Nacionales
Asamblea Nacional no votó por el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por violación
El segundo debate del proyecto de ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en casos de Violación concluyó la noche del jueves 3 de febrero de 2022. El Pleno de la Asamblea Nacional analizó el informe elaborado por la Comisión de Justicia, pero no votaron para su aprobación.
Los legisladores abordaron los puntos más relevantes de esta iniciativa, que surgió en cumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional para permitir el aborto en situaciones donde la mujer ha sido violada. Desde el Legislativo se debía realizar un reglamento que acompañe esta sentencia. “Hemos formulado un proyecto con criterios y argumentos técnicos y científicos, con el fin de entregar una herramienta efectiva a la sociedad”, manifestó la asambleísta Johanna Moreira, ponente de la Mesa de Justicia.
En el debate se planteó la necesidad de efectuar reformas en la Constitución, pues el artículo 45 de la Carta Magna señala que se garantiza la vida desde la concepción. Las bancadas también intercambiaron opiniones sobre la temporalidad para el aborto por violación, que en el texto presentado indica que es de hasta 20 semanas de gestación en mujeres mayores de 18 años y de hasta 22 en menores de edad.
Sin embargo, una alternativa que sugirieron entre quienes no apoyan la interrupción del embarazo es que exista un acompañamiento especializado para preparar a la madre en un proceso de adopción. También mencionaron que se necesitan sanciones más fuertes contra el agresor.
Finalizado el debate, que contó con al menos 40 intervenciones, Moreira le solicitó a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, un plazo de ocho días para que la Comisión de Justicia elabore un informe definitivo con los aportes recabados en el debate.
En una semana, el Pleno de la Asamblea volverá a sesionar sobre este proyecto de ley para conocer el documento final y someterlo a votación. Una vez cumplido este proceso, la iniciativa legal será remitida al presidente Guillermo Lasso. (I)
El Universo
Nacionales
Reimberg advierte a jueces: “Se enderezan o van presos”, tras allanamientos a magistrados de la Corte Nacional
El ministro del Interior, John Reimberg, lanzó una dura advertencia a los operadores de justicia luego de que la Fiscalía General del Estado ejecutara allanamientos contra jueces de la Corte Nacional de Justicia investigados por presunto cohecho.
Las diligencias son el resultado de una investigación relacionada con un fallo judicial emitido en 2023 que favoreció a una empresa china con una indemnización millonaria.
Presunto cohecho en fallo a favor de empresa china
La Fiscalía General del Estado informó que, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó varios allanamientos en inmuebles ubicados en el norte de Quito, dentro de una investigación previa por el presunto delito de cohecho.
Los investigados son Milton Velasquez, Patricio Secaira e Iván Larco, jueces que habrían integrado el Tribunal que ordenó al Estado ecuatoriano pagar USD 59’334.103,17 a favor de una empresa china.
La compañía asiática China Railway había iniciado acciones legales contra el Ministerio de Educación por un contrato firmado en el 2015 para la construcción de escuelas provisionales, que al final no terminaron de realizarse y otras, en cambio, se destruyeron al poco tiempo.
Hernández recuperó su libertad en abril de 2025, tras cumplir diez meses de prisión por colaborar con la Fiscalía, y rindió su versión en calidad de testigo protegido.
Manifestó que, durante un evento efectuado en Guayaquil, mantuvo reuniones con varias personas y conoció que los mencionados jueces habrían gestionado la emisión del fallo, correspondiente a una causa que permanecía represada varios años.
Por último, Fiscalía informó que continuará practicando las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, «con respeto al debido proceso».
El delito de cohecho está tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Fuente: Vistazo
Nacionales
Cedulación en Ecuador: ¿por qué los niños deben esperar hasta los siete años para tener el código dactilar permanente?
A los siete años de edad, las niñas y niños registran por primera vez sus huellas dactilares en la cédula de identidad. Es recién en esta etapa cuando las crestas papilares (los relieves en la piel que forman las líneas de los dedos, palmas y plantas de los pies) alcanzan la nitidez y definición necesarias para garantizar una identificación biométrica confiable.
En este proceso responde a criterios científicos y técnicos y es un dactiloscopista de la entidad, quien realiza una verificación técnica y registra el código dactilar permanente, el cual reemplaza al registro temporal asignado durante la primera infancia.
¿Por qué las huellas dactilares son confiables?
Las huellas dactilares poseen características que las convierten en uno de los métodos de identificación más seguros del mundo. Estas son algunas de ellas:
- Son únicas: No existen dos personas en el mundo con el mismo dibujo dactilar.
- Son permanentes: Se mantienen sin variaciones estructurales desde su formación y maduración técnica.
- Son inmutables: No cambian con el paso del tiempo ni por el crecimiento físico.
Al acudir a cualquiera de las agencias a nivel nacional, el ciudadano debe presentar la siguiente documentación según su caso:
- En caso de requerir una renovación del documento se debe acercar a la institución con su cédula anterior.
- Si la cédula fue robada o se perdió, será necesario llevar el Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura en línea.
- Llevar el recibo impreso solo si la transacción se realizó previamente en canales virtuales o banca externa.
La cédula emitida por primera vez tiene un costo de USD 5; sin embargo, por renovación su precio cambia a USD 16.
Por disposición del presidente Daniel Noboa, el Registro Civil del Ecuador extendió la atención de los servicios de cédulas y pasaportes, sin agendamiento de turno hasta el 31 de diciembre de 2026. La decisión, se implementó en todas a las agencias de la entidad a escala nacional. Fuente: Vistazo
Nacionales
Fiscalía investiga a jueces de la Corte Nacional que presuntamente recibieron dinero a cambio de una sentencia
La Fiscalía realizó varios allanamientos la madrugada de este miércoles 29 de julio de 2026 en el norte de Quito, como parte de una investigación previa de un presunto caso de cohecho, que se desprende el caso Plaga.
El Ministerio Público detalló que investiga a jueces de la Corte Nacional de Justicia, «quienes habrían recibido dinero a cambio de gestionar la emisión de una sentencia de casación en una causa en la que estaría involucrada una empresa china».
La investigación se inició con base en el testimonio anticipado de una persona sentenciada en el caso Plaga, informó la Fiscalía.
Entre los indicios levantados durante el operativo constan computadores, teléfonos celulares y documentos.
La Fiscalía todavía no ha proporcionado más detalles de este caso. Pero hay antecedentes.
El abogado quiteño Michael Hernández, conocido en círculos judiciales como ‘Mike’, exdirector de la Escuela de la Función Judicial, declaró en septiembre de 2024 que habría operado como intermediario entre abogados y jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
En su testimonio anticipado vinculó a los entonces magistrados Iván Saquicela y Wilman Terán con una supuesta estructura de favores y pagos ilegales.
Según Hernández, se habrían entregado USD 30.000 a Saquicela para influir en un proceso relacionado con la empresa china China Railway, que reclamaba pagos millonarios al Estado ecuatoriano. El caso terminó con una decisión judicial que ordenó un pago cercano a USD 59 millones a favor de la compañía.
La causa se originó por un contrato firmado en 2015 entre China Railway y el Ministerio de Educación para la construcción de unidades educativas provisionales. Tras la terminación unilateral del contrato en 2018, la empresa inició acciones legales y obtuvo fallos favorables en tribunales administrativos.
Saquicela rechazó las declaraciones de Hernández y calificó el testimonio como una supuesta maniobra política. Por su parte, Terán purga actualmente condenas por corrupción. Fuente: Primicias
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