Nacionales
Lasso apuesta por otro dictamen de la Corte Constitucional para sortear el juicio
Desde el viernes pasado, en la Corte Constitucional (CC) reposa el pedido de Guillermo Lasso para que esa entidad siga el dictamen con el que viabilizó su juicio político. Para el Gobierno, esa es una opción para no llegar a la destitución
El secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, dijo el 11 de mayo del 2023, que la Asamblea fue más allá de sus facultades y actuaron en contra del dictamen de la Corte.
La lectura del Gobierno es que ese control debería hacerse antes del juicio en la Asamblea. “Supongamos que se destituya al Presidente. ¿De qué serviría el seguimiento al dictamen? El problema que generaría es que destituiría a los asambleístas que fueron en contra del dictamen”.
Por eso, el seguimiento debe ser antes de la decisión de la Asamblea, según Ortiz. Agregó que la CC debería evaluar la resolución con la que la Asamblea decidió continuar con la interpelación.
El pedido de Lasso
El 12 de mayo ingresó a la CC un escrito de seis páginas. Una de las inconsistencias que cuestiona Lasso es que los interpelantes no singularizaron ni presentaron las pruebas del peculado. Eso limitó su posibilidad de defenderse.
También habla de que integrantes de la Comisión de Fiscalización ingresaron pruebas de oficio “al margen de las que fueron materia de la acusación política”. Además, cuestiona la introducción de un documento del cual una de las interpelantes dice que es un contrato de Flopec de octubre del 2022.
Lasso se refiere a lo expuesto por Viviana Veloz (correísmo). De acuerdo con el Primer Mandatario, ese es un documento TEMIS con el que se actualizaron las condiciones económicas del contrato de Flopec con Amazonas Tanker Pool, “en el marco de las recomendaciones de la Contraloría”.
Además, el Primer Mandatario señala que se incumplió el procedimiento cuando, para la sesión del martes 9 de mayo, no se incluyó el informe de la Comisión de Fiscalización.
Finalmente, dice que en la resolución del 9 de mayo. En los considerandos constan elementos correspondientes a los cargos 1 y 2 por supuestos delitos de concusión que fueron expresamente excluidos por el Dictamen.
Con todos esos hechos, Lasso pide que la CC “no esquive el ejercicio de sus atribuciones jurídicas, constitucionales y legales y asuma la que le corresponde para dar seguimiento y hacer cumplir su Dictamen”.
Dos visiones sobre el tema
El experto en Derecho, Esteban Ron, dice que una de las facultades de la CC es la verificación del cumplimiento de las disposiciones establecidas en sus resoluciones.
En la admisibilidad que emitió la CC se estableció que la Asamblea tome en cuenta la responsabilidad que debe tener en la fiscalización que ha emprendido.
También habló de la prolijidad para que se cumplan plazos y procedimientos. Finalmente, la Asamblea debe limitarse a la causal del peculado.
Ese proceso de revisión, según Ron, solamente inicia con una decisión tomada por el Pleno de la Corte.
Hasta este lunes 15 de mayo del 2023, a las 20:00, no se conoció sobre alguna decisión en ese sentido.
Ron coincide con la interpretación el Secretario Jurídico de la Presidencia sobre la posibilidad de destitución de quienes incumplan el dictamen. Incluso pueden existir sanciones económicas. Sin embargo, lo importante es si esto ocurre antes o después de que el Legislativo resuelva.
La constitucionalista Ximena Ron explica que es limitado lo que puede verificar en este momento la CC. Para ella, el requisito clave es adecuarse a la causal de peculado. Sin embargo, la CC no está en la posibilidad de revisar procedimientos ni plazos.
Una vez que la Asamblea decida y esto sea la destitución, cabe la posibilidad de una acción de inconstitucionalidad. Con eso, la Corte tiene facultades más amplias para verificar el proceso, incluidos los requisitos y los plazos.
