El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes la denominada Ley Orgánica de Integridad Pública, entre cuyas medidas establece el endurecimiento de penas contra menores de edad, lo que causó la preocupación de Unicef, que calificó la norma de «reformas regresivas al sistema penal juvenil que afectan gravemente a los adolescentes».

La Ley, impulsada por el presidente Daniel Noboa, fue aprobada con 84 votos a favor de un total de 151 asambleístas que componen el hemiciclo, frente a 62 votos en contra y 2 abstenciones.

El texto aborda cuatro ejes: la contratación pública; el fortalecimiento institucional del sector público. la gestión pública en su conjunto, y la erradicación de redes delictivas que amenazan a la niñez del país.

Este planteamiento busca, de acuerdo al Gobierno, disuadir a los menores tras haber proliferado el reclutamiento de adolescentes por parte de las bandas criminales a las que Noboa declaró la «guerra» desde inicios de 2024 para combatir la escalada de violencia criminal en la que está inmerso el país.

El año pasado fueron más de 3.500 los menores que fueron detenidos como parte de las acciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas criminales, según confirmó la pasada semana a EFE el ministro del Interior, John Reimberg.

En su comunicado, Unicef manifestó que «este tipo de medidas no han demostrado ser efectivas para combatir la inseguridad, y contravienen la Constitución de la República y la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ecuador».

«Incluso podrían empeorar la situación del sistema penitenciario y afectar posibilidad de reintegración para los adolescentes», apuntó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Esta ley también introduce reformas a un total de diecinueve normas ya existentes para establecer cambios como la prohibición de retorno al país por el período de 40 años a los extranjeros que hayan sido expulsados de Ecuador tras cumplir penas por delitos con penas de cárcel mayores a cinco años.

De incumplir esta disposición, el extranjero podrá ser declarado como un objetivo militar, si persiste el «conflicto armado interno» declarado por Noboa contra las bandas criminales.

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La norma aprobada este martes también da al presidente la facultad de disolver ciertas instituciones públicas, así como que las cooperativas de crédito y ahorros pasen del sistema de economía popular y solidarias al sistema financiero privado.

La aprobación de la llamada Ley de Integridad Pública contó con el rechazo del correísmo, principal fuerza opositora a Noboa, que en un comunicado advirtió también que «eliminaron de un plumazo los derechos laborales conquistados hace años, la estabilidad de funcionarios de carrera, el derecho internacional y convenciones de las que Ecuador es firmante».

Por 11 días seguidos, el Riesgo País del Ecuador se ha ubicado por debajo de los 900 puntos. El 20 de junio fue de 880 puntos. Estas cifras son las más bajas de los últimos tres años, ya que en ese período se ha mantenido por encima de los mil puntos.

El pico más alto de los últimos 11 años, de acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador se registró el 23 de marzo de 2020, cuando se paralizó el mundo a causa de la pandemia del covid-19. Ese día superó los seis mil puntos. Otro pico fue el 22 de diciembre de 2008 con más de cinco mil puntos, cuando el gobierno de ese entonces declaró default sobre parte de su deuda externa.

Pero, ¿qué es el Riesgo País? «El Riesgo País mide la probabilidad de que un gobierno no pague sus deudas y eso se ve reflejado en los precios de los bonos internacionales, que es la manera de endeudarse de los países. En el precio del bono se refleja si un país considera pagar sus deudas o va a dejar de hacerlo», explica el economista Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal.

Esto significa que, mientras más alto es el Riesgo País, el interés que se cobra al país por un crédito también se incrementa.

«Por debajo de los 700 puntos podríamos regresar al mercado de capitales. Pronto podría suceder que lleguemos a esos niveles. Claro, hay algo que no nos ayuda en este momento y son los bajos precios del petróleo. Sin un cambio en el mercado petrolero va a ser un poco más complejo y requerirá de medidas adicionales por parte del Gobierno», indica Alberto Acosta Burneo.

Una de las razones es el acceso a más fuentes de financiamiento externo. Según Acosta Burneo, el programa de los multilaterales contempla que Ecuador regrese al mercado de capitales en este año para colocar 1.500 millones de dólares en bonos.

