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Fiscalización escuchó alegatos finales en el juicio político contra Lasso

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En el marco de la sustanciación del juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, la Comisión de Fiscalización escuchó los alegatos finales de los legisladores interpelantes Mireya Pazmiño, Pedro Zapata, Rodrigo Fajardo y Viviana Veloz, representados por la última; y, de Édgar Neira, abogado del primer mandatario.

Viviana Veloz explicó que este proceso de enjuiciamiento debe determinar la responsabilidad política de Presidente por haber conocido y consentido la trama de corrupción en las empresas públicas, entre ellas Flopec. Subrayó que el artículo 129 de la Constitución de la República especifica que no es necesario un enjuiciamiento penal previo, ya que eso le corresponde a la Fiscalía, y que el juicio político se relaciona con la pérdida de la confianza para ejercer el cargo. “Sin confianza un Presidente no puede seguir gobernando”, agregó.

Manifestó que el informe del examen especial de la Contraloría General del Estado, aprobado el 5 de noviembre de 2021, determinó que el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers causó un perjuicio al Estado por más de 6 millones de dólares. Este hecho habría sido advertido y puesto en conocimiento del Presidente y varios ministros de Estado, por el exgerente de Flopec, Jhony Estupiñán, ante lo cual el primer mandatario no hizo nada.

Sostuvo que Hernán Luque, expresidente de EMCO, desvinculó a Jhony Estupiñán de su cargo como gerente de Flopec, por intentar terminar unilateralmente el contrato que calificó como lesivo.

Recordó que en su comparecencia, el exsecretario Anticorrupción, Luis Verdezoto presentó un informe en el que evidencia la existencia de una amplia discrecionalidad en la designación de funcionarios de Flopec y la concentración de poder en el expresidente de EMCO, lo que habría facilitado el esquema de corrupción en las empresas públicas que administran alrededor de 14 mil millones de dólares.

De su lado, Edgar Neira, abogado del primer mandatario, aseguró que no se ha podido demostrar el cometimiento de peculado, ni la responsabilidad política del Presidente.

Indicó que el primer mandatario no tuvo conocimiento del perjuicio que ocasionaba el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers, porque el oficio que envió Estupiñán en que advierte el perjuicio, fue tramitado de acuerdo con el procedimiento regular que sigue la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República. Así tampoco tuvo conocimiento del informe de la Contraloría, ya que fue entregado al titular de Flopec de ese entonces.

Precisó que el contrato debía mantenerse hasta diciembre de 2022, debido a una cláusula internacional de estabilidad contractual, que si hubiese sido vulnerada, el costo para el Estado superaría los 80 millones de dólares.

Concluyó que los recursos de Flopec no están en poder del primer mandatario, como especifica el artículo 292 de la Constitución, pues los ingresos y egresos de las empresas públicas son distintos de los ingresos y egresos del Presupuesto General del Estado.

Una vez clausurada la sesión de actuación de pruebas, de acuerdo al artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el plazo máximo de 10 días improrrogables, la Comisión de Fiscalización remitirá al Presidente de la Asamblea Nacional un informe motivado para conocimiento del Pleno que especifique las razones por las cuales recomienda o no el enjuiciamiento político del Presidente. Fuente: Ecuadorenvivo

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Deportes

“¡Ecuador está contigo Moi!”: el grito de los ecuatorianos que convirtió al Chelsea en un equipo propio

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Pensilvania: El Chelsea jugó, pero también jugó Ecuador. O al menos así lo sintieron decenas de hinchas ecuatorianos que llegaron el martes 24 de junio de 2025 al estadio Lincoln Financial Field, en Filadelfia, donde el club inglés se enfrentó al Espérance Sportive de Tunis (Túnez) en el marco del Mundial de Clubes de la FIFA 2025, que por primera vez se celebra en Estados Unidos.

Aunque el ecuatoriano Kendry Páez aún no ha debutado oficialmente en Chelsea, y Moisés “Moi” Caicedo —el mediocampista estrella fichado en 2023 por más de USD 145 millones— no ingresó al campo durante el encuentro, su sola presencia fue suficiente para emocionar a los ecuatorianos migrantes.

“¡Que salga Moi!”, se escuchó corear entre los asistentes, algunos con camisetas de la Tri, otros con la del Chelsea y hasta un par con banderas de Ecuador extendidas entre las gradas. Un grupo sostenía un cartel que decía: «Ecuador está contigo, Moi.»

