Nacionales
La extorsión crece un 300% en Ecuador y sigue en aumento
Luis era zapatero a medio tiempo. Su pequeño negocio se sostenía de los arreglos de los calzados que los vecinos le llevaban hasta su casa en un barrio al sur de Guayaquil. Así consiguió el capital para empezar a fabricarlos, su sueño era vender su propia línea de zapatos. Tenía un par de equipos y alquiló un local que abría solo los sábados y domingos. Puso sus primeros modelos en una vitrina, hasta que en diciembre llegaron unos hombres en una motocicleta al local. “Dijeron que estaban resguardando los comercios del sector y tenía que colaborar con 30 dólares semanales, con una vacuna”, explica Luis, como llaman al delito de extorsión.
No los pagó. “De dónde iba a sacar 120 dólares mensuales, si apenas conseguimos para fabricar, así que decidimos cerrar”, relata desde un lugar lejos de su casa, de su barrio y de su oficio. Los delincuentes atentaron contra él, el día que estaba limpiando el local para entregarlo, lo golpearon brutalmente y le lanzaron ácido en la espalda y el brazo derecho. Pasó nueve días en el hospital. Al salir, su hijo de 11 años también fue golpeado afuera de la escuela por unos hombres en una motocicleta, entonces tomaron la decisión de irse. “Lo dejamos todo, incluso el colegio, mis dos hijos ya no están yendo a clases, tememos que les hagan algo”, añade.
Luis no denunció, es uno de los tantos casos en los que el miedo y la desconfianza en el sistema judicial y de seguridad obliga al silencio. “Ellos van y te matan, igual saben que no les pasará nada”, dice Luis. Las estadísticas oficiales respaldan su temor, de 13.130 denuncias de extorsión que registra la Fiscalía General del Estado en los últimos dos años en Ecuador, solo 66 han obtenido una sentencia condenatoria, el 90% continúa en investigación, y las demás están dilatadas en diferentes etapas procesales, que no lleva a los criminales a prisión, ni a detener las extorsiones.
Extorsiones en aumento
El aumento de casos es alarmante y ha saturado al sistema de justicia, en el 2022 se recibieron 9.049 denuncias, eso significa un aumento de casi un 300% respecto al año anterior, que se registraron 3.033. Y el primer mes del 2023 se contabilizaron 1.048. Estas cifras oficiales muestran una parte de la realidad porque excluyen el subregistro de quienes no denuncian y de los que han sido asesinados por no pagar la vacuna. La Policía ha emprendido una campaña para incentivar a los ciudadanos a denunciar por teléfono, sin dar su nombre, para entregar datos de cómo son las amenazas y poder judicializar los casos.
Mientras tanto la zozobra carcome a barrios enteros, sobre todo en Guayaquil, donde la situación se ha desbordado con cerca de 2.700 casos denunciados en los últimos dos años. En el barrio Las Orquídeas, al norte de la urbe, el pasado 1 de febrero, los habitantes despertaron con panfletos de amenazas en las puertas de las casas de al menos una manzana: “el motivo de este comunicado es informales que empezaremos a visitarlos para que nos ayuden con una colaboración”, leían atemorizados los habitantes, algunos todavía en pijama.
“Yo no tengo dinero, qué les puedo dar, por qué nos piden a nosotros”, se pregunta uno. El mismo mensaje lo recibieron centenares de familias, en el que se advertía que si no colaboraban “iban a tomar represalias contra las familias y los bienes”. Esta vez no se callaron, protestaron hasta conseguir que el mismo comandante de la Policía a cargo de la ciudad, Edwin Noguera fuera al lugar a hablar con ellos, donde les dijo que están investigando y les prometió resultados, pero hasta ahora no se han detenido a los dos hombres vestidos de negro, con gorra y mascarilla, que fueron grabados por cámaras de seguridad cuando dejaban los panfletos en cada vivienda. Pero los operativos policiales han permitido la detención de 25 personas que se dedicaban a la extorsión en lo que va del año, un delito que es sancionado en Ecuador con entre tres y cinco años de prisión.
