La pesadilla del juez anticorrupción Carlos Serrano empezó ese día, el 20 de noviembre de 2025. Junto con el juez Christian Fierro sentenció a diez años de prisión por lavado de dinero al serbio Jezdimir Srdan. La tercera jueza del tribunal, Gabriela Lara, estuvo en desacuerdo. Salvó su voto y creyó en la inocencia del serbio, quien en 2014 ya fue sentenciado a 17 años de prisión por narcotráfico. No cumplió la sentencia. Fue liberado en 2018 al lograr una rebaja ilegal de su pena, presionando al juez de la causa, quien luego fue enjuiciado y destituido.

Con el paso de los días la situación de Serrano cobró otra dimensión, mucho más arriesgada. Una semana después, el 27 de noviembre recibió el Acta de Análisis de Riesgo Personal, firmada por la capitán Verónica Villalba, jefa de apoyo de la Unidad de Protección (UNPRO) de la Policía. En ese reporte la oficial le informó a Serrano que “No era procedente continuar otorgándole el servicio de seguridad personal”. Incluso, el informe que comunicaba la decisión de dejarlo sin protección fue avalado por el Comandante de la Policía, general Pablo Dávila, según consta en los partes policiales que revisó esta alianza.

“Sin embargo, como medida preventiva para garantizar su seguridad -destaca la capitán Villalba- la unidad de policía comunitaria más cercana a su domicilio le brindará el servicio de patrullaje preventivo en los exteriores de su residencia”. La decisión dejó perplejo al juez de 35 años de edad. Según esa misma Acta, que es parte de un protocolo de protección para los jueces, su riesgo había aumentado de 36 por ciento al 38 por ciento.

En septiembre de 2024, Serrano tenía un perfil de riesgo medio, equivalente al 36 por ciento. Entonces la Unidad de Protección le notificó que por ese este resultado le asignaba dos servidores policiales para su cápsula de seguridad inmediata.

El análisis de riesgo tiene una vigencia de un año. En septiembre de 2025 Serrano realizó la petición para actualizarlo. La actualización se emitió un mes después, en noviembre.

¿Por qué aumentó el peligro? Para entonces el juez también había recibido dos intimidaciones, por lo cual la Fiscalía abrió investigaciones previas.

El seis de noviembre, hacia las 18:30, un mayor de la Policía neutralizó tres cargas explosivas con cilindros de gas licuado de petróleo GLP, colocados en un auto estacionado en la parte posterior del Complejo Judicial Norte, a pocos metros de la oficina donde trabajaba Serrano.

La disposición de retirarle su cápsula de seguridad se concretó el martes 2 de diciembre. Desde ese día, Serrano quedó solo, abandonado a su suerte, con la amenaza del narco serbio a cuestas.

El jueves 20 de noviembre, cuando el serbio escuchó su condena de 10 años de cárcel por lavar 11 millones de dólares en Ecuador, montó en cólera. Frente a las cámaras que transmitían la audiencia telemática, en vivo, no pudo ocultar su rabia: puso su dedo índice en la garganta y luego lo deslizó horizontalmente sobre el cuello, simulando un corte letal.

Un agente de la Policía, que junto al resto de asistentes presenció la reacción del extranjero, tomó fotografías de sus gestos y elaboró un parte informativo que envió el día siguiente -el 21 de noviembre- a la Dirección General de Inteligencia de la Policía, alertando que la señal era inequívoca de una amenaza de muerte para los jueces, por lo cual su seguridad debía ser reforzada.

El parte fue elaborado por el policía Carlos Ponce, encargado de la seguridad de Serrano, a quien acompañaba como su sombra junto a otro agente, por más de un año.

Las amenazas fueron conocidas por las autoridades de la Judicatura y de la Policía. Incluso el ministro del Interior, Jhon Reimberg, después de que la noticia se difundiera por todos los medios de comunicación, reaccionó. Al justificar la decisión dijo a la prensa que a Serrano le habían quitado sus custodios porque su riesgo había disminuido.

Al verse totalmente desprotegido, el 3 de diciembre Serrano envió un oficio urgente, de cuatro páginas, dirigido al director administrativo provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor, para que le asignaran nuevamente resguardo policial y se le permitiera despachar en teletrabajo. Ese documento incluye todas las pruebas de la escalada del peligro registradas por la Policía.

No obstante, Gaibor no respondió la solicitud del Serrano, que tampoco tuvo contestación de los vocales que recibieron una copia de su oficio: Mario Godoy, Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros, Damián Larco y Fabián Fabara.

Luego de agotar todas esas instancias y levantar alertas constantes, el 4 de diciembre Serrano presentó su renuncia al cargo. Su pedido no ha tenido respuesta hasta el primer lunes de enero. Las autoridades de la Judicatura no le aceptaron la renuncia argumentando que el 24 de diciembre Serrano debía participar en la audiencia de juzgamiento del caso Triple A, aunque el juez no tenía ningún conocimiento de ese proceso, en el que está implicado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. Esa diligencia estaba fijada para el 21 de enero, pero el juez ponente del tribunal, Jorge Sánchez, sorpresivamente decidió adelantarla.

La decisión de la Judicatura significó la suspensión de las vacaciones que Serrano había solicitado previamente, a partir del 24 de diciembre, para ponerse a buen recaudo y pasar con su familia.

