Nacionales
Calderón responde a Lasso: propuesta de investigar al sector eléctrico es ‘un regalo envenenado’

El pasado 12 de enero de 2023, el presidente de la República, Guillermo Lasso, le pidió al periodista y director de Plan V, Juan Carlos Calderón, que inicie una investigación sobre los nombramientos del sector eléctrico y se comprometió en abrir todos los contratos, así como aceptar los resultados de la investigación.
No obstante, este 14 de enero, Calderón le respondió al mandatario, agradeciéndole la propuesta pero negándose a ejecutarla porque la «obligación de responder es del Gobierno». «Pedir que un periodista investigue, bajo el compromiso de entregarle toda la información, solo es patear la pelota hacia adelante y ofrecer lo que es su obligación. (…) La obligación del gobierno es rendir cuentas», enfatizó.
El periodista de investigación expone en su respuesta que «en lo público se hace lo que la ley dicta, y ninguna dice que se puede encargar a un periodista la responsabilidad del gobierno». Además, afirma que si algo ha aprendido en décadas de trabajo es que una de las condiciones para el éxito de una investigación es la prudencia. «Un periodista investiga callado, no hace antes de publicar alharaca de sus actividades ni de sus motivos ni de sus propósitos».
Finalmente, manifiesta que «un periodista que actúa a pedido del poder, o de cualquier sector, no tendrá fuentes confiables y sus resultados tampoco serán confiables. Es más, no tendrá fuentes y las ´fuentes´ oficiales entregarán lo que les conviene».
A continuación la respuesta completa de Juan Carlos Calderón:
Gracias, pero no gracias, señor presidente
Debo confesar que la propuesta del presidente Lasso para que investigue (junto a Christian Zurita) las presuntas irregularidades en el sector eléctrico me cogió en curva. Siempre me han perseguido por investigar, nunca para investigar y menos desde el poder. La del presidente fue una respuesta a una pregunta que le hice al final de la entrevista sobre las denuncias en el sector eléctrico: ¿qué iba a hacer el presidente frente a estas denuncias? Porque de que hay mafias, hay mafias. Y el presidente Lasso dio la respuesta y me lanzó la responsabilidad. Iba a replicar e insistirle que la responsabilidad era del gobierno (se lo dije y él respondió que no podía ser juez y parte), pero no iba a enfrascarme en una discusión porque el tiempo ya me estaba presionando para terminar la entrevista, pero han pasado unos días y al mirar el uso que ha dado el Gobierno a esa propuesta, y conversaciones que he tenido con respetables amigos y colegas, me han dado algunos elementos para argumentar mi respuesta final.
I. La obligación de responder es del Gobierno. El presidente Lasso podría conminar, eso sí, y hasta ordenar a todos los gerentes, directorios y responsables de las empresas eléctricas del sector público a que le rindan cuentas de inmediato. Pedir que un periodista investigue, bajo el compromiso de entregarle toda la información, solo es patear la pelota hacia adelante y ofrecer lo que es su obligación. La respuesta gubernamental debió y debe ser inmediata o transparente. Vamos a los hechos: un tipo, Cortázar, que dice ser operador en el sector eléctrico, suelta en La Posta una serie de acusaciones, sin pruebas pero con muchos detalles, contra todo el mundo e involucra al cuñado del presidente Lasso. Grave por donde se lo mire. Aunque no nos guste la forma en que La Posta trató el tema y lo expuso, aunque tenga mis dudas sobre la solvencia de la investigación y sus métodos, no se puede evadir la realidad: una denuncia ha manchado al círculo cercanísimo del presidente Lasso, y el gobierno ha sido golpeado en su reputación. La obligación del gobierno es rendir cuentas, punto. ¿No tienen que decir nada el Sercop, la Contraloría, la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, el propio CNEL, las empresas públicas, los administradores de los contratos, la Secretaría de Planificación, la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, el SRI, la UAFE..? ¿Por qué el presidente no les da un plazo perentorio para que rindan cuentas a él y al país y que lo hagan públicamente? Para saber, por ejemplo ¿a dónde fueron los recursos del pago del anticipo de los contratos? Solo para poner una pregunta.
