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Ataque con drones a la cárcel: Ecuador tiene legislación para derribarlos, pero le falta tecnología para hacerlo

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La intromisión de drones sobrevolando la cárcel Regional 4 en Guayaquil no es algo nuevo. Como antecedente a los ataques ocurridos durante la madrugada de este lunes, 13 de septiembre, se registra la explosión en el aire de otro artefacto en esa misma dependencia ocurrida en junio pasado, hecho que fue revelado un mes después por la Policía en medio de la crisis carcelaria que vive Ecuador.

En aquella ocasión, Criminalística se disponía a determinar qué clase de artefacto había sido usado para vulnerar ese espacio aéreo que es considerado como zona restringida de acuerdo con el Reglamento que norma la “Operación de Aeronaves Pilotadas a Distancia” dentro de la Ley de Aviación Civil. Pero los resultados, si los hay, no se han hecho públicos.

Ahora, tres meses después, antisociales operadores de drones volvieron a tomar por sorpresa en esa misma cárcel al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). Ya no fue una, fueron tres las explosiones que se dieron en la madrugada del lunes y que, aunque no dejó heridos, apuntaban a eliminar a “cabecillas de bandas”, según la entidad.

El citado reglamento dice que los drones no podrán ser operados a 9 kilómetros de los límites o linderos de cualquier aeródromo o zonas de seguridad del Estado. Tampoco tienen permitido activarse a una distancia menor a 150 metros de los centros de privación de libertad.

“Las entidades públicas o privadas competentes, según corresponda, tendrán la facultad de aplicar el derecho de inhibición o derribo (tecnología antidron) o tomar acciones necesarias, cuando uno incumpla lo señalado en este reglamento” dice el literal g de dicha normativa, emitida el 30 de agosto de 2020 y reformada el 4 de noviembre del mismo año.

¿Existe inhibidor de drones en las cárceles?

El director del centro Regional 4 Guayas, Jorge Haz, afirma que el lugar sí cuenta con inhibidores para este tipo de aparatos, pero los drones que causaron tres explosiones la madrugada del lunes debieron contar con una tecnología que no pudo ser detectada a tiempo.

Pilotos expertos en drones como Martín Zivadinovic, campeón de la Carrera Nacional, categoría estilo libre, organizada en Salinas por los 100 años de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, dicen que a pesar de que Ecuador cuenta con legislación que prohíbe el uso de drones cerca de personas, en horario nocturno o sobre lugares estratégicos como aeropuertos, puertos, zonas de seguridad nacional o las cárceles, eso no evita el mal uso de estos aparatos.

Zivadinovic, que comparte su pasión por los drones con su negocio en Chess Pizza, cree saber cómo los antisociales pudieron evadir los inhibidores que hay en las cárceles.

“Un simple inhibidor de wifi bastaría para bloquear la señal de un dron, pero si a este se lo manda desde un sitio cercano dirigido únicamente por GPS, apagando todos los demás mandos de comunicación, ahí el inhibidor de señal no serviría, ahí el dron ya no tendría posibilidad de retorno al sitio de donde partió y se convertiría en una bomba voladora”, advierte el experto.

La carga explosiva tendría que ser activada por radiofrecuencia, señal distinta a la que opera el dron, por lo que es necesario usar una mejor tecnología para detectar esas actividades.

En Ecuador, solo hay una marca de drones que viene, de fábrica, con un indicador que inhibe su vuelo sobre zonas especiales determinadas en un mapa. Pero las demás marcas que se comercializan en el país no tienen ninguna advertencia o restricción.

Dron de la marca DJI que muestra el aeropuerto de Guayaquil como una zona restringida para sobrevuelos. Este aparato no puede acercarse a zonas restringidas por configuración de fábrica. Foto: Alejandro Fierro Neira

El experto en seguridad John Garaycoa dice que no hay que estigmatizar la tecnología, pues los drones sirven para actividades como seguridad, como lo hacen los bomberos rescatistas o el ECU911 para vigilar aglomeraciones en las playas, para producciones de fotografía y video, para el reparto de mercancías, monitoreo de obras de ingeniería civil o para el riego aéreo de cultivos.