También le negaron la renuncia porque argumentaban que las sentencias en las que hubiera participado Serrano quedarían sin validez, si él dejaba el cargo. Pero ese razonamiento no tiene piso legal. La Corte Nacional de Justicia, en la resolución 18-2017, estableció el camino a seguir cuando uno de los jueces de tribunal se ausente temporal o definitivamente, una vez emitida la sentencia oral, y antes de que el pronunciamiento se registre por escrito.

Pero el juez Serrano, sin sospecharlo, había entrado en un campo minado, semanas antes cuando el caso de lavado de activos del serbio llegó para su deliberación al tribunal que integra.

Serrano llegó al cargo en la unidad especial anticorrupción, que tiene 23 integrantes y fue creada en 2022, luego de un concurso escrutado por la Academia y la sociedad civil. Fue el segundo mejor puntuado en la selección de ese cuerpo élite de juzgadores. A sus 35 años, Serrano proviene de una familia con larga tradición en el ejercicio del derecho; su abuelo y su padre fueron jueces durante muchos años. Ellos fueron su inspiración para escoger la función judicial como su derrotero. Tiene un PhD en la Universidad Carlos III de Madrid. Ejerce además la docencia.

A mediados de diciembre pasado se hizo público un audio que Serrano había grabado en una reunión que tuvo el 10 de noviembre pasado, en la oficina del director provincial administrativo del Consejo de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor. El funcionario lo había convocado para conversar sobre sus preocupaciones en el caso del serbio, algo inusual para el cargo de Gaibor, quien estaba a cargo de resolver temas administrativos y no jurisdiccionales.

En ese audio Gaibor le pidió al juez que pusiera más atención a la defensa del narcotraficante, pero desde el inicio Serrano se negó a conversar sobre el juicio o la estructura criminal.

Gaibor fue nombrado director provincial del CJ en agosto de 2024 por el pleno presidido por Mario Godoy, quien asumió el puesto un mes antes. Cuando las presiones de Gaibor trascendieron, también se conoció que la esposa de Godoy, Dolores Vintimillla, fue abogada del serbio Jedzimir en la primera etapa del proceso de lavado de activos, antes de que le formularan cargos. Ella aceptó que hasta el 25 de noviembre fue notificada a su correo electrónico de los trámites del caso, por un error del sistema. Y aseguró que no ha mantenido contacto alguno con las personas dentro del proceso, incluyendo sus abogados del estudio Chimbo Moreno. Entre sus clientes, la esposa de Godoy defendió a varios acusados de narcotráfico, incluido el capo Adolfo Macías Villamar, alias Fito, que fue extraditado a Estados Unidos.

El primer viernes de enero, Godoy, su esposa Dolores Vintimilla y cuatro consejeros del Consejo de Participación fueron denunciados en la Fiscalía acusados de presuntos delitos de delincuencia organizada, fraude procesal, tráfico de influencias e intimidación.

Gaibor, según fuentes de la Judicatura, contaba con toda la confianza de Godoy y actuaba con absoluta libertad, más allá de sus funciones administrativas. Una de las reuniones la habría mantenido con la jueza Gabriela Lara y Serrano, del mismo tribunal. Fiscalía investiga esos hechos. También indaga la posible participación de la coordinadora de la unidad de jueces anticorrupción, Sofía Carrillo. Ella habría sido la primera intermediaria de Gaibor para persuadir, sin éxito, al juez Serrano. Eso consta en audios que están bajo pericia fiscal.

Esta alianza periodística contactó la semana pasada a la jueza Lara a su número celular, para consultarle sobre la presunta reunión con Gaibor y conocer sus argumentos para exculpar al serbio, pero no obtuvo ninguna respuesta.

Serrano rindió su versión vía telemática desde el exterior. Fuentes de su entorno relataron a esta alianza que durante dos semanas vivió un infierno, entre presiones, amenazas y riesgos inminentes contra su vida.

Tras sentenciar al serbio, su vida cotidiana se trastocó. Para ir a su oficina, en el complejo judicial norte de Quito, Serrano redobló sus medidas de seguridad: salía de su departamento encapuchado, ocultando el rostro. A escondidas, como si fuera un delincuente. Siempre tomaba Uber.

Nunca lo hacía a la misma hora, cambiaba constantemente de horarios, sin permanecer mucho tiempo en un mismo lugar. Iniciaba y terminaba sus jornadas laborales a diferentes horas. En los edificios o lugares a los que ingresaba, el juez cuencano buscaba las puertas de escape, en lugar de las entradas principales, que evitaba a toda costa. Era cuestión de vida o muerte.

Al verse acorralado sin salidas posibles ni apoyo institucional empezó a aplicar su propio protocolo de seguridad y decidió abandonar el país lo antes posible. Según pudimos corroborar entre sus allegados, viajó al exterior el 8 de diciembre y hoy se mantiene clandestino.

Sus familiares y amigos dicen que decidió dejar la función judicial, no regresar al Ecuador, al menos mientras la Judicatura y el poder judicial estén perforados por operadores sometidos a los intereses del crimen organizado o del poder político.

El caso del juez Carlos Serrano expone la vulnerabilidad de los jueces anticorrupción. Así es como el sistema falla a los juzgadores y alienta la impunidad. Fuente: Vistazo