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Noticias Zamora

Reformas al COIP 2021

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Al Papa Inocencio IV, por los años 1250, se le atribuye la máxima jurídica SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST, “La sociedad no puede delinquir”, ya que siendo personas fictas no tiene capacidad de delinquir, incapaces de ejercer acción, han pasado varios siglos desde la Bula relacionada, para que estudiosos de la  teoría del delito y la dogmática penal aplicada a la persona física, y los Estados, acepten que las personas jurídicas, también pueden ser sujetos de responsabilidad penal, por tener capacidad de acción, de culpabilidad  y su consecuente juicio de reproche.   

Desde el 10 de agosto del 2014, con la entrada en vigencia del COIP, nuestro legislador sin exponer mayores motivos, incorporó la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, en su Arts. 49, 50 y 71, desde aquella fecha, ha habido varias reformas al COIP en materia anticorrupción, como las promulgadas en los Registros Oficiales, Nro. 107 del 24 de diciembre del 2019, incluidas las reformas del Referéndum de febrero del 2018, y Nro.  392 del 17 de febrero del 2021, estas últimas entran en vigencia el 16 de agosto del 2021, estableciéndose (numerus clausus) alrededor de 84 tipos penales en los que pueden ser sujetos de procesamiento penal, las personas jurídicas nacionales o extranjeras de derecho privado, cuando la conducta activa u omisiva ha sido cometida en su beneficio o de sus asociados.

La novísima reforma, hace que no refiramos esta vez, en las circunstancias atenuantes para la responsabilidad penal de las Personas Jurídicas, incorporadas al Art. 45, numeral 7, en las que se incluye el COMPLIANCE PROGRAMS, o programa de cumplimiento con la legalidad, en nuestro caso en materia penal, al señalar que gozarán de este beneficio,  al haberse implementado antes de la comisión del delito, sistemas de integridad, normas, programas y/o políticas de cumplimiento, prevención, dirección  y/o supervisión, a cargo de un departamento  u órgano autónomo, o de una persona responsable, según su magnitud, este órgano o persona responsable de los programas de cumplimiento se los conoce en el mundo anglo-sajón como COMPLIANCE OFFICER.

El inciso cuarto del Art. 49, que se sustituye, determina los requisitos mínimos que las personas jurídicas deben implementar en su seno, a través de sus programas de cumplimiento, sin perjuicio de otras disposiciones, entre otros a saber: Identificar y detectar actividades en las que se presente riesgo; controles internos para procesos que representen riegos; supervisiones y monitoreos de los sistemas, programas, políticas  y protocolos para la adecuación  de decisiones sociales; modelos de gestión; canales de denuncias; investigaciones internas ; capacitación del personal. Con esto se puede lograr atenuar la pena de las señaladas en el Art. 71 del Código Orgánico Integral Penal.

En esta sociedad del riesgo, merced a los peligros que conlleva toda actividad humana, la globalización, la industria, el medio ambiente, la tecnología, la democracia, la biología, es fundamental sostener que, quien crea un riesgo, está en la obligación de contenerlo, es por ello que el COMPLIANCE, se avizora como un muro de contención de riegos penales. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, se deben en parte por la enorme influencia de las grandes empresas tanto en la economía como en la democracia de los países con opacidad en sus leyes anticorrupción, como se ha visto reflejado en la influencia de Odebrecht en alrededor de 20 países. Habrá en un futuro no muy lejano, el establecer un tribunal penal internacional para el juzgamiento de aquellas empresas que han incumplido con la ley, en cualquier Estado que se encuentren; por lo pronto, en nuestro País, esperamos otras reformas para cuestiones procesales atinentes a la responsabilidad penal de los entes jurídicos.

Por: Eduardo Moreno Robles

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emor64@hotmail.com.

Internacionales

Redes familiares, empresas y policías investigados por el oro ilegal en San Ignacio – Perú

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San Ignacio, Cajamarca — 7 de noviembre de 2025.

El silencio de las montañas de San Ignacio fue roto por el ruido metálico de las retroexcavadoras y el murmullo constante del río Chinchipe. En esta frontera donde Perú se encuentra con Ecuador, un reciente reportaje del portal de investigación Ojo Público ha destapado una compleja red dedicada a la minería ilegal de oro. Detrás de este circuito —que abarca desde la extracción hasta la comercialización del mineral— se entretejen vínculos familiares, empresariales y policiales, según el informe firmado por el periodista Aaron Wörz.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San Ignacio investiga actualmente a 22 personas por los presuntos delitos de minería ilegal y lavado de activos. Entre los implicados figuran los suboficiales de la Policía Nacional del Perú Edinson V. E. y José G. V. señalados por brindar protección a mineros ilegales en los distritos de Namballe, Chirinos y Tabaconas, una zona de difícil acceso donde el oro fluye con más libertad que la justicia.

