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Arcotel inicia reforma normativa para frenar cobros indebidos de empresas telefónicas

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La Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel) ha comenzado una reforma normativa para evitar que las operadoras móviles sigan realizando cobros indebidos a los usuarios por servicios o equipos no solicitados, en respuesta a un dictamen de la Corte Constitucional.

¿Qué cambios implementará Arcotel?

  1. Verificación de identidad: Las empresas deberán confirmar la identidad de los usuarios al contratar servicios o adquirir equipos.
  2. Reclamaciones efectivas: Se establecerán mecanismos ágiles para que los usuarios afectados por cobros no autorizados puedan presentar sus reclamos de manera eficiente.
  3. Protección de datos personales: Se regulará el manejo de la información personal de los clientes por parte de las operadoras móviles.

El caso se remonta a 2018 y 2019, cuando 65 personas denunciaron que OTECEL S.A. les cobró por servicios y equipos que nunca solicitaron. Tras intentar recuperar el dinero, las víctimas fueron enviadas por la empresa a la Defensoría del Pueblo.

Finalmente, los afectados presentaron una acción de protección que, tras varios rechazos y apelaciones, fue admitida por la Corte Constitucional. La corte ordenó que Arcotel establezca una normativa para proteger los derechos de los consumidores, dando plazo hasta febrero de 2025 para su implementación.

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Niels Olsen se pronuncia por denuncia por «diezmos» en la Asamblea

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Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) tratará de manera inmediata la denuncia interpuesta por Mishel Mancheno, primera vicepresidenta del organismo, contra la parlamentaria correísta Nuria Butiñá, por supuesto cobro de «diezmos».

Según la denuncia, la legisladora por Guayas habría cobrado aportes a uno de sus exasesores, además de entablar presuntas amenazas y hostigamientos en su contra. El hecho fue conocido a través de un correo electrónico dirigido a la vicepresidenta Mancheno, el 19 de agosto, por la persona afectada.

En el escrito, el exasesor detalla que entre el 16 de mayo y el 14 de agosto de 2025 ejerció su cargo como asesor 1 de Butiñá. La asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC5) presuntamente le habría exigido entregar una parte de su salario, alterar actas juramentadas y tener una actitud de hostigamiento, según detalló Mancheno.

Olsen mencionó que el expediente del caso, por presunta concusión, será remitido en las próximas horas a la Unidad Técnica Legislativa, para que ponga en conocimiento en el CAL y se califique la denuncia, previo a su tratamiento en el Comité de Ética del Legislativo.

«Acá no hay lugar para los ‘vivos’ que se aprovechan de su cargo y de sus trabajadores. La Asamblea tiene que ser decente, o no sirve. Y el que falle, responderá por sus actos. Así de simple. He recibido la denuncia. Será tratada en el CAL y remitida inmediatamente al Comité de Ética para la valoración de pruebas«, mencionó la máxima autoridad del Legislativo, en un comunicado de prensa.

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“Tertulia Jurídica”: Jóvenes abogados fortalecen la cultura legal en Zamora Chinchipe

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El diálogo académico y la formación ciudadana encuentran un espacio en “Tertulia Jurídica”, programa desarrollado por los abogados Franco Tamay Vega y Jamil Ávila, transmitido cada miércoles a través de Diario El Amazónico y medios radiales asociados. La iniciativa busca acercar el conocimiento jurídico a la sociedad mediante un lenguaje claro y accesible, con la participación de destacados juristas nacionales y autoridades del sistema de justicia.

Trayectoria y visión de los protagonistas
Franco Tamay, joven abogado de 24 años, oriundo de Loja y con raíces de Zamora Chinchipe, ecuatoriano, se desempeña en el libre ejercicio de la profesión. Actualmente cursa su tercera maestría en Quito, orientada al derecho penal y los derechos humanos, con el objetivo de contribuir a la formación de profesionales probos en Zamora Chinchipe. Su trayectoria académica refleja el compromiso de una nueva generación de juristas que aspira a ejercer la profesión con ética y responsabilidad social.

Por su parte, Jamil Ávila, originario de la parroquia La Paz del cantón Yacuambi, también egresado de la Universidad Nacional de Loja, comparte esa visión de un ejercicio profesional sustentado en valores y principios. Con 30 años de edad, Ávila combina su labor jurídica con el propósito de generar espacios de orientación ciudadana, convencido de que el derecho debe estar al servicio de la sociedad.

