Nacionales
Los países con la inflación más baja y más alta de América Latina en el 2022
2022 será recordado por muchos como el «año de la gran inflación».
En el primer semestre del año que se acaba, con la guerra de Ucrania en curso, la inflación se disparó en todo el mundo, afectando especialmente a los precios de los alimentos y la energía, hasta alcanzar un punto máximo en América Latina del 8,4% en junio, el mayor nivel registrado desde 2005, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Ese nivel máximo regional no incluye en el cálculo a los países que se considera tienen una «inflación crónica»: Venezuela, Argentina, Cuba, Haití y Surinam.
No solo el aumento en el precio de los combustibles jugó un papel clave en que escalara repentinamente el costo de la vida. También influyó una mayor volatilidad cambiaria, además de las huellas que dejó la pandemia de covid-19, que interrumpió las cadenas de suministro globales e hizo que, en muchos casos, las autoridades pusieran en circulación más dinero del que estaba disponible antes de la crisis de salud.
Pero al llegar a la mitad del año, las cosas comenzaron a mejorar.
La tendencia se revirtió en el segundo semestre en medio de una rápida subida de las tasas de interés adoptada con el objetivo de combatir el aumento de precios, sumada a la fuerte desaceleración de la economía global.
La inflación regional bajó al 6,8% en octubre, comparado con el mismo mes del año anterior (lo que se conoce como inflación anualizada).
Y las proyecciones apuntan a que en 2023 la inflación seguirá disminuyendo.
Panamá, el país con la inflación más baja de la región
El país con la inflación más baja de Latinoamérica fue Panamá: 1,7% en octubre.
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Aunque el país está acostumbrado a tener niveles de inflación históricamente bajos (que en los últimos años no han sobrepasado el 2%) Panamá no quedó fuera de la ola alcista que recorrió la región en 2022.
De hecho, el país llegó a registrar más de 5% de inflación en junio, «un aumento gigantesco para Panamá», dice Felipe Argote, profesor de macroeconomía de la Universidad Interamericana, en diálogo con BBC Mundo.
En medio del alza en el costo de la vida, el país del Canal fue escenario de una avalancha de protestas cuando cientos de miles de personas se lanzaron a las calles a manifestarse en julio contra el aumento en el costo de la vida, la desigualdad social y la corrupción.
Fue así como a mitad de ese mes el gobierno accedió a congelar el precio de los combustibles, una política de subsidio inusual en el país centroamericano, acostumbrado a aplicar impuestos a ese tipo de productos.
Lo que sucede en el sector energético internacional es fundamental para la economía panameña, dado que «el país importa todo el combustible que consume», apunta el economista.
Es por eso que en Panamá el aumento de los precios es considerado como una «inflación importada».
A partir de julio el costo de la vida comenzó a disminuir paulatinamente, siguiendo la tendencia de otras economías latinoamericanas.
Son varias las causas que han mantenido el nivel de precios en el país muy por debajo del resto de las economías de la región.
Una de ellas, argumenta Argote, es que «la inflación se ha mantenido baja principalmente porque el país tiene una economía dolarizada», a diferencia de la mayoría de los países de la región.
Y como el dólar se ha fortalecido en 2022 frente al resto de las monedas, hace que los productos importados sean más baratos.
De todos modos, pese a que la inflación es muy baja, advierte el economista, también es cierto que los salarios reales han bajado en los últimos años, el desempleo está en el 10% y los profundos niveles de desigualdad no han disminuido pese al espectacular crecimiento económico registrado en las últimas tres décadas.
Bolivia, el segundo país con una menor inflación
Después de Panamá, Bolivia es el país con la inflación anualizada más baja de América Latina: 2,9%.
Son varias las razones que explican este fenómeno. Al contrario de lo que sucede con las monedas de los países vecinos, sujetas a veces a fuertes variaciones en el tipo de cambio, la moneda nacional de Bolivia tiene un tipo de cambio fijo respecto al dólar estadounidense, fijado hace más de una década (US$1 = 6,96 bolivianos).
