Nacionales
Así fue la primera marcha con la que el presidente Daniel Noboa midió la capacidad de movilización de su gobierno
Al estilo de gobiernos anteriores, la movilización organizada por el oficialismo estuvo nutrida por personas que vinieron de otras provincias, que recibieron su sánduche, banderita y las consignas que debían gritar. Entre ellos hubo servidores públicos, militantes de Acción Democrática Nacional (ADN) y otros ciudadanos en general.
El Municipio de Quito registró el ingreso de, al menos, 733 autobuses con manifestantes. Así, en el punto de partida, se concentraron miles para acompañar el ‘bautizo’ del Primer Mandatario en las calles, con su primera protesta «ciudadana».
Entre ellos estuvieron varios miembros del gabinete presidencial, lejos de sus despachos. Acudieron vestidos de negro, sea para combinar con los chalecos antibalas o distinguirse de la multitud, a la que pidieron ir de amarillo.
Miembros del gabinete ministerial en la marcha contra la Corte Constitucional, en Quito, el 12 de agosto de 2025.@zaidarovira
Sin embargo, pese a la cantidad de organización, publicidad, propaganda y logística que requirió la movilización, el Gobierno negó que se hayan utilizado recursos públicos. La vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo afirmó que se trataba de una iniciativa ciudadana y que el Ejecutivo no era responsable de la campaña desprestigio contra la Corte Constitucional que se hizo evidente con la colocación de pancartas con las fotos de los jueces.
Pero el movimiento ADN sí se adjudicó la ‘exitosa’ jornada, a la que el grupo sostiene que asistieron 50.000 personas de todo el país. Sin embargo, esa cifra no se reflejó del todo en el recorrido. Y el mensaje también resultó difuso.
Así como casi nadie pudo ver al Mandatario y líder de la manifestación, fueron también pocos los que pudieron escuchar su cortísimo mensaje, después de viajar entre cuatro y 12 horas para llegar a la capital y acompañarlo.
Frente al megáfono, el presidente Noboa se limitó a hablar en nombre del «pueblo» y de las «miles de personas que exigen justicia, que piden que se apoye a nuestras fuerzas del orden». También repitió que no va «a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan la cara, que buscan esconder sus nombres y sus caras ante la sociedad».
Una clara alusión a los nueve magistrados de la Corte, que ha sido parte clave del discurso gubernamental de las últimas dos semanas y que coincidió con el despliegue de vallas gigantes exponiendo los nombres y rostros de los jueces en las calles.
Pero, como lo confirmó también la vocera presidencial, el presidente Noboa no tenía previsto nada más que marchar pacíficamente hacia la sede del máximo tribunal del país, no presentaría ningún escrito, ni las preguntas del anunciado referendo.
Y justamente los mensajes a lo largo de la marcha reflejaron el desconocimiento de los manifestantes: muchos no sabían el objetivo de la movilización, otros desconocían el trabajo de la Corte Constitucional y otros acusaban a los magistrados de liberar delincuentes, como si fuesen jueces ordinarios.
¿Cómo fue el desarrollo de la marcha?
La marcha convocada y organizada por el Ejecutivo intentó levantar el sentimiento patriótico de los manifestantes, especialmente de los servidores públicos. Desde el cruce de las avenidas Patria y 6 de Diciembre, estaban los encargados de regalar las banderas de Ecuador.
Mientras tanto, los parlantes, ubicados en esquinas clave y en camionetas que acompañaron la marcha, repitieron toda la mañana un extracto de la marcha militar que los uniformados acostumbran a entonar cuando ingresa el pabellón a una ceremonia: “Levantemos con fe la bandera, rutilante divisa de honor…”.
Y seguido de ese extracto, además, se escuchó repetidamente la parte final del discurso que el expresidente Jaime Roldós pronunció el 24 de mayo de 1981, horas antes de su muerte: “Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. Viva la Patria”. Incluso, los manifestantes gritaron a viva voz esa frase mientras marcharon.