‘Golpes’ a la delincuencia
Las autoridades ecuatorianas han advertido de que el crecimiento de los casos de extorsión se debe a los golpes que la Policía ha dado a las bandas criminales, con detenciones de miembros e incautación de droga y armas. Los criminales han encontrado en la extorsión y en el secuestro las formas de conseguir dinero constante y más rápido. En el 2022 la Policía Antisecuestros liberó a 35 personas secuestradas, entre todos los casos se evitó el pago de 19 millones de dólares a los secuestradores.
La extorsión en las zonas de influencia de las bandas criminales también tiene otro objetivo, más allá de la recaudación ilícita de dinero, que es la consolidación de los grupos delincuenciales en los barrios para ejercer el control sobre sus habitantes, que no denuncien, ni se interpongan en sus negocios. Hay barrios enteros secuestrados por el crimen organizado.
Los extorsionadores tocan la puerta de todos, sin discriminación alguna. A los ancianos de la tienda del barrio, las escuelas, estudiantes, profesores, vendedores de los mercados, médicos que se promocionan por redes sociales e incluso a los proveedores del Estado que ganan contratos de construcción para obra pública.
La primera en advertirlo fue la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. “Ya hemos tenido personas asesinadas en obras”, dijo la funcionaria en mayo de 2022. Explicó que las vacunas eran superiores a los 10.000 dólares y si no pagaban, no los dejaban trabajar aunque eso no significaba que no eran amenazados. “Averiguan en redes sociales información sobre la familia del capitán de obra y le dicen lo que hace la esposa y los hijos. No queda otra opción que dar la vacuna”, dice Néstor, uno de los contratistas afectados. Fuente: El País de España
Nacionales
Organizaciones políticas de Loja tienen plazo hasta el 12 de julio para formalizar aceptación de precandidaturas
Las organizaciones políticas de la provincia de Loja que realizaron sus procesos de democracia interna mediante la modalidad virtual deberán completar, hasta el próximo 12 de julio, la formalización de la aceptación de sus precandidaturas, como parte del cronograma electoral establecido para el proceso de inscripción de candidaturas.
Así lo informó Luis Cisneros Jaramillo, director de la Delegación Provincial Electoral de Loja, quien explicó que este procedimiento corresponde exclusivamente a las organizaciones políticas cuyos procesos de democracia interna se desarrollaron de manera virtual entre el 18 de junio y el 2 de julio.
El funcionario precisó que las personas seleccionadas como precandidatas deberán acudir de forma presencial a las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral de Loja para suscribir el acta de aceptación de la precandidatura, requisito indispensable para continuar con el proceso de inscripción de candidaturas dentro de los plazos establecidos por el calendario electoral.
Cisneros señaló que este procedimiento constituye una etapa obligatoria para validar oficialmente la voluntad de quienes fueron designados durante las elecciones internas de sus respectivas organizaciones políticas.
Participación de organizaciones políticas
De acuerdo con la información proporcionada por la Delegación Provincial Electoral, en la provincia de Loja 22 organizaciones políticas cumplieron con sus procesos de democracia interna para la selección de precandidatos.
La distribución corresponde a:
• 11 organizaciones políticas de carácter nacional.
• 4 organizaciones políticas de ámbito provincial.
• 6 organizaciones políticas cantonales.
• 1 organización política parroquial.
Estas organizaciones desarrollaron sus procesos internos dentro del período comprendido entre el 18 de junio y el 2 de julio, conforme al cronograma aprobado por el órgano electoral.
Cumplimiento del calendario electoral
La Delegación Provincial Electoral de Loja recordó que el cumplimiento oportuno de esta fase permite garantizar la transparencia, legalidad y seguridad jurídica del proceso electoral, al asegurar que las personas designadas ratifiquen formalmente su participación antes de avanzar a las siguientes etapas previstas por el Consejo Nacional Electoral.
