Nacionales
Alto costo y menor volumen de espectro para telefonía trae lento despliegue de redes y menor calidad de servicios, revela GSMA
Un análisis académico revela que el costo del espectro en Ecuador, está tres veces por encima del costo de la media regional. Mientras en 2010, el costo anual del espectro en Ecuador representaba el 10% de los ingresos recurrentes de los operadores. Para 2019, esa proporción se incrementó al 16%.
Adicionalmente Ecuador ha entregado menor volumen de espectro que sus pares en la región. A fines del 2020, Ecuador había asignado alrededor de 280 MHz de espectro para uso móvil, muy por debajo del promedio regional de 400 MHz.
El alto costo, defindido en un gran porcentaje por el Estado, y no por oferta y demanda, y el menor volumen del espectro, han generado efectos negativos tanto en el despliegue de nuevas redes como en la calidad del servicio de telefonía móvil en el país. El análisis fue entregado esta mañana y tarde por la GSMA (Asociación Global del Ecosistema Móvil) que aglutina a los operadores móviles de la región.
El debate sobre los costos se levanta en medio de las negociaciones que ya lleva a cabo el Gobierno con las empresas de servicios móviles para la renovación de los contratos de concesión de espectro que deben concluir en el 2023.
De acerdo con el estudio los costos de renovación de la banda de 1900 MHZ fue 7 veces más alto que la medida en Amérca Latina y los de banda de 900 y 1700 MHZ, fue cinco veces más alta.
El costo total del espectro está formado por pagos iniciales y costos por adelantado (costos financieros directos a los operadores por asignaciones y renovaciones), más las tasas o cargos anuales. En el caso de Ecuador, estos pagos representaron alrededor del 60% del costo total anual del espectro. De ellos, el 70% consistió en los pagos de tasas administrativas por el uso del espectro, dice el estudio.
“En Ecuador, los pagos anuales, en particular las tasas administrativas por uso del espectro, se han vuelto una porción creciente del costo de este recurso. Esta fuerte carga ha reducido la capacidad y los incentivos para invertir de los operadores, perjudicando a los usuarios”, señala Lucas Gallitto, director para América Latina, GSMA.
En cuanto a la calidad de los servicios, el estudio dice que si Ecuador hubiese tenido costos cercanos a los de la media regional, los consumidores habrían podido contar con velocidades de descarga 40% más rápidas en 2020, explica Pau Castells, director de Análisis Económico de GSMA.
El costo ha generado que Ecuador se retrase un año en alcanzar una cobertura del 80% en 4G , en comparación con el promedio regional.
Con base a un estudio más amplio realizado en 64 países, el informe de la GSMA indica que priorizar metas recaudatorias en la gestión del espectro tiene consecuencias negativas en los servicios.
El Gobierno ha incluido en la ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal la posibilidad de que las empresas de telefonía puedan pagar parte del espectro con servicios para sectores remotos. Este tema genera ciertos recelos en asambleístas que más bien proponen cobrarles más a las empesas telefónicas, en vez de facilitarles el pago. En todo caso, sobre el tema, Gallitto explicó que este tipo de acuerdo se han hecho en varios países europeos como por ejemplo en Francia.
Frente a la pregunta de cuándo llegará la tecnología 5G en Ecuador, Gallitto que existen varios factores que pueden hacer despegar la demanda. Un conductor de esta demanda puede ser la existencia de ciudades inteligentes. En todo caso, explicó que este tipo de desarrollos siempre se hallan con las mismas barreras antes mencionadas: el costo del espectro y la porción de espectro disponible. (I) Fuente: Diario El Universo
Los reportes del buró de crédito en Ecuador tendrán un cambio importante. A partir de una nueva regulación, las personas que consulten su historial crediticio encontrarán información correspondiente únicamente a los dos años anteriores a la fecha en que se genere el documento.
La modificación consta en la Resolución JPRFM-2026-033-F, emitida el 20 de agosto de 2026 por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM).
La reforma establece nuevas reglas para el manejo del Registro de Datos Crediticios y de los burós de información crediticia.
La clave está en diferenciar registro y reporte
Uno de los puntos que puede generar confusión es que dos años no significa que la información desaparecerá del sistema después de ese tiempo.
La normativa establece que los datos de riesgo crediticio podrán mantenerse registrados durante un máximo de cuatro años, contados desde la última fecha de vigencia de la operación.
Pero cuando una persona solicite su reporte crediticio, el documento deberá considerar solamente las operaciones correspondientes a los dos últimos años.
Esto incluye obligaciones vigentes, vencidas o canceladas dentro de ese período.
La disposición se aplica tanto a los reportes elaborados por los burós privados como a los generados a partir del Registro de Datos Crediticios.
¿Una deuda se borra después de dos años?
No necesariamente.
El nuevo límite de dos años establece qué información puede aparecer en el reporte, pero no implica que una obligación pendiente quede eliminada.
Si una persona mantiene una deuda vigente, esta no desaparece por el simple paso de 24 meses. La reforma tampoco establece una condonación de obligaciones.
En cambio, la información podrá permanecer en el Registro de Datos Crediticios durante un máximo de cuatro años. Después de ese plazo podrá ser eliminada de la base de datos en línea, aunque podría conservarse por otros medios cuando corresponda.
Nuevos datos podrán ser considerados
La reforma también abre la puerta a que el análisis crediticio incorpore información proveniente de otras fuentes.
