La Corte Constitucional concedió el dictamen favorable que fue requerido por la Asamblea Nacional para llevar a juicio político al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por supuesto peculado, delito contra la administración pública.

La decisión se tomó con seis votos a favor y tres votos salvados, de entre los nueve jueces que componen este organismo, este miércoles 29 de marzo del 2023 en una sesión extraordinaria que no fue pública.

«El Pleno resolvió admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado», informó la institución en un comunicado.

A su vez, el organismo no admitió otras dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión, que también le imputaba a Lasso la mayoría opositora liderada por el correísmo (Unes) y el Partido Social Cristiano (PSC).

Observaciones

En el dictamen se determinó que a la Corte le correspondía efectuar tanto un análisis del procedimiento como del contenido de la solicitud, para garantizar el equilibrio de poderes entre la función Ejecutiva y Legislativa, «y asegurar que la institución del juicio político al presidente de la República no sea utilizada de forma arbitraria ni irrazonable».

En esa línea, en el análisis del procedimiento, la Corte encontró que, en la solicitud presentada y el trámite seguido hasta aquí en la Asamblea Nacional, «se han respetado los principios de legitimidad política y del debido proceso».

Sin embargo, el organismo hizo un «llamado de atención a los solicitantes y a la Asamblea Nacional por la falta de prolijidad en la activación de dicha figura constitucional». En alusión a una serie de errores detectados en los documentos.

Asimismo, respecto del contenido de la solicitud, se estableció que los primeros dos cargos formulados por los solicitantes -relacionados con el delito de concusión- no cumplen las exigencias del artículo 148 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional (LOGJCC).

En relación al delito de peculado, por el contrario, se determinó que su formulación se enmarca en los presupuestos de admisibilidad establecidos en el mencionado artículo de la LOGJCC, apuntó la Corte.

Los votos de los jueces

La propuesta de dictamen fue presentada por los jueces Richard González y Alí Lozada, quien preside el organismo, y sumó el respaldo de Daniela Salazar, Jhoel Escudero, Alejandra Cárdenas y Karla Andrade.

En cambio, la vicepresidenta de la Corte, Carmen Corral, y los jueces Teresa Nuques y Enrique Herrería emitieron votos salvados. Ellos -con su propia argumentación- se apartaron de la decisión de mayoría por considerar que la solicitud de juicio político presentada en contra del presidente de la República es inadmisible por no cumplir con los requisitos
contemplados en la Constitución y la LOGJCC.

Las acusaciones

Los asambleístas Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo, quienes son parte de la coalición opositora, acusaron a Lasso de haber adecuado su conducta a los delitos de concusión y peculado, en relación a una supuesta trama de corrupción en empresas públicas.

No obstante, en dos escritos remitidos a la Corte Constitucional, el presidente Lasso adujo que sus detractores «no han presentado un solo indicio» de los delitos que le imputan. Lasso lleva menos de dos años en el poder y ya ha enfrentado dos intentos de destitución de la Asamblea.

La asambleísta Viviana Veloz (Unes) explicó que la acusación por peculado que admitió la Corte tiene que ver con supuestos hechos de corrupción en la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), que involucraron a excolaboradores del Mandatario.

«La @CorteConstEcu se ha pronunciado. Lasso será enjuiciado políticamente y tendrá que responder por sus horrores e incompetencias ante la Asamblea. No podíamos darle la espalda al pueblo ecuatoriano. ¡Esto es por ustedes! ¡La bancada @BancadaUNESec jamás los abandonará!», tuiteó Veloz.

Oficialismo acata el dictamen

El oficialismo anticipó que Lasso comparecerá a la Asamblea para defenderse de las acusaciones.

«Como respetuosos de ese sistema de pesos y contrapesos, de la Corte de cortes que se ha pronunciado, del Estado de Derecho, acataremos ese dictamen y llevaremos adelante el juicio político hasta las últimas consecuencias, donde permitiremos que el Presidente de la República se defienda como corresponde», reaccionó Ana Belén Cordero, asambleísta de Creo y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización.

Reservado

La sesión extraordinaria se dio pocas horas después de que los jueces Richard Ortiz y Alí Lozada entregaran un nuevo proyecto de dictamen, al cabo de 48 horas de que la propuesta de la jueza Teresa Nuques, en quien recayó inicialmente esta causa, apenas alcanzó tres de los seis votos que se requerían para ser aprobada.

El contenido del dictamen que debatieron los jueces no fue público de inmediato. Tampoco la sesión. La oficina de prensa de la Corte aclaró que: «Los proyectos de sentencias, dictámenes, autos y providencias constituyen material de trabajo no oficial, no son de carácter público y no tiene valor jurídico alguno».

Añadió que, respecto de las deliberaciones y los votos del Pleno y Salas del Organismo, «estos gozarán de reserva hasta que la decisión sea notificada a las partes procesales y terceros con interés». Para eso, invocó al reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

Para aprobar el dictamen se requerían de los votos favorables de, al menos, seis de los nueve jueces (dos tercios) de la Corte.

Con el dictamen favorable, esta causa regresará a la Asamblea Nacional, en donde la oposición liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) asegura contar con los 92 votos que se requieren para la censura y destitución del Jefe de Estado. En ese escenario, asumirá el cargo el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero.

Las etapas

Con el dictamen favorable, esta causa sigue su trámite en la Asamblea y tomará alrededor de 45 días. De esta forma:

• El Presidente de la Asamblea remitirá al Presidente de la Comisión de Fiscalización la solicitud de juicio político, el dictamen y documentos de sustento.
• La Comisión de Fiscalización avoca de manera inmediata y se da inicio el trámite
• Derecho a la defensa y contestación a las acusaciones políticas, en el plazo de 10 días.
• Se concede 10 días adicionales para la actuación de pruebas.
• En el plazo de 10 días, la Comisión entrega el informe motivado.
• En el plazo de 3 días, el Presidente de la Asamblea, dispone la difusión del informe.
• Luego de 48 horas de la difusión del informe, el Presidente de la Asamblea debe convocar al Pleno, en el plazo de 5 días para el trámite