Nacionales
Ulloa y compañía sentados en el banquillo de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional (CC) tiene la llave para desenredar el nudo político que atenaza al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Para el martes, 10 de enero de 2023, a las 19:30, vía telemática, el Pleno de la Corte Constitucional ha convocado a la audiencia de seguimiento y verificación del cumplimiento de las medidas dispuestas en torno a la designación del titular del Consejo de Judicatura (CJ).
El objetivo de la audiencia es determinar el incumplimiento o no de una o varias medidas por parte de las autorizadas obligadas, en los términos del artículo 86, numeral 4, de la Constitución de la República.
Como se recordará la mayoría del Cpccs, afín al Gobierno, no ha dado paso a la designación del presidente del CJ tras cuatro ternas enviadas por la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dejando en el limbo tal designación y permitiendo que Fausto Morillo siga al frente del CJ, en funciones prorrogadas, sin ser el representante de la CNJ.
La acción de la Corte Constitucional nace a partir de una sentencia dictada el 26 de septiembre del 2022, en donde aceptó parcialmente la acción extraordinaria de protección planteada por Álvaro Román, quien reclamaba para sí el derecho de presidir el CJ una vez que renunció María del Carmen Maldonado al cargo. Sin embargo, la CC le negó ese derecho a Román y dispuso, entre otras cosas, dar celeridad a la designación del titular del CJ, mandato que no habría sido cumplido por el Cpccs.
Los sujetos convocados a la diligencia son: Fausto Murillo y Santiago Peñaherrera del Consejo de la Judicatura.
Los siete vocales del Cpccs: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Sofía Almeida, Francisco Bravo, Juan Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán y David Rosero.
También ha sido convocado Iván Saquicela, presidente de la CNJ.
El accionante de la causa: Álvaro Román. Y por último, a la veeduría conformada para vigilar, controlar y supervisar la transparencia en el proceso de selección y designación del presidente del Consejo de Judicatura. jtr
El próximo 16 de noviembre de 2025, los ecuatorianos acudirán nuevamente a las urnas para participar en el Referéndum y Consulta Popular 2025, convocados por el Gobierno Nacional.
Con miras a este proceso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó en su página web la opción “Consulta tu lugar de votación”, donde los ciudadanos pueden verificar su recinto electoral y conocer si fueron seleccionados como Miembros de Junta Receptora del Voto (MJRV).
Para acceder a la información, los votantes deben ingresar al sitio oficial del CNE (www.cne.gob.ec), seleccionar la opción Consulta tu lugar de votación e ingresar su número de cédula. El sistema mostrará la provincia, cantón, parroquia, zona, recinto electoral y número de junta correspondiente.
Además, quienes resulten designados como miembros de mesa recibirán allí la notificación formal, junto con las indicaciones sobre las capacitaciones y responsabilidades durante la jornada electoral.
El CNE informó también que en los próximos días este servicio estará disponible en la aplicación móvil “CNE APP”, que podrá descargarse de forma gratuita en teléfonos Android y iPhone, facilitando el acceso a la información electoral desde cualquier lugar.
El organismo electoral recordó a la ciudadanía que mantener sus datos actualizados y conocer con anticipación su lugar de votación permitirá un proceso más ágil y ordenado el día de las elecciones.
Nacionales
Aquiles Álvarez se declaró como opositor a Daniel Noboa y dijo tener ganas de ser candidato presidencial
Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, dijo que ha tenido ganas de ser candidato presidencial. Lo afirmó en una entrevista con la Agencia EFE, publicada este lunes.
«No lo tenía en mente (ser candidato presidencial), pero tienen tan jodido al país que dan ganas a veces», aseveró.
La autoridad del Puerto Principal exclamó que es víctima de una persecución por parte del presidente Daniel Noboa, a través de la Fiscalía con el objetivo de inhabilitarlo políticamente.
Manifestó que el caso Triple A, por el que está llamado a juicio en enero próximo por el presunto delito de distribución ilegal de combustible, es político y que debería caerse.
«¿Cuáles son las pruebas para llevarnos a juicio? Ninguna. Hay siete peritajes y los siete están a favor nuestro. No se pueden ocultar las verdades y la verdad es que todo ha sido lícito y transparente. ¿Sabe cuántas veces me han querido meter preso? Pero al final nunca pueden porque la verdad está con nosotros», mencionó el alcalde, que lleva puesto un grillete electrónico por esta causa.
Por ello, apunta que es «un tema personal» estas investigaciones ante la posibilidad de que se lance a una reelección como alcalde en 2027, algo que no ha decidido, o que intente buscar la Presidencia.
Se describió como un opositor del Gobierno, señalando que hay cosas que no están bien.
«Entonces hay que alzar la voz. A ellos les molesta eso. Quieren gobernar y que les digan que todo está lindo, que todo está bien y… no es así, todo está mal», dijo..
El Ministerio de Defensa informó que las Fuerzas Armadas ejecutaron una ofensiva de gran escala contra la minería ilegal en Buenos Aires, Imbabura, y que “tomaron posesión total” del área intervenida. La operación —liderada en territorio por el ministro Gian Carlo Loffredo y el jefe del Comando Conjunto, general Henry Delgado Salvador— se desplegó en los sectores Mina Vieja, Mina Nueva, Mina El Olivo y Esperanza de Río Verde.
“En el sector de Buenos Aires ya se terminó la minería ilegal… la presencia de Fuerzas Armadas va a ser permanente”, señaló Loffredo.
Según el boletín oficial, la intervención incluyó artillería pesada, fuego de mortero y apoyo aéreo con aeronaves de alas fijas y rotativas para neutralizar estructuras, procesadoras, poleas y campamentos que sostenían la actividad ilícita. Previamente se realizó la evacuación del área para resguardar a la población civil. El área intervenida abarca unas 187 hectáreas y se reporta la destrucción de más de 720 bocaminas.
En paralelo, efectivos del Ejército ejecutaron operaciones en Esperanza de Río Verde (parroquia Lita), donde aprehendieron en delito flagrante a siete personas —cinco hombres de nacionalidad colombiana y dos mujeres ecuatorianas—, a quienes se les halló armamento de uso militar y gran cantidad de munición.
Para asegurar el control territorial, el Estado desplegó 300 militares y anunció un destacamento fijo y presencia permanente para evitar el resurgimiento de actividades ilegales. El Gobierno advirtió que el ingreso no autorizado a la zona supone “riesgo extremo” por la presencia de grupos irregulares armados de origen extranjero en alianza con GDO locales, y que cualquier incursión será considerada una amenaza a la seguridad nacional.
Defensa enmarca la operación en una estrategia integral contra la minería ilegal, por su impacto ambiental y su vínculo con economías delictivas y la violencia. “La ley y el orden prevalecerán”, concluye el comunicado.
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