Nacionales
Representante residente del FMI: no vemos a Ecuador entrando en recesión
El peruano Jorge Salas es el nuevo representante residente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Ecuador. Llegó en agosto del 2022 y apoyó la culminación con éxito del acuerdo de financiamiento con el multilateral, que fue por $ 6.500 millones en 27 meses. El alto ejecutivo comenta los logros del país en materia económica. Salas considera que este año la deuda del país caerá hasta casi el 55 % del producto interno bruto (PIB) y asegura que “claramente, no vemos a Ecuador entrando en recesión”, pese al complicado panorama global.
¿Cómo es su llegada a Ecuador y cuáles son las tareas que ha cumplido desde agosto 2022 y sus planes a futuro en el país?
En agosto inicié mis labores como nuevo representante residente del FMI en Ecuador. Desde ese momento, mi trabajo se enfocó sobre todo en ayudar a concluir con éxito el programa económico apoyado por financiamiento del FMI, lo cual se consiguió en diciembre. Este fue un logro importante para el país y para el Fondo, pues la última vez que Ecuador había completado un programa con el FMI fue en el 2001. Recordemos además que este programa empezó durante una crisis sanitaria y económica sin precedentes y que fue implementado por dos gobiernos distintos. Todo esto muestra un gran compromiso del país para implementar políticas y reformas económicas importantes. Mirando al futuro, mis tareas se concentrarán en mantener la colaboración cercana del FMI con el país. Vamos a seguir apoyando los esfuerzos para fortalecer la economía y generar bienestar para los ecuatorianos.
¿Se puede considerar un éxito el cierre del acuerdo con el FMI? ¿Cuáles son las razones o las cifras que denotan una mejor situación de la economía ecuatoriana antes y después del acuerdo con el FMI?
Como parte del acuerdo con el FMI, que incluyó desembolsos por casi $ 6.500 millones, se han conseguido logros importantes. Uno de ellos fue respaldar las finanzas públicas y ayudar a que la economía vuelva a crecer, tras el durísimo impacto de la crisis de COVID-19. Otro logro, para impulsar crecimiento con equidad, ha sido la mayor cobertura de los programas de asistencia social, que antes llegaban al 30 % de familias de menores ingresos y hoy llegan a más del 80 %. Por el lado fiscal, son varias las medidas que han ayudado a reducir la deuda pública y hacerla más sostenible. Para dar una cifra, proyectamos que este año la deuda caerá hasta casi el 55 % del PIB, mientras que en el 2020 esta se encontraba en 61 % del PIB. El régimen de dolarización también es más fuerte hoy, con reformas legales que han hecho al Banco Central más autónomo y con un aumento de las reservas internacionales hasta niveles históricamente altos. Y no olvidemos que el programa también apoyó otras reformas, por ejemplo, para hacer más transparentes los contratos públicos y penalizar los actos de corrupción.
Sin embargo hubo algunos temas que no se cumplieron en el acuerdo por parte del Ecuador, como las auditorías a la petrolera estatal o sincerar de mejor manera las cifras con el IESS, ¿por qué este tipo de factores no afectaron el acuerdo en general?
En cuanto a las cifras fiscales relacionadas con el IESS, en realidad sí se lograron metas importantes. Hemos trabajado mucho con el Ministerio de Economía y Finanzas para corregir las cifras históricas de obligaciones del Gobierno central al IESS por transferencias de pensiones y gastos de salud. Es más, ahora la proforma y los planes fiscales del ministerio reflejan adecuadamente este tipo de obligaciones. El acuerdo con el FMI también apoyó que se establezca un plan para que el Estado continúe regularizando sus pagos al IESS por obligaciones sobre gastos de salud. En el caso de Petroecuador, si bien no se pudo cumplir la meta de realizar las auditorías, vimos un claro esfuerzo de las autoridades para contratar a alguna de las grandes empresas auditoras internacionales. Y sabemos que el Gobierno sigue trabajando para cumplir el objetivo de ejecutar estas auditorías, que más allá del programa con el FMI, sería un hito histórico para la transparencia en el sector público.
