Después de las fiestas de diciembre, la Revolución Ciudadana (RC) entrará en un año decisivo para su futuro en la vida política: debe elegir a su nuevo presidente nacional. Esto después del fracaso de la doble candidatura de Luis González, quien además ha estado a la cabeza de la agrupación.

Y aunque casa adentro lo nieguen, el malestar de varios cuadros al interior de la agrupación, debido al manejo del movimiento por parte de ciertos líderes, es cada vez más público y notorio. Y el principal grupo que enfrenta esa discordia es el de las autoridades locales electas por la lista 5.

Una primera evidencia salió a la luz con la carta que le enviaron al expresidente cuatro prefectos y un alcalde, para solicitar un espacio de diálogo. Después de que Correa y González iniciaran una campaña para descalificar los resultados electorales de 2025 bajo la sombra de un fraude que nunca lograron probar.

Ese distanciamiento había sido evidente desde mucho antes, pero solo en ese momento se confirmó que las cinco figuras consideraban que la RC vive una desconexión de los problemas profundos del país y que ponían en duda la dirección de González.

Como es usual, esto desencadenó la indignación de Correa, que puso como tarima para la discusión a las redes sociales. Desde entonces las cosas no han mejorado. Y estos perfiles de la Revolución han optado por mantener su rumbo individual, sin atreverse tampoco a optar por una desafiliación.

Y el problema es que ambos dependen mutuamente del otro. La mayoría de perfiles de la lista 5 no conseguirían mantener sus puestos sin el membrete correísta y Correa, sin sus candidatos con más experiencia, no podría ocupar espacios de poder en las siguientes elecciones.

Sin embargo, al exmandatario parece no importarle incrementar esa brecha entre sus representantes locales. Correa no ha tardado en lanzar críticas públicas en ningún caso y los demás también mantienen la tradición de exponer sus diferencias:

«Me opondré a cualquier candidato tibio», dijo Correa tras el anuncio de Pabel Muñoz de buscar la reelección de la alcaldía de Quito.
«Si esto se acepta, soy yo el que estoy de más», amenazó Correa tras la reunión entre Marcela Aguiñaga y Lourdes Tibán y le quitó el respaldo para la reelección a la Prefectura de Guayas.

Luisa González dijo públicamente que «muchas autoridades no deberían repetir como candidatos», refiriéndose a Aguiñaga y Aquiles Alvarez.
Mientras que Alvarez le pidió a la excandidata presidencial que se tranquilice.

Aguiñaga fustigó a González diciéndole que «quisiera que vivas lo que significa ganar una seccional».
Estas escenas en la tarima digital refuerzan la tradición del correísmo de no resolver sus pugnas a lo interno y ratifican que el debate dentro de la organización no existe, corroborando lo que han dicho quienes abandonan el movimiento o son declarados traidores.

Y justamente eso es lo que estará en juego en la elección del próximo presidente nacional de la agrupación, en la convención que se realizará en enero, para nombrar al sucesor de González y acordar el futuro del movimiento.

Sin embargo, pese a que la Revolución Ciudadana tiene como ventaja contar con más perfiles que todos los demás partidos políticos, el único nombre que se ha anunciado ha sido el de Felipe Vega de la Cuadra, considerado un leal aliado de Rafael Correa, pero que no ha estado públicamente en las filas del movimiento desde hace mucho tiempo.

Esto refleja otro problema, que pese a captar cuadros jóvenes y evidenciar en las elecciones nacionales los cambios que exige el electorado, el correísmo sigue atorado en la fidelidad a su máximo líder y no en la renovación de propuestas y estrategias.

Pero quien sea que encabece el próximo buró del movimiento deberá enfrentarse al reto de canalizar la selección de miles de candidatos para las elecciones locales de 2027. Esos resultados definirán la supervivencia de la que fue la mayor fuerza política del país hasta 2017, que podría recuperar espacios o desaparecer del mapa electoral.

Un contexto que no cambia
El correísmo enfrenta su peor momento desde su renacimiento, en agosto de 2021, cuando se apropió de la lista 5, antes inscrita como Fuerza Compromiso Social. Ese movimiento les ha permitido participar bajo una bandera propia en las elecciones seccionales de febrero 2023, las extraordinarias de agosto de 2023, y las presidenciales de 2025.

