La primera audiencia de alias Fito en Nueva York, se celebró en la sala 2A Sur del Tribunal Federal de Brooklyn. La operación es parte del plan “Take back America” (Recupere América), una estrategia del Departamento de Justicia de EE.UU. para desarticular redes criminales que, como la de José Adolfo Macías Villamar, no conocen fronteras.

Por más temido que sea en su país, cuando un capo cruza la frontera judicial hacia Estados Unidos, se enfrenta a un sistema que no improvisa. Allá no hay espacio para que prospere el caos procesal, los “errores de forma” u otras leguleyadas criollas.

Hay reglas claras, tiempos marcados y, sobre todo, una estructura pensada para conseguir un solo resultado: que el acusado colabore. El caso de alias Fito, el primero tras una reforma constitucional aprobada en referéndum, es una oportunidad para entender cómo funciona el aparato judicial federal estadounidense y por qué colaborar con la justicia suele ser, más que una opción, una necesidad.

Todo comenzó con la lectura de cargos, al día siguiente de su aterrizaje en Long Island. Inicialmente se declaró no culpable, como casi todos lo hacen en esa fase previa. A continuación y a pedido del abogado defensor, que solicitó la fijación de una fianza para que se defienda en libertad, la jueza decidió mantenerlo bajo custodia.

La regla tácita es simple: si es extranjero y ha huido antes, no hay fianza. Así “Fito” fue declarado “riesgo extraordinario” y peligroso para la sociedad estadounidense.

Lo que continúa es la fase de descubrimiento de pruebas (discovery), en la que la Fiscalía entrega al abogado defensor todo el material probatorio que tenga: audios, videos, documentos, chats, testimonios de informantes, y mucho más.

Es una etapa que puede tomar varios meses. En paralelo, la defensa presenta mociones preliminares para tratar de anular pruebas o debilitar la acusación. De hecho, Alexei Schacht, el abogado de Macías, adelantó que no pueden acusar a su cliente de traficar armas en Estados Unidos cuando esta es la primera vez que él pisa territorio norteamericano.

Schacht es conocido por haber defendido a varios narcotraficantes colombianos y por su experiencia en crimen transnacional. Sin embargo, los expertos dicen que, cuando se trata de mafias internacionales, esos “cantos de sirena”, rara vez prosperan.

Si no hay acuerdo entre las partes, se nombra un jurado y se inicia el juicio propiamente dicho. Pero eso ocurre en uno de cada 10 de estos casos. En el 90 por ciento restante, los acusados terminan aceptando algún tipo de acuerdo de culpabilidad.

Mientras en el Ecuador un juez puede sentenciar con un amplio margen de discrecionalidad, en Estados Unidos, las leyes federales imponen penas mínimas que ni el juez puede reducir… a menos que el acusado realmente coopere.

En el caso de “Fito”, los cargos lo llevarían a una sentencia mínima obligatoria de 20 años y una máxima de cadena perpetua. Lo que sí deberá considerar el juez, o la jueza que lleve la causa, es que para que Ecuador aprobara la extradición, el gobierno de Estados Unidos prometió por vía diplomática que no se le aplicará ni la pena de muerte ni una sentencia de por vida. Eso se solicitó porque aquí no existe ese tipo de condenas.

Y aunque esa cláusula humanitaria no obliga formalmente al juez, dicen los entendidos que es casi siempre respetada. Si las cosas van así, “Fito” esperaría una condena de entre 30 y 50 años… a menos que coopere sustancialmente.

En el sistema estadounidense, “cooperación sustancial” no es sinónimo de solo aceptar los cargos. “Es dar información que permita enjuiciar o capturar a otros delincuentes”. Y no a cualquiera: los fiscales quieren peces más gordos.

En el caso de “Fito”, eso significa ofrecer nombres, rutas, contactos y estructuras que vinculen a Los Choneros con el Cártel de Sinaloa, con mafias colombianas y/o con redes de narcotráfico internacional.

Y, mejor aún si poseyera información relevante de otras organizaciones criminales que estén en el radar de los Estados Unidos.

Solo si esa colaboración es valiosa, el Fiscal puede apelar a una norma que se aplica antes de la sentencia o, a otra que se aplica incluso después, para reducir años -o décadas- tras las rejas. De esto último sí hay precedentes como el de Carlos Lehder, fundador del Cártel de Medellín.

Visto todo esto, “Fito” tiene una gran ficha para jugar en la negociación: Aportar con “inteligencia criminal de alto nivel”. La verdadera sentencia no se dicta en el estrado… sino en la sala donde se negocia. Si lo hace quizás pueda volver a Manta, a recoger sus pasos, cuando ya haya entrado de lleno a la tercera edad.

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, fue el líder más célebre del Cártel de Sinaloa y un maestro del escape: se fugó dos veces de prisiones mexicanas, una de ellas a través de un túnel de 1,5 kilómetros. Su última captura ocurrió tras un operativo que incluyó intervenciones telefónicas y seguimiento a su círculo cercano. Fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017.

Allí, lejos de buscar un acuerdo, optó por ir a juicio. Fue declarado culpable de 10 cargos, incluyendo narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado, y condenado a cadena perpetua más 30 años sin posibilidad de libertad condicional. Su caso es símbolo de castigo implacable.

Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, fundadores del Cártel de Cali, fueron detenidos en Colombia en 1995 y extraditados años después a EE.UU.

Enfrentaban múltiples cargos por tráfico de cocaína y lavado de activos. Optaron por negociar: se declararon culpables, entregaron 29 propiedades en varios países, aceptaron una condena de 30 años y se comprometieron con reparaciones económicas a sus víctimas.

Su estrategia priorizó la protección de sus familias. A diferencia de otros capos, su caso demuestra que se puede negociar sin delatar. Gilberto, el mayor de los hermanos, murió de COVID-19 a los 83 años, en una prisión de Carolina del Norte.

Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, fue líder del Clan del Golfo, una de las mafias más violentas y estructuradas de Colombia. Tras su captura en 2021 y extradición en 2022, se declaró culpable de liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico, extorsión y asesinatos.

Fue sentenciado en EE.UU. a 45 años de prisión, una pena dura pero menor a la cadena perpetua que habría enfrentado en un juicio. Aunque no se conocen mayores detalles sobre su nivel de colaboración, se presume que hubo un acuerdo tácito que incluyó información operativa.

Su condena buscó marcar un precedente disuasivo para otras mafias regionales.

Carlos Lehder, cofundador del Cártel de Medellín y aliado de Pablo Escobar, fue capturado en 1987 y extraditado a Estados Unidos. Recibió inicialmente cadena perpetua más 135 años por tráfico de cocaína y crimen organizado.

Sin embargo, se convirtió en testigo clave del gobierno estadounidense, colaborando en casos contra el cártel y testificando incluso en el juicio contra el dictador panameño Manuel Noriega. Su sentencia fue reducida drásticamente y, tras más de tres décadas preso, fue liberado en 2020.

Vivió en Alemania y, en marzo de 2025, regresó a Colombia a los 75 años. Su historia ejemplifica la fuerza del canje judicial.

Una jueza experta en capos