II. La propuesta de investigar el tema es, a mi criterio, un regalo envenenado. Ojo, no dudo de la buena intención del presidente Lasso y reconozco su voluntad de transparencia, pero no creo que sea la forma correcta. En lo público se hace lo que la ley dicta, y ninguna dice que se puede encargar a un periodista la responsabilidad del gobierno. Y a mí (y a Zurita, de paso, a quien respeto y quiero demasiado como para ponerlo en estas) me pone en el medio de una refriega que no he buscado. Y a la postre resultará ineficaz. Me explico: si algo he aprendido en décadas de trabajo es que una de las condiciones para el éxito de una investigación es la prudencia. Un periodista investiga callado, no hace antes de publicar alharaca de sus actividades ni de sus motivos ni de sus propósitos. Cuando el presidente Lasso me expuso de esa manera, encendió las alarmas (sin quererlo, supongo) de los presuntos involucrados y estoy completamente seguro de que los autores de estas irregularidades ya habrán escondido las evidencias, y se habrán blindado lo suficiente para que no aparezca nada y no se llegue a resultado alguno.
III. Nunca he realizado investigaciones a pedido de nadie, no lo voy a hacer ahora. Y menos si es el propio presidente, es decir del poder. Más allá del respeto y consideraciones personales a Guillermo Lasso, él es el Presidente. Técnicamente, un periodista que actúa a pedido del poder, o de cualquier sector, no tendrá fuentes confiables y sus resultados tampoco serán confiables. Es más, no tendrá fuentes y las «fuentes» oficiales entregarán lo que les conviene. La relación del poder con el periodismo debe ser de distancia. Simplemente porque el periodismo se debe al público, se debe a los gobernados, no a los gobernantes. El trabajo del periodista está sometido a presiones de quienes quieren poner la información al servicio de sus intereses. Uno no puede ser instrumento de esos intereses, uno tiene que respetar al público y dignificar al oficio, no envilecerlo. La independencia es condición profesional y ética es irrenunciable.
IV. ¿Qué es eso de periodista serio? Al ponerme en medio de disputa con La Posta, el presidente Lasso ha emitido un calificativo directo para mí y uno oculto para Ánderson Boscán. Ha dicho que soy un periodista serio, ergo Boscán no es serio. Agradezco el halago y el reconocimiento del presidente, pero cuando el poder da a un periodista palmaditas en la espalda es muy incómodo. Algo debo estar haciendo mal. Lo siento, así he pensado toda la vida, una vida que por cierto tiene por ética ser honesto y ser feliz en todo sentido, no serio. Y sobre el descalificativo oculto a Boscán, eso sí debo rechazarlo. No es potestad del poder, no es potestad de un presidente ni funcionario alguno determinar cuál periodista es serio y quién no lo es. Eso corresponde a la opinión pública. Muchos pensarán que no lo soy, y muchos pensarán que Boscán lo es, pero esa es potestad de los ciudadanos. No me voy a poner, con todo respeto, en medio del presidente y de Ánderson Boscán, no es mi papel y no deseo ser utilizado para esos fines. Los comunicadores del gobierno han usado incluso un comunicado público para eso, lo cual no es correcto ni ético porque usan mi imagen y reputación para sus fines y les pido que se detengan.