El partido terminó 3-0 a favor del Chelsea, con goles de Tosin Adarabioyo, Liam Delap y Tyrique George, un resultado esperado por muchos. Lo que no fue predecible fue el color latinoamericano del público. La comunidad ecuatoriana se hizo sentir, no solo como espectadores, sino como símbolo de un fenómeno más grande: el fútbol como ancla emocional para los migrantes.

“Sentíamos que era nuestro equipo. Lo que representa Moi para nosotros es mucho más que fútbol”, dijo Carlos Fernan González, ecuatoriano residente en New Jersey, que viajó con su familia y amigos al encuentro. Como él, decenas llegaron desde otras ciudades del noreste de Estados Unidos, atraídos por la posibilidad de ver a uno de los suyos en la cancha.

El partido avanzaba y en el entretiempo, un grupo de aficionados tunecinos protagonizó un momento inesperado: inflaron globos rojos y entonaron cantos a favor de Palestina, proclamando “Free Palestine” durante varios segundos, mientras el estadio dividía su atención entre la protesta y el descanso.

La manifestación se mantuvo pacífica y fue acompañada por banderas palestinas. El gesto se suma a una ola de expresiones similares en eventos deportivos a nivel mundial, en medio del conflicto en Gaza, donde más de 37.000 personas han muerto, según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) hasta junio de 2025.

El dato detrás del grito
Moisés Caicedo, de 23 años, nacido en Santo Domingo (Ecuador), es hoy el fichaje más caro en la historia del Chelsea y de la Premier League, tras su traspaso desde Brighton.

Su evolución es seguida con devoción por la diáspora ecuatoriana, sobre todo en Estados Unidos, donde, según datos del Migration Policy Institute, residen más de 739.000 ecuatorianos, una de las comunidades andinas con mayor crecimiento en la última década.

Y aunque no salió al campo esta vez, para los ecuatorianos en Pensilvania fue como si lo hubiera hecho. “Sabemos que está ahí. Sabemos que lleva nuestra bandera en el corazón. Por eso lo apoyamos siempre”, dijo Samuel Guillén, un joven de Guayaquileño que llegó con su camiseta del Emelec. Fuente: Primicias

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Nacionales

‘Comandante Willy’ será encerrado en la nueva cárcel de máxima seguridad en Ecuador, tras extradición de España

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William Joffre Alcívar Bautista, alias ‘Comandante Willy‘ y señalado como cabecilla de la organización criminal Los Tiguerones, será recluido en la nueva cárcel para personas de alta peligrosidad que se construye en la provincia de Santa Elena. Así lo anunció este miércoles el ministro del Interior, John Reimberg, tras conocerse que la Audiencia Nacional de España accedió a su extradición a Ecuador.

«Estamos en Ecuador listos para recibirlo. Yo creo que va a ser uno de los primeros usuarios de la nueva cárcel, así que estamos esperando a que se fije fecha, eso va a tomar un poco de tiempo, pero me parece positivo que venga a cumplir sus penas acá en Ecuador», dijo el ministro.

Según Reimberg, la cárcel que construyen en la provincia de Santa Elena estará lista antes de fin de año, y estará destinada «a las personas de mayor peligrosidad».

«Ese es el lugar donde vamos a trasladar a todos los PPLs (personas privadas de la libertad) que tienen alto riesgo, que son de alta peligrosidad», explicó al comentar sobre la situación de Alcívar Bautista, acusado del asalto armado en TC Televisión.

«No quiere volver a Ecuador porque dice que lo van a matar, pues bueno, tendrá que venir al Ecuador. Acá, el deber nuestro, por supuesto, será garantizar la vida de él«, añadió Reimberg al aseverar que se tomarán «las medidas pertinentes para que él pueda cumplir sus sentencias sin que nadie atente contra él».

Esta prisión, bautizada por el presidente Daniel Noboa como la ‘Cárcel del Encuentro‘ en coincidencia con el nombre de la trama de corrupción que catapultó la precipitada salida del poder de su predecesor Guillermo Lasso, comenzó a construirse en junio de 2024 con un presupuesto de 52 millones de dólares, a cargo del grupo español Puentes, controlado por la empresa estatal China Road and Bridge Corporation.