La mayoría usó la camiseta de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, con el característico amarillo de la bandera nacional. Hubo personas que también llegaron con gorras y otras prendas moradas, color característico de Acción Democrática Nacional (ADN), pero, militares y policías, también con camisetas amarillas, se encargaron de pedir a las personas que se retiraran cualquier rastro de ese morado. No querían “una marcha partidista”.
Así, en la avenida 10 de Agosto y calle Bogotá, frente a la Caja del Seguro Social, las miles de personas se apostaron desde las 08:00 para marchar. Cerca de las 10:00 empezaron a llegar autoridades. Los primeros fueron los ministros Gian Carlo Loffredo y John Reimberg, de Defensa y el Interior, respectivamente.
También arribó Gabriela Sommerfeld, actual Canciller. Y pasadas las 11:00, vestida totalmente de negro, llegó la vicepresidenta María José Pinto. Entonces, militares y policías, ordenaron a la marea de gente y la acordaron con una primera fila llena de agentes. Lograron ubicar en una especie de corral a las autoridades, por temas de seguridad.
Finalmente, minutos antes de las 12.00, de un vehículo blindado descendieron el presidente Daniel Noboa y Michelle Sensi-Contugi, actual director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y uno de sus funcionarios más cercanos. Sobre la marcha saludaron con sus colegas de Gabinete y arrancaron de inmediato.
A la cabeza, Noboa, Pinto, Loffredo, Reimberg y Sensi-Contugi, la marcha avanzó rápidamente por las avenidas Patria y 6 de Diciembre, las calles Lizardo García y José Tamayo, hasta llegar a la Corte Constitucional. El recorrido no tomó más de 15 minutos, las autoridades prácticamente corrieron —custodiados por policías y militares— que también corrieron a su lado.
Y en los exteriores de la Corte no fue diferente, Noboa subió al balde de una camioneta negra y con un megáfono dio un discurso de poco más de dos minutos. Bajó de la camioneta, subió al blindado y se fue. Los manifestantes permanecieron en ese sector, al menos, una hora más.
Tan rápido fue todo que, 40 minutos después de que Noboa se fue de los exteriores de la Corte, recién llegaron Niels Olsen, presidente de la Asamblea; la legisladora Valentina Centeno, la ministra Alegría Crespo (Educación) y Édgar Lama von Buchwald (presidente del Directorio del IESS). Fuente: Primicias
Nacionales
Polémica entre ADN y el correísmo por la investigación a asambleístas que ingresaron al hospital Baca Ortiz de Quito
La fiscalización a la situación de los hospitales del sistema público de salud abrió una nueva disputa entre las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC) en la Asamblea Nacional.
Esto ocurre luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió, el 1 de diciembre, dar paso a un proceso de investigación contra seis legisladores del correísmo por una presunta extralimitación en sus funciones.
La investigación responde a un pedido de la gerente del Hospital Pediátrico Baca Ortiz de Quito, Frances Fuenmayor, quien acusó a Viviana Veloz, Franklin Samaniego, Luis Molina, Raúl Chávez, Ricardo Patiño y Ana Belén Yela, de ingresar de forma inapropiada a esa casa de salud.
«En defensa de las niñas, niños y adolescentes, y de la dignidad del personal médico y administrativo», justificó la funcionaria en el pedido de investigación a esos legisladores.
Respuesta correísta
En filas de Revolución Ciudadana hubo cierta cautela este 2 de diciembre al hablar del tema, porque si bien los canales oficiales de la Asamblea anunciaron el inicio de la investigación, a los pocos minutos eliminaron la publicación.
El legislador Raúl Chávez dijo que no ha sido notificado oficialmente con el inicio de la investigación, pero se enteró a través de los medios de comunicación. «Si me investigan por trabajar, me motivan y ahora vamos a fiscalizar el doble», advirtió.
Chávez, que es parte de la alianza RC-Reto, negó que hayan ingresado al Baca Ortiz en una actitud inapropiada o que se haya vulnerado el derecho de los niños atendidos en ese hospital o sus familiares.
