Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Ecuador garantizarán la seguridad de un convoy humanitario que se trasladará este lunes 13 de octubre hacia Imbabura, provincia en la que se registran bloqueos y actos de violencia. El operativo busca abastecer a la población civil con víveres, colchones, gas, medicinas y otros insumos esenciales.

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En un comunicado, el Comando Conjunto informó que se contará con la participación de autoridades de la Vicepresidencia, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Humano, Cruz Roja, delegados de la Fiscalía y medios de prensa.

«El Bloque de Seguridad realizará operaciones de seguridad y control a lo largo del trayecto para asegurar el paso seguro del convoy», señalaron.

El convoy estará compuesto por varios vehículos que transportarán víveres, medicinas, colchones y otros insumos destinados a la población más afectada. Según el comunicado, «se realizará el control y resguardo del convoy para proteger a los funcionarios y voluntarios que participan en esta misión».

Además, los equipos de seguridad coordinarán patrullajes y controles a lo largo del trayecto, asegurando que los bloqueos y los actos de violencia no impidan la llegada de la ayuda. Las Fuerzas Armadas reiteraron que «hacemos un llamado a respetar el carácter humanitario de esta operación». Fuente: Vistazo

Tener un nuevo Fiscal en Ecuador parece misión imposible. El presidente Daniel Noboa volvió a agitar el avispero con su propuesta de Asamblea Constituyente, que, si es aprobada en el plebiscito del 17 de noviembre podría cambiar las reglas del juego político para la elección de autoridades de control.

Mientras tanto, el Consejo de Participación parece no tener apuro en designar un Fiscal, en medio de alertas sobre el rumbo del proceso. En estas circunstancias, la Judicatura nombró a Leonardo Alarcón Argudo como reemplazo del fiscal general subrogante, Wilson Toainga, en caso de su ausencia temporal o definitiva. ¿En qué terminará?

El país seguirá con un Fiscal subrogante o encargado por ocho meses o un año y medio más, hasta que las placas tectónicas de la política se asienten, ya que acaba de entrar otro jugador a la cancha.

El pasado 3 de octubre, el Consejo de la Judicatura llamó a una sesión emergente para nombrar un reemplazo del Fiscal General en caso de que el actual, Wilson Toainga, se ausente temporal o definitivamente. Tras la salida de Diana Salazar, la última Fiscal designada por concurso, Toainga asumió la titularidad. Pero la semana pasada consultó a la Procuraduría quién se quedaría en cargo en caso de que él no esté.

La Procuraduría dijo que eso le corresponde a la Judicatura, que las horas siguientes reunió a sus vocales y, en medio de elogios y unanimidad, acordaron que el fiscal Carlos Leonardo Alarcón, sería la persona más idónea para la labor. La primera tarea de Alarcón es reemplazar a Toainga, entre el 5 y 10 de octubre, cuando se ausentará para un evento internacional en Brasil. Así, él se quedará a cargo de los casos de alto vuelo o con fuero de corte que maneja Fiscalía.

Aunque los vocales de la Judicatura resaltaron que Alarcón es un funcionario de carrera y es agente fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, él es más conocido por llevar las investigaciones judiciales que tienen contra las cuerdas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y al hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, a quienes el presidente Daniel Noboa ha “declarado la guerra”.

Esto ha hecho que la decisión de la Judicatura cause suspicacia. “No sabemos si ahora al gobierno le resulta incómodo el fiscal Toainga y luego venga la sorpresa de su ausencia definitiva o renuncia para que Alarcón se quede en el puesto hasta que, por algún método, se pueda designar un nuevo fiscal por concurso. Y para eso puede pasar mucho tiempo”, dice el constitucionalista André Benavides.

El primer escenario y el ideal es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) reviva el concurso para nuevo fiscal. Esto debió hacerlo hace más de un año y designar un Fiscal General para abril de 2025, cuando Diana Salazar cumplió su período.

Ahora el concurso recién está en su etapa previa: la selección de la Comisión de Selección que, una vez conformada en un par de semanas o un mes, lanzará recién la convocatoria a las personas que quieran postularse a la Fiscalía. El proceso posterior tomaría entre unos seis y ocho meses. Quizá más, dependiendo de las coyunturas políticas.

