Nacionales
A la voz de muerte cruzada vuelve la duda de qué pasará
Según la Constitución, si se recurre a esta figura legal, el presidente de la República disolverá la Asamblea Nacional y el CNE llamará a elecciones.
El presidente Guillermo Lasso ha insinuado, en varias ocasiones, hacer uso de la muerte cruzada como respuesta a la negativa de la Asamblea Nacional a la hora de calificar los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo.
Un mecanismo constitucional con el que se puede disolver el Legislativo y, en el plazo de 7 días, convocar a nuevas elecciones para elegir nuevas dignidades y presidente.
Ahora, en un nuevo intento por mostrar su hartazgo, el fantasma de la muerte cruzada vuelve a sumergir al país en la disyuntiva de si esta vez se ejecutará y cuál será su efecto en la estabilidad socioeconómica del país.
Para el exvicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, esta decisión se debe tomar con mucha meditación previa y no como respuesta a la votación del Legislativo que, por su votación en el pleno, ha causado la desaprobación de uno de los proyectos presentados por el presidente ante la Asamblea.
“Es una decisión importante y debe de tomarse con mucha meditación y no como una reacción a la votación del Legislativo. Porque no todas las votaciones se ganan. Así es la política y la democracia. Pero si el Gobierno considera que ya no se puede hacer nada más, y que solo así puede avanzar con las metas establecidas en campaña, porque la Asamblea se convierte en un obstáculo, lo mínimo que se puede hacer, a pesar de ser un tema delicado y complejo, es aplicar ese mecanismo constitucional”, consideró Sonnenholzner, quien agrega que una consulta popular sería un mecanismo más viable para implementar la agenda del Gobierno.
«Esta decisión debe tomarse con mucha meditación y no como respuesta a una votación, pero si el Gobierno considera y analiza que esto es necesario, pues son ellos los llamados a hacerlo».
Otto Sonnenholzner, exvicepresidente de Ecuador
Guillermo Herrera, líder del movimiento político Izquierda democrática, considera que este mecanismo constitucional ha sido utilizado por el Gobierno Nacional como una “especie de chantaje que le dice al Legislativo: o aprueban mis leyes o se van a sus casas”.
Herrera asegura que la vía de la muerte cruzada solo generaría inestabilidad en el país. Por eso, dice, debe aplicarse solo si existen las causales suficientes para ejecutarla.
Ante la posibilidad de que el Gobierno ecuatoriano se orille por la muerte cruzada para disolver el Legislativo, la líder del partido político Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, sostiene que la bancada de UNES y Revolución Ciudadana no le teme a esta figura constitucional, e incluso pone a disposición sus cargos si esto va a garantizar días mejores para el país.
«La bancada de UNES y Revolución Ciudadana no le teme a la muerte cruzada, están listos para poner a disposición sus cargos si esto significa días mejores para el pueblo ecuatoriano».
Marcela Aguiñaga, líder del movimiento Revolución Ciudadana
Para el consultor político, Gonzalo Albán, decir o insinuar la vía de la muerte cruzada se ha convertido en un mecanismo de amenaza para la Asamblea en temas de negociaciones, con el fin de persuadir las decisiones del Legislativo y que estas sean repensadas.
Albán sostiene que “es natural en un sistema democrático encontrar diferencias entre el Ejecutivo y el Parlamento. Pero, si se hace un análisis meditado, disolver la Asamblea no sería una solución, esto solo generaría inestabilidad económica y social porque nadie invierte ni puede estar tranquilo en un país inestable”.
Yaku Pérez, excandidato a la presidencia, señaló que el Ejecutivo no ejecutaría la muerte cruzada porque “su ilegitimidad hará que jamás vuelva a ser presidente. Agrega que el actuar del Gobierno solo es sinónimo de un Estado fallido y de una Asamblea que perdió la brújula en el camino”. (I) Fuente: El Expreso
Nacionales
Fiscalización recomienda juicio político contra Mario Godoy por presunta ‘inoperancia’ al frente de la Judicatura
Un informe preliminar de la Comisión de Fiscalización plantea recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional el inicio de un juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por presunta «manifiesta inoperancia».
El documento, que se filtró antes de su votación oficial, se sustenta en el numeral 3 del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y deberá ser analizado y debatido por los integrantes de la mesa legislativa antes de ser remitido al Pleno para su resolución.
Godoy se encuentra en el centro de la polémica desde que el juez anticorrupción Carlos Serrano denunciara presuntas presiones dentro de la institución para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, investigado por lavado de activos dentro del caso denominado ‘Euro 2024’.
El documento será conocido oficialmente la noche de este viernes 13 de febrero de 2026, cuando la comisión legislativa se reúna para debatir su contenido y someterlo a votación entre sus miembros. En caso de aprobarse la recomendación, el proceso avanzará al Pleno del Legislativo, donde se definirá si se enjuicia políticamente al presidente de la Judicatura.
Correísmo impulsa juicio político contra Mario Godoy
Los solicitantes del juicio político por presunto incumplimiento de funciones, que impulsan los correístas Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso Mendoza, sostienen que Godoy incumplió los numerales 1 y 3 del art. 168 de la Constitución, relacionados con la independencia interna y externa de los órganos de la Función Judicial.
Argumentan que Godoy fue pasivo ante las presiones indebidas ejercidas por sus subordinados directos, como el director provincial de Pichincha, Henry Gaibor, quien habría intervenido coercitivamente sobre el juez Carlos Serrano para influir en el desarrollo del caso “Euro 2024”, sugiriendo argumentos favorables a la defensa del procesado Jezdimir Srdan.