«La visita al Hospital Baca Ortiz fue por pedido precisamente de los padres de familia que tienen a sus hijos ahí, y que por temor a represalias preferían que fuéramos nosotros como autoridad». Raúl Chávez, asambleísta de RC-Reto
Juan Andrés González, jefe de la bancada correísta, dijo que esta investigación que deberá llevar a cabo la Comisión de Salud, de mayoría gobiernista, es una de las tantas formas de «persecución» en la Asamblea.
«Vivimos un momento en el que la salud pública se cae a pedazos y eso el Ecuador lo sabe. Cuando la bancada a la que represento decide fiscalizar, la persecución inicia desde el CAL ¿Cuál es el papel de los asambleístas que no sea legislar y fiscalizar?», cuestionó González.
«Fiscalizar y no hacer show»
Diana Jácome, de Acción Democrática Nacional, reconfirmó que efectivamente los asambleístas tienen la potestad de fiscalizar, «pero sin que esto altere los derechos de los niños, niñas y adolescentes».
Según la legisladora oficialista, es mejor no adelantar un criterio y esperar la investigación que lleve adelante la Comisión de Salud a donde deberán comparecer los directivos del Baca Ortiz así como los asambleístas investigados.
«Lo que si es que hay que ser responsables con la fiscalización haciendo las cosas de manera correcta y no convertir a la fiscalización en un show», añadió Jácome. Fuente: Primicias
Nacionales
La Comisión Técnica denuncia incumplimientos en el avance para la creación de las nuevas universidades amazónicas
La Comisión Técnica para la creación de las nuevas universidades amazónicas informó que la sesión convocada para este 2 de diciembre quedó incompleta debido a la ausencia del rector de la Universidad Estatal Amazónica (UEA), llamado a presentar los avances del proceso para la futura Universidad de Sucumbíos.
La presidenta de la Comisión, Esperanza Rogel, lamentó esta inasistencia y la calificó como un “acto de falta de compromiso y empatía” con las provincias de Sucumbíos y Zamora Chinchipe, territorios directamente beneficiados por la implementación de estas nuevas instituciones de educación superior.
Rogel señaló que la ausencia del rector podría constituir un incumplimiento de la normativa establecida en la Ley Amazónica, la cual designa a la Universidad Estatal Amazónica como entidad promotora, obligada a rendir cuentas a la Comisión Técnica, instancia que cuenta, además, con el aval de la Asamblea Nacional.
“Seguiremos firmes exigiendo respuestas. Hay más dudas que certezas, no existe transparencia y no se ha entregado la información requerida”, expresó la presidenta.
Exigencia de cumplimiento de la LOES
La Comisión aclaró que no se opone a la creación de las universidades amazónicas en Sucumbíos y Zamora Chinchipe; por el contrario, respalda su implementación. Sin embargo, recordó que el rector debe avanzar en los 12 requisitos establecidos en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
El plazo para la presentación del expediente técnico–académico venció en julio del presente año, sin que se haya cumplido con esta obligación. Ante esta falta de avances, la Comisión resolvió por unanimidad otorgar un último plazo hasta el 19 de diciembre para la entrega de los expedientes técnico–académicos, los cuales deberán ser remitidos al Consejo de Educación Superior (CES) para su respectiva aprobación. Una vez cumplido este paso, podrán presentarse los proyectos de ley que formalicen la creación de ambas universidades.
Observaciones sobre la adquisición de terrenos
Durante la sesión, la Comisión Técnica también señaló que la Universidad Estatal Amazónica ya realizó la compra de un terreno en Sucumbíos sin un estudio técnico previo, lo que calificó como una responsabilidad directa del rector.
De acuerdo con los documentos revisados, no existe un estudio de pertinencia que determine las carreras necesarias para la región ni la ubicación adecuada para la nueva institución. Esta falta de planificación, indicó Rogel, ha generado tensiones entre cantones de Sucumbíos y Zamora Chinchipe.
