En el contexto de la información difundida recientemente en redes sociales, el dirigente Salvador Quishpe se pronunció respecto a los rumores que señalan una supuesta alianza entre el movimiento Pachakutik de Zamora Chinchipe y la organización política RC5.

En su declaración, enfatizó la necesidad de mantener una comunicación clara y responsable frente a la ciudadanía, señalando que no existe ninguna alianza ni intención de establecerla con RC5 ni con organizaciones políticas de derecha. En este sentido, reiteró que el accionar político de Pachakutik se sustenta en principios ideológicos definidos, coherentes con su identidad y su compromiso histórico con los sectores sociales.

Asimismo, destacó que cualquier eventual proceso de articulación política se desarrollará exclusivamente con organizaciones afines, que compartan una visión común orientada a la transformación social, la equidad y la defensa de los derechos colectivos.

Finalmente, Quishpe hizo un llamado a la militancia y a la ciudadanía en general a ejercer un análisis crítico frente a la información que circula en entornos digitales, advirtiendo sobre la existencia de contenidos malintencionados que buscan generar confusión y debilitar la cohesión organizativa. En este marco, subrayó que la unidad, la conciencia política y la claridad ideológica constituyen pilares fundamentales para el fortalecimiento del movimiento.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora, en el marco de su planificación orientada al fortalecimiento del desarrollo territorial, llevó a cabo el pasado lunes 30 de marzo el acto de colocación de la primera piedra para la construcción de una cubierta en el sector La Pista, ubicado en el barrio Nambija, parroquia San Carlos de las Minas.

El evento fue presidido por el alcalde del cantón Zamora, Manuel González, y contó con la participación de concejales, autoridades parroquiales, dirigentes barriales y ciudadanía en general, evidenciando un proceso de gestión articulada entre los distintos niveles de gobierno y la comunidad.

La obra será ejecutada mediante contrato, con una inversión que supera los 75.000 dólares americanos y un plazo estimado de 90 días. Este proyecto contempla además el trabajo coordinado con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, entidad que asumirá la implementación del sistema de iluminación, consolidando así un modelo de corresponsabilidad institucional.

Durante el acto, representantes comunitarios destacaron el valor histórico de esta intervención. Milton González, representante legal de ASONAMBILE, subrayó que la obra constituye un anhelo colectivo largamente esperado, mientras que Jackson Vásquez, presidente de la organización, resaltó su impacto en la promoción del deporte y la integración social.

El concejal Wilmer Espinoza enfatizó el proceso de recuperación de espacios públicos y el rol de la articulación entre autoridades y ciudadanía en la consecución de resultados concretos. En la misma línea, Juan Saca, presidente del GAD Parroquial de San Carlos de las Minas, calificó el inicio de la obra como un hito relevante en la dinámica de desarrollo parroquial.

En su intervención, el alcalde Manuel González explicó que, pese a contar previamente con estudios técnicos y disponibilidad presupuestaria, el inicio del proyecto estuvo condicionado a la regularización jurídica del predio, requisito indispensable para garantizar la legalidad de la inversión pública y evitar observaciones por parte de los organismos de control. Una vez cumplido este proceso, se procedió con la ejecución de la obra en estricto apego a la normativa vigente.

En el contexto de la conmemoración de la Semana Santa, el asambleísta por la provincia de Zamora Chinchipe, Héctor Valladares, emitió un pronunciamiento dirigido a la ciudadanía, en el que combinó un mensaje de reflexión espiritual con un análisis de la situación política, económica y legislativa del país, así como su incidencia en los territorios amazónicos.

El legislador inició su intervención destacando el significado de la Semana Mayor como un tiempo de reflexión, renovación de la fe y fortalecimiento de los valores personales, exhortando a la ciudadanía a vivir este periodo con sentido de introspección y compromiso social. En ese sentido, subrayó que estos principios deben traducirse en una práctica política basada en la honestidad, el patriotismo y la defensa de los derechos ciudadanos.

En relación con su labor en la Asamblea Nacional, Valladares enfatizó que el rol del legislador se centra en la elaboración, reforma y fiscalización de leyes, así como en el control político a las funciones del Estado, particularmente al Ejecutivo. Aclaró que los asambleístas no ejecutan obras, sino que inciden en la generación de normativa y en la vigilancia del cumplimiento de la ley.

Durante su intervención, el asambleísta señaló que, en el actual periodo legislativo (desde mayo de 2025 hasta la fecha), la mayoría de leyes aprobadas corresponden a iniciativas económicas urgentes impulsadas por el Gobierno Nacional, mientras que varios proyectos presentados por su despacho —principalmente enfocados en la Ley Amazónica y la normativa minera— no han sido tramitados, permaneciendo archivados debido a la correlación de fuerzas en el Legislativo.

En materia de fiscalización, Valladares indicó que ha impulsado procesos de control relacionados con temas de seguridad y transparencia estatal, denunciando limitaciones en el avance de estas iniciativas dentro de las comisiones legislativas.

Respecto a la normativa reciente sobre ordenamiento territorial, el legislador manifestó su preocupación por los efectos de la ley aprobada, argumentando que esta podría debilitar la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Explicó que la aplicación de la regla de distribución presupuestaria 70% inversión y 30% gasto corriente, bajo los nuevos criterios, generaría dificultades para los municipios, especialmente los de menor tamaño, que dependen en gran medida de recursos estatales para su funcionamiento.

Según detalló, el incumplimiento de esta disposición podría derivar en la reducción de transferencias estatales, afectando significativamente los presupuestos locales. En el caso del cantón Zamora, estimó que esta medida podría representar una disminución de aproximadamente tres millones de dólares anuales, lo que impactaría en la ejecución de obras y servicios públicos.

El asambleísta también abordó la problemática de las transferencias estatales, señalando retrasos en la entrega de recursos a gobiernos locales, lo cual ha generado dificultades para el pago de salarios y la ejecución de proyectos en distintos municipios del país.

En el ámbito económico, Valladares expresó su preocupación por el incremento de la deuda pública, que, según indicó, superó los 90 mil millones de dólares a diciembre de 2025. Cuestionó el destino de estos recursos y anunció que ha solicitado procesos de fiscalización para analizar el manejo del endeudamiento estatal.

Asimismo, se refirió a los ingresos generados por la actividad minera en la provincia de Zamora Chinchipe, indicando que estos recursos deben reflejarse en mayores beneficios para la población, especialmente a través del fortalecimiento del Fondo Común Amazónico.

En cuanto a proyectos emblemáticos para la provincia, como el cuarto eje vial y la construcción del nuevo hospital, el legislador manifestó su preocupación por los retrasos en su ejecución, señalando que, pese a reiterados anuncios, no se evidencian avances concretos en los procesos de contratación y ejecución.

Sobre la situación del sistema de salud, alertó sobre la falta de insumos médicos en hospitales, lo que ha obligado a suspender procedimientos programados, afectando la atención a la ciudadanía.

Finalmente, en el ámbito político, Valladares cuestionó decisiones recientes relacionadas con organizaciones políticas y procesos electorales, señalando que estas acciones podrían incidir en la participación democrática. No obstante, aseguró que su organización política trabaja en alternativas para garantizar su presencia en los próximos comicios.

El asambleísta concluyó reiterando su compromiso con la defensa de los derechos ciudadanos, la transparencia en la gestión pública y el fortalecimiento de la democracia, destacando la importancia de la participación informada de la ciudadanía en los procesos políticos del país.