La construcción, que tendrá capacidad para entre 700 y 800 presos, se realiza en un paraje inhóspito de la provincia de Santa Elena con el objetivo de que su población penitenciaria esté lo más aislada posible.

Extradición bajo condición

En un auto conocido el martes, la Audiencia Nacional de España condiciona la entrega del ecuatoriano a que, en el plazo de tres meses, Ecuador garantice de forma efectiva el derecho a la vida y la integridad personal del procesado.

El auto señala que, conforme a la legislación ecuatoriana, los hechos atribuidos a ‘Comandante Willy’ serían constitutivos de un delito de terrorismo, tipificación que también encuentra correspondencia en el Código Penal español. Se le acusa de haber participado en el asalto armado al canal TC Televisión, en Guayaquil, perpetrado el 9 de enero de 2024.

En su resolución el tribunal desestimó todos los argumentos planteados por la defensa para oponerse la extradición.

No obstante, consideró que debido a la situación de violencia en cárceles en Ecuador, es necesario exigir unas garantías para proceder a la entrega.

En concreto, la condiciona a que en el plazo de tres meses las autoridades ecuatorianas «presten garantía suficiente de haber adoptado las medidas y realizado las acciones concretas indicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendentes a garantizar de forma efectiva los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos en sus centros penitenciarios». Fuente: Vistazo

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Nacionales

En Ecuador los niños se vinculan a las bandas criminales desde los 10 años

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Un revelador estudio, que es presenta hoy en Quito en el marco de un seminario internacional, muestra que muchos niños, niñas y jóvenes se vinculan voluntariamente a las organizaciones delictivas, impulsados por un “sentimiento de pertenencia, lealtad y protección en contextos de precariedad económica, exclusión educativa y falta de oportunidades”.

El informe fue preparado por un equipo multidisciplinario de expertos; encuestó a 3.000 niños y jóvenes de nueve ciudades costeras. El ocho por ciento de entrevistados admitió pertenecer a un grupo criminal.

“Salí de Esmeraldas cuando tenía 13 años. Estaba en el colegio y los chicos de una banda esperaban a la salida, para escoger novia. Bueno, lo de novia es un decir. Escogían la chica para la farra del fin de semana”. Doménica vive en Quito desde hace seis años. Sus hermanos mayores, que residen fuera del país, supieron que estaba en peligro cuando la mejor amiga de ella fue escogida como pareja de un ‘duro’.

La vinculación de niños, niñas y adolescentes a los grupos criminales es un fenómeno inquietante en el país, agravado desde 2019.

Un equipo multidisciplinario de expertos y organizaciones sumó esfuerzos para mapear el problema. El resultado es un informe con impactantes hallazgos, que se presenta hoy en Quito, en el contexto de un seminario internacional el cual apunta a identificar estrategias de prevención.

El estudio fue elaborado en forma conjunta por investigadores de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF por sus siglas en inglés); el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO); el aval académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y el programa Comunidades Seguras. La iniciativa contó con el apoyo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador.

El problema se agrava con el poder territorial de las bandas criminales

A partir de 2019, en el marco de una profunda y sostenida crisis penitenciaria, “emergieron nuevas bandas criminales que han incrementado progresivamente su poder mediante el control territorial, la violencia, la extorsión, el tráfico de drogas y el secuestro, especialmente en ciudades costeras del país”, advierte el documento.

Y aclara que la expansión se produjo en el marco del deterioro de indicadores sociales y de desarrollo del país. Cita el dato según el cual unos 500 mil jóvenes de entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan. En este contexto, las organizaciones criminales han ocupado los espacios abandonados por el sistema educativo, que ha excluido a más de 250 mil jóvenes. De ellos, más de la mitad, de entre 15 y 17 años, no expresan interés en reincorporarse al sistema formal, según datos de UNICEF, de 2021, mencionados en la investigación, cuyo título es “Estudio de Caracterización sobre la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a Organizaciones Criminales en Ecuador”.

Según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), de 2024, entre 2019 y 2022 los homicidios intencionales de niños, niñas y jóvenes, “aumentaron en un 640 por ciento”. El 87 por ciento se cometió con armas de fuego. Las cifras se incluyen en el estudio.