Inicio del proceso de fiscalización
Frente a estos hechos, la Comisión Técnica anunció el inicio inmediato de un proceso de fiscalización en coordinación con la Contraloría General del Estado y las entidades competentes, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.
“Seguiremos firmes en la lucha para que Sucumbíos tenga su universidad. Si el 19 de diciembre no se cumple, activaremos los mecanismos de control. La Asamblea Nacional no permitirá que se burlen de estas provincias”, afirmó Rogel.
Asimismo, se enfatizó que los recursos asignados por el Gobierno Nacional a la UEA ya fueron entregados, por lo que no existe justificación para la falta de avances. La Comisión reiteró que los fondos de la Amazonía deben ser administrados con responsabilidad, eficiencia y absoluta transparencia.
Nacionales
Las claves del caso Magnicidio FV tras 90 días de investigación: testimonios, amenazas y ‘Pipo’
Los primeros 90 días de instrucción fiscal del caso Magnicidio FV, que investiga la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, terminan en medio del cambio de testimonio de un testigo clave y el presunto intento de comprar a otro. Algunos cooperantes también han sido víctimas de atentados. Mientras que, la versión de alias ‘Pipo’, máximo líder de Los Lobos, podría ser determinante.
El excandidato presidencial fue asesinado el 9 de agosto de 2023 tras salir de un mitin político en un coliseo del norte de Quito. Posteriormente, la Fiscalía inició una causa contra 13 personas como autores materiales. Se trataba de un grupo de ecuatorianos y colombianos, ligados a la banda criminal ‘Los Lobos’, quienes ejecutaron el crimen al estilo sicariato.
En paralelo, iniciaba una investigación reservada para dar con los autores intelectuales, que finalmente apuntó contra José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo.
La primera investigación, luego de casi un año del magnicidio, terminó con cinco sentenciados como autores materiales, entre ellos Carlos Angulo, alias ‘Invisible’, quien habría encabezado el operativo criminal junto a Laura Castillo, alias ‘La flaca’. También recibieron condena como cómplices: Érick Párraga, Alexandra Chimbo y Víctor Flores. Mientras que José M. murió en la cárcel El Inca de Quito y Óscar Andrés F. quedó sobreseído por falta de elementos.
Por inoperancia del Estado y falta de control en las cárceles, los seis gatilleros colombianos, que quedaron detenidos al poco tiempo del magnicidio, fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral.
PRIMEROS INDICIOS DE LOS AUTORES INTELECTUALES
Tras casi dos años, en 2025, empezaron a filtrarse los primeros resultados de la investigación de quienes habrían contratado a los sicarios. Los chats del caso Metástasis fueron fundamentales para el expediente que la Fiscalía bautizó como caso Magnicidio FV.
En mensajes expuestos por el Ministerio Público entre el narco fallecido Leandro Norero y Xavier Jordán, hoy procesado como presunto autor intelectual, se hablaba de vigilancias y seguimientos contra el excandidato presidencial. “Ññ se metió con mis hijas, con mi mamá y con toda mi familia”, justificaba el usuario ‘B54REAXN-Po’, atribuido a Jordán en un mensaje a Norero.
Por otro lado, durante el juicio contra los autores materiales, en junio del 2024, la Fiscalía presentó el testimonio de un testigo protegido, identificado como José Patricio A., quien estuvo en reuniones previas con la banda que ejecutó el magnicidio, pero no participó en el hecho. El sujeto manifestó: “Esa cabeza (la de Fernando Villavicencio) valía 200.000 dólares y la mandó a hacer el Gobierno de Correa”.
Hasta ese momento, el caso de los autores intelectuales aún seguía bajo reserva, pero en mayo del 2025 salió a la luz una versión de Lenin Vimos, condenado en el caso Plaga, quien señaló a José Serrano, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo y Xavier Jordán como los mentalizadores. Incluso, nombró al exvicepresidente Jorge Glas.