V. Investigar es ejercer el derecho del público a saber, pero una investigación periodística muy pocas veces tiene éxito. No es fácil. Es un proceso largo, complejo y condicionado por varias circunstancias, sobre todo debe estar bien hecha y tener sustentos de evidencias y valores éticos. Pero, más allá del método, está la obligación legal del Estado de entregar información pública. Creo que hay que investigar el modus operandi, los personajes y las complicidades (estatales y primadas); los formatos mediante los cuales el sector público, con sus complicidades privadas, arman los procesos contractuales y abusan de su poder. Ya he mencionado algunas instituciones y es necesario reconocer la voluntad política del presidente para transparentar las cosas. El haber encargado el trabajo a la secretaría anticorrupción que dirige Luis Verdesoto es una buena señal y es el camino a seguir, entre otros. Pero la buena voluntad no es suficiente, es necesaria la acción concreta para responderle a los ecuatorianos cómo están usando sus recursos, en todos los sectores. En ese propósito hemos trabajado como equipo de Plan V, y en lo personal desde hace 40 años. Y en eso trabajaremos, no porque un presidente lo pida como reacción a una circunstancia determinada, sino por nuestro compromiso permanente con nuestro oficio, los ciudadanos de nuestro país y nuestra conciencia. En ese esfuerzo nos hemos jugado mucho, quizá demasiado según mi familia.
VI. Así que, con todo el respeto a su cargo, y las consideraciones personales que me merece Usted, gracias pero no gracias, señor presidente. Fuente: Ecuadorenvivo
#MesadeAnálisisdePlanV: entrevista al presidente @LassoGuillermo @pichondedino @radiosucesosec https://t.co/KikVo3eJkx
— Juan Carlos Calderón (@pichondedino) January 12, 2023
Nacionales
Fuerzas Armadas toman “posesión total” de Buenos Aires y destruyen más de 700 bocaminas

El Ministerio de Defensa informó que las Fuerzas Armadas ejecutaron una ofensiva de gran escala contra la minería ilegal en Buenos Aires, Imbabura, y que “tomaron posesión total” del área intervenida. La operación —liderada en territorio por el ministro Gian Carlo Loffredo y el jefe del Comando Conjunto, general Henry Delgado Salvador— se desplegó en los sectores Mina Vieja, Mina Nueva, Mina El Olivo y Esperanza de Río Verde.
“En el sector de Buenos Aires ya se terminó la minería ilegal… la presencia de Fuerzas Armadas va a ser permanente”, señaló Loffredo.
Según el boletín oficial, la intervención incluyó artillería pesada, fuego de mortero y apoyo aéreo con aeronaves de alas fijas y rotativas para neutralizar estructuras, procesadoras, poleas y campamentos que sostenían la actividad ilícita. Previamente se realizó la evacuación del área para resguardar a la población civil. El área intervenida abarca unas 187 hectáreas y se reporta la destrucción de más de 720 bocaminas.
En paralelo, efectivos del Ejército ejecutaron operaciones en Esperanza de Río Verde (parroquia Lita), donde aprehendieron en delito flagrante a siete personas —cinco hombres de nacionalidad colombiana y dos mujeres ecuatorianas—, a quienes se les halló armamento de uso militar y gran cantidad de munición.
Para asegurar el control territorial, el Estado desplegó 300 militares y anunció un destacamento fijo y presencia permanente para evitar el resurgimiento de actividades ilegales. El Gobierno advirtió que el ingreso no autorizado a la zona supone “riesgo extremo” por la presencia de grupos irregulares armados de origen extranjero en alianza con GDO locales, y que cualquier incursión será considerada una amenaza a la seguridad nacional.
Defensa enmarca la operación en una estrategia integral contra la minería ilegal, por su impacto ambiental y su vínculo con economías delictivas y la violencia. “La ley y el orden prevalecerán”, concluye el comunicado.
Nacionales
Paro | Marlon Vargas plantea un salario mínimo de USD 650 a cambio del alza del precio del diésel

La dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) se reunió el 18 de octubre para decidir qué postura tomar ante el paro de la Conaie, que dura 25 días en Ecuador.
Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), asistió a esa Asamblea Extraordinaria autoconvocada por los presidentes de las nacionalidades base de la Confeniae.
Ahí, los representantes de las nacionalidades amazónicas resolvieron declararse en movilización permanente «por la defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos».
