Nacionales
Fiscalización escuchó alegatos finales en el juicio político contra Lasso
En el marco de la sustanciación del juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, la Comisión de Fiscalización escuchó los alegatos finales de los legisladores interpelantes Mireya Pazmiño, Pedro Zapata, Rodrigo Fajardo y Viviana Veloz, representados por la última; y, de Édgar Neira, abogado del primer mandatario.
Viviana Veloz explicó que este proceso de enjuiciamiento debe determinar la responsabilidad política de Presidente por haber conocido y consentido la trama de corrupción en las empresas públicas, entre ellas Flopec. Subrayó que el artículo 129 de la Constitución de la República especifica que no es necesario un enjuiciamiento penal previo, ya que eso le corresponde a la Fiscalía, y que el juicio político se relaciona con la pérdida de la confianza para ejercer el cargo. “Sin confianza un Presidente no puede seguir gobernando”, agregó.
Manifestó que el informe del examen especial de la Contraloría General del Estado, aprobado el 5 de noviembre de 2021, determinó que el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers causó un perjuicio al Estado por más de 6 millones de dólares. Este hecho habría sido advertido y puesto en conocimiento del Presidente y varios ministros de Estado, por el exgerente de Flopec, Jhony Estupiñán, ante lo cual el primer mandatario no hizo nada.
Sostuvo que Hernán Luque, expresidente de EMCO, desvinculó a Jhony Estupiñán de su cargo como gerente de Flopec, por intentar terminar unilateralmente el contrato que calificó como lesivo.
Recordó que en su comparecencia, el exsecretario Anticorrupción, Luis Verdezoto presentó un informe en el que evidencia la existencia de una amplia discrecionalidad en la designación de funcionarios de Flopec y la concentración de poder en el expresidente de EMCO, lo que habría facilitado el esquema de corrupción en las empresas públicas que administran alrededor de 14 mil millones de dólares.
De su lado, Edgar Neira, abogado del primer mandatario, aseguró que no se ha podido demostrar el cometimiento de peculado, ni la responsabilidad política del Presidente.
Indicó que el primer mandatario no tuvo conocimiento del perjuicio que ocasionaba el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers, porque el oficio que envió Estupiñán en que advierte el perjuicio, fue tramitado de acuerdo con el procedimiento regular que sigue la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República. Así tampoco tuvo conocimiento del informe de la Contraloría, ya que fue entregado al titular de Flopec de ese entonces.
Precisó que el contrato debía mantenerse hasta diciembre de 2022, debido a una cláusula internacional de estabilidad contractual, que si hubiese sido vulnerada, el costo para el Estado superaría los 80 millones de dólares.
Concluyó que los recursos de Flopec no están en poder del primer mandatario, como especifica el artículo 292 de la Constitución, pues los ingresos y egresos de las empresas públicas son distintos de los ingresos y egresos del Presupuesto General del Estado.
Una vez clausurada la sesión de actuación de pruebas, de acuerdo al artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el plazo máximo de 10 días improrrogables, la Comisión de Fiscalización remitirá al Presidente de la Asamblea Nacional un informe motivado para conocimiento del Pleno que especifique las razones por las cuales recomienda o no el enjuiciamiento político del Presidente. Fuente: Ecuadorenvivo
Nacionales
Denuncian supuesta compra de insulina con sobreprecio en Municipio de Guayaquil
La adquisición para dotar de insulina a las casas de salud manejadas por el Municipio de Guayaquil generó un nuevo roce con el Gobierno Nacional, luego de que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) denunciara sobre presuntas irregularidades en el contrato.
Según el Sercop, la Alcaldía pretendería importar un millón de dosis de insulina a un precio mayor de lo que se vende en Ecuador. El costo que habría establecido por la compra el Municipio era de $12 por unidad, cuando en adquisiciones de otros procesos se pagaron precios por el medicamento entre USD 7,12 y 7,49.
Además, la entidad añadió que el Municipio tiene un incumplimiento normativo, al no contar con permiso previo emitido por la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), para la importación de fármacos.
El Sercop apuntó que la verificación se realizó en cumplimiento de sus funciones, para cuidar la adquisición de bienes y servicios en beneficio de la ciudadanía.
De hecho, la institución recomendó al Municipio guayaquileño realizar el proceso de adquisición con farmacéuticas locales que cuentan con el producto, a un precio inferior al ofertado en el contrato establecido.
Julio José Neira, secretario de Integridad Pública y director encargado del Sercop, aclaró que un 2,66% de los procesos contratados por la Alcaldía, que equivalen a 47 contratos, fueron suspendidos por detectarse alguna irregularidad, incluido el de la adquisición de incluido. El valor todos estos procesos era de USD 9,7 millones.