Entre los sectores que aportan información se encuentran las instituciones financieras públicas y privadas, el sector financiero popular y solidario, participantes del mercado de valores, empresas comerciales, aseguradoras y compañías de telecomunicaciones.
Además, podrán utilizarse fuentes complementarias, como información relacionada con el pago de servicios básicos y tributos.
Para que estos datos sean considerados deberán estar vinculados con aspectos crediticios, como el cumplimiento de obligaciones, el comportamiento de pago o la capacidad de endeudamiento.
¿Qué significa para quienes tienen deudas?
El principal cambio para los usuarios será que, al obtener su reporte, no se mostrará información crediticia de más de dos años, aunque determinados registros permanezcan almacenados durante un período mayor.
Por ello, la nueva normativa no borra deudas ni elimina automáticamente un historial negativo. Lo que modifica es el período de información que los reportes pueden mostrar al momento de evaluar el comportamiento financiero de una persona.
Nacionales
Inutilizan pista clandestina de 1.500 metros en Colimes que habría sido usada para vuelos vinculados al narcotráfico
La Policía Nacional, con apoyo de personal especializado de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), inutilizó una pista clandestina localizada en el sector El Cacao, en el cantón Colimes (Guayas), que presuntamente podía ser utilizada para operaciones relacionadas con el transporte aéreo de drogas.
Según la información proporcionada por las autoridades, la pista tenía aproximadamente 1.500 metros de longitud y 15 metros de ancho, características que permitían el aterrizaje de aeronaves.
El hallazgo fue posible gracias a las labores desarrolladas por el Grupo de Operaciones de Inteligencia Aérea, que identificó la infraestructura y posteriormente confirmó sus características.
Una vez establecida su ubicación, equipos de la Policía y la FAE ejecutaron acciones para impedir que volviera a ser utilizada.
Para ello se realizaron detonaciones controladas y se colocaron montículos de tierra aproximadamente cada 200 metros a lo largo de la pista.
Auge del narcotráfico en Ecuador
Las autoridades presumen que la infraestructura podía estar relacionada con actividades de organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.
La Policía señaló que este tipo de intervenciones forman parte de las operaciones permanentes destinadas a detectar y neutralizar infraestructura que pueda ser aprovechada por estructuras criminales.
Ecuador se ha convertido en los últimos años en uno de los principales puntos de tránsito internacional de droga, afectado por su ubicación entre Colombia y Perú, la actividad de sus puertos y la economía dolarizada.
Nacionales
Caso «La Reina»: Fiscalía pone bajo la lupa movimientos financieros de funcionaria de Aquiles Alvarez
La Fiscalía General del Estado investiga un presunto entramado familiar de lavado de activos en el denominado Caso ‘La Reina’, una causa que involucra a los hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B., quienes permanecen en prisión preventiva.
Según la información expuesta por Fiscalía, durante ese periodo se identificó el ingreso de USD 1.293.016,29 al Sistema Financiero Nacional, además de USD 683.894,42 correspondientes a movimientos entre cuentas.
El Ministerio Público busca determinar el origen y destino de esos recursos y establecer si fueron incorporados al sistema financiero mediante operaciones destinadas a ocultar su procedencia.
Una brecha entre lo declarado y lo registrado en cuentas
Uno de los elementos que analiza la investigación es la diferencia entre los ingresos reportados ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) y los valores registrados en cuentas del Sistema Financiero Nacional.
Los datos analizados muestran que la brecha comenzó a ampliarse especialmente desde 2022. Ese año, los ingresos declarados ante el SRI sumaron USD 33.039, mientras que los movimientos registrados como ingresos en el sistema financiero alcanzaron USD 376.525.
En 2023 se registró la diferencia más significativa de la serie analizada: frente a USD 40.488 declarados al SRI, las cuentas registraron ingresos por USD 440.781.
Aunque los valores disminuyeron posteriormente, la diferencia se mantuvo. En 2024 fueron USD 51.922 declarados frente a USD 182.267 registrados en el sistema financiero; mientras que en 2025 la relación fue de USD 30.071 frente a USD 224.853.
El vínculo con el Municipio de Guayaquil
La investigación también pone atención en la actividad de Navila D. B., quien ingresó al Municipio de Guayaquil en 2023, luego de la creación de la Dirección de Eventos Especiales, dependencia en la que habría trabajado.
A partir de ese periodo, según el análisis financiero incorporado a la causa, se observa un incremento en los movimientos económicos relacionados con los tres hermanos.
Fiscalía investiga además un presunto flujo de recursos que habría llegado a Navila D. B. a través de Ternape Petroleum S. A., empresa que estaría relacionada con Aquiles A. H., de acuerdo con los elementos expuestos en la investigación.
Los hermanos David y Farid D. B., por su parte, son señalados como personas que habrían movilizado e inyectado recursos cuya procedencia es actualmente objeto de investigación.
Además del presunto lavado de activos, el Ministerio Público analiza posibles elementos relacionados con defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito.
Órdenes de prisión
El caso tomó un nuevo impulso el 5 de agosto de 2026, cuando Fiscalía ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos, además de varios allanamientos, incautaciones y retenciones de vehículos.
Durante ese operativo, Navila D. B. no fue localizada.
En cambio, David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B. fueron detenidos y posteriormente llevados ante la justicia. En la audiencia correspondiente, un juez dictó prisión preventiva para ambos mientras avanza la investigación.
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