La sorpresiva suspensión del movimiento Amigo, que había decidido acoger a múltiples candidatos de la también suspendida Revolución Ciudadana, sacudió el tablero electoral. Y ahora las organizaciones políticas temen que haya nuevas acciones contra los partidos y movimientos o sus futuros candidatos.

Ese fue el principal tema que atravesó el extenso primer consejo consultivo, organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, este 23 de julio de 2026. En la cita participaron representantes de Unidad Popular (UP), Sociedad Patriótica (PSP), Pueblo Igualdad y Democracia (PID), Partido Social Cristiano (PSC), Avanza, Izquierda Democrática (ID) Partido Socialista (PSE), Pachakutik (PK), Futuro y Creo.

El gran ausente fue Acción Democrática Nacional (ADN), dirigido por la ministra de Trabajo, Cynthia Gellibert. Pero tampoco acudieron SUMA, Renovación Total (RETO), ni Centro Democrático. Mientras que RC y Amigo no fueron invitados, ya que después de la intervención de la Fiscalía General no pueden participar en las elecciones seccionales 2027, adelantadas para el 29 de septiembre de 2026.

El tema oficial de análisis iba a ser la inscripción de candidaturas y alianzas, a través del sistema del CNE. Sin embargo, la tónica la marcó el temor de las organizaciones políticas a que se repita la suspensión de un participante activo en el periodo electoral.

Eso se evidenció cuando Juan Fernando Flores, representante de Creo, se abstuvo de nombrar posibles aliados, candidatos y hasta jurisdicciones en sus ejemplos, porque «no voy a mencionar ninguna aquí, porque cuidado terminamos todos fuera».

El exasambleísta por la lista 21 advirtió, además, que el sistema del CNE impone un orden y continuidad en la inscripción de sus candidatos. Y explicó que esto es «sumamente delicado» porque eso implica que las delegaciones provinciales del Consejo y «otros interesados» conozcan de antemano a los postulantes y esto abra la puerta a que «los empiecen a bajar».

El punto de Flores fue que el movimiento Creo prefiere «jugar a carta tapada», para no exponer a sus candidatos. Rechazó que el sistema del CNE les impida a las organizaciones políticas mantener una estrategia de mantener en secreto los perfiles de sus candidatos definitivos. Y afirmó que esas listas deberían conocerse solo a partir del 17 de agosto, cuando termina el plazo de inscripción.

Este temor de quedar fuera de las seccionales a última hora, sea como organizaciones políticas o candidatos, también tuvo eco en los cuestionamientos y dudas de Pachakutik, Sociedad Patriótica, Futuro, Unidad Popular y el Partido Socialista.

«No puede utilizarse la Fiscalía ni la Función Electoral para eliminar adversarios políticos, eso no es democracia». Giovanni Atarihuana, presidente de Unidad Popular

Este último debido a sus negociaciones con el correísmo para ser el nuevo auspiciante de sus candidatos y a los comentarios del presidente Daniel Noboa de que la RC «se lancen con el partido que quieran, que haya cumplido con la legalidad», pero bajo la advertencia de que otros movimientos no habrían cumplido con sus primarias, presentación de cuentas y reportes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Al final todos los presentes concordaron en la petición de que el CNE elimine los limitantes para la libre inscripción de candidatos, sin obligaciones de continuidad, género, edad, lista, ni fechas. Así como la garantía de que el sistema de inscripción no colapsará el último día del plazo, ya que eso pondría en riesgo el derecho de participación de aquellos que guardarán la confidencialidad de sus listas hasta último momento.

¿Qué dice el CNE?
Dentro del CNE, las visiones son divididas. Los técnicos se encargaron de recordar a las organizaciones los artículos del Código de la Democracia que validaron la suspensión de la Revolución Ciudadana y, posteriormente, de Amigo. Reiteraron que se trata de decisiones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y afirmaron que, «de momento», el Consejo «no está realizando ningún examen relacionado con las causales de cancelación» de agrupaciones.

La consejera Elena Nájera cuestionó el papel del TCE y comentó la posibilidad de que el pleno del Consejo debata «si tenemos que cumplir a rajatabla las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral», porque violentan el principio universal de la presunción de inocencia. Y lamentó que no haya habido una votación dentro del CNE para decidir el futuro de la suspensión de Amigo.