Sin embargo, su popularidad electoral ha ido disminuyendo, especialmente con los constantes escándalos de corrupción que rodean a sus principales figuras y a muchos de sus antiguos cuadros y aliados, con los que compartieron el poder entre 2007 y 2017.

Pero, pese a ello, la tendencia política mantiene todavía una base electoral representativa, especialmente en comparación a la mayoría de agrupaciones políticas nacionales que agonizan en su intento de sobrevivir a los ciclos electorales. Y esto le ha permitido mantener espacios en la Asamblea Nacional y en los gobiernos locales.

Por ejemplo, en 2023 lograron quedarse con las alcaldías de Quito, Guayaquil, Santo Domingo y Esmeraldas y las prefecturas de Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, Imbabura, Sucumbíos. A esto sumaron después 67 curules legislativas en 2025.

No obstante, toda esa representación política ha ido diluyéndose. Y el factor común en la mayoría de disputas internas son los choques con su presidente vitalicio y líder histórico, Rafael Correa. Con el que varios miembros de la Revolución han preferido mantener distancia.

Más allá de que la bancada correísta ha ido perdiendo miembros y hay lealtades cuestionadas, el exmandatario ha mantenido una férrea defensa de la que escogió como su heredera, pese al fracaso que tuvo en la dirección de la Revolución Ciudadana.

Y gran parte de los resultados electorales negativos, en las últimas dos presidenciales, se debió justamente a que Luisa González mantuvo las mismas líneas de Correa, sin emitir ni un solo criterio que difiriese del suyo. Lo que la llevó a sostener, por ejemplo, el reconocimiento del vilipendiado Nicolás Maduro.

En eso también ha contribuido el mismo expresidente, con cada estallido en redes sociales, que ponía en apuros a los militantes de la lista 5 que permanecen en Ecuador y que ocupan espacios de poder. La magnitud de ese problema fue corroborada con la difusión de los chats del caso «ligados», donde algunos jóvenes perfiles de la Revolución pedían que alguien le quite el teléfono a su líder. Fuente: Primicias

La adquisición para dotar de insulina a las casas de salud manejadas por el Municipio de Guayaquil generó un nuevo roce con el Gobierno Nacional, luego de que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) denunciara sobre presuntas irregularidades en el contrato.

Según el Sercop, la Alcaldía pretendería importar un millón de dosis de insulina a un precio mayor de lo que se vende en Ecuador. El costo que habría establecido por la compra el Municipio era de $12 por unidad, cuando en adquisiciones de otros procesos se pagaron precios por el medicamento entre USD 7,12 y 7,49.

Además, la entidad añadió que el Municipio tiene un incumplimiento normativo, al no contar con permiso previo emitido por la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), para la importación de fármacos.

El Sercop apuntó que la verificación se realizó en cumplimiento de sus funciones, para cuidar la adquisición de bienes y servicios en beneficio de la ciudadanía.

De hecho, la institución recomendó al Municipio guayaquileño realizar el proceso de adquisición con farmacéuticas locales que cuentan con el producto, a un precio inferior al ofertado en el contrato establecido.

Julio José Neira, secretario de Integridad Pública y director encargado del Sercop, aclaró que un 2,66% de los procesos contratados por la Alcaldía, que equivalen a 47 contratos, fueron suspendidos por detectarse alguna irregularidad, incluido el de la adquisición de incluido. El valor todos estos procesos era de USD 9,7 millones.

«Se les acabó el relato de la compra de insulina por el sobreprecio…», apuntó Neira, este viernes 28 de noviembre.

Cruce de declaraciones entre Alvarez y Neira

La suspensión de los procesos generó una serie de insultos en redes sociales proferidos por el alcalde Aquiles Alvarez hacia Neira, quien a su vez le recordó que se encuentra procesado y llamado a juicio por presunta comercialización irregular de combustible.

«El proceso de insulina se suspendió porque el alcalde procesado pretendía importar insulina evadiendo la norma: ni siquiera pidieron registro sanitario, básico para asegurar calidad y proteger a los pacientes», recalcó Neira.

Medicamentos no entregados