El tipo de cambio se ha mantenido gracias a que el gobierno lo sostiene inyectando en el mercado dólares de sus reservas.
La fortaleza del boliviano reduce el costo para Bolivia de importar mercancías y, en un contexto de auge de los precios de los alimentos y del petróleo en los mercados internacionales, una moneda fuerte resulta especialmente ventajosa.
Cómo se ha librado Bolivia de la inflación que recorre América Latina (y por qué no es tan buena noticia como parece)
Por otro lado, el costo de la vida ha subido muy poco por los generosos subsidios que el gobierno aplica a la gasolina y a los productos de la canasta básica.
Otro freno a la subida de precios son los certificados de exportación que se exigen a todos los productos que se venden en el exterior.
Cuando su abastecimiento en Bolivia a un precio que las autoridades consideran justo no está garantizado, pueden negar el certificado para exportar, forzando así un aumento de la oferta en el mercado interno que también alivia las presiones inflacionarias.
Los países con la inflación más alta
Como es fácil de imaginar, los países que por años han registrado niveles de inflación más altos en Latinoamérica son Venezuela y Argentina, seguidos por Cuba.
Clasificados como países con «inflación crónica», han sufrido las consecuencias de un alto costo de vida desde hace muchos años y, desde esa perspectiva, no son un ejemplo representativo de las tendencias que dominaron la ola inflacionaria en 2022 tras el inicio de la guerra en Ucrania.
Si la idea es mirar a aquellos países que tradicionalmente mantenían niveles de inflación estables, pero su costo de vida se disparó en 2022, los que lideran la lista hasta octubre sonChile (12,8%) y Colombia (12,2%).
Chile, que solía tener niveles de aumento de precios cercanos al 2% anualizado antes de la pandemia, vivió este año una histórica escalada inflacionaria, que llegó en agosto al 14,1%, el mayor nivel en casi tres décadas.
Expertos consultados por BBC Mundo argumentan que hay causas externas e internas que explican un fenómeno tan inusual en el país sudamericano.
Entre las externas, están las fallas en las cadenas de suministro provocadas por la pandemia y la subida de los combustibles por el conflicto bélico.
Y en el frente interno, citan que en 2021 hubo un fuerte aumento del consumo que «sobrecalentó» la economía hasta el que el PIB creció un 11,7% -su mayor expansión en cuatro décadas-, en medio de extensas ayudas estatales entregadas a los sectores más vulnerables y a masivos retiros anticipados de los fondos privados de pensiones.
En el caso de Colombia, el aumento en el costo de los alimentos es el factor que más ha impulsado la ola inflacionaria.
Tanto así, que un poco más de una cuarta parte del aumento de los precios se explica por este incremento en la canasta familiar.
Otros factores que han contribuido a la escalada en el costo de la vida son la electricidad y el gas, servicios que, pese a tener precios regulados por el Estado, han visto incrementado su coste.
A mediados de septiembre, el gobierno de Gustavo Petro anunció que para el próximo año la autoridad regulatoria de energía y gas hará un ajuste de las formulas con las que se calcula el precio de la electricidad que pagan los hogares, con el fin de reducir tarifas de la energía eléctrica.
Aunque, por otro lado, las políticas que intentan reducir las emisiones contaminantes del país, han generado las condiciones para un leve aumento en el precio de la gasolina.
La inflación bajará en 2023 en Latinoamérica
«La inflación en 2023 será menor que en 2022, pero no tan baja como antes de la pandemia», le dijo a BBC Mundo José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.
Ese diagnóstico es compartido por otros organismos internacionales que están proyectando no solo una disminución en el costo de la vida en Latinoamérica, sino también a nivel global.
De todos modos, regiones como Europa estarán en graves problemas en los próximos meses debido a la fuerte dependencia que tienen de las importaciones energéticas provenientes de Rusia.