El informe también apunta hacia el clan Sánchez Chanta, liderado por Segundo S. Ch. acusado de instalar campamentos auríferos y plantas de procesamiento en el caserío El Tambo (Namballe). Desde los días más duros de la pandemia, esta familia habría levantado un emporio clandestino a costa de los ríos, los bosques y la tranquilidad de las comunidades.

Empresas fachada y lavado de oro

La ruta del oro no termina en las montañas. Según la investigación, la empresa Amazónica Pelé & Venus E.I.R.L., con sede en Trujillo y dirigida por Grettel Pelé León, figura como pieza clave en la comercialización del oro sin trazabilidad ni respaldo legal, lo que para la Fiscalía constituye un mecanismo de blanqueo de capitales provenientes de la minería ilegal.

Los registros oficiales son contundentes: el 80% de las concesiones mineras en San Ignacio se superponen al cauce del río Chinchipe, y de las 139 concesiones existentes, apenas 14 han sido formalizadas. El resto opera en la sombra, bajo la mirada cómplice o indiferente de quienes deberían controlar.

La expansión de esta actividad ilícita ha desplazado a cientos de trabajadores del sector cafetalero, motor económico de la provincia. Muchos agricultores, tentados por el dinero rápido, abandonaron sus cultivos para ganar hasta S/150 diarios, el doble de lo que ofrece el café. Así, el aroma del oro ha sustituido al del grano tostado, y el verde de las montañas empieza a teñirse de barro y combustible.

Una frontera sin control

El reportaje también advierte la presencia de ciudadanos ecuatorianos que cruzan la frontera para operar maquinaria pesada o adquirir oro. Las débiles medidas de control estatal y la presunta complicidad de ciertos agentes del orden permiten que la minería ilegal avance impunemente, corroyendo tanto los ecosistemas como las instituciones.

“El oro ilegal en San Ignacio se sostiene por la protección policial, las redes familiares y las empresas que lavan el mineral”, concluye el informe de Ojo Público (02/11/2025).

Fuente: Noticias del Diario Ahora Jaén

Preocupación en Zamora Chinchipe

Mientras en el lado peruano la Fiscalía y la Policía Ambiental intensifican los operativos, en el margen ecuatoriano —especialmente en los cantones Chinchipe, Palanda, Zamora y Yantzaza— crece la inquietud ciudadana. Los habitantes se preguntan por qué en Perú se actúa con firmeza contra la minería ilegal, mientras en Zamora Chinchipe las máquinas vuelven a aparecer en las noches, a la vista de todos, sin que las autoridades intervengan.

El oro, que alguna vez simbolizó riqueza y esperanza, hoy refleja la corrupción, el silencio y la indiferencia de un sistema que mira hacia otro lado. En la frontera del Chinchipe, el brillo del metal sigue ganando terreno sobre el verde del bosque, y la pregunta persiste: ¿hasta cuándo?

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Noticias Zamora

Cámara de Minería de Zamora Chinchipe impulsa la ordenanza para fortalecer la minería artesanal en Paquisha

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En entrevista concedida al noticiero De Frente a Frente de Diario El Amazónico, el presidente de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe y del Distrito Minero de Chinapintza, Paul Pineda, abordó temas relevantes sobre el desarrollo minero en la provincia, destacando la socialización de la ordenanza para el fomento y reconocimiento de la minería artesanal y la orfebrería en el cantón Paquisha.

Pineda informó que este proceso se realiza en coordinación con la concejal Rosa Paqui, quien ha impulsado la iniciativa junto con dirigentes y presidentes de barrios del sector minero. “Esta ordenanza busca reconocer, respaldar y fomentar la minería artesanal y la orfebrería del cantón Paquisha, un sector histórico y tradicional que ha contribuido al desarrollo económico de la provincia”, expresó.

La propuesta normativa contempla el reconocimiento legal de los mineros artesanales, la creación de un catastro minero cantonal, y el acceso a programas de capacitación, crédito y asistencia técnica, además de la implementación de mesas de diálogo con el municipio y entidades públicas y privadas. Según el titular de la Cámara, el objetivo central es fortalecer las fuentes de trabajo y agregar valor a las materias primas locales.

Asimismo, Pineda resaltó que la ordenanza promueve un convivir armónico entre la minería artesanal y la gran minería, protegiendo los derechos de los trabajadores frente a las empresas de gran escala. “Queremos eliminar los conflictos sociales y crear un canal abierto de diálogo”, indicó.

El dirigente enfatizó la importancia de que el Municipio de Paquisha apruebe y respalde la propuesta, asegurando que esta quede registrada oficialmente para garantizar su continuidad a futuro. “Aspiramos a que esta iniciativa se convierta en ejemplo para otros cantones y sectores vinculados a la minería”, manifestó.

