La Ley Orgánica de Inteligencia fue aprobada este 10 de junio por el Pleno de la Asamblea Nacional. El bloque oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) consiguió los 77 votos justos para dar luz verde a la normativa.

Los votos, además de la bancada de ADN, fueron de cuatro asambleístas de Pachakutik, algunos independientes y de David Arias, legislador por Galápagos de la Revolución Ciudadana (RC).

Minutos después el bloque de RC informó que Arias, que antes ya había votado a favor de los informes de la ley urgente para enfrentar las economías criminales, fue expulsado.

El correísmo votó en contra, mientras los tres asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC), Carmen Tiupul, Manuel Choro y el alterno de Dina Farinango, de Pachakutik, se abstuvieron.

Tiupul, que además es segunda vicepresidenta de la Asamblea, había advertido que entre la facción de Pachakutik que vota con el Gobierno, desde el inicio de este periodo legislativo, había dudas sobre esta normativa.

Había dicho que si se votaban por bloques, ellos apoyarían los artículos positivos de la Ley. Sin embargo, la ponente, Inés Alarcón, mocionó que se vote la ley íntegra y no fraccionada, como también pedía el PSC y el correísmo.

Por Pachakutik votaron a favor de la propuesta oficialista los asambleístas:

Luis Nango.
Cecilia Baltazar.
Edmundo Cerda.
Fernando Nantipia.

Defensa de la ley
Al haberse agotado el debate el 3 de junio pasado, la única que tomó la palabra este 10 de junio para sustentar los cambios ejecutados en la ley fue la proponente, Inés Alarcón, de ADN, que además preside la Comisión de Seguridad.

La legisladora oficialista aseguró que la normativa no encierra ningún objetivo oscuro para perseguir a opositores políticos y, mucho menos, a periodistas.

Aseguró que la Constitución es la máxima garante del derecho a la privacidad de los ciudadanos y del buen uso de la información, por lo que negó que estén en riesgo estos derechos.

Dijo además que la información obtenida en los trabajos de inteligencia y contrainteligencia no podrá ser usada en procesos judiciales como parte de prueba, porque eso prohíbe la propia normativa.

«Aclarados los puntos», la asambleísta Alarcón mocionó la votación integra de la normativa que cuenta con 58 artículos.

Tensa votación
Sin embargo, el tema no estaba «aclarado» para todos los legisladores. Alarcón se reunió con Viviana Veloz, Paola Cabezas y Jahaira Urresta, de la bancada del correísmo, quienes le trataban de convencer que se vote por bloques.

Lo propio hizo Valentina Centeno, también de ADN, que pasaba del puesto de Carmen Tiupul a la zona en la que se encuentran los tres legisladores del PSC quienes, con sus cabezas, le hacían señas de la negativa a apoyar una sola votación.

La excorreísta y ahora gobiernista Mónica Salazar también hizo su parte con Carmen Tiupul que, en un momento, abandonó el Pleno y tuvo un ‘casual’ encuentro con Centeno y Ferdinan Álvarez a la salida de los baños del hemiciclo.

Pese a la incertidumbre, Alarcón se la jugó y pidió al presidente Niels Olsen que llame a votar en bloque. Los votos favorables fueron apareciendo poco a poco. Cuando llegaron a 75, se estancaron. Luego de unos minutos subieron a 76.

Faltaba el último y todos los ojos se centraron en la curul del asambleísta independiente Juan Gonzaga que tenía en sus manos aprobar o rechazar la ley. Entonces Alarcón caminó determinada con dirección al asambleísta, pero antes que llegue, él votó sí.

Para no perder la viada, Inés Alarcón siguió y abrazó al asambleísta Gonzaga que fue quien decidió la aprobación de la normativa que ahora irá a manos del presidente Daniel Noboa.

Los cinco puntos polémicos de la ley
1.- El Sistema de Inteligencia contará con un fondo para gastos especiales, el mismo que será público porque se incluirá en el Presupuesto General del Estado. Las asignaciones, sin embargo, serán clasificadas. El control de los gastos estará a cargo de la Contraloría General del Estado, entidad que incinerará la información una vez que sea entregada y analizada.

2.- En la Asamblea Nacional la única comisión que podrá solicitar la comparecencia de los encargados del Sistema Nacional de Inteligencia será la de Seguridad que, actualmente, está en manos del oficialismo. De igual forma, los requerimientos de información que los órganos de la Asamblea Nacional hagan a la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, se deberán canalizar exclusivamente a través de la Comisión encargada de la temática de seguridad.

3.- Los operadores de servicios de telecomunicaciones estarán obligados a proporcionar al Sistema de Inteligencia y a los subsistemas policial y militar información para el desarrollo de operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Para eso no se establece que se requiera una orden judicial.

4.- La propuesta normativa dice que el ente rector de inteligencia, por razones de seguridad integral del Estado, «podrá solicitar la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones». Si los subsistemas requieren retener, abrir, interceptar o examinar documentos o comunicaciones, por cualquier medio, deberán canalizar el pedido a través del Sistema Nacional de Inteligencia.

5.- En la disposición transitoria primera se incluye a las personas naturales y jurídicas como sujetos obligados a entregar en forma segura, directa, gratuita y oportuna la información que sea solicitada. Fuente: Primicias