Así como las previsiones apuntan a una reducción de la inflación el próximo año, también avanzan una reducción del crecimiento latinoamericano, que podría llegar a solo el 1,3%, un nivel muy bajo para las necesidades de desarrollo de la región y la precaria situación en la que se encuentran vastos sectores de la población.
Con la bajada del costo de vida se espera un freno en los aumentos de las tasas de interés que caracterizaron este 2022 y que mermaron las posibilidades de acceder a préstamos de hogares y empresas.
Para muchos, las perspectivas de una inflación más baja en 2023 son una buena noticia, considerando la gran pérdida de poder adquisitivo que ha afectado a los consumidores.
El problema es que, como esa noticia viene acompañada de un bajo crecimiento, los economistas advierten que podría subir el desempleo.
La sombra de la recesión amenaza a un tercio de las economías del mundo, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Para América Latina, pese a que el crecimiento económico será más bajo en 2023, al menos las proyecciones apuntan a que los países de la región no decrecerán.
Excepto uno: Chile, el único país latinoamericano que sufriría una contracción. BBC Mundo
La primera audiencia de alias Fito en Nueva York, se celebró en la sala 2A Sur del Tribunal Federal de Brooklyn. La operación es parte del plan “Take back America” (Recupere América), una estrategia del Departamento de Justicia de EE.UU. para desarticular redes criminales que, como la de José Adolfo Macías Villamar, no conocen fronteras.
Por más temido que sea en su país, cuando un capo cruza la frontera judicial hacia Estados Unidos, se enfrenta a un sistema que no improvisa. Allá no hay espacio para que prospere el caos procesal, los “errores de forma” u otras leguleyadas criollas.
Hay reglas claras, tiempos marcados y, sobre todo, una estructura pensada para conseguir un solo resultado: que el acusado colabore. El caso de alias Fito, el primero tras una reforma constitucional aprobada en referéndum, es una oportunidad para entender cómo funciona el aparato judicial federal estadounidense y por qué colaborar con la justicia suele ser, más que una opción, una necesidad.
Todo comenzó con la lectura de cargos, al día siguiente de su aterrizaje en Long Island. Inicialmente se declaró no culpable, como casi todos lo hacen en esa fase previa. A continuación y a pedido del abogado defensor, que solicitó la fijación de una fianza para que se defienda en libertad, la jueza decidió mantenerlo bajo custodia.
La regla tácita es simple: si es extranjero y ha huido antes, no hay fianza. Así “Fito” fue declarado “riesgo extraordinario” y peligroso para la sociedad estadounidense.
Lo que continúa es la fase de descubrimiento de pruebas (discovery), en la que la Fiscalía entrega al abogado defensor todo el material probatorio que tenga: audios, videos, documentos, chats, testimonios de informantes, y mucho más.
Es una etapa que puede tomar varios meses. En paralelo, la defensa presenta mociones preliminares para tratar de anular pruebas o debilitar la acusación. De hecho, Alexei Schacht, el abogado de Macías, adelantó que no pueden acusar a su cliente de traficar armas en Estados Unidos cuando esta es la primera vez que él pisa territorio norteamericano.
Schacht es conocido por haber defendido a varios narcotraficantes colombianos y por su experiencia en crimen transnacional. Sin embargo, los expertos dicen que, cuando se trata de mafias internacionales, esos “cantos de sirena”, rara vez prosperan.
La única salida es hablar
Si no hay acuerdo entre las partes, se nombra un jurado y se inicia el juicio propiamente dicho. Pero eso ocurre en uno de cada 10 de estos casos. En el 90 por ciento restante, los acusados terminan aceptando algún tipo de acuerdo de culpabilidad.
Mientras en el Ecuador un juez puede sentenciar con un amplio margen de discrecionalidad, en Estados Unidos, las leyes federales imponen penas mínimas que ni el juez puede reducir… a menos que el acusado realmente coopere.