Estos fueron los puntos que la Confeniae decidió en su cónclave, en los que ya no aparece la derogatoria del fin del subsidio estatal al diésel, el detonante del paro de la Conaie.
Mantener la movilización constante frente al abandono estatal y la devastación petrolera y minera.
Oponerse a la consulta popular y la Constituyente, por atentar contra los derechos conquistados.
Expresar solidaridad con Imbabura y condenar la represión y el cierre de radios comunitarias.
Rechazar la ronda petrolera suroriente y el catastro minero.
Desconocer a la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica (CTS) y la Secretaría de Pueblos, por dividir y debilitar a las organizaciones amazónicas.
Marlon Vargas, al margen de estos pedidos, también planteó que, «si el Gobierno sube el precio de los combustibles, entonces que el salario básico suba a USD 650 dólares para todo el pueblo ecuatoriano.”
El presidente de la Conaie también exhibió un duro discurso contra la extracción de petróleo, minerales y metales. «Ya han saqueado a la Amazonía por 50 años, pero la economía, la salud y la educación de las nacionalidades están destrozadas», dijo Vargas, «nuestros ríos contaminados, nuestras cascadas contaminadas (…) Entonces, aquí la Amazonía les dice no más explotación petrolera ni minera».
Si bien las protestas indígenas comenzaron por el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, luego la Conaie incluyó la exigencia de la bajada en tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta el 12 % y la liberación de los detenidos durante las manifestaciones.
Asimismo, la Conaie agregó en el paro su rechazo al referéndum del próximo 16 de noviembre, en el que, entre otras cosas, se preguntará -por iniciativa del presidente Noboa- sobre la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, lo que ha llevado al Gobierno a señalar a la protesta como «política». Fuente: Primicias
Nacionales
Fuerzas Armadas toman control total de Buenos Aires, Imbabura, en ofensiva contra la minería ilegal

Las Fuerzas Armadas ejecutaron una ofensiva militar de gran escala en la zona de Buenos Aires, provincia de Imbabura, como parte de la estrategia nacional contra la minería ilegal. La operación se desarrolló en los sectores Mina Vieja, Mina Nueva, Mina El Olivo y Esperanza de Río Verde, considerados focos críticos de actividad ilícita.
Desde territorio, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, junto al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, lideró la intervención, que incluyó artillería pesada, fuego de mortero y apoyo aéreo con aeronaves de alas fijas y rotativas.
“Sepan que en el sector de Buenos Aires ya se terminó la minería ilegal, porque la presencia de Fuerzas Armadas va a ser permanente de ahora en adelante”, afirmó el ministro.
El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió este domingo 19 de octubre un mensaje contundente sobre la lucha contra la minería ilegal en Ecuador, en especial en la zona de Buenos Aires, provincia de Imbabura.
«No vamos a parar ante presiones o amenazas. Vivimos en un Estado libre, de derecho, fuerte contra el narco. Seguimos atacando la minería ilegal en Buenos Aires, provincia de Imbabura. Continuaremos en otras partes clave del país, luchando contra la minería ilegal y los políticos que la protegen», expresó Noboa, quien compartió un video de los bombardeos que se realizaron en ese sector de Imbabura.
Resultados del operativo en contra de la minería ilegal en Buenos Aires
En el operativo militar fueron intervenidas 187 hectáreas. En esa área se destruyeron más de 720 bocaminas destruidas. Además, se realizó la neutralización de estructuras, procesadoras, poleas y campamentos ilegales.
Durante esta intervención se desplegaron 300 militares. El siguiente paso es la instalación de un destacamento fijo para control territorial.
El Gobierno advirtió que el ingreso a esta zona representa un riesgo extremo, debido a la presencia de grupos irregulares armados de origen extranjero en alianza con organizaciones delictivas locales.
La intervención reafirma que la minería ilegal es considerada una amenaza a la seguridad nacional, y que no se permitirá la presencia de economías criminales en el territorio ecuatoriano. Fuente: Vistazo
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