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Así funciona la compra de medicamentos para la red de salud pública que mantiene el mismo esquema desde 2022

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La decisión del Gobierno de modificar el mecanismo de compra de medicamentos, en medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud pública, cambiaría radicalmente la forma en la que estos se están adquiriendo. Desde 2022 y hasta la fecha, las medicinas más usadas son manejadas en el sistema de compra corporativa, que se lanzó en el gobierno de Guillermo Lasso.

En ese entonces, el Servicio de Contratación Pública (Sercop) inició decenas de procesos de compra masivas de medicamentos para abastecer al Ministerio de Salud, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y al de la Policía Nacional (Isspol). Los procesos se desarrollaron con base en una actualización del cuadro básico de medicamentos, que pasó de tener 100 a más de 400 medicinas.

Esos mismos procesos de compra corporativa lanzados y adjudicados entre 2022 y 2023, antes de la posesión de Daniel Noboa, son los que se venían ejecutando hasta, al menos, julio de 2025, según información del mismo Sercop.

La idea de estos procesos era tener una manera más rápida de proveer las medicinas a los hospitales públicos, pero también de generar un ahorro al hacer compras grandes. Esto también evitaba las diferencias de precios entre medicamentos comprados por una y otra institución, al centralizarlos en el Sercop.

Ahora, con el Decreto Ejecutivo No. 108, el Ministerio de Salud asumirá la tarea de comprar los medicamentos que necesitan sus más de 100 hospitales y centros de salud. De hecho, este 21 de agosto el nuevo Comité Nacional de Salud, creado por Noboa, tendrá su primera reunión para, entre otras cosas, analizar la compra de medicamentos.

Cómo funciona la compra corporativa
En marzo de 2022, el Sercop comenzó a publicar decenas de procesos de adquisición masiva de medicamentos bajo el método de compra corporativa. Se lanzó un proceso por cada medicamento del cuadro básico, en su presentación, concentración y forma comercial específica; por ejemplo: Losartán sólido oral, 100 mg, caja por blíster.

Para cada medicamento se creó una ficha técnica, que establecía la cantidad de unidades proyectadas para toda la red pública de salud. Después, se realizaron los procesos de puja, en los que una empresa era seleccionada y se firmaban convenios. Más de 400 convenios se firmaron entre 2022 y 2023.

Una vez firmado el convenio, cada uno de los cerca de 3.000 establecimientos de salud de la red pública podía requerir a la empresa el número de unidades que necesitara a través de órdenes de compra, ingresadas también en el Sercop. En la normativa de la compra corporativa se estableció que cada establecimiento de salud (hospitales, dispensarios y otros) debía hacer dos órdenes anuales con entregas parciales mensuales, para evitar el desabastecimiento.

Lo que se ha comprado
Según información del Sercop, entre marzo de 2022 y el 10 de junio de 2025, se registraron 64.756 órdenes de compra, la mayoría correspondientes a instituciones del IESS y el Ministerio de Salud. Estas órdenes suman 2.914 millones de unidades de medicamentos, y USD 296 millones.

Las compras corporativas de medicamentos para la red pública

Tabla con 4 columnas y 5 filas. Ordenado de forma ascendente
IESS 33 815 1 509 840 678 152 238 179
MSP 26 717 1 346 004 698 135 620 237
Policía Nacional 847 32 582 245 4 169 933
Fuerzas Armadas 3 377 25 897 883 4 511 386
TOTAL 64 756 2 914 325 504 296 539 735
Con corte al 10 de junio de 2025.
Fuente: SercopCreado con Datawrapper

Hasta julio de 2025, 338 convenios de compra corporativa seguían vigentes, es decir que los establecimientos y hospitales podían seguir emitiendo órdenes de compra. Sin embargo, el Sercop no tiene información actualizada sobre los últimos dos meses en su tablero de la compra corporativa. Fuente: Primicias 

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Wilman Terán, alias ‘Diablo’, presenta síntomas psicóticos: ‘Escucha dos voces que alternan’

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El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, evitó pronunciarse sobre la posible cooperación eficaz de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura y sentenciado por múltiples casos de corrupción. Mientras tanto, un informe psiquiátrico reveló que alias ‘Diablo’ tiene síntomas psicóticos y pseudoalucinaciones auditivas.

En los últimos días, se empezó a viralizar en redes sociales que Terán habría accedido a colaborar con la justicia ecuatoriana. Esta información tomó fuerza debido al traslado del privado de la libertad desde la cárcel del Encuentro en Santa Elena hasta la Cárcel 4 de Quito.

‘Alias Diablo’, como se lo denominaba en los chats del caso Metástasis, permanece en la capital desde el 9 de enero, ya que pretendía prepararse para una audiencia de apelación en el caso Independencia Judicial, un proceso en el que fue sentenciado a nueve años y cuatro meses de cárcel por el delito de obstrucción a la justicia.

$!Wilman Terán fue trasladado a la Cárcel 4 de Quito.

¿COOPERADOR EFICAZ?

Ante los rumores de que el expresidente de la Judicatura habría entregado supuestas pruebas o información en contra de políticos en el marco de una cooperación eficaz, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, evitó dar detalles y no confirmó ni desmintió aquella aseveración que circula en redes sociales.

