Hasta finales de julio o inicios de agosto la justicia en el país podría entrar en estado de emergencia. El Consejo de la Judicatura (CJ) recopila información y elabora los informes para justificar la inminente declaratoria.

El presidente del organismo, Mario Godoy, estuvo en la Asamblea este 7 de julio informando del «estado crítico» que presenta el sistema judicial en la actualidad. Esta vez ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

Aunque no especificó una fecha, Godoy dijo que su expectativa es que en dos semanas el Pleno del Consejo de la Judicatura conozca los informes situacionales, paso previo para decidir la declaratoria de emergencia.

«Como presidencia y las áreas técnicas hemos levantado la información preliminar, consideramos que los datos de ajuste en el ámbito técnico, jurídico y, sobre todo, financiero, se están haciendo y esperamos tenerlos para que conozca el pleno», señaló el titular del CJ.

Según la Ley de Integridad Pública, vigente desde el 26 de junio, es el presidente de la Judicatura el competente para declarar la emergencia, previa aprobación del resto de integrantes del organismo.

Sin embargo, Godoy ratificó ante la Asamblea que esta figura no es nueva y que recién se podrá aplicar con la vigencia de la nueva normativa. De hecho, aclaró que en los últimos años ha habido casi una decena de declaratorias de este tipo.

Además, están a la espera de la información y los requerimientos que tienen otras instancias del sistema de justicia. Godoy reconoció que con la Corte Nacional de Justicia (CNJ) existe un diálogo constante y «fluido», lo que facilita el intercambio de datos.

En tanto que pedirá en estos días que el fiscal General, Wilson Toainga, envíe por escrito sus aportes y buscará una cita con el defensor público, Ricardo Morales.

Evaluación paralela
La declaratoria de emergencia vendría acompañada con el inicio de un proceso de evaluación para todos los funcionarios que son parte del sistema de justicia.

El presidente de la Judicatura aseguró que los parámetros y el borrador de la normativa de evaluación están hechos y se los ha definido de manera técnica.

El objetivo es que, por ejemplo, los jueces especializados en materia Penal tengan una examinación distinta a los que tratan Civil o de la Niñez.

Godoy hizo un llamado a la calma de los funcionarios judiciales, porque aseguró que este trámite no será motivo ni de persecución o de «cacería de brujas».

«El servidor judicial que debe estar preocupado es el que tiene cuatro carros de alta gama, casas sobrevaloradas en lugares exclusivos cuando su capacidad económica no le da para eso. Ellos son los que deben estar preocupadísimos. Mario Godoy, presidente del CJ

Fuente: Primicias

Durante la rendición de cuentas institucional del periodo 2024, este lunes 7 de julio de 2025, el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, informó que Ecuador registró una reducción del 15 % en homicidios intencionales en comparación con 2023, una disminución que representa 1.212 casos menos.

“Durante este año, Ecuador alcanzó reducciones sin precedentes en los niveles de violencia y criminalidad, marcando un hito histórico en la lucha por la seguridad ciudadana”. Pablo Dávila, comandante general de la Policía Nacional.

Según datos del Ministerio del Interior, en 2020 se registraron 1.372 homicidios intencionales; en 2021, 2.495; en 2022, 4.886; en 2023, 8.248; y en 2024, 7.036. Estas cifras muestran una escalada acelerada de la violencia entre 2020 y 2023, y un descenso significativo el último año, aunque todavía lejos de los niveles previos a la crisis de seguridad.

La tasa de homicidios pasó de 46,3 a 39,16 por cada 100.000 habitantes, y el impacto se concentró en territorios históricamente conflictivos. “El 83 % de los homicidios se concentraron en seis subzonas: Guayaquil (Distrito Metropolitano), Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro y Esmeraldas”, precisó Dávila.

De las 24 subzonas policiales del país, 18 presentaron una disminución constante y sostenible, y una se mantuvo estable. En ese contexto, el Distrito Metropolitano de Guayaquil lideró la lista, con 383 homicidios menos que en 2023, lo que representa el 15 % de la reducción nacional.

Además, los delitos en general también bajaron un 14 % a escala nacional, lo que equivale a 11.411 eventos delictivos menos en comparación con el año anterior.

Captura de cabecillas y desarticulación de estructuras criminales
Durante 2024, la Policía ejecutó una estrategia enfocada en la neutralización de objetivos de alto e intermedio valor, lo que permitió golpear directamente a las estructuras de crimen organizado que operan en Ecuador. Así mide la Policía los resultados:

13 cabecillas criminales capturados y 1 abatido.
134 mandos intermedios detenidos y 11 abatidos.
Grupos más afectados: Los Choneros (365 capturados), Lobos (49), Tiguerones (14), R7 (7), Fatales (4), entre otros.
“Cada captura representa un debilitamiento real de las redes criminales. Hemos golpeado su capacidad de liderazgo, expansión y financiamiento”, aseguró Dávila.

Más de 800.000 operativos y toneladas de drogas incautadas
Durante 2024, la Policía ejecutó 806.022 operativos en todo el país, como parte de su estrategia para contener el crimen y reforzar el control territorial. Entre los principales resultados constan:

73.425 personas detenidas y puestas a órdenes de la justicia.
294 toneladas de droga incautadas.
10.533 armas de fuego decomisadas (6.814 cortas y 3.690 largas).
46.433 motocicletas y 18.408 vehículos retenidos.
14.966 motos y autos recuperados.

Un llamado final: “La seguridad se construye con todos”
Antes de cerrar la rendición de cuentas, Pablo Dávila hizo una reflexión sobre el rol de la Policía y la corresponsabilidad ciudadana frente al crimen organizado.

“Somos más que un uniforme. Somos el escudo que enfrenta al crimen y la fuerza que sostiene la esperanza de millones de ecuatorianos”. Pablo Dávila, comandante general de la Policía Nacional

El comandante general insistió en que la seguridad no puede recaer únicamente en la institución policial, sino que debe ser una construcción colectiva basada en la confianza, la corresponsabilidad y el respaldo firme de todas las entidades del Estado.

Otros avances institucionales
La Policía Nacional también reportó cifras sobre aspectos administrativos, logísticos y formativos que fueron parte del balance presentado:

– Incrementó su personal activo a 58.281 policías.
– Capacitó a más de 55.800 servidores en temas técnicos y operativos.
– Ejecutó más de 9.300 evaluaciones de confianza y sancionó a más de 1.800 agentes por faltas disciplinarias.
– Invirtió USD 2,5 millones en equipamiento, renovación de vehículos y plataformas tecnológicas.
– Atendió 330.000 citas médicas a través del sistema de salud policial. Fuente: Primicias

Danny Torres responde a los señalamientos del alcalde