Esos recursos ayudarían a financiar el Estado y, por ende, disminuiría las probabilidades de que el país se atrase con el pago de sus deudas pendientes. La urgencia también se origina a que a partir de 2026 el país enfrentará la amortización de los bonos PDI 2030 y los nuevos bonos Soberanos 2030, para los cuales se requiere al menos 905 millones de dólares anuales para cumplir con estos pagos, de acuerdo a la Programación Fiscal 2025-2028 del Ministerio de Economía y Finanzas.

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«El último boletín de deuda disponible al momento corresponde a marzo de este año. Ahí se puede ver que de los 1.400 millones de dólares que pudo conseguir el Gobierno por financiamiento en el primer trimestre de este año, el 99% correspondió a recursos internos», señala el economista José Hidalgo Pallares , director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES).

Esto quiere decir que los estos recursos corresponden a bonos adquiridos por otras instituciones públicas como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), la Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE), entre otros. A esto se suma la creación recurrente de impuestos temporales para las empresas. «Eso demuestra las pocas fuentes de financiamiento que tiene disponibles el Gobierno en el exterior», enfatiza el directivo de CORDES.

José Hidalgo Pallares indica que es indispensable mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para continuar recibiendo desembolsos y reducir el Riesgo País para retornar al mercado de capitales.

«Esas son medidas necesarias que tiene que ejecutar el Gobierno porque de otro modo se está afectando a la liquidez de algunas instituciones públicas. Cuando no hay ni siquiera esa opción de financiamiento interno, lo que hace el Gobierno es financiarse a través de atraso. Contrata servicios o compra bienes y no los paga a tiempo y eso obviamente es un golpe para las empresas proveedoras del Estado», explica el director general de CORDES.

Una las tareas indispensables es poner en orden las cuentas fiscales. Esto significa que se debe elevar los ingresos y reducir los gastos.

«El ajuste fiscal es un paso que Ecuador tiene que dar. Ni siquiera debe ser para reducir el Riesgo País, sino para tener una situación fiscal que sea sostenible en el tiempo y que no sea un impedimento a la llegada de inversión«, indica José Hidalgo Pallares. «Lo que pasa es que en Ecuador no tenemos paciencia para aguantar el proceso duro del ajuste y luego ver los resultados, sino que queremos ver resultados inmediatamente y lamentablemente el país no puede seguir con una situación fiscal como la de los últimos años», añade.

Otra prioridad del país es mejorar la institucionalidad. «Tenemos que colocar reglas macrofiscales que limiten el crecimiento del gasto, que limiten el endeudamiento. En Ecuador han existido esas reglas en el pasado como la que no se podía endeudar más allá del 40% del PIB», señala Alberto Acosta Burneo.

Un ejemplo de óptimo manejo económico es Perú, que cerró en mayo con un Riesgo País de 158 puntos, pese a sus continuas crisis políticas. Esa cifra es una de las más bajas de Latinoamérica.

«Perú, pese a toda la inestabilidad política, tiene una situación fiscal muchísimo más ordenada que Ecuador, con déficits muchísimo menores, no es como Ecuador, un país que incumple con cierta recurrencia sus pagos de externo», afirma Hidalgo Pallares.

Para el director general de CORDES, Ecuador puede seguir el ejemplo de Perú, pero eso implica esfuerzo. «Tiene que tomar algunas medidas que probablemente sean impopulares políticamente, pero insisto, no en lo inmediato, pero sí en el mediano plazo pueden traer beneficios a toda la economía a través de un menor Riesgo País, una mayor llegada de inversión y, por lo tanto, un mayor crecimiento y creación de puestos de empleo».

El economista Alberto Acosta Burneo señala que un factor diferenciador que tiene Perú es la independencia del Banco Central. «Es una institución absolutamente independiente, que no obedece a los gobiernos de turno. Además, este país tiene limitaciones al gasto y eso hace que el nivel de endeudamiento fiscal sea muy reducido, está por debajo del 40%». Añade: «Si bien la política no funciona en Perú, las instituciones y el manejo económico sí funcionan y eso permite que puedan acceder a financiamiento muy barato». Fuente: Vistazo