Nacionales
Así operaban los policías implicados en secuestro extorsivo: fingieron operativo en Guayaquil
Tres personas —incluidos dos policías en servicio activo— fueron aprehendidas en delito flagrante por su presunta participación en un caso de secuestro extorsivo, según informó la Policía Nacional a través de un comunicado oficial.
El hecho ocurrió el pasado 13 de mayo en el Distrito Portete, al suroeste de Guayaquil. La operación estuvo a cargo de la Unidad de Conducta Policial, organismo interno encargado de investigar actos de corrupción o faltas disciplinarias dentro de la institución.
Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales, que les dictaron medidas cautelares contempladas en el artículo 522 2del Código Orgánico Integral Penal (COIP): prohibición de salida del país, arresto domiciliario y colocación de dispositivos de vigilancia electrónica.
«Rechazamos todo acto que comprometa nuestra ética, profesionalismo y responsabilidad, y reafirmamos nuestro compromiso firme e inquebrantable con la transparencia», resaltó la Policía.
El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, también se pronunció públicamente tras conocerse el caso. “Como comandante general de la Policía, reafirmo nuestro compromiso inquebrantable con la transparencia y con una política de cero impunidad frente a la corrupción», señaló.
«No permitiremos que unos pocos empañen el trabajo honesto de miles de servidores policiales que día a día entregan su vida por la seguridad del país«, agregó Dávila, quien destacó que el hecho de que la aprehensión haya sido realizada por la propia Unidad de Conducta Policial demuestra que la institución actúa «con firmeza y sin contemplaciones».
«Todo acto que traicione nuestra ética será investigado, sancionado y expuesto públicamente. La confianza ciudadana se construye con acciones», concluyó.
Los detenidos serían agentes de Inteligencia, quienes habrían fingido un operativo para llevarse retenido a un hombre, a quien acusaron de pertenecer a un grupo criminal y al que le habrían pedido 2.000 dólares para liberarlo, según detalló Ecuavisa.
La familia pagó parte de lo solicitado y denunció el hecho a la Policía, que logró ubicar a los agentes supuestamente involucrados en el hecho delictivo.
El pasado 25 de abril otros cinco policías fueron detenidos también por presuntamente secuestrar y extorsionar a un ciudadano en el centro de Guayaquil, a quien le exigían 4.000 dólares. Días antes, otros seis agentes fueron capturados después de que supuestamente le quitaron 14.000 dólares a un hombre que pretendía usar ese dinero para comprar un vehículo.
El incremento de la violencia llevó a Ecuador a estar a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios en 2023, mientras que en este 2025 ya se registra un promedio de un asesinato por hora.
Estas organizaciones delictivas, dedicadas principalmente al narcotráfico, también han incursionado en delitos como el secuestro y la extorsión, en algunas ocasiones en complicidad con miembros de las fuerzas de seguridad. Fuente: Vistazo
Nacionales
Asamblea aprueba por unanimidad ley para fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes
La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, este miércoles 22 de abril de 2026, el Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, una normativa que busca garantizar el derecho a la salud mental con un enfoque integral, preventivo, educativo y comunitario. La iniciativa fue respaldada por el Pleno como una respuesta frente al aumento de problemas de salud mental que afectan a esta población en el país.
Durante el debate, el ponente del informe, el asambleísta Alejandro Vanegas, señaló que la ley plantea una respuesta técnica y humana ante una situación urgente, marcada por el incremento de casos de depresión, ansiedad, violencia y abandono escolar entre niñas, niños y adolescentes. Según explicó, la propuesta fortalece la corresponsabilidad entre el sistema educativo, el sistema de salud y los gobiernos locales para atender esta problemática de manera articulada.
La normativa introduce reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Salud Mental, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con el objetivo de coordinar acciones entre distintas instituciones del Estado. Entre sus disposiciones principales está la incorporación obligatoria de la materia “Psicoeducación” en la malla curricular de las unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales.
De acuerdo con el texto aprobado, esta asignatura estará orientada al fortalecimiento de habilidades psicosociales, la resiliencia emocional, la convivencia pacífica y la detección temprana de señales de alerta en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. La ley también ordena la implementación de programas de promoción y prevención con enfoque intercultural, territorial y de género, adaptados a las realidades de pueblos y nacionalidades.
Además, la norma impulsa la creación de espacios comunitarios de apoyo psicosocial en el primer nivel de atención del sistema de salud y permite la participación de estudiantes de los últimos semestres de Psicología en actividades de promoción y prevención, siempre bajo supervisión profesional. También establece que las aseguradoras y empresas de medicina prepagada deberán incluir coberturas de salud mental y dispone campañas permanentes para denunciar centros ilegales o prácticas no autorizadas.
Con esta aprobación, la Asamblea da paso a una legislación que busca dejar atrás una visión reactiva de la salud mental y avanzar hacia un modelo de prevención, acompañamiento y atención temprana desde las aulas, las comunidades y los servicios de salud.
Nacionales
Corte Constitucional aprueba que Noboa elimine al CPCCS vía reférendum
Tras le último fallo de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional.
¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?
La CC se pronunció a través de un auto de verificación el pasado 16 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció y remitió el proyecto de enmienda que envió Noboa al organismo electoral pese a que debía enviarlo a la Corte Constitucional.
Según fuentes de Carondelet, se espera que la pregunta de enmienda constitucional pueda ser incluida en una papeleta adicional en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. (I)
Nacionales
Ministro del Interior, John Reimberg, anuncia que la nueva cárcel estará lista en 15 o 18 meses
El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la construcción de una nueva cárcel, con capacidad para 15.120 personas, tardará entre 15 y 18 meses.
La cárcel tendrá más de 100 mil metros cuadrados. Allí habrá pabellones para grupos criminales y zonas para el sistema médico. «Será una cárcel que contará con todo para que no exista la necesidad de que tengan que salir a diversas citas médicas en otros lugares», dijo Reimberg este miércoles 22 de abril de 2026 en Teleamazonas.
Para él, lo más importante es tener el nivel de seguridad necesaria para «incomunicar a estos criminales de sus grupos o estructuras criminales».
«El proyecto carcelario es muy importante. La cárcel del Encuentro ha dado resultados muy positivos. Yo necesito esa cárcel (la nueva) que es para 15 mil personas, que aún así no será suficiente, pero necesito dar ese paso importante»,
Según él, hay que seguir trabajando en el sistema carcelario para romper esa estructura de que alguna cárcel pertenezca a cierto grupo delincuencial.
«La idea es que estén mezclados para debilitar ese poder que anteriores gobiernos les dieron a grupos delincuenciales, al otorgarles cárceles que sean controladas y manejadas», agregó.
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