A través de la rueda de prensa desarrollada este 1 de diciembre, el asambleísta por Sucumbíos, Juan Gonzaga, expuso ante los medios de comunicación una serie de observaciones relacionadas con el proceso de creación de las universidades amazónicas, específicamente el proyecto correspondiente a la provincia de Sucumbíos. El legislador enfatizó que este tema “convoca el interés de toda la ciudadanía”, pues se enmarca en la responsabilidad de velar por el uso adecuado de los recursos destinados a la educación superior en la región.

Cumplimiento de la Ley de la Amazonía y avance de los proyectos universitarios
Gonzaga recordó que, al asumir funciones legislativas, uno de sus compromisos fue impulsar la ejecución de la disposición transitoria de la Ley de la Amazonía, que ordena la creación de universidades en varias provincias amazónicas.

Según la normativa, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) debía ejecutar los proyectos universitarios para Morona Santiago y Orellana, mientras que la Universidad Estatal Amazónica (UEA), con sede en Pastaza, debía hacerlo para Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

El asambleísta señaló que, dentro de la Comisión de Educación, presidida por la legisladora Cecilia Baltazar, se constató el incumplimiento de obligaciones por parte del Ministerio de Finanzas —principalmente en la transferencia de recursos— y por parte de las universidades responsables de ejecutar los proyectos. Como resultado, se estableció el compromiso de agilizar los desembolsos y avanzar en la construcción de los proyectos académicos.

Este informe pasó a la Comisión de Seguimiento de la Creación de Universidades, presidida por la asambleísta Esperanza Rogel, quien tiene previsto visitar Sucumbíos ayer 1 de diciembre, para continuar el análisis. En esta instancia, se amplió el plazo para que las universidades presenten sus proyectos definitivos hasta el 19 de diciembre de 2025.

Inconsistencias en la información proporcionada por autoridades universitarias
Durante las comparecencias en la Comisión, el funcionario encargado —David Sancho— no asistió en primera convocatoria y delegó su presencia a Verónica Villarreal, directora de Planificación de la UEA.

Villarreal informó que los recursos asignados se habían invertido principalmente en bienes y propiedades, pero no pudo detallar claramente el proceso de adquisición ni los avances del proyecto académico, a diferencia de otras universidades que priorizaron los requisitos técnicos establecidos en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Posteriormente, se conoció que la UEA había invertido USD 1’751.000 en la compra de un bien inmueble adjudicado mediante proceso de remate, valor que —según señaló Gonzaga— podría representar un sobreprecio, dada la información técnica que posteriormente obtuvo.

Detalles de los bienes adquiridos
Tras solicitar información al Municipio de Lago Agrio, se determinó que la adquisición correspondía a tres lotes ubicados en esta jurisdicción:
• Lote 1
o Valor del suelo: USD 47.057
o Valor de construcción: USD 735.000
• Lote 2
o Valor del suelo: USD 17.452
o Sin edificaciones (destinado a garaje)
• Lote 3
o Valor del suelo: USD 19.573
o Valor de construcción: USD 41.521

Gonzaga señaló que, según informes técnicos compartidos por delegados de la Secretaría Técnica de la Amazonía, estos bienes no cumplen criterios de funcionalidad ni pertinencia para el proyecto universitario, y que el proceso de adquisición no fue compartido ni coordinado con dicha Secretaría, como estipula la normativa.

Cuestionamientos sobre la transparencia del proceso de remate
El asambleísta explicó que los bienes adquiridos provienen del fideicomiso mercantil creado tras la extinción de varias universidades y politécnicas, conforme lo establece la ley. Dicho fideicomiso, administrado por la Corporación Financiera Nacional Inmobiliaria (CFNI), tiene la facultad de rematar bienes con avalúos basados en catastros actualizados.

No obstante, Gonzaga reveló que:
• El único oferente en el proceso de remate fue la Universidad Estatal Amazónica.
• Existiría un posible sobreprecio, ya que el costo del terreno —según valores catastrales y parámetros de utilidad pública— no superaría los USD 150.000, mientras que la compra total (incluyendo una edificación a demoler) se adjudicó por USD 1’751.000.
• La funcionaria que dijo desconocer el proceso (Villarreal) aparece firmando los informes de factibilidad técnica en la resolución UEA 179-2025, que autorizó participar en el remate.

Acciones a ejecutarse
Gonzaga informó que la sesión convocada inicialmente en Pastaza se trasladó a Lago Agrio, dado que la adquisición de los bienes se efectuó en esta ciudad. La reunión se realizó a las 14h00 de ayer 1 de diciembre, con dos objetivos:
1. Revisión y presentación del proyecto de creación de la universidad para Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Orellana.
2. Constatación física de los bienes inmuebles ya adquiridos.

Responsabilidades administrativas, civiles y penales
El legislador concluyó que su labor no busca generar conflictos, sino vigilar el correcto uso de fondos públicos amazónicos, afirmando:
“La plata no es de la universidad; la plata es de los amazónicos, y debemos garantizar su correcta administración”.

Añadió que, debido a las inconsistencias encontradas, solicitará que la Contraloría General del Estado determine si existen responsabilidades administrativas, civiles culposas o indicios de responsabilidad penal, en el marco del proceso de adquisición de bienes para la futura universidad.