La bancada oficialista de la disuelta Asamblea Nacional tras aplicación de la denominada muerte cruzada por parte del presidente Guillermo Lasso quiere demostrar ahora que «se puede sacar adelante el país» sin el funcionamiento del Legislativo, de mayoría opositora.

«Vamos a demostrar que es posible sacar adelante este país cuando hay convicción, y en especial no permitiremos que aquellos que nos quisieron arrodillar regresen a Ecuador», afirmó el ya exasambleísta Juan Fernando Flores, uno de los portavoces de la Bancada Ecuador.

En esos términos se expresó el exlegislador tras la decisión tomada por Lasso por «grave crisis política y conmoción interna», en medio del juicio político de censura que se llevaba a cabo en la Asamblea Nacional y ante la incertidumbre de lograr los votos suficientes que le permitieran ganar la votación y seguir en el cargo.

#Quito | "El Gobierno está dispuesto a conversar no solo con los cinco partidos políticos que tenían representación en la Asamblea", sostiene Juan Fernando Flores, coordinador del bloque oficialista.

Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/Q19ES2KBC7

— El Comercio (@elcomerciocom) May 17, 2023

Con la muerte cruzada, a la vez que se disuelve la Asamblea se adelantan las elecciones generales y, hasta que entre en funciones el nuevo Legislativo, el presidente pueda gobernar mediante decretos ley que deben ser revisados por la Corte Constitucional.

En ese sentido, Flores advirtió que solo pueden tramitarse por esta vía proyectos en materia económica urgente y esperan en este tiempo emitir el mayor número posible para «mejorar la vida» de los ciudadanos.

Cualquier otra iniciativa legislativa del Gobierno que no se ciña a esa materia deberá esperar a la conformación de la nueva Asamblea, indicó el exparlamentario, quien comentó que ya le entregaron diecisiete proyectos de ley a Lasso.

Esto implica que no pueda tramitarse por decreto ley la reforma laboral que pretendía sacar adelante Lasso.

Asimismo, Flores defendió la aplicación de la muerte cruzada frente a la demanda de inconstitucionalidad presentada por el conservador Partido Social Cristiano (PSC), antiguo aliado electoral de Lasso y ahora uno de los principales promotores del juicio político junto al correísmo.

El juicio político se desarrollaba bajo la acusación de un supuesto delito de peculado (malversación) en contratos de transporte marítimo de petróleo que Lasso siempre rechazó y calificó de una invención de sus detractores.

La oposición lanzó el juicio político contra Lasso en el momento más débil de sus casi dos años como presidente, tras revelarse una supuesta trama de corrupción en empresas públicas que involucraba a su cuñado, Danilo Carrera, y luego de la dura derrota sufrida en la cita del 5 de febrero.

En esas votaciones, el Gobierno perdió el referéndum convocado para aplicar reformas a la Constitución y, a su vez, la Revolución Ciudadana, el partido de Correa, se proclamó el gran triunfador de las elecciones locales. Fuente: El Comercio