“Es muy importante indicar que la cooperación eficaz, de conformidad con lo que dispone el artículo 491 y el artículo 494 del Código Orgánico Integral Penal, es secreta. Es decir, yo no puedo pronunciarme ante aquello. Y la norma dice literalmente ‘secreta’. Sí, reservada”, apuntó Alarcón en entrevista con Radio Democracia.

En ese sentido, la Fiscalía había emitido un comunicado el pasado miércoles 14 de enero en el que recuerda a la opinión pública que la cooperación eficaz es una herramienta jurídica tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que es de carácter reservado.

“Permite a la FGE llegar a acuerdos con personas procesadas o investigadas que decidan colaborar de manera voluntaria y comprobable con la justicia, aportando información relevante, veraz y oportuna, que contribuya al esclarecimiento de los hechos, la identificación de otros responsables y el desmantelamiento de estructuras criminales”, manifestó la institución.

Agregó que se aplica “bajo estrictos controles judiciales que garantizan la observancia de los derechos de las víctimas, el principio de proporcionalidad, la motivación de las decisiones fiscales y la debida valoración de la información aportada”.

INFORME PSIQUIÁTRICO DE ALIAS ‘DIABLO’

No obstante, la condición mental de Wilman Terán se habría agravado durante su estancia en la cárcel.

La cadena Ecuavisa reportó que, el pasado miércoles 14 de enero, personal del Hospital Pablo Arturo Suárez llegó a la Cárcel 4 para hacerle un examen psiquiátrico. El resultado fue que alias ‘Diablo’ presenta un episodio depresivo grave con síntomas psicóticos y pseudoalucinaciones auditivas.

“Ha estado escuchando desde el interior de su cuerpo dos voces que alternan, una de mujer y otra de un hombre, que no sabe precisar quiénes son y le dicen: ‘Camina, tranquilo, tú vales, dócil’”, reseña el documento médico presentado por el medio antes citado.

Terán cuenta bajo sus espaldas tres condenas. Debe pagar nueve años y cuatro meses por delincuencia organizada en el caso Metástasis, la misma pena por el caso Obstrucción a la Justicia y una tercera de seis años y ocho meses por asociación ilícita en el caso Pantalla. Fuente: Vistazo

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Ministerio de Defensa despliega 10 000 militares en Guayas, Manabí y Los Ríos

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El Ministerio de Defensa anunció el despliegue de 10 000 uniformados en Guayas, Manabí y Los Ríos, las tres provincias que en 2025 registraron los índices más altos de homicidios intencionales y que aún concentran elevadas cifras de asesinatos y otros delitos.

Según la cartera de Defensa, esta medida “marca el inicio de la fase Ofensiva Total”. En ese contexto, el ministro Gian Carlo Loffredo ordenó la instalación indefinida del Alto Mando Militar en Guayaquil.

“Esta guerra es muy dinámica y hay que adaptarse y evolucionar”, afirmó el funcionario en un video difundido por el Gobierno Nacional.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, los soldados continuarán llegando a Guayas, Manabí y Los Ríos hasta este viernes 16 de enero.

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Cuenca: Fiscalía investiga presunta estafa de inversiones con criptomonedas

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Un presunto esquema de estafa bajo la modalidad de inversiones en criptomonedas es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que varias familias de Cuenca, en la provincia del Azuay, denunciaran haber perdido importantes sumas de dinero.

El fiscal provincial del Azuay, Leonardo Amoroso, informó que la investigación se inició tras la recepción de múltiples denuncias contra una empresa que ofrecía servicios de inversión en Bitcoin. Según los afectados, entregaban dinero para supuestas gestiones en criptomonedas, pero nunca recibieron rendimientos ni constancia de las operaciones.

“Actualmente, el caso está a cargo de la Unidad de Lavado de Activos en Quito y ya se encuentra en conocimiento de uno de los fiscales especializados”, explicó Amoroso.

El modus operandi

De acuerdo con la Fiscalía, las empresas involucradas solicitaban a los ciudadanos entregar dinero bajo la figura de “créditos a plazo fijo por montos elevados”. Posteriormente, los fondos eran transferidos a cuentas indicadas por los representantes, con la promesa de que serían invertidos en activos digitales.

Sin embargo, las víctimas aseguran que nunca recibieron comprobantes de inversión ni retornos económicos, lo que encendió las alertas sobre un posible esquema fraudulento.

Dos empresas bajo investigación

Las primeras indagaciones apuntan a la existencia de dos empresas relacionadas con el caso: una encargada de captar el dinero en Ecuador y otra con sede en México. Parte de la investigación busca determinar si una de estas compañías habría entrado en proceso de quiebra.

En declaraciones a Radio TomebambaFrancisco Zamora, abogado de las víctimas, señaló que las firmas involucradas serían Capitalika y SCB Smart Capital.

El jurista añadió que ambas constan en los registros de la Superintendencia de Bancos como entidades no autorizadas para realizar actividades financieras desde 2024, pese a lo cual continuaban operando y captando recursos de ciudadanos.

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