En el caso de “Fito”, los cargos lo llevarían a una sentencia mínima obligatoria de 20 años y una máxima de cadena perpetua. Lo que sí deberá considerar el juez, o la jueza que lleve la causa, es que para que Ecuador aprobara la extradición, el gobierno de Estados Unidos prometió por vía diplomática que no se le aplicará ni la pena de muerte ni una sentencia de por vida. Eso se solicitó porque aquí no existe ese tipo de condenas.
Y aunque esa cláusula humanitaria no obliga formalmente al juez, dicen los entendidos que es casi siempre respetada. Si las cosas van así, “Fito” esperaría una condena de entre 30 y 50 años… a menos que coopere sustancialmente.
En el sistema estadounidense, “cooperación sustancial” no es sinónimo de solo aceptar los cargos. “Es dar información que permita enjuiciar o capturar a otros delincuentes”. Y no a cualquiera: los fiscales quieren peces más gordos.
En el caso de “Fito”, eso significa ofrecer nombres, rutas, contactos y estructuras que vinculen a Los Choneros con el Cártel de Sinaloa, con mafias colombianas y/o con redes de narcotráfico internacional.
Y, mejor aún si poseyera información relevante de otras organizaciones criminales que estén en el radar de los Estados Unidos.
Solo si esa colaboración es valiosa, el Fiscal puede apelar a una norma que se aplica antes de la sentencia o, a otra que se aplica incluso después, para reducir años -o décadas- tras las rejas. De esto último sí hay precedentes como el de Carlos Lehder, fundador del Cártel de Medellín.
Visto todo esto, “Fito” tiene una gran ficha para jugar en la negociación: Aportar con “inteligencia criminal de alto nivel”. La verdadera sentencia no se dicta en el estrado… sino en la sala donde se negocia. Si lo hace quizás pueda volver a Manta, a recoger sus pasos, cuando ya haya entrado de lleno a la tercera edad.
La clave está en el grado de colaboración
- El Chapo: castigo máximo
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, fue el líder más célebre del Cártel de Sinaloa y un maestro del escape: se fugó dos veces de prisiones mexicanas, una de ellas a través de un túnel de 1,5 kilómetros. Su última captura ocurrió tras un operativo que incluyó intervenciones telefónicas y seguimiento a su círculo cercano. Fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017.
Allí, lejos de buscar un acuerdo, optó por ir a juicio. Fue declarado culpable de 10 cargos, incluyendo narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado, y condenado a cadena perpetua más 30 años sin posibilidad de libertad condicional. Su caso es símbolo de castigo implacable.
- Rodríguez Orejuela: capitulación financiera
Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, fundadores del Cártel de Cali, fueron detenidos en Colombia en 1995 y extraditados años después a EE.UU.
Enfrentaban múltiples cargos por tráfico de cocaína y lavado de activos. Optaron por negociar: se declararon culpables, entregaron 29 propiedades en varios países, aceptaron una condena de 30 años y se comprometieron con reparaciones económicas a sus víctimas.
Su estrategia priorizó la protección de sus familias. A diferencia de otros capos, su caso demuestra que se puede negociar sin delatar. Gilberto, el mayor de los hermanos, murió de COVID-19 a los 83 años, en una prisión de Carolina del Norte.
- “Otoniel”: acuerdo pragmático
Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, fue líder del Clan del Golfo, una de las mafias más violentas y estructuradas de Colombia. Tras su captura en 2021 y extradición en 2022, se declaró culpable de liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico, extorsión y asesinatos.
Fue sentenciado en EE.UU. a 45 años de prisión, una pena dura pero menor a la cadena perpetua que habría enfrentado en un juicio. Aunque no se conocen mayores detalles sobre su nivel de colaboración, se presume que hubo un acuerdo tácito que incluyó información operativa.
Su condena buscó marcar un precedente disuasivo para otras mafias regionales.
- Lehder: cooperación total
Carlos Lehder, cofundador del Cártel de Medellín y aliado de Pablo Escobar, fue capturado en 1987 y extraditado a Estados Unidos. Recibió inicialmente cadena perpetua más 135 años por tráfico de cocaína y crimen organizado.
