El presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Timbara, Jhonatan Chiriboga, realizó un llamado público y respetuoso a la prefecta de Zamora Chinchipe, Karla Reátegui, solicitando con carácter urgente la intervención en el mantenimiento vial y limpieza de cunetas en varios sectores de la parroquia.

Según la autoridad parroquial, los habitantes del Valle del Jamboé, Tunantza Alto y comunidades rurales aledañas enfrentan serias dificultades de movilidad debido al avanzado deterioro de las vías, lo que ha provocado que varios tramos se encuentren actualmente prácticamente intransitables.

El presidente Chiriboga recordó que el GAD Parroquial ha remitido de manera reiterada oficios dirigidos a la Prefectura, fechados el 5 de mayo, 22 de julio, 13 y 20 de agosto de 2025, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta o acciones concretas.

“Como Gobierno Parroquial, es nuestro deber defender y promover el desarrollo. Por ello hemos insistido de manera reiterada en la atención a la vialidad, pues es un pedido justo de nuestros moradores.”,

Ante la falta de intervención institucional, tanto la comunidad como el GAD Parroquial se han visto en la obligación de organizar mingas comunitarias y destinar recursos propios para realizar trabajos de bacheo y limpieza manual. Sin embargo, dichas acciones resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.

En este contexto, el presidente subrayó que, de acuerdo con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), la vialidad rural es competencia exclusiva de la Prefectura, por lo que la atención solicitada no puede continuar postergándose.

Asimismo, se destacó que en el Presupuesto 2025 consta una asignación de USD 300.000 (partida Nro. 44.750105.147.00224) destinada a la parroquia Timbara, exhortando a que estos recursos sean aplicados en la construcción de alcantarillas con cabezal de hormigón y demás obras de mitigación necesarias en los sectores más críticos.

El diálogo académico y la formación ciudadana encuentran un espacio en “Tertulia Jurídica”, programa desarrollado por los abogados Franco Tamay Vega y Jamil Ávila, transmitido cada miércoles a través de Diario El Amazónico y medios radiales asociados. La iniciativa busca acercar el conocimiento jurídico a la sociedad mediante un lenguaje claro y accesible, con la participación de destacados juristas nacionales y autoridades del sistema de justicia.

Trayectoria y visión de los protagonistas
Franco Tamay, joven abogado de 24 años, oriundo de Loja y con raíces de Zamora Chinchipe, ecuatoriano, se desempeña en el libre ejercicio de la profesión. Actualmente cursa su tercera maestría en Quito, orientada al derecho penal y los derechos humanos, con el objetivo de contribuir a la formación de profesionales probos en Zamora Chinchipe. Su trayectoria académica refleja el compromiso de una nueva generación de juristas que aspira a ejercer la profesión con ética y responsabilidad social.

Por su parte, Jamil Ávila, originario de la parroquia La Paz del cantón Yacuambi, también egresado de la Universidad Nacional de Loja, comparte esa visión de un ejercicio profesional sustentado en valores y principios. Con 30 años de edad, Ávila combina su labor jurídica con el propósito de generar espacios de orientación ciudadana, convencido de que el derecho debe estar al servicio de la sociedad.

Un espacio de formación ciudadana
“Tertulia Jurídica” no se limita a los profesionales del derecho, sino que está dirigido a la comunidad en general. El programa cuenta con una agenda confirmada hasta diciembre, en la que participarán juristas de renombre, ex jueces de la Corte Nacional de Justicia, miembros de la Corte Constitucional y especialistas en diversas ramas jurídicas. El objetivo es explicar la interpretación y aplicación de las leyes en la vida cotidiana, fomentando la confianza ciudadana en la justicia.

Además, los abogados coinciden con uno de los objetivos que tiene este medio de comunicación y subrayan que la iniciativa no tiene fines de lucro, sino un carácter social y educativo. La propuesta responde a la necesidad de transparentar la práctica del derecho, combatir la desconfianza hacia la profesión y orientar a la ciudadanía sobre sus derechos, procesos legales y servicios gratuitos como los que presta la Defensoría Pública.

Ética y responsabilidad en la práctica profesional
Durante sus intervenciones, tanto Tamay como Ávila coincidieron en que ejercer la abogacía en el contexto actual es un reto complejo debido a la desconfianza generada por casos de corrupción en la administración de justicia. Frente a ello, ambos recalcan la importancia de preservar los valores, la probidad y la preparación constante, para consolidar un ejercicio profesional digno y confiable.

Invitación a la ciudadanía
El programa “Tertulia Jurídica” se transmite cada miércoles de 19h00 a 20h00 a través de Diario El Amazónico y por radios locales en distintas frecuencias. S invitan a la ciudadanía a participar activamente, acceder a información clara y comprender de manera sencilla los alcances del derecho en la vida cotidiana.

El presidente de la Cámara de Minería, Paul Pineda, se pronunció en relación con las declaraciones emitidas por el abogado Paúl Luzuriaga en un medio de comunicación Cadena Ecotel de Loja, donde se hicieron señalamientos en contra de la Cooperativa Minera 11 de Julio, con operaciones en Zamora Chinchipe.

En su intervención, Pineda destacó que la Cooperativa es socia de la Cámara de Minería y que posee un título minero, lo que, a su criterio, descarta la calificación de “minería ilegal”. Señaló que las observaciones deberían enmarcarse dentro de la categoría de minería irregular, dado que se relacionan principalmente con la falta de licenciamiento ambiental.

En este sentido, explicó que la principal dificultad para los concesionarios mineros radica en la burocracia existente en la obtención de licencias ambientales, ya que estos trámites se concentran en la ciudad de Quito. “Hasta hoy, hay compañeros que incluso están por concluir su fase de explotación sin haber logrado acceder a la licencia ambiental, debido a la demora y obstáculos administrativos”, puntualizó.

Asimismo, Pineda advirtió que, de no resolverse el caso Cumbaratza mediante mecanismos de mediación, alrededor de 162 titulares mineros de Zamora Chinchipe podrían ver comprometida su situación legal.

Sobre las declaraciones que apuntan a un presunto conflicto de intereses por la supuesta vinculación de un fiscal con la cooperativa, Pineda manifestó no tener confirmación al respecto, aunque aclaró que, según su conocimiento, la esposa del mencionado funcionario ejerce actividades mineras desde antes de que este asumiera su cargo.

En relación con la presunta participación de la Cooperativa Minera 11 de Julio en temas de comercialización de terrenos en los denominados “Jardines de Punzara”, que involucra a más de 800 familias en Loja, el presidente de la Cámara de Minería subrayó que se trata de un asunto de competencia civil o penal, ajeno a la materia minera. “Cuando se mezclan situaciones distintas, lo que se genera es confusión en la ciudadanía. Cada caso debe tratarse desde su origen y en la vía correspondiente”, afirmó.

Finalmente, Pineda reiteró que la Cámara de Minería mantiene su compromiso de trabajar por el fortalecimiento de un sector transparente y regulado, al tiempo que exhortó al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes a agilitar los procesos de licenciamiento ambiental y brindar soluciones efectivas a las problemáticas estructurales que afectan a la minería en Zamora Chinchipe.