Mientras tanto, el consejero Enrique Pita compartió su inquietud por la «ligereza» de quienes afirman que el CNE podría estar por encima del TCE y no hacer caso a sus decisiones, menos aún con una simple votación del pleno del Consejo. «No es posible», afirmó. Fuente: Primicias

El expediente penal en contra de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, perdió el estatus de secreto. El magistrado Clay Kaminsky firmó una orden para desclasificar la acusación en su totalidad el 22 de julio de 2026, en Nueva York.

La resolución de este tribunal se da justo en el momento en que se cumple un año desde que el criminal aterrizó extraditado en suelo estadounidense. Hasta la fecha, se conocía solo una versión reducida sobre los cargos en su contra.

Los nuevos documentos exponen datos que inicialmente fueron omitidos por seguridad sobre las operaciones. Por ejemplo, la acusación completa detalla las cifras exactas de droga traficada hacia Norteamérica y revela las rutas usadas para enviar arsenales bélicos hacia territorio ecuatoriano.

Además, este proceso toma un giro por la conformación de una defensa conjunta. Macías Villamar unió la estrategia con sus dos lugartenientes capturados: alias ‘Topo’ y ‘Churrón’ (quien fue detenido pero todavía no extraditado) para encarar una audiencia prevista para el 16 de septiembre de 2026 ante el juez Frederic Block.

La acusación estadounidense contra ‘Fito’, ‘Topo’ y ‘Churrón’ documenta el envío comprobado de tres despachos de droga hacia los puertos de ese país de forma continua.

El primero de los envíos alcanzó los 1.100 kilogramos y ocurrió en noviembre de 2024. Esta operación demostró que la coordinación de las actividades ilícitas de Macías y Los Choneros continuaba ejecutándose a pesar de que la cabeza del grupo se encontraba prófuga, tras su fuga de la Cárcel Regional del Guayas a inicios de ese año.

El segundo despacho se concretó con 1.800 kilogramos de cocaína el 30 de enero de 2025. Un tercer movimiento se ejecutó el 19 de febrero de 2025, cuando se transportaron otros 800 kilogramos trabajando en sociedad con el Cártel de Sinaloa de México.

Además, la acusación revela que la agrupación enviaba fusiles y municiones operando desde los estados de Nuevo México y de Arizona hacia las costas locales. Las maniobras ocurrieron alrededor de abril de 2024.

El equipo legal unificado
Por otro lado, los registros públicos del expediente de ‘Fito’, ‘Topo’ y ‘Churrón’ muestran un movimiento reciente en la representación jurídica. El 8 de julio de 2026, el abogado Jeffrey M. Cohn asumió la defensa conjunta de los tres procesados.

Según información pública, el abogado Cohn ha participado en otros casos de narcotráfico. Cohn fue el defensor en Nueva York de Alexander Ardón, exalcalde hondureño y cabecilla de un cartel de cocaína que se entregó a la justicia estadounidense.

Su cliente testificó en los juicios que desmantelaron la estructura de ese país, lo que derivó en las condenas del exdiputado Tony Hernández y del expresidente Juan Orlando Hernández. Cohn fue el representante legal durante las etapas de este proceso.

Además, el historial del jurista registra un proceso penal en su contra ocurrido a finales de los años 90 y principios de los 2000. Mientras representaba al narcotraficante Christian Del Rosario, el gobierno de Estados Unidos emitió una acusación en febrero de 2000 imputando a Cohn y a otras personas por una supuesta conspiración para defraudar al Estado y por obstrucción de la justicia.

La Fiscalía argumentó que el abogado participó en un esquema de compra de información para reducir la sentencia de su cliente. Tras encarar un juicio, un jurado lo absolvió de todos los cargos el 11 de octubre de 2000, lo que le permitió continuar con su carrera.

De esta manera, Macías Villamar unificó su defensa con Darío Javier Peñafiel Nieto y Francisco Manuel Bermúdez Cagua. Por este último, el país norteamericano llegó a ofrecer USD 5 millones como recompensa antes de que fuera capturado en el territorio ecuatoriano.

La incorporación del abogado coincide con la suspensión de los plazos de un juicio rápido. Al ser designado como un caso complejo, las partes decidieron renunciar a los tiempos habituales para revisar a detalle la extensa evidencia de los fiscales.

¿Hay negociación?
‘Topo’, el lugarteniente de ‘Fito’, llegó a Estados Unidos el 22 de junio de 2026. En su primera diligencia, se declaró no culpable de todos los cargos, como generalmente ocurre en los casos criminales federales en Estados Unidos. Fuente: Primicias