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Ecuador y Argentina se enredan en un conflicto diplomático sin precedentes

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El Gobierno de Ecuador sigue armando el rompecabezas de la fuga desde la embajada de Argentina en Quito de María de los Ángeles Duarte, ministra durante el Gobierno de Rafael Correa y sentenciada por corrupción. El canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín fue convocado el miércoles por la Asamblea Nacional para dar explicaciones. Reveló detalles de las comunicaciones que tuvo desde el lunes 13 de marzo con su par argentino, Santiago Cafiero, quien le dijo que Duarte había escapado de la residencia. “En el mejor de los casos hubo negligencia y en el peor de los casos hubo complicidad”, disparó el canciller ecuatoriano. Desde Argentina, mientras tanto, la estrategia ha sido negar las acusaciones y bajar, al mismo tiempo, el tono a la disputa.

En un hilo de Twitter, Cafiero dijo que “el profundo aprecio de la Argentina al pueblo del Ecuador no cambia con este desencuentro coyuntural. Somos pueblos hermanos unidos por la historia y por un futuro común”. Se refirió entonces a una “diferencia de opinión” sobre el caso Duarte entre Buenos Aires y Quito, que quedó en evidencia cuando el Gobierno de Lasso le negó el salvoconducto a la exministra de Correa. “Discrepancia sobre la que en todo momento manifestamos disposición para enmarcar la acción en el derecho internacional, que ofrece mecanismos de solución para estas controversias”, dijo. El jueves, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, siguió la misma línea. Habló del “querido pueblo ecuatoriano” y dijo que Argentina “tiene nada que ver con las cuestiones de seguridad de Ecuador”. Diputados opositores han pedido la presencia de Cafiero en el Congreso para que de explicaciones sobre lo sucedido en Ecuador.

Según la línea de tiempo que el Gobierno ecuatoriano hizo, durante el fin de semana pasado hubo un asado en la residencia diplomática argentina en la capital. Según la versión de Gabriel Fuks, el embajador argentino expulsado por Quito, fue para despedir al agregado de defensa de la misión. “Empiezan entonces una serie de inconsistencias en la información”, dice Holguín. “El asado primero fue el sábado y después el viernes. No recordaba cuándo vieron por última vez a María de los Ángeles Duarte, si fue sábado o domingo, que pudo ser jueves”, explicó el canciller ante los legisladores.

El Gobierno ecuatoriano está convencido de que Duarte se fugó el viernes, para aparecer luego en Caracas, donde se presentó ante el embajador argentino en esa ciudad, Oscar Laborde. Lo que no sabe aún es la hora y cómo lo hizo. La sospecha es que usó alguno de los coches que entraron y salieron del edificio durante la noche del agasajo al agregado de defensa, algunos de los cuales tenían matrículas diplomáticas. Pasaron 72 horas desde la huida hasta que el canciller argentino comunicó a las autoridades ecuatorianas lo ocurrido, aunque la tensión se inició en el momento en el que el exembajador Fuks acudió al palacio presidencial en Quito a dar explicaciones. “De una manera altanera, el embajador Fuks me interrumpió señalando que él no es carcelero de nadie y tampoco tenía la función de vigilar a nadie en la residencia”, expuso el viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Luis Bayas, cuando le preguntó detalles de cómo Duarte huyó de la residencia.

Cuando la exfuncionaria pidió refugio en la embajada Argentina en agosto de 2020 estaba evadiendo una sentencia de ocho años de prisión por cohecho. “Entró en jurisdicción internacional, por lo que correspondía a la República Argentina cumplir con la supervisión de la situación de la señora Duarte”, advirtió Holguín. El canciller se refirió también al asilo que Argentina le concedió por razones humanitarias – y no políticas – en diciembre de 2022, en el que solicitaba un salvoconducto para que pudiera salir del país. El Gobierno de Guillermo Lasso lo negó.

El tema escaló hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque Argentina pidió medidas cautelares para Duarte y su hijo, que tiene padre y pasaporte argentinos y vivía con ella en la embajada. Una de las razones que argumentó el Gobierno de Alberto Fernández fue que no había contacto entre el menor y su padre; sin embargo, cuando Fuks fue consultado por las visitas en la embajada dijo que “Duarte no tenía restricción de visitas, que se las podía hacer a cualquier hora y a cualquier momento, que el padre del hijo de Duarte lo visitaba con frecuencia”, explicó Bayas. De hecho, el 10 de marzo, el hombre estuvo en la residencia, agregó el viceministro.