El segundo escenario es que Noboa logre el apoyo en las urnas para instalar una Asamblea Constituyente y que luego sea aprobada. Todo el trámite tomaría mas de un año. Como anteriormente Noboa presentó iniciativas para desaparecer el CPCCS y para devolverle las atribuciones de elección de autoridades (Fiscal, Contralor, superintendentes, etc.) a la Asamblea, lo previsible es que la nueva Carta Magna haga esos cambios.

Incluso si el CPCCS lograra designar un nuevo Fiscal antes de tener una nueva Constitución, en una transitoria el presidente podría pedir que todas las autoridades elegidas por el CPCSS quedan suspendidas y la Asamblea designe nuevas acorde a la nueva Constitución. Mientras tanto, puede transcurrir hasta un año y medio.

El tercer escenario es que en las urnas los ecuatorianos le digan no a Noboa. Pero, a su vez, que el concurso del CPCCS se siga retrasando y el fiscal encargado o el nuevo reemplazo se queden más tiempo.

Pero cada decisión o jugada política suma incertidumbre y erosiona la democracia y la justicia. “Lo grave es que no tenemos un Fiscal designado por concurso que es lo legítimo, y sigue pasando el tiempo. Hay que preguntarse: ¿A quién le beneficia eso?”, cuestiona Benavides.

“Y a esto hay que sumarle que la bancada de Noboa en la Asamblea planteó un juicio político contra Gonzalo Albán y logró su destitución, el único consejero del CPCCS que le resultaba incómodo. Entonces, para qué seguir juicio político si le va a quitar las atribuciones a esa institución y las va a pasar a la Asamblea. Todo hace pensar que les interesa mantener las cosas como están, incluso las autoridades prorrogadas”, apunta el constitucionalista Aldrin Gómez.

Con la destitución de Albán, es posible que el concurso para la designación de Fiscal se retrase más, porque cada consejero tiene a una persona delegada en ese proceso. Y esa no es la única novedad en el concurso que ni siquiera despega.

A inicios de septiembre, el CPCCS informó que había admitido a 32 postulantes para conformar la “Comisión Ciudadana de Selección de Fiscal General”: pero todavía hay que filtrar esos perfiles. La composición final de dicha comisión tendrá diez integrantes: 5 representantes de las funciones del Estado y 5 de la sociedad civil, con sus respectivos alternos. Solo cuando este ente esté listo, se hará la convocatoria para los aspirantes a Fiscal e iniciará oficialmente el concurso.

Paúl Ocaña, presidente de la Federación de Abogados, dice que si los plazos se cumplen podría haber nuevo titular de la Fiscalía para mayo o junio del siguiente año, incluso si en paralelo avanza una Asamblea Constituyente. No obstante, ya hay novedades.

Ocaña también integra la “Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal”, una organización de la sociedad civil que revisó los perfiles de quienes podrían integrar la Comisión de Selección y detectó que no todos los 32 aspirantes que ya calificó el CPCCS cumplen con los requisitos. Entre las novedades encontraron que no se revisó o calificó de manera adecuada la trayectoria en participación ciudadana y lucha anticorrupción de algunos postulantes.

A criterio de esta veeduría, solo 26 de los aspirantes cumplen con los requisitos, lo que discrepa con el resultado del CPCCS. Y también preocupa que dentro de los postulantes haya perfiles que fueron candidatos de partidos políticos en elecciones recientes o afiliados a movimientos.

Ocaña dice que no es novedad que grupos políticos quieran incidir en los concursos, pero espera que el CPCCS tome en cuenta las observaciones de la Comisión Cívica. De igual manera, advierte que en el contexto de crimen organizado que atraviesa el país, no descartaría intereses criminales, por lo que hay que redoblar la vigilancia del concurso.

