Nacionales
Los trabajadores protestan contra el Gobierno de Lasso y exigen seguridad
Con masivas movilizaciones en Quito, Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas, Puyo, Azogues y otras ciudades, integrantes de organizaciones sindicales y sociales, así como ciudadanos en general, conmemoraron este 1 de mayo del 2023 el Día Internacional de los Trabajadores.
La jornada estuvo marcada por las exigencias planteadas durante las marchas: medidas eficaces para contener la ola de violencia que azota el país, la salida del presidente de la República, Guillermo Lasso, mayor inversión por parte del Estado al Seguro Social y al sistema público de salud y una reforma al Código del Trabajo.
En la capital, las marchas fueron convocadas por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE), entre otras estructuras sociales. Los manifestantes se concentraron en la Plaza de San Francisco, en el Centro Histórico.
Marcela Arellano, presidenta saliente del FUT, lamentó que «la delincuencia, la violencia y el crimen organizado» se hayan «tomado todo el país». «Demandamos un Estado que esté al servicio del pueblo, que tenga capacidad para entregar los servicios de salud, educación y seguridad», acotó la dirigente sindical, que además reiteró que espera que la Asamblea Nacional censure y destituya al jefe de Estado, quien enfrenta un proceso de juicio político.
La «única alternativa para solucionar los problemas que hoy vivimos es la salida del presidente de la República. Tiene que ser destituido por la Asamblea Legislativa. Demandamos de los 104 asambleístas que aprobaron el informe para el juicio político, que tengan ahora coherencia con las necesidades del pueblo», añadió Nelson Eraso, presidente nacional del Frente Popular.
El presidente de la República enfrenta un juicio político instaurado por una acusación de presunto peculado (malversación de fondos) en la que -según la oposición- Lasso supuestamente incurrió al continuar unos contratos de la flota petrolera estatal (Flopec) con la privada Amazonas Tankers sobre los que realizó un informe la Contraloría General del Estado (CGE).
A las marchas en Quito se sumaron otras organizaciones como movimientos feministas, además de extrabajadores y actuales colaboradores de diario El Comercio, quienes exigen que les paguen sus sueldos y otros rubros pendientes.
En Guayaquil, en cambio, los manifestantes desfilaron por el centro de la ciudad. Llegaron incluso al edificio del Municipio y las demandas eran similares.
En Cuenca, Puyo y Esmeraldas, también hubo manifestaciones y las solicitudes eran semejantes.
Brechas laborales
María Paz Jervis, de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias de Ecuador, destacó que el 1 de Mayo es también la oportunidad para recordar que en el país hay una «necesidad profunda de cerrar las brechas laborales» pues 6 de cada 10 personas de la población económicamente activa «no tienen un empleo adecuado».
Esa data es aún más importante cuando se habla de mujeres, jóvenes y de quienes habitan las zonas rurales, dijo antes de señalar que el sector empresarial tiene «el firme compromiso de trabajar para erradicar esas brechas y mejorar el ecosistema laboral».
Por ello formuló un llamamiento a todos los poderes del Estado y a la sociedad para generar cambios profundos en el país, que tienen que ver con la mejora de las condiciones de empleo para migrar de la informalidad a la formalidad, implementar propuestas que creen una normativa laboral coherente y sostenible con la realidad actual.
Nacionales
Denuncian supuesta compra de insulina con sobreprecio en Municipio de Guayaquil
La adquisición para dotar de insulina a las casas de salud manejadas por el Municipio de Guayaquil generó un nuevo roce con el Gobierno Nacional, luego de que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) denunciara sobre presuntas irregularidades en el contrato.
Según el Sercop, la Alcaldía pretendería importar un millón de dosis de insulina a un precio mayor de lo que se vende en Ecuador. El costo que habría establecido por la compra el Municipio era de $12 por unidad, cuando en adquisiciones de otros procesos se pagaron precios por el medicamento entre USD 7,12 y 7,49.
Además, la entidad añadió que el Municipio tiene un incumplimiento normativo, al no contar con permiso previo emitido por la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), para la importación de fármacos.
El Sercop apuntó que la verificación se realizó en cumplimiento de sus funciones, para cuidar la adquisición de bienes y servicios en beneficio de la ciudadanía.
De hecho, la institución recomendó al Municipio guayaquileño realizar el proceso de adquisición con farmacéuticas locales que cuentan con el producto, a un precio inferior al ofertado en el contrato establecido.
Julio José Neira, secretario de Integridad Pública y director encargado del Sercop, aclaró que un 2,66% de los procesos contratados por la Alcaldía, que equivalen a 47 contratos, fueron suspendidos por detectarse alguna irregularidad, incluido el de la adquisición de incluido. El valor todos estos procesos era de USD 9,7 millones.
