Opinión
Crecer Honesto

Por: Mauricio Riofrío Cuadrado
Los valores se inculcan y se forjan desde los primeros pasos del ser humano, en una suerte de sembrar para cosechar, porque la lucha anticorrupción tiene sus pilares en la niñez y adolescencia, es en ese segmento donde se debe gestar nuevos patrones culturales y conductuales.
La situación del país no está para doblar campanas, es innegable que la sociedad ecuatoriana navega en medio de una tormenta de denuncias, escándalos y tramas que se han construido, en algunos casos, con fundamentos irrefutables y en otros con la falsedad del protervo interés político.
En medio de este aciago escenario irrumpen varios estamentos con efectivas iniciativas tendientes a generar, desde edades tempranas, una cultura de paz, honestidad y valores. El Concurso “Crecer Honesto” ideado por la Cámara de Comercio de Quito y respaldado por varias instituciones públicas y otros actores privados, representa un respiro que promete cambios en la denominada ciudadanía de a pie.
La pintura y dibujo, poesía, cuento y audiovisuales han sido las categorías abordadas por niños y jóvenes en todo el país, constituyen sin duda, el arsenal necesario para la lucha cotidiana contra la corrupción, esta pelea se gana por repetición, con perseverancia, incansablemente, sin pausa ni claudicación.
Es casi seguro que, entre estos niños y jóvenes de hoy, se encuentren a los gobernantes de mañana, a los políticos y ciudadanos del futuro, a quienes les corresponderá manejar la nación con pulcritud y honestidad, los empresarios lo saben y apuestan por ello bajo la premisa de que educar es ganar. Se trata de hacer goles con valores y preferir perder un partido por goleada a ganar con trampa, se trata de jugar limpio en la vida.
Hoy por hoy, el Ecuador no está para normalizar las incorrecciones, la trampa y la corrupción, tampoco para encubrir a nadie, sea quien sea, pase lo que pase, caiga quien caiga. Indudablemente, es necesario dar muestras de trabajo ordenado y coordinado por parte de la institucionalidad, siempre respetando el debido proceso y el ordenamiento jurídico, eso es lo que corresponde ante la denuncia y presentación de indicios de transgresiones a las normas, actuar con la ley en la mano evidencia la racionalidad de una sociedad civilizada.
Por otra parte, la opinión pública en general y el periodismo de investigación en particular, tiene la obligación de profundizar, proveer insumos con contundencia, comunicar e informar con argumentos, en lo posible, incontrovertibles, también tiene el derecho de expresarse libremente, con las obvias limitaciones legales que tiene cualquier profesión para no afectar la honra de las personas, sin llegar a la falsedad de la acusación apresurada y amarillista, el prejuicio o la sentencia antes de tiempo.
En este país se insinúa y a renglón seguido se califica de ladrón y criminal a cualquiera, sin el menor resquemor,desde el primer minuto, sin que haya el peso de la prueba contrastada y verificada, debemos aprender a utilizar y digerir, a conciencia, la figura de la presunción de inocencia que es un principio universalmente aceptado, porque simplemente eso es lo correcto.
A quien ha sido procesado y condenado por corrupción y huye de la justicia y la autoridad, hay que llamarle por su nombre, corrupto, prófugo y ladrón, sin ambages, a quien está cuestionado y “ostenta” grilletes como medida para que no se convierta en prófugo, hay que tratarle como lo que es, un sujeto cuestionado, indigno, por el momento, de contar con la confianza de nadie, eso es lo correcto.
Gran idea de la Cámara de Comercio de Quito, empezar por el principio y cimentar lo que mañana, con certeza deberá desembocar en una ciudadanía que construya un país limpio, mientras tanto hay que seguir en la pelea para conseguir un entorno que no justifique la corrupción, más bien que la prevenga y la mitigue, las estrategias están para eso, ahora nos toca a todos estar claros en que la inacción no es opción. Fuente: El Telégrafo
Noticias Zamora
Oro entre la esperanza y la exclusión: el grito silenciado de Zamora Chinchipe