Ambos expertos en Derecho coinciden en que, en caso de que se determine la vulneración del procedimiento, Lasso pudiera recuperar el cargo. Fuente: El Comercio
Nacionales
Asamblea aprueba por unanimidad ley para fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes
La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, este miércoles 22 de abril de 2026, el Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, una normativa que busca garantizar el derecho a la salud mental con un enfoque integral, preventivo, educativo y comunitario. La iniciativa fue respaldada por el Pleno como una respuesta frente al aumento de problemas de salud mental que afectan a esta población en el país.
Durante el debate, el ponente del informe, el asambleísta Alejandro Vanegas, señaló que la ley plantea una respuesta técnica y humana ante una situación urgente, marcada por el incremento de casos de depresión, ansiedad, violencia y abandono escolar entre niñas, niños y adolescentes. Según explicó, la propuesta fortalece la corresponsabilidad entre el sistema educativo, el sistema de salud y los gobiernos locales para atender esta problemática de manera articulada.
La normativa introduce reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Salud Mental, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con el objetivo de coordinar acciones entre distintas instituciones del Estado. Entre sus disposiciones principales está la incorporación obligatoria de la materia “Psicoeducación” en la malla curricular de las unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales.
De acuerdo con el texto aprobado, esta asignatura estará orientada al fortalecimiento de habilidades psicosociales, la resiliencia emocional, la convivencia pacífica y la detección temprana de señales de alerta en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. La ley también ordena la implementación de programas de promoción y prevención con enfoque intercultural, territorial y de género, adaptados a las realidades de pueblos y nacionalidades.
Además, la norma impulsa la creación de espacios comunitarios de apoyo psicosocial en el primer nivel de atención del sistema de salud y permite la participación de estudiantes de los últimos semestres de Psicología en actividades de promoción y prevención, siempre bajo supervisión profesional. También establece que las aseguradoras y empresas de medicina prepagada deberán incluir coberturas de salud mental y dispone campañas permanentes para denunciar centros ilegales o prácticas no autorizadas.
Con esta aprobación, la Asamblea da paso a una legislación que busca dejar atrás una visión reactiva de la salud mental y avanzar hacia un modelo de prevención, acompañamiento y atención temprana desde las aulas, las comunidades y los servicios de salud.
Tras le último fallo de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional.
¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?
La CC se pronunció a través de un auto de verificación el pasado 16 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció y remitió el proyecto de enmienda que envió Noboa al organismo electoral pese a que debía enviarlo a la Corte Constitucional.
Según fuentes de Carondelet, se espera que la pregunta de enmienda constitucional pueda ser incluida en una papeleta adicional en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. (I)
Nacionales
Ministro del Interior, John Reimberg, anuncia que la nueva cárcel estará lista en 15 o 18 meses
El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la construcción de una nueva cárcel, con capacidad para 15.120 personas, tardará entre 15 y 18 meses.
La cárcel tendrá más de 100 mil metros cuadrados. Allí habrá pabellones para grupos criminales y zonas para el sistema médico. «Será una cárcel que contará con todo para que no exista la necesidad de que tengan que salir a diversas citas médicas en otros lugares», dijo Reimberg este miércoles 22 de abril de 2026 en Teleamazonas.
Para él, lo más importante es tener el nivel de seguridad necesaria para «incomunicar a estos criminales de sus grupos o estructuras criminales».
«El proyecto carcelario es muy importante. La cárcel del Encuentro ha dado resultados muy positivos. Yo necesito esa cárcel (la nueva) que es para 15 mil personas, que aún así no será suficiente, pero necesito dar ese paso importante»,
Según él, hay que seguir trabajando en el sistema carcelario para romper esa estructura de que alguna cárcel pertenezca a cierto grupo delincuencial.
«La idea es que estén mezclados para debilitar ese poder que anteriores gobiernos les dieron a grupos delincuenciales, al otorgarles cárceles que sean controladas y manejadas», agregó.
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