En una reciente entrevista concedida a un medio de comunicación digital del cantón Yantzaza, TvMás Encuentros, el abogado Hernán Camacho expuso un análisis detallado sobre los efectos legales, sociales y ambientales que la actividad minera ilegal está provocando en el cantón y en la provincia de Zamora Chinchipe.
El jurista fue enfático en señalar que, desde el ámbito legal, los ciudadanos tienen el derecho de presentar denuncias formales ante las autoridades competentes como la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR), el Ministerio del Ambiente, la Gobernación de Zamora Chinchipe, entre otros entes. Sin embargo, recalcó que pese a la existencia de mecanismos legales de denuncia, las autoridades correspondientes han demostrado omisión y desinterés frente a los reclamos ciudadanos.
Como ejemplo concreto, Camacho mencionó el caso del señor Minga, quien presentó denuncias desde hace más de un año, sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta o acción alguna de las instituciones estatales. Además, lamentó que el afectado haya perdido aproximadamente tres hectáreas de terreno agrícola, dedicadas al cultivo de cacao y plátano, evidenciando así el grave impacto de la minería sobre la propiedad privada y los medios de vida locales.
El abogado subrayó que la Gobernadora Provincial, como representante del Gobierno Nacional en el territorio, tiene la potestad y la responsabilidad de intervenir en estos casos, sobre todo cuando se trata de actividades mineras que, según la ley, son consideradas ilegales. Según explicó, un operativo adecuado para verificar la existencia de permisos ambientales y de concesiones mineras sería suficiente para proceder con la clausura y sanción de las actividades ilegales.
En términos jurídicos, Camacho recordó que el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 260, establece penas privativas de libertad de entre 19 a 23 años para quienes ejecuten minería ilegal, y que, en caso de producirse daño ambiental, la pena podría incrementarse de 23 a 26 años. De esta manera, enfatizó que los responsables de estas actividades ilícitas, muchas veces inconscientes de la gravedad de sus actos, se exponen a severas sanciones judiciales.
El jurista también abordó mecanismos legales adicionales para proteger los derechos vulnerados, como la presentación de acciones de protección por parte de los moradores afectados, en este caso, los habitantes del barrio La Floresta. Además, señaló que, ante el daño ambiental evidente, cualquier ciudadano tiene la facultad de presentar denuncias correspondientes para solicitar medidas urgentes, como la paralización de maquinaria mediante acciones planteadas ante la Fiscalía General del Estado.
Camacho aclaró que no solo los individuos afectados pueden presentar denuncias, sino también entidades públicas como los municipios. En cuanto al marco normativo vigente, explicó que el catastro minero fue cerrado en 2018, no solo para la minería metálica, sino también para la extracción de materiales de construcción y petróleo, razón por la cual toda actividad minera actual sin título habilitante se considera ilegal.
Respecto a la minería de materiales pétreos, destacó que, aunque esta actividad se rige por ordenanzas municipales, si no existen concesiones o permisos otorgados, también se configura como actividad ilegal. Asimismo, mencionó que la Fiscalía no puede actuar de oficio en estos casos; es imprescindible que exista una denuncia formal por parte de la comunidad afectada.
Finalmente, el abogado Hernán Camacho alertó sobre los severos daños ambientales causados en el sector: la erosión de riberas, la afectación a terrenos productivos, el deterioro de la infraestructura vial —como la importante vía hacia la parroquia Zumbi— y la alteración de los ecosistemas locales. Todo ello, indicó, resultado de actividades mineras ejecutadas de manera irresponsable y sin ningún tipo de reparación ni responsabilidad social por parte de los infractores.
El abogado hizo un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales para que ejerzan su rol de control y protección de los recursos naturales, cumpliendo de manera frontal y decidida sus obligaciones constitucionales y legales, en defensa de la ciudadanía, el medio ambiente y el desarrollo sustentable de Zamora Chinchipe.