DANIEL SALCEDO ROMPE EL SILENCIO
Un mes después, en junio del 2025, Daniel Salcedo sufrió un intento de asesinato en la cárcel de Riobamaba, del cual salió librado gracias a la protección de su hermano Noé, quien quedó herido. Después, los dos reos fueron trasladados a la cárcel 4 de Quito.
Por el hecho, la Fiscalía procesó a cuatro privados de la libertad. Uno de ellos, le habría dicho a Salcedo: “Pepe te manda saludos”. Salcedo dijo que Pepe es José Serrano.
El intento de asesinato motivó al sentenciado por corrupción hospitalaria a colaborar con la justicia y aseguró que contaría todo lo que sabía. Además, compareció en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde señaló a Xavier Jordán y Ronny Aleaga.
También, se conoce que la Fiscalía abrió una investigación por el presunto delito de intimidación a favor de Salcedo, quien habría entregado un CD con información.
TESTIMONIO CUESTIONADO
El 18 de agosto del 2025, el Ministerio Público señaló oficialmente a José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.
Tras una audiencia fallida, el tres de septiembre, la fiscal Ana Hidalgo formuló cargos contra los cuatro individuos. Según su teoría, Jordán financió el crimen, Serrano tuvo contacto con los autores materiales y un grupo de policías de avanzada, Alegada participó en reuniones de planificación y Salcedo ejecutó rastreos.
Actualmente, sobre los cuatro pesan órdenes de prisión preventiva. Sin embargo, solo Salcedo está retenido, Aleaga es prófugo de la justicia, Jordán sigue libre por Estados Unidos y Serrano permanece recluido en el Centro de Detención de Miami Krome por una cuestión migratoria.
Tanto Jordán como Serrano han desvirtuado las acusaciones y dicen que la investigación es una persecución política en su contra. Mientras Aleaga no ha emitido pronunciamiento alguno.
La Fiscalía ha argumentado su acusación con base en más de 14 elementos de convicción. Entre los principales consta el testimonio de Marcelo Lasso Saavedra, persona de confianza de Norero, quien señaló a Jordán “como el mentor y financista del atentado contra Villavicencio por un monto estimado de un millón de dólares, destinado a la contratación de integrantes de ‘Los Lobos’ y disidentes del ‘Frente Oliver Sinisterra’”.
Además, Lasso afirmó que Serrano habría manipulado la seguridad del excandidato e incluso mencionó a Rafael Correa y Jorge Glas como otros de los organizadores. Todos ellos, habrían pedido permiso a alias ‘Pipo’, máximo líder de Los Lobos, para llevar a cabo el magnicidio tras la muerte de Norero.
Sin embargo, este testigo ha sido cuestionado porque dio una versión completamente distinta en Estados Unidos. En una reunión virtual difundida en redes sociales, el sujeto señaló al expresidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera y a alias ‘Pipo’ como los supuestos responsables del crimen.
Esta teoría curiosamente fue amplificada en redes sociales justamente por los procesados Jordán y Serrano e incluso Rafael Correa compartió la información.
Por su parte, el expresidente Guillermo Lasso rechazó la declaración y recordó que él solicitó la colaboración del FBI. “Que un delincuente, convicto y confeso, asistente personal del narcotraficante Leandro Norero, quien además afirma que se dedica a hacer declaraciones falsas por miedo o rebajas carcelarias, aparezca ahora con una amañada declaración es solo un burdo intento de desviar la atención”, escribió en redes sociales.
La Fiscalía también ha iniciado una investigación previa por presunta asociación ilícita con fines de fraude procesal contra sospechosos y procesados en el caso Magnicidio FV tras la difusión de la supuesta nueva versión de Lasso Saavedra.
¿COMPRA DE TESTIGOS?
Otro testimonio clave proviene de Ronal H., alias ‘Jonathan’, un exoficial de la Policía, quien confesó que Serrano le solicitó seguimientos contra Villavicencio. Los datos fueron enviados con material fotográfico a través de la plataforma Threema.