¿Cómo proyecta que será la relación del FMI con Ecuador una vez concluido el acuerdo? El Gobierno ha hablado de un posible acuerdo no financiero pero sí un acompañamiento a nivel de asesoramiento, ¿es posible y esto podría ayudar al país de manera financiera?
La relación con el país se mantiene cercana y seguiremos apoyando los esfuerzos por construir una economía más próspera y sólida. Cualquier nuevo acuerdo, ya sea con o sin financiamiento, dependerá en primer lugar de las necesidades y opciones que identifiquen las autoridades. Y en todos los casos, continuaremos nuestro trabajo conjunto y de asesoramiento sobre políticas económicas. Además, continuamos las actividades de asistencia técnica para ayudar al Gobierno a implementar políticas importantes para el país, por ejemplo, en aspectos financieros y fiscales. Aquí un dato clave es que desde el 2019 hemos realizado cerca de 40 actividades de asistencia técnica y capacitación.
¿Cómo avizora el FMI el año 2023 para Ecuador y para el mundo, considerando que hay temores por el precio del crudo y una contracción global?
Un hecho positivo es que el PIB en Ecuador recientemente ya habría igualado por fin el nivel que tenía antes de la pandemia. Para este año vemos que la economía ecuatoriana crecería alrededor del 3 %, lo cual estaría por encima del promedio latinoamericano. Para Ecuador, que exporta petróleo, un alza del precio del crudo por encima de nuestras expectativas actuales debería ayudar a mejorar la previsión de crecimiento. En cuanto a la inflación, para Ecuador proyectamos una inflación promedio cercana al 2,5 %, muy por debajo del promedio de la región. Pero efectivamente, el contexto mundial es complicado, porque el crecimiento global es bajo y la inflación sigue elevada. De hecho, pronosticamos que un tercio de la economía mundial estará en recesión en 2023. Claramente, no vemos a Ecuador entrando en recesión. Pero en este entorno internacional poco favorable, se hacen más necesarios los esfuerzos por acelerar reformas en el país que fomenten un crecimiento económico más alto, inclusivo y sostenible, y que también impulsen el empleo formal. (I)
Nacionales
Tribunal Anticorrupción de Pichincha sentencia a exalcalde de Méndez a 10 años de prisión por peculado
El Tribunal Anticorrupción de la provincia de Pichincha emitió este viernes una sentencia condenatoria de 10 años de prisión en contra del exalcalde del cantón Santiago de Méndez, Alfonso Antuash, y de Kawar Renan Saant Nantip, actual Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, al declararlos responsables del delito de peculado.
La resolución judicial también establece la pérdida de los derechos ciudadanos para ambos sentenciados, así como el pago de una multa equivalente a 40 salarios básicos unificados y una reparación económica al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Méndez, por un monto de USD 63.704,70.
Según el dictamen del Tribunal, durante el ejercicio de funciones de Antuash como alcalde se identificaron irregularidades en la administración de recursos públicos, configurándose así el delito de peculado conforme a lo previsto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). El Tribunal determinó que existió un manejo indebido de fondos destinados a obras municipales, lo que vulneró el principio de transparencia y el adecuado uso del erario público.
La sentencia busca reafirmar el compromiso institucional en la lucha contra la corrupción y la defensa del interés público, garantizando la correcta aplicación de la ley frente a la malversación de recursos del Estado.
Este fallo se inscribe dentro de las acciones que el sistema judicial ecuatoriano impulsa para fortalecer la probidad en la función pública y promover la rendición de cuentas como pilares de la gestión estatal.
Nacionales
Noboa cuestiona ‘extraña’ visita de Gustavo Petro a Manta: ‘No creo que fue nada bueno’
El presidente Daniel Noboa cuestionó este viernes los motivos de la visita privada que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, hizo a Manta después de haber asistido en mayo pasado a su posesión en Quito.