Este jueves, Holguín volvió sobre el tema en una entrevista por televisión. Dijo que “Ecuador fue muy respetuoso de ellos (los argentinos) y basó la confianza de que ellos tenían la custodia sobre su jurisdicción de la señora Duarte”. “Ellos traicionaron esa confianza”, dijo.

La escalada diplomática con Argentina abrió un nuevo frente de conflicto a Lasso, que atraviesa un mal momento político. Este miércoles, la bancada correísta de UNES, el Partido Social Cristiano y parte de la Izquierda Democrática recogió las firmas necesarias para enviar el pedido formal de juicio político al primer mandatario, acusado por los legisladores por supuestas omisiones en una trama de corrupción en empresas públicas. La crisis también ha dado alas a Rafael Correa.

En una entrevista con el medio colombiano El Tiempo, el expresidente dijo que Duarte era usada por el Gobierno de Lasso para pedir apoyos a cambio de otorgarle un salvoconducto. “A nosotros nos ha mandado mensajes: si me apoyan en esto, podríamos dejarla libre, y lo que hizo María fue dejar la embajada”, indicó. Correa estará el jueves de la próxima semana en Buenos Aires, donde participará del Foro Mundial de Derechos Humanos. Un día después, en República Dominicana, Lasso y Fernández se verán cara a cara en el marco de la Cumbre Iberoamericana de jefes y jefas de Estado, reseña El País de España. (I)

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Power China invertirá 400 millones de dólares para operación y mantenimiento de Coca Codo Sinclair

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La canciller Gabriela Sommerfeld confirmó que el Gobierno ecuatoriano firmó un acuerdo de 400 millones de dólares con la empresa Power China para la operación y mantenimiento de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

La funcionaria brindó este martes, ocho de julio, detalles sobre las inversiones conseguidas por el presidente Daniel Noboa en su reciente viaje, que lo llevó por China y Europa.

Sommerfeld indicó que se han firmado varios documentos, que ayudarán a incrementar las exportaciones, por ejemplo, del mango, así como protocolos fitosanitarios.

“Hay un acuerdo que se está trabajando y que, de hecho, fue firmado con la ministra de energía y la ministra de finanzas, para que se haga cargo esta empresa de lo que es la operación y mantenimiento de Coca Codo”, señaló la canciller en entrevista con Teleamazonas.

No es la primera vez que Power China interviene en esa hidroeléctrica, ya que anteriormente participó como contratista mediante su subsidiaria Sinohydro.

1.000 millones tras gira presidencial

Previamente, la vocera del Palacio de Gobierno, Carolina Jaramillo, informó que uno de los principales resultados de la gira internacional del presidente Noboa fue la confirmación de mil millones de dólares en inversión extranjera directa para Ecuador.

Entre los acuerdos, destacó la llegada de 400 millones de Power China, destinados a proyectos de energía renovable y sistemas de almacenamiento, que se ejecutarán progresivamente hasta diciembre de 2026.

La empresa también brindará asistencia técnica​​​​ para optimizar los planes maestros de energía del país y mejorar el equilibrio de su red.

Además, durante la visita a España, se anunció una inversión de 600 millones de dólares del grupo Cox Energy, firma especializada en energías renovables. Esta compañía se encargará de ejecutar cinco proyectos eléctricos (Tocachi, Malchinguí, La Ceiba 1, Matala e Illapo 1), además de una línea de transmisión de 80 kilómetros. Fuente: Vistazo

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Investigan a un militar por intentar ingresar tarjetas SIM y cigarrillos a una cárcel de Guayaquil

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Un miembro de la Armada de Ecuador fue detenido este lunes tras intentar ingresar al menos doce tarjetas SIM para teléfonos móviles y unas quince cajetillas de cigarrillos a la Cárcel Regional de Guayaquil, según informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).

El militar fue detenido durante los controles de ingreso al centro penitenciario, después de que se detectó que trataba de entrar con artículos que están prohibidos. El SNAI indicó que una investigación ya está en marcha.

