La Prefectura de Zamora Chinchipe, con la presencia de moradores y la prefecta Karla Reátegui, realizó la entrega de 1,5 kilómetros de nueva vía en la parroquia Nuevo Quito, que conecta a los barrios San Antonio, Los Ángeles, San Pedro y San Pedro Alto.

La obra, ejecutada mediante administración directa, con personal y maquinaria del Distrito “E”, busca mejorar las condiciones de movilidad y contribuir al desarrollo productivo de las comunidades.

La nueva vía facilitará las actividades de los productores dedicados a la ganadería y piscicultura, al reducir tiempos y costos de transporte y permitir un acceso más favorable de sus productos hacia los mercados.

La entrega estuvo acompañada de alegría, deporte y gratitud por parte de los moradores, quienes destacaron la importancia de esta infraestructura para la conectividad y el desarrollo de sus comunidades.

El Cuerpo de Bomberos Zamora, representado por su jefe, Subte. (B) Rodolfo Pérez, participa este 10 y 11 de septiembre de 2026 en el “Encuentro Nacional de Cuerpos de Bomberos: Retos y Prioridades para la Articulación y el Fortalecimiento de Capacidades – 2026”, desarrollado en Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua, bajo la coordinación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

El encuentro reúne a representantes de los cuerpos de bomberos del país en un espacio técnico de articulación, intercambio de experiencias y construcción participativa, orientado a analizar las capacidades institucionales y operativas de estas entidades, identificar necesidades y establecer prioridades para fortalecer el servicio bomberil a escala nacional.

Durante las jornadas se abordan aspectos relacionados con la capacitación y especialización del personal, fortalecimiento institucional, gestión de compras públicas, preparación y respuesta operativa ante escenarios de riesgo, cooperación interinstitucional y priorización de capacidades bomberiles.

La participación del jefe del Cuerpo de Bomberos Zamora permite incorporar en este espacio nacional la realidad territorial, experiencia operativa, capacidades y necesidades de la institución zamorana, contribuyendo al análisis colectivo y a la definición de líneas de acción orientadas al fortalecimiento de la respuesta de los cuerpos de bomberos del Ecuador.

Este tipo de espacios de articulación adquiere relevancia para el sistema de gestión de riesgos, debido a que permite identificar brechas institucionales y promover mecanismos de cooperación y fortalecimiento de capacidades frente a las diferentes amenazas y emergencias que pueden presentarse en el territorio nacional.

El Cuerpo de Bomberos Zamora reafirma, mediante esta participación, su compromiso de continuar consolidando una institución técnica, preparada y articulada, orientada a brindar atención oportuna y eficiente a la ciudadanía y a contribuir al fortalecimiento del servicio bomberil en el Ecuador y la provincia.

Por: José Benavidez. Estudiante de derecho

La expansión incontrolada de la minería no autorizada en la provincia de Zamora Chinchipe constituye uno de los dilemas socioambientales y dogmáticos más críticos para el Estado ecuatoriano. Ante la evidente insuficiencia del modelo punitivo tradicional del Código Orgánico Integral Penal (COIP) cuyo enfoque retributivo no logra revertir el colapso ecológico ni tutelar de forma efectiva los derechos del ecosistema, la dogmática penal contemporánea exige una reorientación hacia paradigmas complementarios orientados a la reparación integral y la sostenibilidad.

Contexto socio ambiental en Zamora Chinchipe

Zamora Chinchipe alberga importantes cuencas hidrográficas como los ríos Zamora, Bombuscaro, Nangaritza y Yacuambi, y ecosistemas de alta biodiversidad. Sin embargo, la proliferación de minería no regularizada en sectores como Yantzaza, El Pangui y la cuenca del Nangaritza ha derivado en:

1.- Degradación sistémica del suelo: Destrucción de la capa vegetal, deforestación masiva y alteración del cauce de los ríos por el uso de maquinaria pesada

2.- Contaminación por metales pesados: Vertimiento irrestricto de mercurio y cianuro, afectando la calidad del agua y la fauna acuática.