De la conformación de Comisión que hará el concurso dependerá gran parte de su éxito para elegir una autoridad idónea. Xavier Andrade, penalista y docente de la USFQ, conformó esa Comisión, en 2018, en el concurso que terminó con la designación de Diana Salazar como Fiscal, ya que obtuvo la nota más alta entre los participantes. A su criterio, hay tres requisitos que hacen que muy pocas personas reúnan el perfil adecuado para esta labor.

Primero, dice Andrade, quienes van a elegir al Fiscal deberían cumplir los mismos requisitos que un Fiscal porque lo van a evaluar, le van a asignar calificaciones y deben tener una preparación académica adecuada. Segundo, son meses que hay que dedicarle a la Comisión y dejar de lado actividades laborales y familiares, que no es fácil. Y tercero: el desprestigio y los ataques a los que puede someter esa exposición: “recibes intimidaciones, insultos porque te dicen que beneficias a uno y perjudicas a otro. Y ahora con las redes sociales creo que será más difícil”, explica.

Con concurso o nueva Constitución, algún momento debe haber un nuevo Fiscal. Los analistas consultados coinciden en que no es sano para la democracia y el sistema judicial que las autoridades se queden prorrogadas demasiado tiempo en el cargo porque empiezan a ser cuestionadas y perder legitimidad, mucho más cuando se trata de la Fiscalía.

Para el concurso de Fiscal, el CPCCS también convoca a una veeduría conformada por personas que quieran hacer un seguimiento y observaciones, pero sin que ello interfiera con el proceso.

Aunque los requisitos son mínimos porque en realidad no tienen incidencia en el concurso, Código Vidrio y Vistazo detectaron que dentro del grupo de veedores admitidos hay al menos tres personas que han sido investigadas por distintos delitos.

Isacio Adán L. G., por ejemplo, que consta en la lista del CPCCS como veedor admitido, enfrento un proceso judicial por violación y trata, que ocurrió en Guayaquil en 2014, pero luego fue declarado inocente por falta de pruebas.

Priscila Daniel Z. P. también es veedora calificada por el CPCCS al tiempo que es procesada en el caso PIP Master por lavado de activos.

Bryan Marcelo O. V., otro de los veedores que participarán, fue sentenciado en 2017 por muerte culposa al conducir un auto en estado de embriaguez. Su pena fue prescrita en agosto de 2024, según la plataforma del sistema judicial.

Entre las atribuciones de la veeduría está: “realizar el seguimiento, vigilancia y fiscalización de la gestión pública, previo, durante o posterior a su ejecución, con el fin de conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones, exigir rendición de cuentas y contribuir al mejoramiento de la administración de lo público”.

El fiscal Wilson Toainga debe seguir en funciones subrogadas hasta que se nombre el titular. Estos son algunos de sus casos más sensibles:

Metástasis, Purga, Plaga: Fue la exfiscal Diana Salazar, quien logró la sentencia en primera instancia en el caso Metástasis y Purga que develó los tentáculos de la política y la justicia con el crimen organizado. Toainga participó en esos procesos en algunas audiencias reemplazando a Salazar. Luego, cuando asumió la titularidad, logró sentencia en el caso Plaga. Le toca defender las apelaciones de esas sentencias.

Sinohydro: Toainga ha acusado al expresidente Lenín Moreno y otras 23 personas por coimas en la construcción de hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair. El caso, que se investiga desde hace seis años, está en etapa de llamamiento a juicio.

Vidrio Libre: Es el caso que investiga la liberación ilegal del Jorge Glas, en la que está procesado el exvicepresidente, pero sí Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura.

Caso Las Torres: El caso involucra al excontralor Pablo Celi quien ya fue sentenciado anteriormente por una trama de delincuencia organizada. Recientemente, Toainga logró la sentencia contra el tío de Celi, Pedro Saona.

Caso Apagón: Sería la primera investigación que se ha hecho pública contra el gobierno de Daniel Noboa por las contrataciones de emergencia para el sector eléctrico con las empresas Progen y AMT. La Contraloría determinó que hubo más de 100 millones de dólares en perjuicio para el Estado. La indagación recién está en etapas previas y no se sabe todavía si algún ministro será procesado. Fuente: Vistazo