Si bien en 2024 hubo una reducción general del 15 por ciento en la cifra de homicidios a nivel nacional, dice el documento, en el grupo etario de 0 a 17 años el número de homicidios subió en 8 por ciento respecto del año anterior.

Nueve ciudades de la costa ecuatoriana

Nueve ciudades del litoral ecuatoriano fueron incluidas en la investigación, expuesta en el contexto del seminario internacional Seminario “Crimen Organizado, Dinámicas de Vinculación de Niñez y Juventud a Grupos Criminales y Estrategias de Prevención”.

Las ciudades son: Manta, Portoviejo, Machala, Babahoyo, Quevedo, Esmeraldas, Santa Elena, Guayaquil y Durán. Los investigadores usaron una estrategia metodológica mixta, que usó técnicas cuantitativas y cualitativas, se enfocaron en niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años.

Son nueve los principales hallazgos de este proceso. El que más llama la atención: los nuevos integrantes de bandas se vinculan motivados por incentivos, antes que por la fuerza o coerción. Y entre los atractivos se incluyen; el pago de recompensas (factores económicos); las presiones ejercidas por el círculo social (sean amigos o familia); y, la imitación de conductas y estereotipos propios del grupo, advierte el documento.

Grupos como Los Lobos y Los Choneros ofrecen incentivos económicos como mecanismo de captación de nuevos miembros, según el hallazgo. En tanto, Los Tiguerones y los Chone Killers usan estrategias de presión grupal.

Según la investigación, los nuevos miembros pueden tener inclusive diez años de edad.

Los nuevos miembros buscan “el sentido de pertenencia y admiración hacia el colectivo, la protección brindada”, buscan respuestas frente a “la precariedad derivada de la pobreza y la desigualdad social”. En cambio, la motivación para los grupos criminales “es la instrumentalización de los menores por su inimputabilidad”.

El ejercicio investigativo incluyó encuestas a casi 3.000 niños y jóvenes. El ocho por ciento aceptó pertenecer a una banda. Más de una quinta parte de los encuestados afirmó que encontró un sentimiento de importancia y respeto. Y el 11 por ciento mencionó que se unió por su deseo de abandonar su hogar.

Más de la mitad de encuestados (51 por ciento) afirmó que hay presencia de bandas criminales en su sector o barrio. Por tanto, cinco de cada diez están expuestos a estos grupos, cita el documento. En Santa Elena y Durán la percepción es más alta, de 77 y 75 por ciento. En Guayaquil el 70 por ciento de encuestados refirió que hay grupos criminales en su zona de vivienda.

Según el 31 por ciento de los encuestados, el principal canal para vincularse y enrolarse es la plataforma WhatsApp, según el estudio.

Casi el 28 por ciento de los encuestados afirmó que conocía a un miembro de bandas criminales. En Esmeraldas, una cuarta parte de encuestados reconoció que uno de sus familiares directos es miembro de una banda.

Qué papel juega el entorno

El estudio exploró el entorno territorial de los encuestados. Hay novedades. Surgen indicios de que los grupos violentos controlan los desplazamientos de la población, regulan la vida cotidiana y resuelven conflictos entre los vecinos. Pero más grave aún. Ciertos testimonios, recogidos en la fase cualitativa de la investigación, mencionan que si una persona es de un barrio controlado por un grupo violento, por ejemplos los Águilas, debe tener un código de vestimenta, por ejemplo un tipo de calzado. Si esa persona se desplaza a otro sector, controlado por otra organización criminal, su integridad puede estar en peligro.

El documento establece que el contexto familiar tampoco puede ser ignorado en un intento por abordar el fenómeno desde la política pública. La pobreza es un factor que contribuye a la vinculación con grupos delictivos. “En contextos marcados por altos niveles de violencia, el abandono del hogar, forzado o voluntario, es aún más determinante”.

La familia juega un papel determinante en la prevención de la vinculación de los jóvenes a grupos criminales.

¿Qué pasa con la escuela? El resultado del estudio es alarmante. Entre el 10 y el 25 por ciento de los chicos encuestados dijo que se sentía insatisfecho con su escuela. Los niños “se sienten inseguros en las escuelas”, han sido testigos de intimidación y violencia. Enfrentamientos de grupos, amenazas de bomba, vacunas, extorsiones y muerte de sus compañeros. Todos ellos han ocurrido en los centros de estudio, según relataron los jóvenes. Fuente: Vistazo

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