3.- Impacto comunitario y social: Desplazamiento de economías tradicionales, conflictividad social e intromisión en territorios de comunidades indígenas y locales.

El modelo punitivo actual y sus limitaciones

El ordenamiento jurídico ecuatoriano tipifica los delitos contra los recursos naturales y la minería ilegal en el COIP. No obstante, la vía penal ordinaria presenta serias limitaciones operativas frente a los daños ambientales de Zamora Chinchipe:

1.- Insuficiencia de la pena privativa de libertad: La prisión del infractor de último eslabón no logra la remediación del ecosistema ni la compensación a las comunidades afectadas.

2.- Incapacidad de remediación técnica: Las sentencias penales tradicionales priorizan la sanción retributiva, dejando en segundo plano los planes de manejo ambiental y la restauración ecológica a largo plazo.

3.- Saturación del sistema de justicia: La persecución penal individualizada no desarticula las redes financieras detrás del extractivismo ilegal ni ofrece respuestas oportunas a las zonas impactadas.

3. Marco conceptual de la justicia restaurativa ambiental

A diferencia de la justicia retributiva centrada en el castigo estatal al infractor, la justicia restaurativa en materia ambiental redefine el concepto de «víctima», incluyendo tanto a las comunidades locales como a la propia naturaleza o Pachamama, reconocida como sujeto de derechos en el artículo 71 de la Constitución del Ecuador.

En lugar de contraponer la sanción a la reparación mediante un esquema tabular, la tutela penal ambiental contemporánea exige integrar ambos enfoques: mientras la justicia retributiva tradicional focaliza su mecanismo en el juicio penal adversarial para sancionar al infractor con la privación de libertad y tutelar el cumplimiento abstracto de la norma estatal, la justicia restaurativa ambiental desplaza el centro de gravedad procesal hacia la Naturaleza y las comunidades afectadas como sujetos protegidos, priorizando acuerdos reparatorios y planes de remediación técnica cuyos resultados concretos trascienden el mero cumplimiento de una condena, garantizando la reforestación, la descontaminación y la efectiva restauración de los ecosistemas impactados.

Viabilidad de aplicación en Zamora Chinchipe

Para que la justicia restaurativa sea aplicable en casos de minería ilegal en Zamora Chinchipe, la doctrina y la praxis penal exigen diferenciar la tipología de los actores involucrados:

Minera artesanal / de pequeña escala no regularizada: Mecanismo: Acuerdos de mediación penal ambiental u homologación de planes de reparación.

Acciones: Obligación técnica de reforestación de riberas, descontaminación de pasivos ambientales, sustitución gradual de tecnologías, eliminación del mercurio y trabajo comunitario de restauración.

Minería a gran escala no autorizada:

Mecanismo: Vía penal estrictamente retributiva, con decomiso de bienes y activos para financiar fondos públicos de reparación ambiental en la provincia. Consideraciones finales y propuestas de reforma La aplicación rigurosa de la justicia restaurativa en Zamora Chinchipe no implica impunidad ante la minería ilegal ni una concesión de lenidad hacia el infractor; por el contrario, representa una reorientación estratégica y pragmática de la tutela judicial efectiva. El castigo punitivo tradicional y el encarcelamiento no sanan las cuencas hidrográficas contaminadas ni devuelven la cobertura vegetal destruida; por ello, el sistema procesal debe trascender la fijación dogmática con la pena y enfocarse en una retribución directa, tangible y obligatoria hacia la sociedad y la Naturaleza.

Para materializar este cambio de paradigma, se requiere una articulación técnica e interdisciplinaria entre el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), la fiscalía general del Estado, la judicatura y las comunidades locales afectadas. Convertir la remediación ecológica, el trabajo comunitario especializado y la restitución del tejido social en la máxima prioridad del proceso penal es el único camino jurídicamente viable para frenar el colapso ambiental en la Amazonía sur.