El asambleísta por la provincia de Sucumbíos, Juan Gonzaga, expresó su solidaridad con las familias afectadas por el aluvión ocurrido en el sector de Kantzama, parroquia Guadalupe, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, durante una entrevista concedida a Diario El Amazónico. En el diálogo también presentó una actualización sobre el estado del proyecto para la creación de una universidad pública en Zamora Chinchipe.
Al inicio de la entrevista, el legislador manifestó sus condolencias por la emergencia que enluta a la provincia amazónica y destacó el sacrificio de quienes perdieron la vida mientras participaban en labores de respuesta y auxilio.
“Quiero expresar mi solidaridad con esta desgracia natural que afecta a la hermana provincia de Zamora Chinchipe y mi sentido pesar a los familiares de quienes perdieron la vida, tanto ciudadanos del sector como funcionarios que cumplían actividades oficiales de atención y auxilio durante la emergencia”, señaló Gonzaga.
El asambleísta afirmó que el dolor provocado por esta tragedia es compartido por toda la Amazonía ecuatoriana y recordó que la región enfrenta permanentemente fenómenos naturales derivados de sus condiciones geográficas y climáticas.
Causas del aluvión: llama a una investigación técnica
Durante la entrevista, Gonzaga fue consultado sobre las versiones difundidas en algunos medios nacionales que relacionan el aluvión con presuntas actividades de minería. En respuesta, sostuvo que atribuir responsabilidades sin una investigación técnica sería apresurado.
Indicó que los factores que originan un desastre natural pueden responder a múltiples variables y que no necesariamente están vinculados con actividades extractivas.
«Puede ser que sí, puede ser que no», expresó al referirse a la hipótesis sobre la minería, insistiendo en que corresponde a los organismos competentes establecer las causas reales del deslizamiento.
El legislador enfatizó que la prioridad debe centrarse en fortalecer los sistemas de prevención y gestión de riesgos, especialmente en la Amazonía, donde las intensas lluvias y la variabilidad climática incrementan la vulnerabilidad de las comunidades.
En ese contexto, señaló que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos debe reforzar sus mecanismos de monitoreo, alerta temprana y prevención para reducir el impacto de futuros eventos naturales.
Universidad para Zamora Chinchipe continúa en proceso
Uno de los temas centrales de la entrevista fue el avance del proyecto para la creación de una universidad pública destinada a las provincias de Zamora Chinchipe y Sucumbíos.
El legislador explicó que actualmente existe una comisión para dar seguimiento al proceso, presidida por la asambleísta Esperanza Rogel.
Recordó que la elaboración de los proyectos fue encargada a la Universidad Estatal Amazónica (UEA) como entidad promotora, mientras que en los casos de Morona Santiago y Orellana la responsabilidad recayó en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH).
Gonzaga informó que los primeros proyectos para Zamora Chinchipe y Sucumbíos fueron archivados por incumplir los requisitos técnicos establecidos en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), debido a observaciones relacionadas con la planificación institucional, la oferta académica, la infraestructura, la sostenibilidad financiera y otros componentes exigidos por la normativa.
Precisó que los nuevos proyectos fueron ingresados durante el mes de junio de 2026 y actualmente permanecen en análisis por parte del Consejo de Educación Superior (CES), organismo encargado de emitir las observaciones técnicas que posteriormente deberán ser incorporadas por la Universidad Estatal Amazónica.
Una universidad con identidad amazónica
Para Gonzaga, la creación de una universidad no debe limitarse a la construcción de infraestructura física o a la entrega de títulos profesionales. El asambleísta sostuvo que la nueva institución debe convertirse en un centro de investigación científica, innovación y desarrollo regional, con una oferta académica orientada a responder a las necesidades específicas de la Amazonía.