“Los drones hay de todo tipo, desde los que se consiguen en una juguetería hasta los que tiene el Ejército de Estados Unidos. Al existir una tecnología disponible, los narcotraficantes no dudarán en usarla a su favor, sin escatimar en gastos. Si ya vemos que usan avionetas para el transporte de droga, ¿por qué no habrían de usar drones?”, explica el gerente de Mac Security.

Él cree que estas incursiones de drones se conocen porque han explotado en el aire sobre las cárceles, pero está seguro de que otros aparatos ya han sido usados antes para meter drogas y armas.

Tecnología antidrones

La compañía de defensa norteamericana Epirus ha creado un sistema que utiliza un haz de alta energía que puede penetrar en el cerebro de los drones, afectar sus componentes aunque estén blindados contra la radiación y hacerlos caer al suelo.

Según ‘New Scientist’, el sistema denominado Leonidas derribó a 66 drones militares en una reciente prueba con el Ejército de los Estados Unidos. Lo hizo tanto por grupos, desactivando docenas de ellos simultáneamente, como de forma individual.

La compañía norteamericana está trabajando en un sistema más compacto que podría ser llevado en una mochila o incluso por otro dron.

En junio pasado, la agencia AP informó que el Ejército de Israel también probó con éxito, sobre el mar Mediterráneo, un láser aéreo de alto poder capaz de derribar drones.

En Guayaquil, mientras tanto, Zivadinovic y Garaycoa creen que, a falta de una mejor tecnología antidrones, lo ideal sería la vigilancia directa, como se hace en las torres de control cuando los aviones se aproximan a la pista en el aeropuerto.

Los antisociales “podrían haber comprado un dron y agregarle un dispositivo explosivo para mandarlo a estrellar a la cárcel”, advierte un funcionario del SNAI que prefiere la reserva de su nombre y que considera que, en efecto, falta una mejor tecnología para el control aéreo. “Es sabido por todo el país que nos falta presupuesto”. En agosto, el Gobierno anunció una inversión de $ 75 millones para la reestructuración del sistema penitenciario.

Pero el director de la Regional Guayas sostiene que al menos los equipos que poseen actualmente impidieron que los drones pudieran bajar y que por eso se registraron los estallidos en el aire. Aunque hubo daños en los techos, ningún reo resultó herido, asegura el SNAI, que calificó el hecho como grave: “Estamos en medio de una guerra entre carteles internacionales”. (I)

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La mesera que pudo ser terrateniente

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Otro posible caso de testaferismo ensucia al gobierno. Las sospechas de la opaca venta en La Libertad conducen a Carondelet.

Análisis
Roberto Aguilar
Quito

Jenny Elvia Ramírez Palma, la improbable compradora de 93 hectáreas de terreno en La Libertad, provincia de Santa Elena, ya no se la encuentra ni bajo las piedras.

El jueves dirigió a la Alcaldía de ese cantón un conciso y quebrantado oficio en el que desistía de la compra, mejor dicho: se quitaba del medio. Por comprar, no iba a comprar, ella no iba a comprar nada, nomás estaba poniéndose como para que otro se llevara esos terrenos, servicio por el que seguramente algo cobraría, acaso un lote.

Pero ya nada: el negocio se cayó y Jenny Ramírez, tras firmar el oficio que la pusieron por delante unos abogados que no podía pagar, desapareció del mapa. Lujoso mismo este desaparecer del mapa (que diría suculento), que tampoco tiene capacidad de costear con su sueldo de mesera de cafetería.

Con ella se esfumó también su sombra madre, a quien sus vecinos (según testimonios recogidos por El Universo) identifican como empleada doméstica de los Gelibert.

Caso

Jenny Ramírez Palma intentó comprar 93 hectáreas de terreno en el cantón La Libertad, Santa Elena, que colindan con la vía perimetral y un cuerpo de agua.

Lamentable tragedia de la cúpula del poder: parece que la Secretaría General de la Administración, vicepresidenta de facto en épocas difíciles y directora nacional del partido de gobierno, Cynthia Gelibert, se quedó sin empleada doméstica. Lo cual no es poca cosa en su círculo social. Es probable que a su empleada se la emplazó para que afiliara a seguridad social, cosa que la anterior (persona de confianza) no hizo y al cabo se ahorraba. Qué molestia.