Tras la filtración del informe, la legisladora Viviana Veloz reaccionó en redes sociales señalando que la recomendación respondería a la presión ciudadana y a la existencia de pruebas que, según afirmó, vincularían a Godoy con supuestos intentos de protección a narcotraficantes. En su pronunciamiento también cuestionó al oficialismo y aseguró que la independencia judicial continúa en riesgo.
La asambleísta agregó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estaría avanzando en mecanismos para designar un eventual reemplazo en la Judicatura, lo que —según sostuvo— permitiría mantener el control político del organismo, señalando directamente al presidente Daniel Noboa. Fuente: Vistazo

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La Tertulia Jurídica analizó el rol del derecho penal frente a los desafíos de la sociedad contemporánea
En una nueva emisión del programa La Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación del doctor Ernesto Yerobi, abogado penalista ecuatoriano, quien desarrolló el tema “Derecho penal y sociedad: evolución dogmática frente a los desafíos de la modernidad”, un análisis profundo sobre la función del derecho penal en el contexto social actual.
Durante su intervención, Yerobi se presentó ante la audiencia como abogado riobambeño, especializado en derecho penal general y derecho penal económico y de la empresa, con amplia experiencia tanto en el libre ejercicio profesional como en el ámbito académico, participando activamente en la cátedra universitaria, programas de formación continua, espacios de difusión jurídica y medios de radiodifusión y plataformas digitales.
El jurista destacó que el derecho penal es una de las ramas más sensibles del ordenamiento jurídico, cuya correcta aplicación resulta fundamental para garantizar la convivencia social y el respeto de los derechos ciudadanos. En ese marco, enfatizó que no toda conducta socialmente reprochable constituye un delito, aclarando que, desde la dogmática penal, el delito debe configurarse como una conducta típica, antijurídica, culpable y punible.
Como parte de su exposición académica, Yerobi explicó de manera didáctica las categorías dogmáticas del delito, abordando la conducta —tanto en su modalidad de acción como de omisión—, la tipicidad objetiva y subjetiva, la antijuridicidad y la culpabilidad, resaltando la importancia de comprender estos elementos para evitar interpretaciones erróneas que generen alarma social y una percepción distorsionada de inseguridad.
Asimismo, analizó conceptos clave como el juicio de tipicidad, el rol del verbo rector dentro de los tipos penales, y la necesidad de que toda conducta sancionada se encuentre expresamente prevista en la norma penal, en respeto al principio de legalidad. En este contexto, subrayó que la ausencia de tipificación impide la atribución de responsabilidad penal.
Yerobi también abordó las causas de justificación, como la legítima defensa, el estado de necesidad y el cumplimiento de órdenes de autoridad competente, destacando que estas figuras se rigen por criterios estrictos de proporcionalidad, racionalidad y ausencia de provocación, elementos esenciales dentro de un Estado constitucional de derechos.
En un análisis histórico-dogmático, el expositor recorrió las principales corrientes del pensamiento penal: el causalismo, el finalismo, el funcionalismo y el garantismo penal, explicando su evolución y aplicación práctica. Señaló que el funcionalismo normativista, especialmente en el ámbito del derecho penal económico, responde de mejor manera a las complejas dinámicas sociales actuales, al centrarse en los roles, el riesgo permitido y la imputación objetiva, más allá de la mera ejecución material del delito.
Finalmente, Yerobi reflexionó sobre la crisis del sistema judicial ecuatoriano, la fragilidad de la independencia judicial y el impacto de estas problemáticas en la confianza ciudadana, enfatizando la responsabilidad ética de los abogados y la necesidad de una aplicación técnica, razonada y humana del derecho penal.
Nacionales
Confirman la venta de diario El Universo
El diario El Universo, uno de los medios de comunicación impresos de Ecuador, cambia de manos. La mañana del jueves 12 de febrero de 2026, la familia Pérez anunció la venta de su participación accionaria en el rotativo.
En un comunicado difundido en redes sociales, la familia fundadora se despidió de su audiencia y confirmó que Carlos y César Pérez Barriga y Nicolás Pérez Lapentti vendieron sus acciones a un grupo de inversionistas encabezado por Yves Maia Pardini, empresario radicado en Florida, Estados Unidos.
¿Quiénes son los nuevos dueños de El Universo?
El grupo inversionista que adquirió las acciones está liderado por Yves Maia Pardini, emprendedor con trayectoria en servicios corporativos y financieros. También forma parte del consorcio Integra Capital, vinculada al empresario argentino José Luis Manzano.
Según el comunicado oficial, el objetivo de esta adquisición es fortalecer el liderazgo periodístico del medio y abrir una nueva etapa estratégica. El grupo empresarial cuenta en su portafolio con medios de comunicación en Argentina como América TV, El Cronista y Telefé, entre otros.
Nueva administración y enfoque empresarial
Como parte de la transición, se informó que Ignacio Giménez, exgerente de Diario El Comercio de Perú, asumirá la conducción de la nueva operación de El Universo. Su designación apunta a consolidar la modernización y expansión del medio en un entorno digital cada vez más competitivo.
La transacción se produce en un contexto de transformación global de la industria de medios, marcada por la digitalización, la migración de audiencias a plataformas digitales y la necesidad de nuevos modelos de sostenibilidad financiera.
Un cambio que impacta al ecosistema mediático ecuatoriano
Con este cambio de propiedad, el medio inicia una nueva etapa bajo capital internacional, mientras el sector observa cómo se redefine el mapa de los medios tradicionales en Ecuador.
La transición abre interrogantes sobre la línea editorial, la independencia periodística y la estrategia digital del rotativo.
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