El sujeto ha advertido a las autoridades sobre varios intentos de asesinarlo. En su primera versión, comentó que el 15 de enero del 2025, seis privados de la libertad ingresaron a su celda en la cárcel de Turi y lo intentaron ahorcar. Luego, lo cambiaron de pabellón, pero volvieron a atentar contra su vida. Esta vez le dieron comida con vidrio molido en una sopa.
De hecho, responsabilizó por su vida a una funcionaria que actualmente trabajaría en ese centro penitenciario de Cuenca. “Esta abogada un día llegó hasta el pabellón de máxima A y me manifestó que por mi cabeza había USD 20 mil, que es mejor me quite la vida antes que les pase algo a mis familiares o que me mantenga callado”.
Aquella funcionaria también le habría comentado al exagente que un abogado lo estaba buscando porque quería entregarle “un dinero para que permanezca callado”.
Posteriormente, alias ‘Jonathan’ fue trasladado a la cárcel de Latacunga, donde volvió a sufrir un intento de asesinato. El tres de julio del 2025, advirtió que lo intentaron apuñalar en el patio del reclusorio y en agosto algunos compañeros lo amenazaron con quitarle la vida.
Y las ofertas para que se quede callado han continuado. En su testimonio anticipado, ‘Jonathan’ aseguró que Xavier Jordán habría tratado de comprarlo con USD 300.000 para que cambie su versión. Además, manifestó que Marcel Lasso recibió USD 200.000 para emitir declaraciones en Estados Unidos.
El expolicía indicó que fue contactado por Lasso, a través de mensajes escritos, en nombre de Jordán y Serrano, para que declare que la exfiscal general Diana Salazar manipuló los casos Metástasis y Villavicencio.
Agregó que en las conversaciones con Jordán por Instagram y con Lasso Saavedra por WhatsApp se nombró a ‘Paco Alcocer’ como la persona que entregó el dinero a Saavedra. Aquel sujeto junto a María Paula Christiansen, expareja de Serrano, y otras cuatro personas más también fueron llamados a rendir versión el pasado lunes primero de diciembre.
ALIAS ‘PIPO’: ¿LA VERSIÓN CLAVE?
La fiscal Ana Hidalgo indicó que cuenta con nuevos elementos que le hacen presumir que Wilmer Chavarría (alias ‘Pipo’), Ángel Aguilar (alias ‘Lobo Menor’) y Luis Arboleda (alias ‘Gordo Luis’) participaron en la planificación del magnicidio.
Por ello, el lunes primero de diciembre, pidió que se instale la audiencia de vinculación contra los tres sujetos. Con esta diligencia, la investigación se extendería por 30 días más.
Asimismo, había solicitado a las autoridades judiciales de España que colaboren en la toma de versión de ‘Pipo’, quien se encuentra detenido en una cárcel de Málaga.
Por su parte, ‘Godo Luis’ permanece en la Cárcel del Encuentro en Santa Elena y ‘Lobo Menor’ estaría libre.
‘Pipo’, quien supuestamente estaba muerto, habría sido quien dio luz verde para el asesinato del excandidato presidencial. De acuerdo al testimonio de Lasso Saavedra, este cabecilla mantuvo contacto con Serrano al pasarle información sobre los seguimientos de la víctima. Fuente: Vistazo
-
Entretenimiento4 años agoAdriana Bowen, sobre la cirugía bariátrica: Siento que recuperé mi vida
-
Internacionales4 años agoMuere Cheslie Kryst, Miss Estados Unidos 2019 y presentadora de televisión
-
Politica4 años agoEl defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue llamado a juicio en la investigación por el delito de abuso sexual
-
Internacionales4 años agoTiroteo en concierto en Paraguay deja dos muertos y cuatro heridos
-
Nacionales4 años ago¿Qué hay detrás del asesinato de Fredi Taish?
-
Fashion8 años ago
Amazon will let customers try on clothes before they buy
-
Politica1 año ago‘No soy contratista del Estado’, asegura Topic con certificado de Sercop en mano
-
Deportes4 años agoFEF solicita al COE Nacional 60% de aforo para partido Ecuador vs. Brasil