«Se les acabó el relato de la compra de insulina por el sobreprecio…», apuntó Neira, este viernes 28 de noviembre.
Cruce de declaraciones entre Alvarez y Neira
La suspensión de los procesos generó una serie de insultos en redes sociales proferidos por el alcalde Aquiles Alvarez hacia Neira, quien a su vez le recordó que se encuentra procesado y llamado a juicio por presunta comercialización irregular de combustible.
«El proceso de insulina se suspendió porque el alcalde procesado pretendía importar insulina evadiendo la norma: ni siquiera pidieron registro sanitario, básico para asegurar calidad y proteger a los pacientes», recalcó Neira.
Nacionales
Extienden la declaratoria de emergencia en el IESS por desabastecimiento de medicinas
El director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Francisco Abad, dispuso la ampliación «de forma excepcional» por un mes más de la declaratoria de emergencia de la entidad.
Según informó la entidad en un comunicado difundido este jueves, la decisión se adoptó por criterios técnicos que, a su juicio, justifican la ampliación de la medida para garantizar que procesos contractuales puedan concretarse.
Al declarar el estado de emergencia el pasado 26 de septiembre, frente a una crisis de desabasteicmiento de medicinas e insumos médicos en centros de salud a escala nacional, el IESS asignó un presupuesto de USD 96 millones para compras públicas.
Medicamentos no entregados
En ese marco, un informe técnico presentado este lunes advirtió también que, pese a que el IESS ha suscrito varios contratos para adquirir medicamentos y bienes estratégicos, una parte de estos productos aún no ha sido entregada.
El documento señala que diversas circunstancias de índole técnica y operativa han impedido que la institución cuente con el abastecimiento completo previsto.
El mismo informe sostiene que, de no concretarse las entregas pendientes, el IESS enfrentaría un desabastecimiento inmediato de medicamentos de alta especialidad, lo que pondría en riesgo la continuidad terapéutica de miles de pacientes y acentuaría aún más la crisis actual.
También advierte que podrían incrementarse las complicaciones severas, las hospitalizaciones y los índices de mortalidad.
Ante ello, Abad emitió una resolución en la que ordena a los administradores de los contratos suscritos durante la emergencia mantener un seguimiento permanente de cada proceso.
La disposición incluye verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los proveedores y completar todas las gestiones necesarias hasta el cierre definitivo de los contratos.
Nacionales
Más de un millón de ecuatorianos tienen una mala calificación crediticia, según análisis de red financiera
En Ecuador, 1 060 000 personas, en promedio, tienen un score crediticio (calificación crediticia) menor a 300 puntos, 247 mil más de las que había en el 2019, según un informe de la Red de Instituciones Financieras para el Desarrollo.
Se trata de usuarios que registran pagos pendientes, atrasos frecuentes y moras prolongadas para cancelar sus deudas, es decir, que son perfiles con poca probabilidad de pago.
En términos prácticos, las instituciones financieras o centrales de crédito pueden negarles solicitudes de préstamos, pedir más documentos, garantías u otorgar financiamiento en condiciones menos favorables como intereses más altos.
Con este escenario, las compras pequeñas, como celulares, electrodomésticos e incluso ropa a plazos, inciden en la construcción del historial crediticio.
David Castellanos, analista de Equifax, que es una agencia de informes crediticios, relata que si una persona hace pagos que se difieren a plazos, eso permite ir construyendo un tema de un hábitos.
«Si se cumple igual el pago, obviamente, la persona va a tener una propensión de mejor hábito de pago como tal, pero también si hay retrasos, esto va a incidir ensu calificación o en su salud financiera», comentó.
Al mejorar el puntaje del score crediticio con compras pequeñas a crédito, los usuarios en general y específicamente aquellos que están excluidos del sistema financiero, podrían acceder nuevamente a él.
«Tendríamos que esperar por lo menos unos tres o seis meses hasta que esta persona vaya cumpliendo estos temas de pago. Ese comportamiento se toma dentro del historial crediticio. Mientras los otros pagos se van cumpliendo, va generando que esta persona paulatinamente vaya alcanzando un mejor score«, señaló Castellanos.
El score crediticio se puede revisar en las aplicaciones de bancos.Ees un servicio gratuito, que permite al cliente conocer su nivel de endeudamiento, si tiene un balance entre lo que gana y lo que gasta; y si tiene pagos pendientes en instituciones financieras, en locales comerciales o entidades de servicios.
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