Sin embargo, se convirtió en testigo clave del gobierno estadounidense, colaborando en casos contra el cártel y testificando incluso en el juicio contra el dictador panameño Manuel Noriega. Su sentencia fue reducida drásticamente y, tras más de tres décadas preso, fue liberado en 2020.
Vivió en Alemania y, en marzo de 2025, regresó a Colombia a los 75 años. Su historia ejemplifica la fuerza del canje judicial.
Una jueza experta en capos
Alias Fito fue escuchado, el 21 de julio, por una jueza que no necesita presentación enlos pasillos del Poder Judicial de Estados Unidos. Se trata de Vera M. Scanlon, magistrada del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, especializada -y curtida- en procesos de alto perfil vinculados al crimen or- ganizado internacional.
En esa misma corte y ante esa misma jueza se sentaron antes Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, líder del Clan del Golfo, y Martín Leonel Pérez Castro, alias “Richard”, excomandante de las FARC. Ambos fueron extraditados desde Colombia y procesados por dirigir redes transnacionales de narcotráfico que, además, financiaban es- tructuras armadas ilegales.
Scanlon también estampó su firma en la orden de captura contra Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa de México, por sus pre- suntos vínculos con el cártel H-2. En otro caso, juzgó a Yamil Abreu Navarro, acusado de im- portar muchos kilos de heroína a Nueva York con apoyo del Cártel de Sinaloa. También ha presidido procesos contra una mafia neoyorquina, como el de 11 miembros de la familia Colombo, detenidos por extorsión, amaño de partidos deportivos y violencia organizada.
Aunque aún no se ha confirmado si Scanlon seguirá al frente del pro- ceso de alias “Fito” o solo participará en las audiencias iniciales, su historial anticipa que no le tiembla el pulso ante acusados con expedientes tan densos como violentos.
Nacida en Brooklyn, Scalon estudió Historia en Columbia College, donde también fue voluntaria en un comedor comunitario. Como abo- gada se graduó en la Universidad de Yale, alma mater que cuenta con una de las mejores facultades de Derecho del mundo.
Nacionales
Así fue la captura con drones de un capo italiano ligado a narcotraficantes de Colombia y Ecuador
El italiano Federico Starnone, supuesto capo e intermediario entre la mafia calabresa y narcotraficantes de Colombia y Ecuador, fue capturado por las autoridades colombianas en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.
«Cae por acción de la policía colombiana en coordinación con la policía italiana, el capo Federico Startone (sic), en Cali, comprador mayorista de cocaína para la mafia italiana», informó el presidente colombiano, Gustavo Petro.
Starnone, de 46 años de edad, era requerido mediante una notificación roja de Interpol por los delitos de tráfico internacional de cocaína y alianzas con el crimen organizado en el Cono Sur y la región Andina.
Otros capos capturados
El pasado julio, las autoridades de Colombia, con el apoyo de Italia y el Reino Unido, capturaron en Bogotá a Giuseppe Palermo, alias ‘Peppe’, principal cabecilla de la mafia italiana Ndrangheta para América Latina, informó en esa ocasión el director de la Policía colombiana, el general Carlos Fernando Triana.
Esa detención se sumó a la ocurrida el pasado marzo, cuando el presunto narcotraficante italiano Emanuele Gregorini, alias ‘Dollarino‘, considerado el «máximo cabecilla de la mafia italiana en América Latina», fue capturado en la ciudad colombiana de Cartagena.
Según la Policía colombiana, Gregorini era «cabecilla del Sistema Mafioso Lombardo, integrado por las mafias de la Camorra, Cosa Nostra y ‘Ndrangheta, responsable del envío de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia, Panamá y Brasil hacia Europa».
Además, en febrero la Policía también capturó en Barranquilla a Namoussi Mounir, alias ‘Mou‘, acusado de ser el enlace entre el cartel de los Balcanes y narcotraficantes de América Latina, entre ellos el Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia.