Petro, tras asistir a la investidura presidencial de Noboa el pasado 24 de mayo, viajó a Manta donde pasó dos días en una residencia antes de retornar a Colombia.
Noboa cuestionó, durante una entrevista con Teleamazonas, que Petro realizara esta visita a Manta, tras una tensa asistencia a la ceremonia de investidura, a la que llegó con la demanda de libertad para el exvicepresidente correísta Jorge Glas, quien tiene tres condenas por corrupción y fue recapturado en 2024 durante un asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Ecuador, donde Glas había recibido asilo.
Nacionales
Gobierno renueva contratos con las operadoras Claro y Telefónica tras más de cuatro años de negociaciones
Los contratos de concesión a las operadoras móviles privadas Otecel y Conecel (operadoras de Telefónica y Claro) para brindar el servicio de telefonía móvil fueron renovados por el Gobierno de Daniel Noboa hasta 2038, informó el Gobierno este 31 de octubre de 2025.
Con esta renovación de los contratos, especialmente de Telefónica, la empresa Millicom selló la compra de la operadora en el país.
Según el comunicado del Gobierno ecuatoriano, la negociación con ambas operadoras, Claro y Telefónica, concluyó existosamente, y de esta forma, ambas empresas podrán seguir funcionando y prestando los servicios de telefonía celular en el país.
Fideicomiso tras renovación de contratos
En una entrevista realizada este viernes, el presidente Noboa adelantó que con la renovación de los títulos habilitantes para las operadoras, el 1% de las ventas de las empresas «irá a un fideicomiso» que financiará proyectos de educación y tecnología en Ecuador.
«El 1% va ir a un fideicomiso, para educación y tecnología, para becas de jóvenes, para instalaciones en universidades, en escuelas técnicas”. Daniel Noboa, presidente de Ecuador.
El proceso de negociación entre el Estado y las compañías Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones (Conecel), que opera bajo la marca Claro en Ecuador, y Otecel, filial de la multinacional española Telefónica, comenzó oficialmente en agosto de 2021.
Lo anterior se realizó durante el Gobierno de Guillermo Lasso; aunque las reuniones arrancaron recién en diciembre de 2022.
Estas mesas de negociación debían durar 120 días, como parte de un proceso que, en todas sus fases, tenía un plazo máximo de dos años. Dicho proceso fue suspendido en reiteradas ocasiones y, en la práctica, se demoró más de cuatro años.
Venta en marcha
El contrato actual con Telefónica, propietaria de las marcas Movistar y Tuenti, vencía el 30 de noviembre de 2023. Por ello, para evitar la suspensión del servicio, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) otorgó nueve prórrogas al contrato de la firma, que actualmente está en un proceso de venta de sus operaciones en Ecuador a la compañía Millicom.
Precisamente, la renovación de la concesión era una de las condiciones para cerrar la venta a la multinacional Millicom, que tiene su sede principal en Luxemburgo y es uno de los principales proveedores de telefonía móvil en América Latina, propietaria de la marca Tigo, con presencia en países como Bolivia, Colombia, Costa Rica y Honduras.
La operación comercial está valorada en USD 380 millones y se enmarca en una estrategia de la multinacional española de optimizar su portafolio y «reducir progresivamente su exposición en Hispanoamérica», informó la firma en junio de 2025.
Participación de mercado
El contrato de concesión de Conecel (Claro), que forma parte del grupo mexicano América Móvil, vencía en agosto de 2023. Pero, en este caso, Arcotel otorgó una sola prórroga hasta que culmine la renegociación.
Conecel es la primera empresa de telefonía móvil en Ecuador, con una participación del 53% en el total de las líneas activas. Otecel ocupa el segundo lugar, con una participación del 29%, a agosto de 2025, según estadísticas de la Arcotel. Fuente: Primicias
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