«Se les acabó el relato de la compra de insulina por el sobreprecio…», apuntó Neira, este viernes 28 de noviembre.
Cruce de declaraciones entre Alvarez y Neira
La suspensión de los procesos generó una serie de insultos en redes sociales proferidos por el alcalde Aquiles Alvarez hacia Neira, quien a su vez le recordó que se encuentra procesado y llamado a juicio por presunta comercialización irregular de combustible.
«El proceso de insulina se suspendió porque el alcalde procesado pretendía importar insulina evadiendo la norma: ni siquiera pidieron registro sanitario, básico para asegurar calidad y proteger a los pacientes», recalcó Neira.
Nacionales
Extienden la declaratoria de emergencia en el IESS por desabastecimiento de medicinas
El director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Francisco Abad, dispuso la ampliación «de forma excepcional» por un mes más de la declaratoria de emergencia de la entidad.
Según informó la entidad en un comunicado difundido este jueves, la decisión se adoptó por criterios técnicos que, a su juicio, justifican la ampliación de la medida para garantizar que procesos contractuales puedan concretarse.
Al declarar el estado de emergencia el pasado 26 de septiembre, frente a una crisis de desabasteicmiento de medicinas e insumos médicos en centros de salud a escala nacional, el IESS asignó un presupuesto de USD 96 millones para compras públicas.
Medicamentos no entregados
En ese marco, un informe técnico presentado este lunes advirtió también que, pese a que el IESS ha suscrito varios contratos para adquirir medicamentos y bienes estratégicos, una parte de estos productos aún no ha sido entregada.
El documento señala que diversas circunstancias de índole técnica y operativa han impedido que la institución cuente con el abastecimiento completo previsto.
El mismo informe sostiene que, de no concretarse las entregas pendientes, el IESS enfrentaría un desabastecimiento inmediato de medicamentos de alta especialidad, lo que pondría en riesgo la continuidad terapéutica de miles de pacientes y acentuaría aún más la crisis actual.
También advierte que podrían incrementarse las complicaciones severas, las hospitalizaciones y los índices de mortalidad.
Ante ello, Abad emitió una resolución en la que ordena a los administradores de los contratos suscritos durante la emergencia mantener un seguimiento permanente de cada proceso.
La disposición incluye verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los proveedores y completar todas las gestiones necesarias hasta el cierre definitivo de los contratos.
Nacionales
Más de un millón de ecuatorianos tienen una mala calificación crediticia, según análisis de red financiera
En Ecuador, 1 060 000 personas, en promedio, tienen un score crediticio (calificación crediticia) menor a 300 puntos, 247 mil más de las que había en el 2019, según un informe de la Red de Instituciones Financieras para el Desarrollo.
Se trata de usuarios que registran pagos pendientes, atrasos frecuentes y moras prolongadas para cancelar sus deudas, es decir, que son perfiles con poca probabilidad de pago.
En términos prácticos, las instituciones financieras o centrales de crédito pueden negarles solicitudes de préstamos, pedir más documentos, garantías u otorgar financiamiento en condiciones menos favorables como intereses más altos.
Con este escenario, las compras pequeñas, como celulares, electrodomésticos e incluso ropa a plazos, inciden en la construcción del historial crediticio.
David Castellanos, analista de Equifax, que es una agencia de informes crediticios, relata que si una persona hace pagos que se difieren a plazos, eso permite ir construyendo un tema de un hábitos.
«Si se cumple igual el pago, obviamente, la persona va a tener una propensión de mejor hábito de pago como tal, pero también si hay retrasos, esto va a incidir ensu calificación o en su salud financiera», comentó.
Al mejorar el puntaje del score crediticio con compras pequeñas a crédito, los usuarios en general y específicamente aquellos que están excluidos del sistema financiero, podrían acceder nuevamente a él.
«Tendríamos que esperar por lo menos unos tres o seis meses hasta que esta persona vaya cumpliendo estos temas de pago. Ese comportamiento se toma dentro del historial crediticio. Mientras los otros pagos se van cumpliendo, va generando que esta persona paulatinamente vaya alcanzando un mejor score«, señaló Castellanos.
El score crediticio se puede revisar en las aplicaciones de bancos.Ees un servicio gratuito, que permite al cliente conocer su nivel de endeudamiento, si tiene un balance entre lo que gana y lo que gasta; y si tiene pagos pendientes en instituciones financieras, en locales comerciales o entidades de servicios.
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