La Armada, por su parte, señaló en un comunicado que inició un proceso de sanción hacia el uniformado, «retirándolo de su puesto de trabajo» y que también inició un proceso investigativo para esclarecer el hecho, «sin perjuicio de las acciones legales que se puedan instaurar».

Además, la institución indicó que brindará todas las facilidades a las autoridades competentes para las investigaciones y los trámites de ley correspondientes y añadió que quienes actúen o realicen actividades «alejadas a los valores institucionales» deberán someterse a procesos administrativos disciplinarios de acuerdo a los reglamentos y leyes militares vigentes.
$!En el CRS Guayas N.º 4, un militar fue detenido al intentar ingresar artículos prohibidos.

LA FUGA DE ALIAS FEDE

Hace unas semanas, diecinueve militares fueron procesados por su presunta participación en la fuga del narcotraficante Rolando Federico Gómez Quinde (‘Fede’), líder de la banda Los Águilas, quien salió de la Penitenciaría del Litoral, la prisión más grande y peligrosa del país, con la aparente ayuda de miembros de las fuerzas de seguridad.

Las cárceles son parte de la crisis de violencia que conllevó al país a situarse a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, lo que llevó al presidente Daniel Noboa a ordenar su militarización desde inicios de 2024 cuando declaró la «guerra» a las bandas del crimen organizado y las catalogó como «grupos terroristas».

Hasta ese momento las bandas criminales controlaban las principales cárceles del país, donde desde 2021 han sido asesinados más de 500 reclusos, la mayoría de ellos en una serie de masacres por enfrentamientos entre distintas estructuras criminales. Fuente: Vistazo

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El sistema judicial está en «estado crítico» dice la Judicatura para justificar declaratoria de emergencia

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Hasta finales de julio o inicios de agosto la justicia en el país podría entrar en estado de emergencia. El Consejo de la Judicatura (CJ) recopila información y elabora los informes para justificar la inminente declaratoria.

El presidente del organismo, Mario Godoy, estuvo en la Asamblea este 7 de julio informando del «estado crítico» que presenta el sistema judicial en la actualidad. Esta vez ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

Aunque no especificó una fecha, Godoy dijo que su expectativa es que en dos semanas el Pleno del Consejo de la Judicatura conozca los informes situacionales, paso previo para decidir la declaratoria de emergencia.

«Como presidencia y las áreas técnicas hemos levantado la información preliminar, consideramos que los datos de ajuste en el ámbito técnico, jurídico y, sobre todo, financiero, se están haciendo y esperamos tenerlos para que conozca el pleno», señaló el titular del CJ.

Según la Ley de Integridad Pública, vigente desde el 26 de junio, es el presidente de la Judicatura el competente para declarar la emergencia, previa aprobación del resto de integrantes del organismo.

Sin embargo, Godoy ratificó ante la Asamblea que esta figura no es nueva y que recién se podrá aplicar con la vigencia de la nueva normativa. De hecho, aclaró que en los últimos años ha habido casi una decena de declaratorias de este tipo.

Además, están a la espera de la información y los requerimientos que tienen otras instancias del sistema de justicia. Godoy reconoció que con la Corte Nacional de Justicia (CNJ) existe un diálogo constante y «fluido», lo que facilita el intercambio de datos.

En tanto que pedirá en estos días que el fiscal General, Wilson Toainga, envíe por escrito sus aportes y buscará una cita con el defensor público, Ricardo Morales.

Evaluación paralela
La declaratoria de emergencia vendría acompañada con el inicio de un proceso de evaluación para todos los funcionarios que son parte del sistema de justicia.

El presidente de la Judicatura aseguró que los parámetros y el borrador de la normativa de evaluación están hechos y se los ha definido de manera técnica.

El objetivo es que, por ejemplo, los jueces especializados en materia Penal tengan una examinación distinta a los que tratan Civil o de la Niñez.

Godoy hizo un llamado a la calma de los funcionarios judiciales, porque aseguró que este trámite no será motivo ni de persecución o de «cacería de brujas».

«El servidor judicial que debe estar preocupado es el que tiene cuatro carros de alta gama, casas sobrevaloradas en lugares exclusivos cuando su capacidad económica no le da para eso. Ellos son los que deben estar preocupadísimos. Mario Godoy, presidente del CJ

Fuente: Primicias

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