Por: Alcíbar Lupercio – Periodista comunitario.
En este pedazo de la Amazonía ecuatoriana, donde el verde espeso de la selva se funde con el sudor del trabajo honrado, la tierra guarda un tesoro tan brillante como polémico: el oro. Desde su redescubrimiento en la década de los 80, cuando las minas de Nambija abrieron sus entrañas a la esperanza, la provincia de Zamora Chinchipe no volvió a ser la misma. Pero el oro, que debía traer desarrollo, ha terminado sembrando conflicto, división y desconfianza.
No fue la riqueza la que trajo primero a los habitantes, sino la necesidad. En los años 60, cuando la sequía azotaba a Loja, muchos migraron hacia esta provincia. Vinieron con la firme decisión de hacer patria, de habitar estas tierras que también eran codiciadas por intereses extranjeros. Aquí alzaron la bandera del Ecuador, hombro a hombro con los pueblos originarios, como el shuar, defendiendo con valor un territorio que otros intentaban arrebatar. Hoy, medio siglo después, la amenaza no viene del vecino país, sino de los tentáculos de poder económico –nacional e internacional– que han descubierto en Zamora no solo un suelo fértil, sino un botín dorado que se pretende arrancar sin importar el costo social o ambiental.
La minería, legal o no, ha sido durante décadas el motor económico de esta provincia. Miles de familias han vivido de ella, han puesto pan en sus mesas, han pagado estudios y han generado empleo donde el Estado ha estado ausente. Y sin embargo, son precisamente esos pequeños mineros los que hoy son estigmatizados, perseguidos y silenciados. El discurso de la defensa del medio ambiente se ha vuelto el nuevo dogma de los poderosos para legitimar el despojo y marginar a los verdaderos actores del territorio.
La criminalización de la pequeña minería, en contraste con la permisividad hacia las transnacionales, es una paradoja que hiere. Se persigue al campesino que extrae oro con sus propias manos, mientras se abren las puertas a quienes vienen con maquinaria pesada, contratos blindados y respaldo político. Se ignora que el problema no es la minería, sino la falta de regulación justa, de acompañamiento técnico, de créditos, de capacitación, de visión de Estado.
Hoy no hay dinero en las calles de Zamora. La paralización minera no solo afecta a los mineros, sino a los comerciantes, transportistas, productores, emprendedores. Se detuvo el flujo económico y con él, el aliento de una provincia que ha aprendido a sostenerse casi sola. La pobreza golpea con fuerza, mientras las autoridades locales miran de lejos, sin proponer soluciones ni liderar un verdadero diálogo.
No se puede andar sobre oro y vivir en la miseria. No se puede exigir cuidado ambiental sin ofrecer alternativas reales. Y no se puede llamar ilegal a quien ha trabajado la tierra por generaciones, mientras se legaliza, con leyes a la medida, a los grandes capitales.
La solución no está en la represión, ni en el silencio cómplice. Está en la regularización, en el acompañamiento, en la justicia social y en el respeto por quienes han sostenido esta provincia sin ayuda estatal. Está en mirar con seriedad a la pequeña minería y reconocer su aporte al tejido económico local. Está en sembrar paz, diálogo, desarrollo y dignidad.
Zamora Chinchipe no es solo un mapa minero. Es un territorio de historia, de lucha, de cultura y de gente que merece vivir con derechos, no con dádivas. El Estado tiene una deuda histórica con esta provincia, y es momento de saldarla con políticas públicas reales, no con persecuciones disfrazadas de legalidad.
Los mineros no son delincuentes. Son emprendedores, padres y madres de familia, ciudadanos que exigen ser reconocidos. Y su grito, aunque intenten callarlo, retumba en las montañas que alguna vez defendieron héroes anónimos. Porque esta tierra, rica en recursos, no puede seguir empobrecida por decisiones centralistas ni por intereses ocultos.
Legalizar la pequeña minería, apoyar al productor, invertir en infraestructura social, y erradicar la corrupción que se esconde en las instituciones del Estado no es una opción: es una urgencia ética. De lo contrario, nos estaremos auto eliminando como sociedad y como país.
Es tiempo de unidad. Es tiempo de verdad. Es tiempo de justicia.
Noticias Zamora
Un buen padre deja huellas, no cicatrices

Noticias Zamora
La nueva regulación del consumo de drogas y su impacto en la sociedad ecuatoriana

El 7 de junio de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una reforma integral que busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Esta ley introduce cambios significativos en la regulación del consumo de drogas, reemplazando la anterior «Tabla de Drogas» por un sistema más técnico y contextualizado.
La Tabla de Umbrales de Consumo, también conocida como «Tabla de Drogas» establecida en 2013 por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), fijaba cantidades máximas de diversas sustancias que una persona podía portar para que se considerara consumo personal y no tráfico ilícito. Sin embargo, en noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa derogó esta tabla mediante el Decreto Ejecutivo N.º 28, argumentando que facilitaba el microtráfico al permitir que se encubriera como consumo personal el tráfico de pequeñas cantidades. Esta eliminación dejó un vacío legal que fue parcialmente cubierto por una resolución de la Corte Nacional de Justicia número 14-2023, instruyendo a jueces y fiscales a evaluar caso por caso, basándose en análisis meticuloso del caso en concreto.
La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, aprobada el 7 de junio del 2025, reforma el artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para establecer que los parámetros para determinar el consumo personal de drogas serán fijados y actualizados mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Lo que busca evitar la criminalización de los consumidores y garantizar que no se confundan con traficantes por la sola posesión de una cantidad determinada.
La nueva normativa establece que no se presumirá el consumo de drogas en ningún caso. Por lo tanto, será requisito obligatorio la realización de pericias toxicológicas o psicológicas antes de emitir cualquier decisión o informe legal correspondiente. Lo cual permite una evaluación más justa y precisa de cada situación, diferenciando claramente entre consumo personal y microtráfico.
Aunque la reforma ha sido vista como un avance hacia un trato más justo para los consumidores, algunos expertos en derecho penal han cuestionado la participación de entidades judiciales en la definición de parámetros técnicos sobre adicciones, argumentando que se trata de un tema de salud pública que requiere la intervención de especialistas. Además, la implementación efectiva de estos nuevos criterios dependerá de la capacitación y coordinación entre las instituciones involucradas.
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