las decisiones de la Corte sobre las medidas oficialistas se da en medio del cambio de tres jueces, tras la renovación parcial del organismo, y una sostenida campaña de presiones y desprestigio en contra de los magistrados.
Por ejemplo, en los despachos de los magistrados descansan 70 demandas de inconstitucionalidad contra leyes impulsadas por el Gobierno. Cinco de ellas han sido planteadas directamente por el Primer Mandatario y la otra, la Ley de Inteligencia, fue un proyecto heredado, que fue modificado.
Y, aunque esta última sí tuvo un freno, cuando la Corte aceptó la suspensión temporal de 12 artículos de la Ley y otros 10 de su Reglamento, la decisión sobre la constitucionalidad de la normativa está pendiente desde julio de 2025.
Desde ese entonces, los proyectos económicos urgentes del Gobierno han ido entrando en vigencia, sin que los magistrados ni siquiera acepten las medidas cautelares que han pedido decenas de demandantes. Sólo la Ley de Gastos Municipales ha acumulado ya 25 demandas en su contra.
Algo similar sucede con las demandas interpuestas contra el último decreto sobre el conflicto armado interno, en el que el Ejecutivo ya no declaró la situación, sino que «reconoció» su existencia, justamente para esquivar el escrutinio constitucional. Hay tres demandas que esperan una respuesta.
También está esperando el cuestionado Acuerdo de Comercio Recíproco firmado con Estados Unidos, que ha recibido 40 opiniones legales ante la Corte. Y según expertos consultados por PRIMICIAS lo negociado es asimétrico y desigual, por lo que deja en desventaja a Ecuador.
A esto se suman otras demandas contra medidas como la fusión de entidades, el nuevo Plan de Seguridad del Ejecutivo, la decisión de eliminar las necesidad de garantías en los procesos específicos de contratación pública de telecomunicaciones y la creación de la empresa pública Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud. Fuente: Vistazo
Nacionales
Otra candidatura en riesgo: Unidad Popular acusa al Gobierno de “limpiar la papeleta” eliminando a sus rivales
Este lunes 14 de septiembre, el movimiento político Unidad Popular (UP) hizo un plantón en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para defender la candidatura de Liliana Silva a la Alcaldía de Santo Domingo.
“El Gobierno quiere eliminar a los potenciales rivales políticos en varias ciudades del país”, afirmó el dirigente.
Atarihuana acusó al oficialismo de pretender “limpiar la papeleta” para beneficiar a sus candidatos. Acotó que se han suspendido organizaciones políticas y encarcelado a alcaldes que buscaban la reelección.
El dirigente informó que ya presentó la defensa jurídica de Liliana Silva e instó al juez del TCE Joaquín Viteri a resolver el caso con «independencia», conforme a la ley y garantizando el derecho de participación política.
UP se pronuncia sobre Luisa González
Durante el plantón, Atarihuana también cuestionó la exclusión de Luisa González de la contienda por la Prefectura de Manabí, luego de que el TCE rechazara el último recurso presentado por la correístas.
“Sin trampa y sin fraude, el Gobierno de Daniel Noboa sabe que va a perder; por eso está desesperado”, manifestó.
El dirigente señaló que corresponde a la ciudadanía escoger a sus autoridades y rechazó que candidatos u organizaciones políticas sean apartados de las elecciones.
“Si hay democracia, no deben eliminarse candidatos ni partidos. Es el pueblo el que debe tener opciones para elegir”, agregó.
Atarihuana también mencionó el caso de Jaime Estrada, aspirante a la Prefectura de Manabí, quien también fue eliminado de la papeleta. Ante este escenario, sostuvo que deberán discutirse las alternativas que tiene el pueblo manabita
“Nos sumamos a todas las voces, de todos esos partidos, que están reclamando que haya democracia. Es el derecho de participación”, expresó.
El director de Unidad Popular también denunció que candidaturas vinculadas al oficialismo estarían entregando cocinas de inducción, bloques y maquinaria en Santo Domingo.
“Todo el pueblo de Santo Domingo sabe que la candidata del Gobierno entrega cocinas de inducción, bloques y maquinaria. Junto al candidato a la Prefectura están entregando dádivas”, aseguró Atarihuana.
UP anunció que presentará estas acusaciones ante la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y acudirá a instancias del sistema interamericano para denunciar un presunto uso de recursos públicos en favor de candidaturas afines al Gobierno. Fuente: Vistazo
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