Para completar la lista de desapariciones forzadas, el alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, primo del asambleísta de gobierno Andrés Guschmer y amigo personal del presidente de la República, no pudo estar ahí acelerando la compra de esas 93 hectáreas de terreno municipal, por irregular que pareciera, lleva cinco días sin dar la cara, acaso aplazando la inevitable rendición de cuentas que le espera para cuando al fin decida volver con el rabo entre las piernas.

Es que desaparecer está de moda. Desapareció Luis Alvarado Campi luego de que medios de comunicación probaran que tenía 2,6 millones de dólares con los 90 que tenía en su cuenta bancaria. Nunca más se supo de él. Desapareció también Erika Tumbaco, queridísima empleada de Industrial Molinera que, por coincidencia del destino, vivía en la misma casa de Isla Trinitaria en la que fue detenido el sospechoso de colocar un explosivo en La Bahía, ¿se acuerdan?

Érika Tumbaco, la persona que llegó en el Porsche de los Noboa hasta esa casa, dijo verificar que sus hijos estuvieron luego de la incursión militar que se alzó con el detenido y desapareció, para engrosar la lista, el detenido mismo. Valga la pena recordar que Tumbaco sobrevive a la flagrancia (las cámaras la captaron cometiendo atentado y luego lo siguieron hasta la casa de Isla Trinitaria) con un esposo con Alvarado Campi, probablemente. Y ahora, con Jenny Ramírez y su señora madre.

No es esta una relación arborescente de acontecimientos conexos. La compra (o intento de compra) de esas 93 hectáreas de terrenos públicos en La Libertad tiene una profunda relación de similitud tanto con el caso de Alvarado Campi y la compra de medios de comunicación controlados hoy por el gobierno, como con el chuparsemen explicado por Porsche. La primera relación es evidente: tanto la compra de La Posta como la del Centro de Alvarado Campi como el intento de compra de 93 hectáreas de terrenos públicos (a precio de huevo, pero eso es otra historia) tiene que dar cuenta el alcalde de La Libertad, porque pueden tratarse de operaciones de testaferro.

En ambos casos los compradores no tienen dónde caerse muertos. En ambos casos las pistas conducen a Carondelet como operación encubierta. La segunda relación es igualmente menos clara pero igual de firme. En el Porsche, era un vehículo de gobierno (porque, bajo el mando de Daniel Noboa, Industrial Molinera y el gobierno son exactamente lo mismo para todos los efectos) el que llegaba hasta una casa que era el centro de todas las sospechas. En el caso de los terrenos de La Libertad son las portadoras de todas las sospechas las que conducen hasta la casa de una alta funcionaria de gobierno. Podrían decir ahora, como dijeron entonces, que se trata de una vulgar coincidencia. Pero no lo han dicho, no se atreven, se quedaron mudos.

Ya es bastante elocuente el hecho de que Cynthia Gelibert no haya desmentido hasta la fecha su condición de empleadora.

Polémica

Luego de que Ramírez Palma desistiera de la compra de las hectáreas de terreno, el concejal acudió hasta La Libertad para denunciar al alcalde del cantón.

Todo parece indicar que el negocio se les cayó. Este desenlace habría abierto al periodismo. Fue Blanca Moncada, La Defensa, quien se las arregló para encontrar a Jenny Ramírez en la que trabaja (o trabajaba) y ponerle el micrófono por delante. La primera reacción de la sorprendida mesera fue admitir: “me robaron la identidad”. La misma Blanca Moncada demostró que, con los documentos de compra de los terrenos firmó ella.

En el oficio que Jenny Ramírez dirigió este jueves al desaparecido alcalde de La Libertad, pide que se le adjudiquen esos terrenos a la empresa que supuestamente está detrás del proyecto de desarrollo agroindustrial. Como si las compradoras truchas, cuando fallan, se retiraran a la carrera. Seguramente se le haría caso. Pero qué empresas es esa nadie lo sabe. Habría que preguntárselo a Cynthia Gelibert. O a Daniel Noboa. No es su familia la que tiene intereses inmobiliarios en la provincia de Santa Elena?.

