Nacionales
Asamblea aprueba inicio de juicio político a canciller Gabriela Sommerfeld por crisis diplomática con México
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó este martes el inicio del proceso de juicio político contra la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, acusada de incumplimiento de funciones en torno a la crisis diplomática con México.
Con el voto afirmativo de cinco legisladores, tres abstenciones y uno en contra, dicha comisión dio paso al inicio del proceso de sustanciación del juicio político de censura contra la canciller.
Sommerfeld ha sido acusada de incumplimiento de funciones en torno a la crisis diplomática con México, derivada tras la irrupción violenta de la Policía a la embajada mexicana en Quito, el pasado 5 de abril, para detener a Jorge Glas, un exvicepresidente del Gobierno de Rafael Correa, sobre el que había una orden judicial de detención.
Antes de que un juez ordenase su captura, Glas se había refugiado en la sede mexicana y al momento de su detención gozaba ya del asilo diplomático concedido por el Gobierno del presidente Manuel Andrés López Obrador, y esperaba la extensión de un salvoconducto que le permitiera abandonar el país.
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El exvicepresidente actualmente guarda prisión en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, situada en la ciudad de Guayaquil, mientras los gobiernos de Ecuador y México mantienen un litigio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Pamela Aguirre, dejó claro que la calificación del trámite del juicio político contra Sommerfeld responde a un procedimiento establecido en la normativa legislativa, que observa el cumplimiento de los requisitos en la solicitud del proceso de censura.
La asambleísta Jhajaira Urresta, del movimiento Revolución Ciudadana, presentó el pasado 25 de abril la solicitud para el juicio político, que ya fue aceptado por el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea, organismo que trasladó el expediente a la Comisión de Fiscalización.
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El procedimiento parlamentario implica un trámite de notificación del juicio político a la canciller, quien tendrá la oportunidad de demostrar si ha cumplido o no sus funciones, comentó la asambleísta Aguirre, que también es parte de la Revolución Ciudadana.
El pasado 12 de abril, el Gobierno de México denunció ante el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, el asalto de su embajada en Quito, llevado a cabo por fuerzas de seguridad de Ecuador.
Asimismo, el Gobierno mexicano solicitó a la Corte Internacional de Justicia el inicio de procedimientos para que se declare a Ecuador responsable, proceso que ya se ventila en ese tribunal.
Mientras México acusa a Ecuador de romper la inviolabilidad de sus sedes diplomáticas, el Gobierno ecuatoriano sostiene que el Ejecutivo mexicano transgredió el derecho internacional al interferir en asuntos internos, abusar de la inmunidad diplomática y violar las normas de asilo que impiden dar ese beneficio a personas condenadas por tribunales ordinarios y procesadas por delitos comunes.
Nacionales
Aquiles Álvarez acude a la CIDH y denuncia prisión con fines políticos
La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que la prisión preventiva en su contra responde a motivaciones políticas.
En el documento se señala que el alcalde permanece en condiciones de aislamiento extremo, con restricciones en visitas, comunicación y acceso a servicios básicos. Según su defensa, esto le impide ejercer el cargo para el que fue elegido, lo que —afirman— configura una “destitución de facto”. Por ello, solicitan la adopción de medidas cautelares internacionales.
Aunque un tribunal revocó la orden de prisión preventiva en ese proceso, al considerar que los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) no eran “suficientes para establecer la existencia del delito” ni la probabilidad de participación de los procesados, el alcalde continúa privado de libertad por otras causas judiciales. Entre ellas, una investigación por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos, denominada Triple A, y otro proceso relacionado por no usar grillete electrónico antes de su encarcelamiento.
Nacionales
Un cadáver maniatado y en estado de descomposición fue hallado en la vía Loja-Zamora
Alrededor de las 06:15 de este miércoles 29 de abril, un cuerpo en estado de descomposición fue hallado a un costado de la vía Loja-Zamora, en el sector conocido como La Cordillera.
Según los reportes preliminares, el cuerpo fue localizado con signos de haber sido maniatado con cinta de embalaje y tenía la cabeza cubierta con una funda.
Tras el reporte, personal de la Policía y unidades especializadas acudieron al sitio para tomar procedimiento. Actualmente, las autoridades investigan el caso y realizaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo a una morgue, con el objetivo de identificar a la víctima.
Nacionales
Roberto Luque anuncia inicio de compensaciones a transportistas
El Gobierno anunció que las compensaciones al transporte público se mantendrán.
En una entrevista para Ecuavisa, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, señaló que las compensaciones económicas al sector se mantendrán hasta el 15 de mayo, para el transporte intra e interprovincial.
En el caso del transporte urbano, el esquema de subsidios ya concluyó, pero Luque explicó que se han tomado otra acciones como tercera placa, tarifarios en rutas largas y otros.
Sobre posible alza de pasajes
“Yo no lo podría aseverar. Esas decisiones dependen de los gobierno autónomos descentralizados”, dijo Luque.
Esto significa que la definición de tarifas no es una competencia del Ejecutivo, sino de los municipios, por lo que serán ciudades como Quito o Guayaquil las que deberán decidir si se mantienen o modifican los valores actuales.
Las autoridades también señalaron que cualquier ajuste deberá estar vinculado a mejoras en el servicio. Según su criterio, los usuarios podrían aceptar incrementos si estos se traducen en mayor calidad, seguridad y eficiencia en el transporte.
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