Asimismo, indicó que la futura universidad deberá fortalecer áreas relacionadas con el desarrollo agrícola, la protección ambiental, la biodiversidad, las actividades productivas y el estudio de las particularidades sociales y culturales de las provincias amazónicas. En su criterio, la institución deberá formar profesionales comprometidos con el territorio y generar conocimiento que contribuya al desarrollo sostenible de la región.
Ubicación de la universidad deberá definirse técnicamente
Respecto a la ubicación de la futura universidad en Zamora Chinchipe, Gonzaga manifestó que esta decisión no debe responder a intereses políticos ni generar divisiones entre cantones. Explicó que será el Consejo de Educación Superior (CES), mediante estudios técnicos especializados, el organismo encargado de determinar el lugar más adecuado considerando aspectos como seguridad geológica, cobertura estudiantil, acceso, disponibilidad de servicios básicos y viabilidad territorial.
Reconoció que anteriormente existieron diferencias entre autoridades y actores políticos sobre la ubicación del campus universitario, situación que, a su criterio, retrasó el avance del proyecto.
Financiamiento y sostenibilidad
En materia financiera, el legislador explicó que el proyecto actualizado contempla una inversión aproximada de 23 millones de dólares.
Sin embargo, señaló que, conforme al artículo 60 de la Ley Amazónica, la concurrencia económica prevista alcanza entre 11 y 12 millones de dólares, por lo que aún será necesario gestionar recursos adicionales por un monto similar mediante el Ministerio de Finanzas para garantizar su ejecución.
Participación ciudadana
Finalmente, Gonzaga invitó a profesionales, docentes, técnicos, estudiantes y ciudadanía de Zamora Chinchipe a participar activamente cuando el CES emita las observaciones al proyecto.
Consideró que la construcción de la universidad debe realizarse con participación social, incorporando criterios técnicos provenientes del territorio para consolidar una institución sólida, sostenible y alineada con las necesidades del desarrollo amazónico.
El asambleísta concluyó señalando que, pese a los retrasos y observaciones técnicas registradas en el proceso, existen expectativas favorables para que la provincia de Zamora Chinchipe logre concretar, en los próximos años, una universidad pública propia que fortalezca la educación superior y contribuya al desarrollo integral de la Amazonía ecuatoriana.
Nacionales
Gasolinas Extra y Ecopaís: Daniel Noboa reforma el mecanismo de precios y anuncia una reducción
El presidente de la República, Daniel Noboa, reformó el mecanismo para fijar los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís con el objetivo de reducir el impacto por las alzas internacionales del petróleo.
De acuerdo con el Ejecutivo, la aplicación de este ajuste al sistema de estabilización de precios de las gasolinas Extra y Ecopaís permitirá que, durante la actualización correspondiente a este mes de julio, se registre una reducción en el precio de los combustibles.
De esta manera, cuando existan fluctuaciones temporales en los precios internacionales, se podrán amortiguar sus efectos sobre el precio final de los combustibles.
Los precios actuales de los combustibles entraron en vigencia desde el 12 de junio de 2026. El diésel pasó de USD 3,10 a USD 3,25 por galón, mientras que las gasolinas Extra y Ecopaís aumentaron de USD 3,16 a USD 3,31 por galón.
En el caso de la gasolina Súper, cuyo precio está liberalizado y depende de las condiciones del mercado internacional, el valor se incrementó de USD 4,81 a USD 5,60 por galón.
Estos precios estarán vigentes hasta el 11 de julio de 2026. A partir del 12 de julio entrará en vigor una nueva actualización mensual, que, de acuerdo con el Gobierno, reflejará una reducción en los precios como efecto de la reforma.
Por último, el Gobierno informó que a través del Ministerio de Ambiente y Energía se garantiza el normal abastecimiento de combustibles en todo el país.
Por su parte, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) continuará ejecutando controles para verificar el abastecimiento, el cumplimiento de los precios vigentes y la calidad de los combustibles en las estaciones de servicio del territorio nacional. Fuente: Vistazo
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