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Caudales de los ríos que alimentan a Mazar empiezan a recuperarse tras lluvias en el sur de Ecuador

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La disminución de lluvias desde diciembre de 2025 provocó la caída acelerada del embalse de Mazar, ubicado en el sur de Ecuador. Pero, desde el 9 de enero, las precipitaciones han permitido que los ríos de Cuenca, que alimentan el complejo hidroeléctrico, empiecen a recuperarse.

El jueves 8 de enero, tres de los cuatro ríos de Cuenca se encontraban en estado bajo, con caudales inferiores a los 2 metros cúbicos por segundo, indicadores que son preocupantes porque implican la disminución de las reservas de agua.

Pero desde ese día hasta el 12 de enero, las lluvias han regresado al Austro ecuatoriano, aunque no con gran intensidad.

Este lunes 12, los cuatro ríos de Cuenca: Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara se encuentran en estado normal, según el reporte de la Red Hidrometeorológica de ETAPA.

Aumento de caudales de los ríos de Cuenca

Que alimentan al embalse de Mazar, en el río Paute

Tabla con 3 columnas y 4 filas. Ordenado de forma ascendente
Tomebamba 2,10 metros cúbicos por segundo (m3/s) 8,2 m3/s
Yanuncay 1,66 m3/s 8,39 m3/s
Tarqui 1,62 m3/s 4,14 m3/s
Machángara 1,53 m3/s 4,44 m3/s

Pronóstico del clima en Cuenca
La probabilidad de lluvias para este lunes es de 82% en el día y de 76% en la noche, según ETAPA. Además, el pronóstico del clima indica que esta semana, hasta el domingo 18 de enero, se esperan tormentas eléctricas y chubascos en Cuenca.

Los ríos de Cuenca, al igual que otras ciudades del Austro, alimentan al río Paute, cuyas aguas son aprovechadas para el Complejo Integral Paute-Molino, de gran importancia para la generación eléctrica en Ecuador.

Paute-Molino tiene tres centrales ubicadas en forma de cascada: Mazar, Paute y Sopladora, entre Azuay y Cañar.

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Enma Tapia renuncia como presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia en medio de la crisis de José Suing

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La Corte Nacional de Justicia (CNJ) registró un remezón este lunes 12 de enero de 2026. La jueza Enma Tapia presentó su renuncia como presidenta subrogante del alto tribunal.

El anuncio se produjo en medio de la crisis institucional que atraviesa el presidente encargado de la CNJ, José Suing, quien no contaría con el respaldo de los magistrados para mantenerse en el cargo.

Por coherencia institucional, he presentado mi renuncia al encargo de Presidenta Subrogante de la Corte Nacional de Justicia”, manifestó Tapia.

La magistrada agregó que siempre ha sostenido que los encargos “son excepcionales y revisables”, por lo que no podía beneficiarse de aquello que «debe ser examinado con rigor institucional».

“Esta decisión busca preservar la claridad, evitar cualquier lectura de interés personal y contribuir a que las decisiones que adopte el Pleno se den con serenidad y apego a la ley”, apuntó.

«En mi calidad de jueza de la Corte Nacional de Justicia, y por coherencia con los criterios institucionales que he sostenido públicamente, así como con el pronunciamiento adoptado por las juezas y jueces de este alto tribunal respecto del carácter excepcional y revisable de los encargos, presento mi renuncia al encargo de Presidenta Subrogante de la Corte Nacional de Justicia, con efecto inmediato».

A través del oficio dirigido a José Suing, Tapia enfatizó su «compromiso con el ejercicio independiente de la función judicial», así como con el fortalecimiento de la institucionalidad de la Corte Nacional de Justicia.

Este 12 de enero se resolverá si José Suing sigue como presidente de la CNJ

Para este lunes, Suing convocó a una sesión extraordinaria del Pleno de ese organismo con el objetivo de analizar su permanencia en el cargo. La reunión se efectuará a las 16:30.

El escenario está marcado por la controversia en torno a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, quien fue nominado por Suing para liderar ese organismo.

La tensión surgió luego de que el juez anticorrupción Carlos Serrano denunciara presuntas presiones desde la Judicatura, que preside Godoy, para favorecer a un narcotraficante serbio; frente a esto José Suing ha mantenido una posición tibia. Fuente: Vistazo

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