Alias ‘Mou’ era buscado mediante circular roja de la Interpol, razón por la cual su captura fue coordinada con las autoridades de Bélgica y el Reino Unido. Fuente: Vistazo
Nacionales
Muertes de recién nacidos en Hospital Universitario de Guayaquil: ordenan destitución e investigación
La noche de este sábado 9 de agosto, el ministro de Salud, Jimmy Martin, dispuso la apertura de una investigación y la desvinculación del gerente del Hospital Universitario de Guayaquil, Hugo Hernández, luego de la alarma generada por la muerte de recién nacidos en esa casa de salud, por una presunta infección asociada a la atención sanitaria.
El hospital reconoció el fallecimiento de doce neonatos dentro de sus instalaciones, mientras que algunas autoridades han mencionado que la cifra ascendería a 18 víctimas.
Al respecto, el ministro Martin señaló que, además de la investigación a cargo de un equipo de especialistas, solicitó la renuncia del gerente del hospital y dispuso que se brinde atención psicológica a los padres de los neonatos fallecidos. “La vida de nuestros niños está por encima de todo y de todos”, afirmó.
El ministro detalló tres acciones inmediatas:
- 1. La renuncia del gerente del hospital.
- 2. Desplegar un equipo de especialistas en el lugar e iniciar un proceso de investigación sobre el caso.
- 3. Brindar atención psicológica a los padres de los dos neonatos fallecidos a causa de una bacteria.
“Quiero solidarizarme con las familias de quienes perdieron a sus recién nacidos y comprometerme a que esto, en la medida en que sea prevenible, no vuelva a ocurrir”, agregó.
Por su parte, la Comisión de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional ha convocado para el próximo martes al ministro de Salud; al fiscal general, Wilson Toainga; al gerente del hospital, Hugo Hernández; y al director asistencial del mismo centro médico, Ariel Sarduy, para que «expliquen a la ciudadanía las circunstancias de estos hechos».
La presidenta de la mesa legislativa, Viviana Veloz (Revolución Ciudadana), expresó: “La muerte de 18 recién nacidos en el hospital Universitario de Guayaquil es una tragedia intolerable”
De su lado, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, también condenó el hecho y denunció que «18 recién nacidos fallecieron en un hospital público debido a la falta de cánulas nasales… no cuestan más de $4 dólares».
Además, dijo que desde la dirección de Acción Social de la Municipalidad se acercarán a los familiares para brindar atención. «Les ruego señores médicos informarnos cuantas cánulas faltan para comprarlas inmediatamente», añadió el alcalde.
Muertes de neonatos en Hospital Universitario
El Hospital Universitario de Guayaquil emitió un comunicado para explicar las circunstancias de las recientes muertes de recién nacidos y detallar los protocolos que se han implementado.
Según la institución, tras revisar los informes de vigilancia epidemiológica, resultados microbiológicos y protocolos médicos, «podemos desvirtuar cualquier tipo de noticia referente a fallecimientos por contaminación en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)«.
El hospital afirmó que, desde el inicio de la alerta epidemiológica, se han registrado 12 muertes de neonatos por causas multifactoriales, vinculadas principalmente a complicaciones derivadas de nacimientos prematuros o muy prematuros.
Además, de acuerdo con los reportes levantados, dos de estos casos pueden atribuirse a una infección por Klebsiella Pneumoniae productora de carbapenemasas.
La administración aclaró que la UCIN continúa operativa y brinda atención permanente a todos los pacientes ingresados. Además, se han activado protocolos específicos:
- Toma de muestras de sangre a pacientes con sospecha clínica.
- Reubicación de los recién nacidos para prevención.
- Desinfección terminal completa de la unidad.
- Procesamiento de muestras.
- Activación de un especialista en infectología de manera permanente para optimizar el manejo antimicrobiano.
- Fortalecimiento de medidas de bioseguridad.
- Búsqueda activa de casos mediante hisopados rectales.
Finalmente, la institución enfatizó: “Desvirtuamos las versiones que circulan en redes sociales sobre la reutilización de insumos médicos”. Fuente: Vistazo
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