En otro momento de la entrevista, Pineda cuestionó la falta de cumplimiento de los acuerdos establecidos en la reunión realizada en la parroquia Panguintza, señalando que, pese a los compromisos adquiridos con la Gobernación y el Ministerio de Energía y Minas, no se han concretado acciones efectivas para atender las demandas del sector.

Asimismo, expresó su preocupación por las recientes disposiciones del Gobierno que limitan el derecho de las organizaciones sociales a oponerse a proyectos extractivos de gran escala, lo que, según dijo, representa una amenaza para la minería artesanal y la soberanía territorial.

Pineda también destacó la necesidad de fortalecer la gestión educativa, vial y social en la provincia, señalando que en varios casos la empresa privada ha asumido responsabilidades que corresponden al Estado. “Si no fuera por la empresa privada, nuestros vehículos se destruirían en esas vías deterioradas y muchos centros educativos no contarían con equipos tecnológicos básicos”, comentó.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Minería anunció que este 6 de noviembre se realizó una reunión interna del gremio para analizar las políticas gubernamentales y definir una postura institucional frente a la coyuntura nacional. También invitó a los medios de comunicación a organizar un foro público en el que se debata de manera técnica y transparente sobre los temas mineros y la consulta popular.

En el marco de esta entrevista, Pineda recordó que la Cámara continúa recorriendo los nueve cantones de la provincia promoviendo actividades institucionales y la rifa benéfica que se efectuará el próximo 27 de diciembre de 2025, cuyos fondos se destinarán a fortalecer los proyectos del gremio.

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Noticias Loja

Registro Civil anuncia jornada extraordinaria de cedulación este sábado 8 de noviembre

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El Coordinador Zonal 7 del Registro Civil, Identificación y Cedulación, Juan Carlos Álvarez, en entrevista concedida a Diario El Amazónico, informó que este sábado 8 de noviembre se llevará a cabo una jornada extraordinaria de cedulación en 49 agencias a nivel nacional, con el objetivo de facilitar el acceso al documento de identidad a los ciudadanos previo al proceso electoral.

La atención se realizará de 08:00 a 12:00, y estará dirigida a los usuarios que cuenten con turnos previamente agendados. El proceso de agendamiento puede efectuarse a través de la plataforma digital del Registro Civil o de manera presencial en las oficinas de la institución.
“Queremos garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a su cédula antes de las votaciones. Por eso, hemos dispuesto esta jornada nacional en la que se atenderá con el apoyo de nuestro personal técnico en todo el país”, señaló Álvarez.

El Coordinador informó además que el valor del trámite se mantiene en 5 dólares para quienes obtienen la cédula por primera vez, y 16 dólares en casos de renovación o pérdida. Las personas con discapacidad igual o superior al 30 % están exentas de pago.

Asimismo, aclaró que las cédulas caducadas serán válidas para el sufragio, sin embargo, recomendó mantener el documento actualizado, ya que varias instituciones solicitan la versión con chip.

Atención en la Zona 7
En lo referente a la provincia de Zamora Chinchipe, Álvarez explicó que actualmente la agencia Zamora cumple la función de enrolamiento, mientras que la impresión de cédulas se realiza en la ciudad de Loja. No obstante, adelantó que en los próximos días se normalizará la impresión directa en Zamora, lo que permitirá entregar las cédulas el mismo día del trámite. “Zamora no requiere agendamiento. Los ciudadanos pueden acercarse directamente a la agencia y obtener su cédula el mismo día, una vez que se reanude el servicio de impresión”, puntualizó.

Por su parte, las agencias de Yantzaza y Yacuambi continuarán funcionando únicamente como puntos de enrolamiento, enviando los datos a Zamora para la impresión del documento, proceso que tomará entre uno y dos días.

Emisión de pasaportes
El Coordinador Zonal también anunció que hasta el 28 de noviembre los ciudadanos no necesitarán agendar turno para la emisión de pasaportes. El trámite se podrá realizar directamente en las agencias habilitadas, con un costo de 90 dólares para el público en general, 45 dólares para adultos mayores y sin costo para personas con discapacidad igual o superior al 30 %.

El proceso de impresión de pasaportes se efectúa en Cuenca, con un tiempo estimado de entrega de cuatro días, reduciendo a la mitad el plazo habitual de ocho días.

Finalmente, Álvarez reiteró el compromiso institucional del Registro Civil de garantizar un servicio eficiente, accesible y transparente, destacando el trabajo coordinado de su equipo técnico para atender la alta demanda ciudadana en vísperas de los comicios nacionales.
“El Registro Civil está siempre presto a servir a la ciudadanía con excelencia y compromiso, en cada una de nuestras agencias del país”, concluyó.

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