Un espacio de formación ciudadana
“Tertulia Jurídica” no se limita a los profesionales del derecho, sino que está dirigido a la comunidad en general. El programa cuenta con una agenda confirmada hasta diciembre, en la que participarán juristas de renombre, ex jueces de la Corte Nacional de Justicia, miembros de la Corte Constitucional y especialistas en diversas ramas jurídicas. El objetivo es explicar la interpretación y aplicación de las leyes en la vida cotidiana, fomentando la confianza ciudadana en la justicia.

Además, los abogados coinciden con uno de los objetivos que tiene este medio de comunicación y subrayan que la iniciativa no tiene fines de lucro, sino un carácter social y educativo. La propuesta responde a la necesidad de transparentar la práctica del derecho, combatir la desconfianza hacia la profesión y orientar a la ciudadanía sobre sus derechos, procesos legales y servicios gratuitos como los que presta la Defensoría Pública.

Ética y responsabilidad en la práctica profesional
Durante sus intervenciones, tanto Tamay como Ávila coincidieron en que ejercer la abogacía en el contexto actual es un reto complejo debido a la desconfianza generada por casos de corrupción en la administración de justicia. Frente a ello, ambos recalcan la importancia de preservar los valores, la probidad y la preparación constante, para consolidar un ejercicio profesional digno y confiable.

Invitación a la ciudadanía
El programa “Tertulia Jurídica” se transmite cada miércoles de 19h00 a 20h00 a través de Diario El Amazónico y por radios locales en distintas frecuencias. S invitan a la ciudadanía a participar activamente, acceder a información clara y comprender de manera sencilla los alcances del derecho en la vida cotidiana.

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Presuntos abusos sexuales en espacios religiosos: Fiscalía confirma 11 casos, entre ellos el del sacerdote de Olón

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En la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional se abrió una investigación sobre presuntos casos de violencia sexual en espacios religiosos contra menores de edad. La Fiscalía confirmó este miércoles la existencia de, al menos, once denuncias de abuso sexual clerical.

Representantes de la Defensoría del Pueblo y la Coalición de Lucha contra la Violencia Sexual en Espacios de Fe también participaron en la mesa legislativa presidida por Viviana Veloz, con el objetivo de informar sobre la denuncia contra un sacerdote de la Iglesia católica en Olón, provincia de Santa Elena, que se hizo pública el pasado 15 de agosto.

11 casos de abuso sexual

Alejandro Baño, director de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado, informó que, a través del monitoreo de medios y redes sociales, esta institución inició de oficio una investigación previa el 17 de agosto de 2025, a las 14h29. Posteriormente, se presentó la denuncia por parte de la Tenencia Política de Manglaralto y un parte policial en relación con los hechos.

A raíz del inicio de la investigación, indicó que se han dispuesto varias diligencias, entre ellas la valoración psicológica de los adolescentes.

Asimismo, señaló que, hasta la fecha, existen 11 casos en seguimiento de violencia sexual en el ámbito clerical en el país: 1 en etapa procesal y 10 en investigación previa.

Por su parte, Rodrigo Varela, delegado de la Defensoría del Pueblo, informó que se solicitó a la Conferencia Episcopal información sobre los protocolos existentes, aunque aclaró que no cuentan con datos sobre casos de violencia. Explicó, además, que el 19 de agosto de 2025 se emitió la providencia de admisibilidad para iniciar la vigilancia del debido proceso, en el marco de las competencias de la institución dentro de la investigación defensorial.

Por último, en comisión general, Sara Oviedo, representante de la Coalición de Lucha contra la Violencia Sexual en Espacios de Fe, denunció la falta de entrega de información por parte de la Iglesia católica, a la que atribuyó mantener un “código de silencio”, con la orden de no denunciar, lo que constituye una forma extrema de encubrimiento.

En torno a lo ocurrido en Olón, la Diócesis de Santa Elena anunció la separación del sacerdote de su cargo mientras duren las investigaciones.

El caso se hizo público por redes sociales, donde se viralizó un video en el que aparecen varios ciudadanos increpando al sacerdote e incluso refiriéndose a él como «pedófilo» por, presuntamente, estar en ropa interior con los menores. Fuente: Vistazo

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